Tres caminos para lograr que la Declaración de Glasgow funcione para las personas y los bosques
Los líderes mundiales fueron noticia en Glasgow la semana pasada al acordar nuevos compromisos para detener la deforestación e invertir recursos en las comunidades indígenas más afectadas. Cualquier esperanza de alcanzar los objetivos climáticos de París y evitar los peores escenarios climáticos, requiere salvaguardar los bosques y paisajes forestales, pero un historial de promesas de alto perfil que languidecen sin implementarse, ha dado buenas razones para el escepticismo.
En 2014, los líderes mundiales asumieron compromisos similares en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, comprometiéndose a reducir los niveles de deforestación en un 50% para 2020. Desde ese momento, la deforestación ha continuado a un ritmo acelerado, y ya algunas zonas dentro de la selva amazónica han hecho el tan temido cambio de pasar de ser sumideros de carbono a convertirse en fuentes de emisiones propias. El desafío es cada vez mayor con esta amenaza inminente de la Amazonía acercándose al punto de inflexión, que la llevaría de ser una selva tropical a una sabana.
Al menos, estos compromisos recientes indican una comprensión cada vez mayor de que el status quo no es suficiente, que se necesitan más acciones, determinación política y recursos. Pero cabe la pregunta de ¿Qué es diferente ahora?, y ¿Qué lecciones se han aprendido en los últimos años que darán a la Declaración de Glasgow la esperanza de un destino diferente y más exitoso?
La declaración de Glasgow se basó en el compromiso de canalizar $19 mil millones de fondos públicos y privados hacia la protección de los bosques, de los cuales $1,7 mil millones de dólares se dedicarían a los pueblos indígenas y comunidades locales. Es una noticia bien recibida y necesaria, pero para lograr un cambio real, los compromisos financieros deben traducirse en nuevos recursos y herramientas que logren inversiones proyectadas hacia soluciones. Los compromisos financieros de alto nivel sobre el tema climático tienden a enredarse en obstáculos burocráticos o de doble contabilidad, y finalmente fracasan en llegar a aquellos quienes realmente pueden generar resultados. Aún no está claro cómo estos compromisos llegarán a las comunidades que necesitan recursos, ni cómo los recursos invertidos cambiarán las políticas que han permitido la destrucción de los bosques.
Por mucho que los fracasos del pasado inviten al escepticismo, lo que está en juego es demasiado crítico como para abandonar la esperanza. Los bosques tropicales ahora se tambalean al borde de un peligroso e irrevocable punto de inflexión. Los pueblos indígenas han estado en la primera línea, a menudo trabajando en la oscuridad, sin el apoyo que necesitan para hacer cambios a la escala que son capaces de lograr. A medida que las conversaciones sobre el clima se atenúan, y nos dedicamos a la ardua labor de cumplir las promesas hechas, aquí hay tres pasos concretos e inmediatos que se pueden tomar para que la Declaración de Glasgow sea un éxito en donde otros esfuerzos han fracasado.
1. Asegurar la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas: una solución escalable con resultados inmediatos
Los derechos a la tierra para los pueblos indígenas ofrecen una solución rentable e inmediatamente escalable, y las grandes inversiones son capaces de producir grandes resultados rápidamente. Los datos son claros, y lo han sido durante algún tiempo: cuando los derechos de los Pueblos Indígenas son reconocidos y asegurados, las tasas de deforestación son más bajas y las reservas de carbono son más altas que en los bosques gestionados por otros. En todo el mundo, los movimientos indígenas han pedido una mayor inversión en los esfuerzos para asegurar el título formal de sus tierras. Si bien se han asumido nuevos compromisos durante la última década, los recursos han tardado en llegar a las comunidades que a menudo están involucradas en batallas prolongadas con sus gobiernos para buscar títulos, incluso cuando “las excavadoras tocan la puerta”. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar rápidamente.
En Ecuador, el movimiento indígena está preparado para asegurar ganancias masivas en algunos de los bosques más biodiversos y ricos en carbono del mundo. Durante los últimos 50 años, el Estado ecuatoriano ha declarado unilateralmente al menos 1,4 millones de hectáreas de tierras indígenas ancestrales como parques nacionales, asumiendo para sí mismo la propiedad exclusiva. Los pueblos indígenas que viven en estas áreas se ven obligados a negociar acuerdos (frágiles y temporales) de uso de la tierra con el gobierno, para poder acceder a sus territorios. Peor aún, estos acuerdos no impiden que los intereses estatales otorguen tierras a empresas petroleras y mineras, esto se ve demostrado más recientemente por la aprobación de trabajos de perforación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, que incluye territorio ancestral Waorani. El reconocimiento formal de los títulos de propiedad de las tierras de los pueblos indígenas proporciona un elemento decisivo adicional de protección para los bosques y el carbono almacenado en estas tierras.
2. Garantizar los derechos para los pueblos indígenas: una oportunidad inmediata para una reforma duradera
Los pueblos indígenas no han esperado los compromisos políticos que vienen “desde arriba” para continuar con su lucha por proteger sus tierras y salvaguardar el clima. En los últimos años, los pueblos indígenas han creado una ventana de oportunidad sin precedentes, para realizar cambios dramáticos y duraderos en los marcos de políticas que privilegian la extracción de recursos naturales por sobre la tutela indígena y la protección del clima. Los recursos prometidos para implementar la Declaración de Glasgow deben apoyar estas luchas urgentes a corto plazo.
La Corte Constitucional de Ecuador está disupuesta a generar jurisprudencia sobre el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre lo que sucede en sus tierras y territorios. A principios de 2020, esta Corte seleccionó de entre miles de casos, los fallos de los tribunales provinciales de los casos Sinangoe y Waorani (ambos con el apoyo legal de Amazon Frontlines) para su revisión, estableciendo la primera oportunidad real del país para que la legislación nacional sobre asuntos indígenas, sus derechos al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y los derechos de la naturaleza, sean aplicados en los territorios indígenas. El resultado determinará si estos derechos constitucionales existen solo en el papel o son realmente aplicables en la práctica.
El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es una herramienta vital para que las comunidades resistan a la extracción planificada en sus tierras. Los derechos de los pueblos indígenas están ampliamente reconocidos constitucional e internacionalmente. Sin embargo, la implementación efectiva de las normativas legales internacionales y sus obligaciones constitucionales es precaria, ya que los gobiernos continúan impulsando leyes y políticas que promueven un modelo de desarrollo económico basado en la explotación minera, petrolera, hidroeléctrica y forestal. Si bien muchas comunidades indígenas disfrutan de algún tipo de reconocimiento de la tenencia colectiva de sus tierras, el Gobierno de Ecuador conserva los derechos del subsuelo y continúa otorgando concesiones a actores comerciales en tierras de propiedad indígena para su explotación, en clara violación al derecho fundamental al Consentimiento Libre, Previo e Informado. El aumento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre el control de sus tierras podría salvaguardar más de 7 millones de hectáreas de selva tropical intacta sólo en Ecuador.
3. Cambiar de rumbo en la política extractivista nacional dentro de los planes de recuperación de la COVID19: lecciones para el futuro
El éxito de la Declaración de Glasgow depende de si cataliza exitosamente las muy necesarias correcciones de rumbo, alejándose de las políticas nacionales de desarrollo basadas en la premisa de “extracción a toda costa”. Muchos países se enfrentan no solo a desafíos persistentes para de desarrollo sostenible, sino que ahora también se enfrentan a crisis económicas adicionales derivadas de la actual pandemia. La Declaración de Glasgow llega en un momento crítico en el que muchos países están buscando formas innovadoras de recuperarse de las crisis económicas y de salud a causa de la COVID-19. Los signatarios de la Declaración de Glasgow, que además son los que cubren más del 90% de la superficie forestal mundial, se han comprometido a “garantizar que existan políticas y sistemas sólidos para acelerar la transición hacia una economía resiliente y que promueva los bosques, el uso sostenible de la tierra, la biodiversidad y los objetivos climáticos”. Eso significa que estos países forestales deben reevaluar los marcos de políticas existentes que no se alinean con esos objetivos, y ciertamente significa que los países signatarios no deben aplicar nuevas políticas que los contradigan.
Apenas unos meses antes de firmar esta declaración, el presidente Lasso, en Ecuador, emitió Decretos Ejecutivos para expandir masivamente la extracción de petróleo y minería, amenazando millones de hectáreas de selva virgen, y la supervivencia física y cultural de las nacionalidades indígenas. Los decretos son parte de la estrategia de política pública de la nueva administración presidencial para abordar la paralizada economía del país y su colosal deuda externa, redoblando sus intenciones de poner el enfoque en el extractivismo y la explotación de la naturaleza. De implementarse, los Decretos Ejecutivos 95 y 151 transformarán radicalmente las políticas gubernamentales sobre petróleo y minería para favorecer la industria y atraer la inversión extranjera.
El 18 de octubre de 2021, cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a la ciudad capital de Quito, luego de haber viajado desde sus comunidades en lo profundo de la Amazonía, para impugnar el Decreto Ejecutivo 95, que busca duplicar la producción de petróleo del país a un millón de barriles diarios mediante la desregulación de los procesos operativos en la industria del petróleo y el gas. El decreto afectará profundamente el territorio de selva indígena, ya que casi todas las reservas de petróleo se encuentran en la Amazonía, y casi todas las reservas sin explotar se encuentran dentro de los territorios indígenas. La demanda, presentada con el apoyo legal de Amazon Frontlines, desafía lo que es un claro primer paso hacia un despojo de la Amazonía ecuatoriana al estilo Bolsonaro. En las próximas semanas se anticipan demandas adicionales contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los controles ambientales para acelerar el ingreso de empresas mineras extranjeras en la Amazonía.
Los líderes tienen una importante oportunidad para aprovechar el impulso político para lograr reformas, asegurando que, mientras se inicia el proceso más largo de reforma de políticas, se desechen las nuevas políticas dañinas antes de que provoquen daños incalculables a los bosques y a las personas. La gran mayoría de los proyectos mineros se encuentran en etapa de licitación o exploración, no en etapa de producción, y muchas concesiones petroleras nuevas aún no se han licitado, o no se han iniciado debido a la resistencia indígena. Los líderes mundiales deberían unirse para revisar estas políticas y cambiar de rumbo, o arriesgarse a correr el mismo destino de anteriores declaraciones fallidas.
Lasso, sus planes extractivistas y la vulneración de derechos individuales, colectivos y de la naturaleza
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME REALIZADO POR EL EQUIPO LEGAL DE AMAZON FRONTLINES
INTRODUCCIÓN
Este es un resumen del análisis jurídico y de derechos humanos que recoge los principales puntos que demuestran cómo la política pública extractivista impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso, a partir de la expedición del Decreto 95 sobre política petrolera del 07 de julio y el Decreto 151 sobre política minera del 05 de agosto de 2021, constituyen una grave amenaza para los derechos constitucionales, derechos humanos y colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y de la naturaleza, así como el incumplimiento de compromisos internacionales vinculados al cambio climático, entre ellos, la firma del Acuerdo de París, y las recomendaciones emitidas en 2019 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
El pretendido objetivo de estos decretos es incrementar los ingresos del Estado mediante un muy agresivo incremento de la extracción de recursos petroleros, con el incremento de la producción petrolera de 500 mil a un millón de barriles diarios; y mineros, con proyección de intervención de 72% del territorio nacional en busca de estos recursos minerales. Sin embargo, las consecuencias reales de estas normas son: a) asegurar e incrementar la tasa de ganancia del capital privado, nacional y extranjero, dedicado a la búsqueda de lucro propio mediante las actividades extractivas; b) convertir a las instituciones estatales en “meros tramitadores legales” para legalizar el despojo territorial y sometimiento de las poblaciones vulnerables, históricamente afectadas por las empresas extractivas; c) graves impactos y violaciones a derechos humanos y colectivos, de pueblos indígenas y de la naturaleza, abandonando la obligación estatal de promoción, protección y respeto de los más débiles, y desmantelando el Estado garante de esos derechos.
PRINCIPALES HALLAZGOS
A) Incrementar ganancia del capital privado, nacional y extranjero
El incremento de la extracción petrolera y minera planteado por los decretos 95 y 151, implica una fuerte inversión que pretende obtenerse de capitales privados. Para ello, los Ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y otras entidades públicas, se encuentran generando un entorno favorable y atractivo para la inversión privada.
De acuerdo al informativo “Decreto 95 ¡A tiempo!”, se requiere una inversión de 10.000 millones de dólares para conseguir que se duplique la producción de crudo de 500 mil a un millón de barriles diarios, tal como lo propone el Decreto 95 – política petrolera -. El plan para conseguir esta meta incluye:
- Reformas a la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento (En ejecución)
- Revisión prioritaria de procesos de permisos y licencias ambientales pendientes para que se resuelvan en un plazo máximo de 90 días,
- Celebración de contratos de participación con cláusulas de estabilidad económica que trasladan al Estado el costo de los riesgos, incluso de factores exógenos.
Estas acciones desconocen la Constitución del Ecuador, que en su Art. 316 ordena que “el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”. El cambio de normativa propone que la cesión a la iniciativa privada deje de ser excepcional. El decreto 95 también se va en contra del artículo 408 de la Constitución que garantiza la participación del Estado en los beneficios y aprovechamiento de los recursos de forma equitativa, porque en este caso, el Estado asumirá los riesgos de la inversión, otorgando de esta manera, mayores beneficios al inversor.
Similar situación ocurre con el Decreto 151 – política minera que viabiliza el Plan Nacional de Desarrollo Minero – busca posicionar una concepción sesgada de seguridad jurídica para proteger los “derechos preexistentes como son los contratos”. El Art 4 del Decreto encarga a la Empresa Nacional Minera, ENAMI, hacer que el capital privado participe en 17 proyectos a su cargo, que representan más de 97 mil hectáreas en concesiones.
B) Instituciones estatales convertidas en “meros tramitadores legales”
En el punto anterior quedó evidenciado cómo el Decreto 95 convierte al MAATE en agilizador de procesos ambientales en materia petrolera. Sin embargo, este argumento cobra mayor fuerza en el Decreto 151, que dispone que esta cartera de Estado agilice los permisos de agua y que se elabore un acuerdo ministerial que priorice los permisos de agua para minería, demostrando una clara intención de extender las actividades mineras incluso en cuencas de agua y fuentes de recursos hídricos, desconociendo la prohibición Constitucional y atentando contra el derecho al acceso al agua y todos los derechos conexos e interrelacionados.
El decreto minero, en su Art. 4 también ordena al MERNNR, “difundir las condiciones en las que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país”, entre otras cosas, sobre los aparentes beneficios a las comunidades y los tributos que provienen de la minería. Así, la cartera de Estado se convierte en una entidad de promoción de la minería tanto a nivel internacional para obtener inversiones del capital privado, como a nivel interno para promover la minería.
A nivel interno, estos actos de publicidad de las actividades mineras pasan por encima de los procesos organizativos de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia, generando conflictos y divisiones entre comunidades, orientadas a lograr la aceptación de las actividades mineras en los territorios, promoviendo enfrentamientos e incremento de la violencia.
También se determinan sanciones para aquellos que atenten contra los contenidos de los contratos de concesión minera y contra aquellos que no agilicen los procesos de concesión, queda evidenciado que para el gobierno nacional, el rol del funcionario público es viabilizar la minería a como dé lugar y no la garantía de los derechos ciudadanos.
El decreto propone además, la creación de un “Consejo Consultivo Minero Público-Privado” que desnaturaliza la función pública. Ellos serán los encargados de elaborar la política pública y de asesorar, pero no serán personas que se sometan a la vigilancia y contraloría pública.
C) Afectación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
Las metas propuestas por los decretos 95 y 151 implican no solo aumentar las actividades de perforación y optimización de los bloques petrolero, y la extracción de minerales en las concesiones existentes que ya están ubicados sobre territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, sino que además, esta actividades eventualmente se extenderán a otros territorios, como se evidencia en el siguiente mapa:
En el ámbito petrolero, estas son solo dos de una serie de acciones que ya se han planificado y anunciado: aumento de presión para perforar los pozos Moretecocha, Jimpikit y Oglán en el Bloque 10, a cargo de Pluspetrol, en el Parque Nacional Yasuní, que es territorio Waorani, y de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La segunda es que se insistirá en la licitación de los bloques de la Ronda Sur Oriente (RSO) a pesar de que no existen reservas rentables y a la resistencia de los pueblos. El 93% del territorio ocupado por los campos son indígenas, las nacionalidades Achuar, Anda, Sapara y Shiwiar tienen el 100% de su territorio amenazado.
En el ámbito minero, el Plan de Desarrollo Minero prevé una afectación para 2030 del 72% del territorio nacional que será intervenido como parte de la búsqueda de recursos minerales. De acuerdo al estudio realizado por Paola Maldonado, Jaime Robles, Verónica Potes, se establece que luego de 15 años de consolidación del modelo extractivista, “aproximadamente el 37,5 % del territorio nacional continental y más del 60 % de los territorios de pueblos y nacionalidades están concesionados a actividades de minería y petróleo”.
Ninguno de los dos decretos cumplieron con el mandato constitucional contenido en el artículo 57 numerales 7 y 17, que ordenan la realización de una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas cuyos territorios y/o derechos pudieran verse afectados, antes de tomar cualquier medida administrativa que les pueda afectar. A pesar de que el Estado ecuatoriano ha sido declarado en varias ocasiones responsable en cortes nacionales y a nivel internacional por vulneración del derecho a la consulta previa, piedra angular para la garantía de los derechos colectivos. Tampoco contemplan la garantía de los derechos de la Naturaleza.
La demagogia de la política petrolera
Además del riesgo de vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, las faltas a la Constitución y tratados y convenios internacionales, es necesario señalar la propuesta demagógica del Decreto 95, de crear el “fondo de sostenibilidad petrolera” para programas de desnutrición infantil, en particular de las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera.
En casi 50 años de explotación petrolera en la Amazonía, no han mejorado las condiciones de vida de los pobladores de esta zona del país, por el contrario, es la región con los porcentajes más altos de pobreza, pobreza extrema, desigualdad y también de desnutrición infantil como consecuencia de la contaminación, según la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU 2018.
Adicionalmente, el fondo que se pretende crear será administrado por un Comité Técnico entre los que se incluyen “tres independientes” que no serán funcionarios o servidores públicos susceptibles de ser responsabilizados por el mal uso de fondos públicos. Se vuelve a desnaturalizar la administración pública y se excluye a los administradores de ese fondo de las obligaciones que les corresponde cumplir como funcionarios públicos.
CONCLUSIÓN
La política extractivista de Guillermo Lasso pone a los intereses del capital privado por encima de los derechos de las personas, colectividades y de la naturaleza, desconoce sus obligaciones estatales de garante de derechos. Esta política representa una seria amenaza a los territorios Amazónicos y a quienes los habitan, zonas de donde se ha extraído petróleo hace más de medio siglo dejando contaminación, destrucción y violaciones de derechos humanos y colectivos. Ahora se pretende duplicarlo, lo que implica profundizar los daños y extenderse sobre otros territorios de otros pueblos y nacionalidades indígenas, e ir en contra de toda iniciativa de lucha contra el cambio climático, que depende en gran medida de la protección de la Amazonía.
Las obligaciones contenidas en los decretos 95 y 151 son abiertamente inconstitucionales porque desmantelan el Estado Constitucional de Derechos, por ello deberían suspenderse y expulsarse del ordenamiento jurídico para evitar y prevenir que se vulneren derechos como la consulta y consentimiento previo, libre e informado, las garantías territoriales que tienen los pueblos indígenas, el derecho al agua y a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros.
Por todo lo expuesto anteriormente, el 18 de octubre de 2021, la Organización Indígena Nacional de Ecuador – CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Federación Indígena Amazónica – CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la Organización política Waorani de Pastaza – CONCONAWEP (Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza), Amazon Frontlines y la Alianza de Organización es de DDHH entregaron una demanda contra el Decreto Ejecutivo 95. La demanda contra el decreto ejecutivo 151 será presentada en las próximas semanas por la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
La Comunidad A’i Cofán de Sinangoe lucha por el título de su territorio ancestral en la Amazonía ecuatoriana actualmente bloqueado por el sistema colonial de Parques nacionales ecuatorianos
Después de la histórica victoria de 2018 en un tribunal contra la minería de oro, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe exige al gobierno ecuatoriano que otorgue el título de propiedad de tierras ancestrales
Quito, Ecuador, 19 de octubre de 2021. – Más de cien miembros de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe viajaron hoy a la capital de Ecuador para mantener una reunión con el Ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y entregar personalmente su solicitud de adjudicación de 63.775 hectáreas de su territorio ancestral, además de explicar su historia milenaria en el territorio en el que ha vivido sus antepasados.
Los A’i Cofán han vivido y protegido este territorio continuamente durante cientos de años, sin embargo, después de que el gobierno declarara unilateralmente el territorio ancestral de Sinangoe como parte del Parque Nacional Cayambe-Coca en 1970, la ley les prohibió poseer título de propiedad. Durante décadas, los A’i Cofán se han visto obligados a renovar acuerdos temporales de uso y manejo de la tierra de cinco a diez años a discreción del gobierno sobre una pequeña parte de su territorio ancestral. Las recientes reformas legales en Ecuador ahora permiten a los pueblos indígenas obtener títulos de propiedad dentro de los parques nacionales y áreas protegidas, pese a que la Constitución ya establecia este derecho desde hace años. Y a pesar de ello el Ministerio de Ambiente no ha cumplido sus obligaciones en este sentido.
Durante los últimos cuatro años, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe ha llevado a cabo una extensa iniciativa de mapeo comunitario para plasmar en mapas la historia, la espiritualidad y los usos históricos y actuales de su territorio, demostrando su propiedad y facilitando la comprensión de la misma a las autoridades estatales, que deben entregar el título de propiedad, para garantizar, además de cumplir su obligación, la supervivencia física y cultural y la seguridad jurídica a Sinangoe y proteger, igualmente. En esta labor la guardia indigena de Sinangoe, con el apoyo de las organizaciones Alianza Ceibo, Amazon Frontlines y Digital Democracy, recopiló más de 5,000 puntos GPS de importancia histórica, espiritual, ecológica o alimenticia. Esta evidencia se presentó al MAATE y está disponible en línea en la nueva plataforma digital de Sinangoe.
Los A’i Cofán argumentan que no solo es su derecho constitucional e internacional tener título formal sobre su territorio, sino que una y otra vez han demostrado ser los mejores defensores y cuidadores de su territorio. A pesar de la declaración del Parque Nacional Cayambe-Coca como área protegida, el gobierno ha mostrado poca capacidad o interés en protegerlo. Las imágenes satelitales muestran más de 1.800 hectáreas deforestadas dentro del Parque durante los últimos veinte años, mientras que el territorio de Sinangoe permanece libre de deforestación (imágenes disponibles a pedido). La ausencia histórica de asignación presupuestaria, efectividad de los guardaparques estatales o incluso una mínima coordinación con los A’i Cofán por parte del MAATE se exacerbó en 2018 cuando la Guardia Indigena de Sinangoe encontró maquinaria pesada para la extracción de oro a lo largo del río Aguarico, esencial para la vida de Sinangoe..
Después de descubrir que el gobierno había otorgado 20 concesiones mineras a lo largo del río sin su conocimiento ni consentimiento, y estaba a punto de otorgar otras 32 concesiones el mismo año, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe demandó al Estado y obtuvo una histórica victoria legal anulando las concesiones. La Corte Constitucional de Ecuador seleccionó el caso para su revisión y ha indicado que en noviembre de 2021 celebrará la primera audiencia en territorio indígena en la historia de la Corte, siendo el objetivo de Sinangoe y los pueblos y nacionalidades que se desarrolle criterio constitucional sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Con el presidente Guillermo Lasso prometiendo duplicar la producción de petróleo y expandir rápidamente la minería en la Amazonía, el caso Sinangoe brinda una oportunidad histórica para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tomar la decisión final sobre cualquier proyecto extractivo que afecte sus territorios y su forma de vida, respetando su autodeterminación.
Hoy Sinangoe ha exigido la garantía de su derecho a obtener un título de propiedad sobre sus tierras ancestrales, buscando también que este sea un paso importante para otras muchas comunidades amazónicas que se encuentran en su misma situación, atrapadas dentro de marcos legales coloniales y que actualmente impactan en al menos 1.5 millones de hectáreas de tierras indígenas dentro de áreas protegidas declaradas unilateralmente a nivel nacional. Esperamos que el MAATE cumpla su compromiso y cumpla de forma urgente sus obligaciones, y ello con la participación activa de la comunidad.
Declaraciones:
Viktor Quenama, Presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe:
“Nosotros somos los dueños de nuestro territorio ancestral y necesitamos que el gobierno ecuatoriano adjudique ya nuestro territorio. A pesar de que nuestro territorio está en un área protegida, el gobierno no nos está ayudando a proteger nuestro territorio. Nosotros cuidamos nuestro territorio desde hace miles de años. Hemos organizado nuestra guardia comunitaria y hacemos recorridos para defender nuestro territorio de invasores. Con un título de propiedad, vamos a poder proteger nuestro territorio más eficazmente. Cuidamos nuestros ríos, nuestros bosques primarios, los animales, y nuestra medicina natural. Es hora que el gobierno respeta a nuestros derechos sobre nuestro territorio, por que es de nosotros y de nuestras futuras generaciones.”
Jorge Acero, Abogado de Amazon Frontlines:
“Hoy la comunidad de A’i Cofán de Sinangoe está exigiendo que se respete su derecho a tener un título de propiedad sobre un territorio ancestral. Es significativo y aún más porque el territorio ancestral de Sinangoe se encuentra en un área protegida y hasta hoy no se ha titulado. En Ecuador, las áreas protegidas fueron inconsultamente impuestas dejando dentro de la extensión del área a muchos territorios ancestrales de comunidades indígenas. El Ministro del Ambiente no ha dado el título a ninguna comunidad indígena o pueblo sobre su territorio ancestral, lo cual significa que el MAATE está violando el derecho y además, estaría planteando a estas zonas biodiversas como propiedad del Estado, que son biodiversas precisamente porque hay comunidades indígenas quienes las han cuidado. Eso es una visión colonialista y centralista totalmente de parte del Estado. Los pueblos indígenas son los dueños ancestrales de sus territorios y tienen el derecho al título y tienen el derecho a que efectivamente el Estado respete la propiedad ancestral y sus prácticas propias de manejo del territorio.”
Tuntiak Khan, Vice Coordinador de COICA:
“El pueblo A’i Cofán, específicamente la comunidad Sinangoe, han vivido milenariamente en ese sector, donde han desarrollado su estilo de vida, espiritualidad, cultura y cosmovisión. Que el Estado entregue el reconocimiento legal y título que, de manera justa, el pueblo A’i Cofán de la Sinangoe está proponiendo, sería un hecho inédito y sin precedente a nivel nacional e internacional. Por el contrario, no entregar la propiedad territorial, sería atentar contra la pervivencia del pueblo A’i Cofán, ir en contra de sus derechos y sus demandas naturales basados en los tratados de Derecho nacional e internacional. Desde COICA, exhortamos que de manera inmediata y oportuna se entregue el derecho de propiedad territorial de manera colectiva, para el pueblo A’i Cofán de Sinangoe.”
Para más información, póngase en contacto con:
Nixon Andy – Comunidad Sinangoe – +593 98 152 4084
Luisana Aguilar – Amazon Frontlines – +593 99 9240 129
Sophie Pinchetti – Amazon Frontlines – +593 93 991 8899
Pueblos indígenas presentan ante la Corte Constitucional una demanda en contra del presidente de Ecuador por la emisión de los decretos que pretenden expandir la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana
Para más información, póngase en contacto con:
Sophie Pinchetti +593 93 991 8899 sophie@amazonfrontlines.org
Luisana Aguilar +593 99 924029 luisana@amazonfrontlines.org
Alejandra Yépez Jácome +593 99 271 3867 ayepez@amazonwatch.org
Quito, Ecuador – El 18 de octubre de 2021, cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a Quito después de haber viajado desde sus comunidades en lo profundo de la selva amazónica, para presentar la primera de una serie de demandas contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de derecha. Las acciones presentadas ante la Corte Constitucional, la instancia judicial más alta del país, pretenden desbaratar sus planes de ampliación de las extracciones petrolíferas y mineras. Estas amenazan millones de hectáreas de selva tropical prístina y de supervivencia física y cultural indígena.
La primera demanda, presentada hoy por organizaciones indígenas, alega que el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados fue violado por el Decreto Ejecutivo 95. Este documento pretende duplicar la producción de petróleo del país hasta un millón de barriles diarios mediante la desregulación de los procesos operativos de la industria del petróleo y el gas.
En las siguientes semanas, las organizaciones y comunidades indígenas también presentarán una segunda demanda contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los
controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía. Ello, pese a la firme decisión de los pueblos indígenas de mantener sus territorios libres de minería. Los pueblos indígenas potencialmente afectados reconocen no haber sido consultados ni tampoco haber dado su consentimiento a ninguno de los dos decretos, tal y como exige la legislación nacional e internacional; por tanto, exigen a la Corte Constitucional que los declare inconstitucionales y nulos.
LosDecretosEjecutivos95y151formanpartedelaestrategiadepolíticapúblicadelanuevaadministraciónpresidencialparahacerfrentealaparalizadaeconomíadelanaciónsudamericana y a su colosal deuda externa, redoblando el extractivismo y la explotación delanaturaleza. Sinembargo, estos documentos firmados enlos primeros ciendías delgobierno de Lasso, el 7 de julio y el 5 de agosto, respectivamente, pretenden transformarradicalmente las políticas gubernamentales sobre petróleo y minería, favoreciendo a laindustria yatrayendola inversiónextranjera.
Ambos decretos formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras. Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas.
Los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos denuncian que la decisión del Presidente demuestra un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y colectivos y de los derechos de la naturaleza. Así, refuerza una larga historia de abusos de los derechos humanos y conflictos socioambientales en la Amazonía, vinculados a los sectores del petróleo, el gas y la minería.
En este sentido, la propuesta de expansión de la frontera extractiva tiene como objetivo nuevas franjas remotas de la selva tropical, que alberga algunos de los niveles más altos de biodiversidad del planeta y los territorios de las naciones Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoa, Sápara y A’i Cofan, que han montado una feroz resistencia contra los intereses petroleros y mineros en los últimos años.
En medio de la crisis climática mundial, las demandas de los pueblos indígenas y las estrategias de organización sobre el terreno tienen como objetivo proteger los últimos bastiones de la selva, fundamentales para la estabilidad climática. La decisión de Lasso de favorecer los intereses de la industria por encima de la protección de la selva amazónica amenaza los compromisos adquiridos por el gobierno ecuatoriano en el Acuerdo de París. Además, es incompatible con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de poner fin a toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles, y de disminuir los motores de la deforestación y las fuentes de contaminación, como la minería.
En tanto, la industria financiera se enfrenta a las amenazas a los derechos humanos, la biodiversidad y el clima que suponen las nuevas extracciones de petróleo en el Amazonas, así como a los riesgos para su reputación. Algunos de los principales bancos europeos, como BNP Paribas Group, Credit Suisse e ING -responsables en conjunto de más del 50% de la financiación proporcionada en la última década- se han comprometido a excluir inmediatamente de sus actividades comerciales el nuevo petróleo de la Amazonía ecuatoriana. Este hecho ocurre debido al deficiente historial medioambiental y de derechos de los indígenas del país, así como al doble rasero que supone promover los compromisos
de sostenibilidad de las empresas mientras se comercializa un petróleo amazónico que contribuye al cambio climático.
Lospueblosindígenasesperanqueestasdemandasreafirmenyamplíenun precedente legal pionero establecido en julio de 2020, el cual reconoce el derecho colectivo a la consulta y consentimiento prelegislativo – previo a la promulgación de leyes o reglamentos por parte del poder legislativo o ejecutivo. El derecho a decidir sobre los proyectos extractivos que afectan a sus territorios se ha convertido en una de las herramientas legales más poderosas de las que disponen hoy los pueblos indígenas para proteger sus territorios y su supervivencia cultural frente a la acelerada explotación de las tierras indígenas y, como consecuencia, el avance de nuestra crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. Los tribunales ecuatorianos han jugado un enorme papel históricamente en la región en torno a este derecho, incluyendo los triunfos legales de los A’i Cofan y Waorani, en 2018 y 2019, respectivamente, que protegieron con éxito miles de hectáreas de selva tropical de los impactos destructivos del petróleo y la minería.
La presentación de las demandas contra los decretos de Lasso se produce a pocas semanas de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente, tal y como revelaron los Papeles de Pandora a principios de este mes. Asimismo, mientras el movimiento indígena se prepara para la primera audiencia de la Corte Constitucional en territorio indígena como parte del caso histórico de los A’i Cofan de Sinangoe sobre el derecho a decidir de los pueblos indígenas.
La demanda contra el Decreto Ejecutivo 95 fue presentada por la Organización Indígena Nacional de Ecuador – CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Federación Indígena Amazónica – CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la Organización política Waorani de Pastaza – CONCONAWEP (Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza). La demanda contra el decreto ejecutivo 151 será presentada a finales de este mes por la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
Declaraciones
Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE:
“Los territorios de los pueblos y nacionalidades están en peligro. Estos territorios permiten equilibrar la vida y los ecosistemas. Por ello, por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena, que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada pero de manera vinculante; que exista consentimiento y esto debería ser reconocido por la Corte Constitucional.”
Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE:
“Desde la organización indígena de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE) rechazamos los decretos que promueven ampliar la frontera extractiva petrolera y minera. A través de ellos, el gobierno de Guillermo Lasso busca violar todos los derechos colectivos dentro de los territorios indígenas, derechos que son reconocidos no solo por la Constitución ecuatoriana, sino por los tratados internacionales. Por ello, alertamos a todas las nacionalidades. Defenderemos nuestros derechos y nuestros territorios, porque son nuestros espacios de vida”.
Nemonte Nenquimo, Lideresa Waorani & Presidenta de la CONCONAWEP:
“Nosotros, pueblos indígenas, hemos defendido nuestros territorios y la naturaleza durante miles de años. Protegemos nuestra Madre Tierra porque da vida a nuestro planeta y nuestro
clima. El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano de respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura ”.
Viktor Quenama, Presidente de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe:
“Nosotros defendemos nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros animales. Sin bosque, sin agua, no podemos vivir. No queremos minería en nuestro
territorio y no queremos que se explote, que se dañe o que se contamine el Río Aguarico o esteros. Toda la comunidad, mayores, mujeres, jóvenes, tenemos un solo pensamiento y queremos cuidar nuestro territorio para que las futuras generaciones puedan seguir viviendo bien. El gobierno tiene que respetar nuestros derechos y dejarnos vivir libremente.”
Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA):
“Para nosotros, el decreto 151 significa que nuestros territorios están amenazados por la minería a gran escala. Nos damos cuenta que esto no está bien, ¿a quién le consultó Guillermo Lasso, con quién socializó los impactos positivos y negativos de la minería? Con nadie, porque a nosotros no nos consultaron. Todos en las bases comunitarias deben opinar, pero ni él ni sus asesores ni siquiera conocen nuestras comunidades. Asimismo, todo el Pueblo Shuar Arutam ha sido concesionado sin respetar el derecho que tenemos a decir no a estas actividades. La tierra no tiene un precio, la tierra no necesita inversión, la tierra es eterna si la respetamos. Por eso, estos decretos son una violación terrible a nuestros derechos. ¡Vamos a denunciar cada acción del gobierno que no respete nuestros derechos y nuestros principios de autodeterminación! ¡Somos posesionarios milenarios de estos territorios y la ley, la Constitución y los derechos humanos nos protegen!”.
Maria Espinosa, Abogada de Amazon Frontlines:
“Estamos presentando demandas de acción pública de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 95 y 151 por que consideramos que estos han sido elaborados en clara violación a los derechos de consulta previa y consulta pre-legislativa y favorecen la expansión acelerada de actividades extractivas, petroleras y mineras, que generan gravísimos y en su mayoría irreparables impactos contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas. De manera particular el incremento de actividad hidrocarburífera se proyecta en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente de la Amazonía. Con el pretexto de garantizar recursos para el país, Lasso pretende imponer una agenda extractiva y sacrificar la vida de miles de familias indígenas, valiéndose de procedimientos administrativos inconsultos.”
Carlos Mazabanda, Amazon Watch, Coordinador Ecuador:
“Con la emisión de los Decretos 95 y 151, el actual gobierno quiere dar un impulso sin precedentes al desarrollo de proyectos petroleros y mineros, particularmente en la Amazonía, territorios de 11 nacionalidades indígenas. Esta fórmula de sustentar nuestra economía en la extracción de recursos no renovables, que lleva 50 décadas, no ha traído desarrollo económico ni social al país. ¡Esto es real! Así como el cambio climático está afectando la vida de toda la sociedad. Es urgente cuidar los remanentes de los bosques tropicales, que es donde se pretende desarrollar la industria petrolera y minera. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos, principalmente el consentimiento previo, libre e informado, sistemáticamente violado por el Estado ecuatoriano”.
Demandamos anulación de Decretos Ejecutivos inconstitucionales que buscan intensificar la política extractiva hidrocarburífera y minera en Ecuador
PRONUNCIAMIENTO
El presidente Guillermo Lasso emitió los decretos ejecutivos 95 y 151 -el 07 de julio y el 5 de agosto de 2021, respectivamente-, los cuales oficializan la entrada en vigencia de los planes de acción inmediata para generar transformaciones profundas de la política petrolera y minera en Ecuador. Estos documentos han despertado nuestra preocupación por la vulneración de nuestros derechos esenciales de participación en las decisiones que puedan afectarnos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva al no tomar en cuenta los conflictos sociales existentes, así como las sentencias y directrices previas que han declarado al Estado ecuatoriano como responsable por la afectación de los derechos colectivos tanto en el sistema de justicia nacional como en organismos multilaterales con quienes este país mantiene compromisos y obligaciones, tales como el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos.
El Decreto 95, con una narrativa maniquea, protege los intereses del sector privado y las entidades financieras, y propone una “transición” en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasan de las manos del Estado a las empresas transnacionales. Este traspaso implica que el Ejecutivo revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación y/o concesión de bloques petroleros, y viabiliza varios cambios normativos que evaden el marco constitucional en la garantía de derechos y la soberanía en la administración de los recursos. Asimismo, observamos con gran preocupación que el decreto que está en marcha implica una grave afectación a los ingresos fiscales del Estado, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Además, impone un modelo de contratos de participación que aseguran las ganancias a las empresas, y traslada el costo de los riesgos al Estado y, por supuesto, a nosotros: quienes habitamos estos territorios.
El Decreto 151, por su parte, pretende de manera engañosa, posicionar al país como un atractivo de inversión minera. En el mismo sentido, se establece una narrativa que promociona la minería como el camino hacia el desarrollo y la alternativa para la superación de la crisis económica que estamos atravesando. Esto nos preocupa sobre manera, porque varias de nuestras organizaciones de base han declarado sus territorios libres de minería. No queremos que está nueva intención de la política minera sea un justificativo para incrementar los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera. Asimismo, este documento propone la revisión y la aceleración de los procesos en curso de licencias ambientales y sociales de concesiones mineras y cambios de las condiciones contractuales entre las partes, que debilitan la posición del Estado, y extiende facilidades para que las empresas puedan operar libremente.
Ambos decretos habilitan los canales institucionales para expandir el extractivismo, y se omite explicar la forma en la que se van a garantizar los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de los pueblos indígenas y de defensores y defensoras ambientales que actualmente están criminalizados. De allí que los compromisos ambientales firmados por Lasso en la campaña política constituyen una mentira más para los pueblos indígenas. A través de estos documentos, el Estado incumple sus compromisos, ante sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que entró recientemente en vigencia.
Señor Guillermo Lasso, le recordamos que los ministerios no deben ser mediaciones institucionales que estén al servicio de las empresas de extracción petrolera y minera. Todo lo contrario, el aparataje estatal debe estar abocado a la protección de los intereses colectivos de la población, los derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza.
Actualmente, tanto los bloques petroleros como el catastro minero afectan a la mayoría de nuestros territorios. Así, la afectación será mayor de existir una ampliación. Estos vulneran tanto el derecho a decidir nuestros procesos de desarrollo económico, social y cultural como la relación esencial con nuestros territorios ancestrales, sobre la cual se basa nuestra supervivencia física y cultural. Esto nunca ha sido comprendido ni respetado por ningún gobierno ecuatoriano y afecta nuestra forma de vida y el futuro de nuestros Pueblos y Nacionalidades. Con ello, el anuncio de aumentar la producción petrolera y minera implica la continuidad y profundización de estas prácticas. Por tanto, recae bajo la responsabilidad del señor Guillermo Lasso y su gabinete la decisión de promover el etnocidio y exterminio de los pueblos indígenas que habitan en Ecuador.
En ese mismo sentido, la emisión de los decretos vulnera nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier decisión, normativa o administrativa, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución de 2008, en el artículo 57 numerales 7 y 17; y ratificados por la Corte Constitucional del Ecuador. Asimismo, recordamos que el Estado ecuatoriano ha sido declarado responsable tanto por los tribunales nacionales (Cortes Provinciales y Corte Constitucional) como por los tribunales internacionales (Corte Interamericana) por vulnerar ese derecho fundamental, piedra angular para el ejercicio del resto de nuestros derechos, especialmente la libre determinación, la decisión propia sobre nuestros procesos de desarrollo y la participación en procesos o decisiones estatales de cualquier tipo que puedan afectarnos. Además, incumplen con sus obligaciones internacionales derivadas de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y los múltiples instrumentos en materia de derechos humanos, que llaman a suspender las actividades extractivas para combatir el cambio climático, cuyos efectos son irreversibles.
Por tanto, es incompresible cómo el actual Gobierno impulsa estos decretos, más aún cuando la Agencia Internacional de Energía planteó en su último reporte la urgencia de detener la producción de materiales fósiles en la Amazonía, dado que nos encontramos en un punto de inflexión que define el destino de la humanidad. Este tipo de políticas son tan descabelladas frente a los hallazgos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que declaró que la emergencia climática sólo puede mitigarse si se toman decisiones urgentes desde los Estados para detener el calentamiento global, entre ellas, la más urgente es el abandono rápido de la producción de combustibles fósiles y los vectores de deforestación y contaminación, como la minería.
Denunciamos que la intención del régimen es impulsar la estrategia de las empresas petroleras y mineras, quienes buscan contar con facilidades para realizar intromisiones arbitrarias en nuestros territorios. Con la emisión de dichos decretos, retornamos a la apertura neoliberal de los años 70´s y 80´s, mismas que dejaron graves afectaciones en los territorios, como en el caso Chevron-Texaco (evidentes hasta la fecha). Desde entonces, se ha promovido la falsa promesa de desarrollo basada en el extractivismo, pero que, hasta el momento, no ha llegado. Son nuestras poblaciones amazónicas las más pobres del país, con los índices más bajos de satisfacción de necesidades y acceso a servicios básicos. No obstante, ante estos crímenes ambientales y sociales, producto de los abusos corporativos, el Gobierno insiste en violar la Constitución y cambiar las reglas del juego sobre los mecanismos de resolución de conflictos y controversias, admitiendo la inclusión del país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros mecanismos de arbitraje internacional.
Además, frente a la intención de generar una normativa específica que regule las obligaciones estatales para garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, le recordamos y demandamos al Presidente de la República y a su gabinete acogerse a las Resoluciones de CONFENIAE sobre garantías en el ejercicio del Derecho de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado de los Pueblos y Nacionalidades Amazónicos, construida desde un proceso participativo entre los pueblos amazónicos, el pasado 6 de abril de 2021.
En base a ello, cobijados en el principio de unidad, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento rechazamos las intenciones del gobierno nacional y estamos dispuestos a continuar con las acciones de lucha, resistencia, gobernanza y control territorial. Acciones que históricamente hemos ejercido, y que son necesarias para proteger la vida y la integridad de nuestros territorios.
Esta declaración se publicó el 19 de agosto de 2021.
Nuestros Territorios, Nuestra Decisión
Este editorial fue publicado originalmente en el diario El Comercio, el más difundido de Ecuador, por la lideresa Waorani, Nemonte Nenquimo, y la lideresa A’i Cofán, Alexandra Narváez.
Hace siglos los conquistadores que llegaban a nuestros territorios indígenas en todas las Américas llevaban sus caballos, espadas, fusiles, y también un documento – lo llamaban el “Requerimiento” – y lo leían en castellano (un idioma que no entendíamos los pueblos indígenas). El documento básicamente decía que “desde ahora quédense informados de que nosotros somos tus dueños, y si nos aceptan pueden vivir en paz con nosotros, y si no, bueno les vamos a hacer guerra.” Era un documento violento, eso sí. Pero esa tinta sobre papel satisfacía la necesidad formalista y burocrática de los conquistadores, y justificaba toda la cruel historia de la conquista que ustedes conocen muy bien.
Ahora les escribimos dos mujeres indígenas, líderes en nuestras comunidades de las nacionalidades amazónicas Waorani y A’i Kofan, para decirles que esta historia de la conquista sigue. Todavía aquí en nuestro país el gobierno y las empresas hacen trampa con sus conquistas (sean la extracción petrolera o minera) con procedimientos formales (que no resultan tan lejanos del famoso “Requerimiento”). O sea, lo que llaman “consulta previa” en el Ecuador es básicamente lo siguiente: informar de forma confusa y engañosa a nuestros pueblos indígenas lo que el gobierno o las empresas van a hacer en nuestros territorios, y si no estamos de acuerdo, otra vez nos dicen “bueno les vamos a hacer guerra.”
Ustedes han de haber escuchado sobre nuestras luchas, y nuestras victorias. En 2018, la guardia indigena de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe salió a un recorrido territorial y encontró maquinaria pesada excavando el río Aguarico, una de 52 concesiones mineras otorgadas sobre el río por el gobierno para una duración de 25 años sin consultarnos nunca. Aunque ese río es nuestra fuente de vida, el estado mantuvo que no tenía que habernos consultado. ¿Lo pueden creer? La Corte Provincial de Sucumbios, en una sentencia histórica, aclaró que como somos los A’i Kofan quienes siempre hemos vivido ahí, también somos los A’i Kofan quienes tienen que ser consultados.
En 2012, en comunidades Waorani de Pastaza y de 6 nacionalidades más en el sur de la amazonía, funcionarios del estado aterrizaron de sorpresa para ofrecernos pan y cola, enredarnos con una presentación rápida y imposible de entender sobre la licitación petrolera, y de ahí ofrecernos migajas a cambio (una escuelita por allí, una cancha-múltiple por allá). Una hora después, al despegar de nuevo, el estado contaba con su formalidad de “consulta”, su justificación para la nueva conquista extractivista. No importaba si estábamos de acuerdo o no, la licitación petrolera iba porque iba. O pues así pensaban los funcionarios del gobierno. Pero nosotros los Waorani tenemos una larga historia defendiendo nuestros territorios, y en julio del 2019, salimos de la Corte Provincial de Pastaza con bailes y cantos al ganar nuestra demanda contra el estado por haber violado nuestro derecho a la autodeterminación y la consulta previa, y efectivamente tumbamos la licitación de 16 bloques petroleros sobre 1 millón de hectáreas de territorios indígenas.
Nuestros ancestros antes llegaban a la lucha cargando lanzas sobre sus hombros. Hoy en día estamos luchando con documentos en la mano, escritos desde Montecristi y Ginebra que reconocen nuestro derecho al consentimiento previa, libre e informada y a la autodeterminación.
Ahora nuestros casos están frente la Corte Constitucional del Ecuador, que tiene una oportunidad histórica para dejar claro que el gobierno, los petroleros, mineros y madereros no pueden imponer sus proyectos en nuestros territorios sin nuestro consentimiento. Nuestros derechos, nuestros territorios, nuestra decisión.
No podemos seguir esperando. La Corte Constitucional debe llamarnos a audiencia pública ya. En su sentencia tiene que garantizar que en el Ecuador se respete el derecho de todos los pueblos y nacionalidades a decidir sobre el futuro de sus territorios y culturas. Es un paso necesario para este país plurinacional, una clara señal que hemos dejado la conquista en el pasado. Eso es nuestro “Requerimiento.”
Nacionalidad Siekopai desaloja a invasores de su territorio ancestral en la Amazonía ecuatoriana
“Mira esas huellas de botas frescas … no son de uno de nosotros”, dice un miembro de la patrulla terrestre Siekopai, señalando las pisadas que se cruzan en su camino. Él, junto con otros nueve patrulleros terrestres, han estado caminando durante dos días, sumergiéndose profundamente en su tierra ancestral para detectar y monitorear invasiones. Y cuanto más avanzan, más señales encuentran de la presencia de un visitante no deseado: cazadores furtivos.
Siguiendo las huellas frescas, Hurlem Payaguaje, el coordinador de la patrulla terrestre Siekopai de la comunidad de San Pablo, y miembro de la Alianza Ceibo, encuentra una persiana de caza de reciente construcción. La plataforma improvisada, simple pero eficiente, y estratégicamente ubicada, permite al cazador esperar entre los árboles durante la noche hasta que grandes mamíferos, como el venado y la guanta (paca común), vengan a comer frutos caídos. “Alguien estuvo aquí anoche, pero no mató nada. Al menos no esta vez”. Los hombres están nerviosos, pero decididos.
La selva tropical, que ha sido el hogar de la nacionalidad Siekopai de Ecuador durante miles de años, es tan hermosa y compleja como puede ser la Amazonía: árboles gigantes, lianas y epífitas, insectos y pájaros ruidosos, arroyos llenos de vida. Sin embargo, durante las décadas pasadas, el vasto territorio Siekopai se ha visto reducido a sólo una isla de selva a lo largo del río Aguarico, rodeada por monocultivos de palma, campos petroleros y ranchos ganaderos.
En los últimos meses, los Siekopai de San Pablo han aumentado el monitoreo de actividades ilegales dentro de su territorio ancestral, utilizando herramientas tecnológicas como GPS, drones, cámaras fotográficas y cámaras trampa. Con el apoyo de Amazon Frontlines y la Alianza Ceibo, ellos han estado recopilando datos para brindar a las autoridades y a la sociedad civil, evidencias irrefutables de todos los daños causados a su territorio ancestrale, así como de las violaciones sistemáticas de sus derechos al territorio y a la autodeterminación.
Cuando la colonización traspasa territorios ancestrales
La nacionalidad Siekopai, con una población de menos de 750 personas, ha enfrentado oleadas de invasiones en las últimas décadas, al igual que otros pueblos indígenas cercanos de la Amazonía ecuatoriana. Desde madereros hasta cazadores furtivos, pescadores y asentamientos ilegales, las amenazas se han multiplicado desde que las industrias del petróleo y el aceite de palma construyeron su extensa red de vías e infraestructura, invadiendo los territorios indígenas.
El aumento de la caza furtiva que los siekopai están presenciando dentro de su tierra es solo una de las muchas consecuencias del avance de la colonización hacia áreas remotas y prístinas de la selva. A medida que la frontera colonizadora se expande, también lo hace el acceso por carretera, lo que a su vez aumenta la deforestación y la extracción de recursos. En toda la Amazonía ecuatoriana, las tasas de deforestación aumentaron drásticamente durante la pandemia, lo que convirtió a 2020 en el segundo peor año de pérdida de cobertura forestal de las últimas dos décadas, dejando más de 436.000 hectáreas de bosques vírgenes talados en los últimos 20 años.
Entre las formas más agresivas de invasión se encuentra el asentamiento de invasores ilegales dentro de los territorios indígenas. En el caso de la nacionalidad Siekopai, esto comenzó hace unos 15 años cuando un grupo de invasores ilegales llegaron a las cabeceras del río Kokaya, un afluente del río Napo. Una década más tarde, estos invasores ilegales habían despejado más de 70 hectáreas de selva virgen para la cría de ganado, principalmente, y degradado otras 100 hectáreas mediante la tala selectiva, la caza furtiva y la destrucción de montes y arbustos que forman el sotobosque.
A pesar de los intentos de los Siekopai por reubicar a los invasores fuera de su territorio, los inquilinos ilegales hicieron más fuerte su dominio sobre la tierra. Pero en 2015 y 2018, los Siekopai finalmente llevaron a los invasores ilegales a los tribunales distritales y provinciales. Los Siekopai ganaron ambos casos, y los tribunales ordenaron a los invasores ilegales que abandonaran estas tierras ancestrales. Desafortunadamente ellos se negaron a cumplir, y las autoridades ecuatorianas tampoco hicieron cumplir los veredictos. El año pasado, otras catorce hectáreas de bosque virgen fueron taladas ilegalmente con total impunidad.
Recuperación de territorios ancestrales mediante el desalojo de invasores ilegales
Justino Piaguaje, un destacado líder Siekopai, se encuentra en la cima de un árbol sagrado Kapok recientemente cortado, en el área de Kokaya invadida ilegalmente. Mayo de 2021.
De vuelta en el campo, mientras las patrullas terrestres de los Siekopai cruzan el río Kokaya hacia el área de invasión, uno sólo puede sorprenderse al ver lo drástico del cambio. Durante las próximas seis horas, la patrulla utilizará alertas de deforestación por satélite para guiar sus pasos y documentar los recientes claros abiertos por los invasores.
Con sus GPS y dispositivos móviles de mapeo en mano, georeferencian casas y tierras de cultivo que se encuentran dentro de los límites de su territorio, mientras vuelan un dron para documentar la magnitud del daño causado por quince años de agricultura. Desde el aire, este pequeño rincón de la Amazonía se parece más a una sabana africana.
Un día histórico para los Siekopai, una inspiración para otras nacionalidades?
Ante la inacción del Gobierno, los líderes Siekopai decidieron tomar acción por sus propias manos: el 5 de julio de 2021, entregaron un aviso de desalojo de 48 horas a los invasores ilegales. Al cumplirse este plazo, más de 300 personas Siekopai de seis comunidades se reunieron en el área del río Kokaya, con lanzas en mano y vestidas con sus tradicionales túnicas multicolores, en una demostración de fuerza y determinación.
Ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, realizaron acciones pacíficas para recuperar el control de su territorio ancestral y ordenaron a los invasores evacuar de inmediato las 15 casas que habían sido construidas ilegalmente allí. En ese día histórico para la nación, los Siekopai lograron recuperar 190 hectáreas de sus territorios ancestrales, y días después del evento, ya estaban encabezando un esfuerzo de reforestación con más de 6.000 árboles pequeños que ayudarán a su tierra a recuperarse de más de una década de cría de ganado.
Jóvenes y ancianos de siekopai, mujeres y hombres unidos para reclamar las territorios ancestrales de su pueblo de manos de invasores ilegales
“No queremos ningún conflicto con nuestros vecinos, ni buscamos represalias por el daño causado a nuestra tierra. Solo pedimos que se respete nuestro territorio y nuestros derechos para que podamos vivir en paz.”– Elias Piaguaje, Presidente de la nacionalidad siekopai de Ecuador
Amparados en la Constitución ecuatoriana (art. 57), dos fallos judiciales y el derecho internacional, sin mencionar un archivo cada vez más robusto de datos de campo recopilados por patrulleros terrestres comunitarios, los Siekopai cuentan con todas las herramientas legales necesarias para recuperar lo que les fue robado. Ellos, sin embargo, continúan enfrentando una batalla cuesta arriba, ya que las autoridades han mostrado un total desprecio por la aplicación de la ley. Además, los invasores ilegales han demostrado su obstinación al negarse a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. A pesar de todos los obstáculos, la unidad y la fuerza que demostraron los Siekopai el 7 de julio 2021, podría desencadenar en una ola de acciones similares tomadas por otras naciones vecinas que luchan contra injusticias similares. Para Hurlem Payaguaje y otros miembros de la patrulla terrestre, este es un nuevo comienzo para los pueblos indígenas del norte de la Amazonía ecuatoriana.
En colaboración con la Alianza Ceibo, Amazon Frontlines acompaña, apoya y capacita a patrulleros y guardias comunitarios de las nacionalidades Siekopai, Siona, A’i Cofán y Waorani para fortalecer sus procesos de defensa territorial. ¡Estén atentos para más historias desde el territorio!
Tres meses del paro nacional en Colombia: violaciones de derechos humanos, impunidad estatal e incumplimento a las recomendaciones de las Misiones internacionales
Tras tres meses de resistencia de la sociedad civil en el Paro Nacional, no queda ninguna duda que el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez viola de manera sistemática los derechos humanos. Así lo han demostrado las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales que registran estos hechos.
Desde que inició el paro en Colombia, el 28 de abril de 2021, dos misiones internacionales han llegado a este país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo entre el 8 y el 10 de junio de 2021 y presentó su informe el 7 de julio. La segunda misión, conformada por representantes de la sociedad civil y parlamentarios delegados de doce países, trabajaron en ocho departamentos recogiendo testimonios e información de primera mano entre el 3 y el 12 de julio de 2021. En ambas visitas se constataron las denuncias de graves violaciones a derechos humanos, el tratamiento bélico que el gobierno de Iván Duque Marquez viene dando a los manifestantes, la infiltración de grupos civiles armados en el marco de la protesta, la estigmatización de líderes sociales y dirigentes indígenas, además de la falta de seguridad para la integridad de las personas que realizan labores de monitoreo, acompañamiento y vigilancia de DDHH, y para quienes denuncian lo sucedido.
Entre las principales preocupaciones que se han manifestado en la misiones, está la negativa del gobierno colombiano de oír las demandas de los sectores sociales y generar espacios de diálogo; de acoger las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH y de organizaciones sociales tanto locales como internacionales. Frente a la activación de una nueva jornada masiva de protestas en el marco del feriado nacional en conmemoración de la independencia el 20 de julio de 2021, preocupa la falta de control con la que actúa la fuerza pública, y en particular el letal Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), constituyendo una amenaza cierta para la vida e integridad de los manifestantes por intervenciones violentas, arbitrarias y completamente desproporcionadas ante las protestas pacíficas, y una respuesta estructural del Estado que da tratamiento de combatientes en una lógica de persecución al enemigo, a los líderes sociales, indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos que diariamente documentan la inequidad del país y exigen el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
En este análisis recogemos los principales hallazgos de las misiones internacionales y las exigencias que se hace al Estado desde la sociedad civil en Colombia, que llama a la visibilización internacional de la situación y a que se tomen acciones frente a las denuncias.
CIDH: las recomendaciones que el gobierno se niega a considerar
En informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se constató la disparidad de cifras entre los reportes oficiales de la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y los datos consolidados por las organizaciones de la Sociedad Civil. Para los primeros, sólo se confirmaron 21 personas fallecidas en el marco de las protestas, resaltando en su informe las lesiones físicas a los integrantes de la fuerza pública (1.253 policías heridos) y las pérdidas económicas por el accionar violento contra bienes públicos y privados con afectaciones estimadas por el Ministerio de Defensa en más de 11,9 billones de pesos (USD 3,3 miles de millones).
Por su parte, la Campaña Defender la Libertad documentó hasta el 22 de julio de 2021, 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son presuntamente atribuibles a la fuerza pública; 1.905 personas heridas por abusos policiales, de las cuales 88 casos se relacionan con lesiones oculares y 115 con heridas por arma de fuego. También se registraron 326 agresiones hacia personas defensoras y las agresiones sexuales y violencias basadas en género por parte de la fuerza pública, reportándose tocamientos, desnudez forzada, acoso sexual, hostigamiento, violencia sicológica y violación.
La CIDH manifestó explícitamente su preocupación por las inconsistencias en el registro de las cifras entregadas por el Estado y la disparidad, particularmente de las víctimas fatales y desaparecidas, con los sistemas de monitoreo de la sociedad civil, pues esto incrementa la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, siendo la falta de legitimidad, la corrupción y la impunidad una de las causas del malestar social que produjo el estallido popular el pasado 28 de abril.
La CIDH documentó usos desproporcionados de la fuerza pública, incluyendo respuestas letales excesivas, indiscriminadas y contrarias a la legalidad (como el empleo de gases irritantes vencidos, dispositivos lanzagranadas, impactos a corta distancia contra la cabeza y tórax de las personas manifestantes y atropellamiento con tanquetas antidisturbios), que se encuentran en audios, fotografías y videos que circulan por las redes sociales, y que fueron corroborados por testimonios individuales y colectivos recolectados durante la visita. A pesar de que el Estado mismo ha reconocido infiltraciones en las protestas de terceros armados, a la fecha no hay resultados contundentes de investigaciones orientadas a conocer la responsabilidad individual y la participación de la Policía Nacional en estos hechos.
Sobre los hechos de violencia basada en discriminación étnico-racial contra pueblos indígenas y comunidades negras, la CIDH recibió un registro de 50 casos de ataques contra integrantes de la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria, y el fallecimiento de 2 personas indígenas, 159 hostigamientos y 21 vícitmas de atentados en el marco de la protesta social.
La CIDH también documentó violencia en contra de periodistas y medios de comunicación; violencia contra las misiones médicas y el personal de salud; abuso de la figura inconstitucional del “traslado por protección” que constituye detenciones arbitrarias y discrecionales por parte de la Policía; así como mantenimientos de competencia en la Jurisdicción Penal Militar de los abusos documentados, entre otras situaciones de particular relevancia como el bloqueo de la señal de internet en los espacios de protesta, prácticas de “ciberpatrullaje”, difusión de noticias falsas, amenazas contra la vida e integridad a través de medios digitales y perfilamiento de personas para catalogarlas como criminales.
Respecto de las recomendaciones al Estado de Colombia, la CIDH invita a que se refuerce desde el más alto nivel de Gobierno un proceso de “diálogo genuino, con enfoque territorial” que permita procesos reales de concertación y participación de los sectores históricamente discriminados entre los que se encuentran los pueblos indígenas. De igual manera, la Comisión es insistente sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar la vida y la seguridad de las personas y organizaciones que testificaron durante la visita, evitando represalias ya sea por parte del mismo Estado o por parte de terceros, sin embargo, durante el mes de julio se han presentado, principalmente en Cali y Popayán, capturas a jóvenes integrantes de la “Primera Línea” de protestas.
Sobre las garantías para el pleno goce del derecho a la protesta social y otras recomendaciones específicas que incluyen, entre otras, ajustes normativos a través de leyes estatutarias que recojan los estándares interamericanos sobre el alcance de los derechos vulnerados y las implicaciones del respeto a la protesta pacífica como base del Estado Social y Democrático de Derecho, evitar la estigmatización y la discriminación; coordinar programas de reparación urgente a las víctimas de la violencia policial con perspectiva de género, interculturalidad e intergeneracionalidad. La CIDH también recomendó a la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa, para evitar las perspectivas militares de estos cuerpos de la fuerza pública hacia otro centrado en la protección y seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos.
Pero el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, manifestó su desacuerdo sobre las recomendaciones de la CIDH enfatizando en el carácter no vinculante de las mismas. También señaló que al ser competencia exclusiva del gobierno nacional, la dirección de las relaciones internacionales, era imposible que las recomendaciones sean implementadas por gobiernos locales, a pesar de la voluntad que algunos habrían manifestado de hacerlo. Así mismo, el Presidente Iván Duque Márquez descalificó y tergiversó su contenido tras afirmar públicamente que la Comisión había recomendado “tolerancia” con los “actos de criminalidad”, refiriéndose a los bloqueos y rechazando que se lleve a cabo el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de derechos humanos que se propuso por el organismo internacional.
Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia
Entre el 3 y el 12 de julio, 41 delegados y delegadas de trece países integraron la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, en la cual participó el Defensor de Derechos Humanos y Coordinador del Equipo Legal de Amazon Frontlines, Jorge Acero González y la abogada Sylvia Bonilla como parte de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador. Durante la visita, se recorrieron ocho regiones del país en el que se documentaron de primera mano, con las organizaciones locales, las agresiones, falta de garantías para la protesta e impunidad en un diálogo amplio con las víctimas, entidades gubernamentales y puntos de resistencia. Esta misión, fue la respuesta al pedido urgente de solidaridad internacional promovido a nivel nacional por plataformas de derechos humanos y organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP /PPP); La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); la Corporación Jurídica Libertad (CJL); el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD); Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
En el informe preliminar de la Misión presentado públicamente el 12 de julio, se dejó constancia de la información receptada de más de 70 organizaciones locales y regionales como comités de paro, grupos estudiantiles, colectivos de mujeres, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros, también se constató de la actualidad de las graves vulneraciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en Colombia y de las que los integrantes de la misión, pudieron ser testigos directos: se presentaron hostigamientos de la fuerza pública a integrantes de la Misión, con ocurrencia de asesinatos, agresiones oculares y hallazgo de dos cuerpos sin vida de jóvenes desaparecidos de puntos de resistencia en cercanías a donde se encontraban reunidos.
De manera contundente, la Misión señala que: “las personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia son blanco de actores estatales y no estatales por su promoción de los Derechos Humanos y sus opiniones políticas”. En consonancia con las recomendaciones de la CIDH, la Misión de Observación recalca que el Gobierno Nacional ha dado una respuesta al Paro Nacional en la lógica de la guerra, sin voluntad real de reconocimiento de los interlocutores ni disposición auténtica para negociar las exigencias populares, étnicas y comunitarias. El Partido de Gobierno, así como las élites económicas que lo soportan, han generado al país daños individuales y colectivos en la estructuración de discursos de odio, racistas y coloniales, causando un “trauma psicosocial colectivo en la sociedad colombiana”.
Como parte de los actores especialmente vulnerables, la Misión señala a los Pueblos Indígenas que han sido estigmatizados, reprimidos y asesinados de manera histórica y continuada por el Estado colombiano. Se resalta la impunidad de los crímenes de Estado y la gravedad del panorama a nivel de país que tiende a agravarse bajo el mantenimiento de la doctrina del “enemigo interno”. El 13 de julio de 2021 la Organización Indígena de Antioquia informó de un comunero gravemente herido por accidente con mina antipersonal en la comunidad Turriquitadó Alto, en el territorio del Resguardo Río Chageradó del Municipio de Murindó del Pueblo Emberá Eyábida, el cual se suma a la alerta que esta misma organización indígena habría elevado el 07 de julio de 2021 tras el fallecimiento de un hombre indígena y heridas de gravedad en una mujer tras la detonación accidental de un campo de minas antipersonales en el municipio de Dabeiba, en la comunidad de Amparradó Medio.
Desde el viernes 16 de julio hemos conocido nuevas denuncias por parte de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias que han sido objeto de hostigamiento, perfilamientos, amenazas de inmovilización y empadronamiento de vehículos que van en Caravana desde diversos territorios de Colombia hacia la ciudad de Cali para participar en la Segunda Asamblea Nacional Popular que se desarrolló entre el 17 y 20 de julio. Estas retenciones temporales de los buses, según lo manifestado por la policía, se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público” y constituyen, ademas de un nuevo impedimento para el ejercico de la protesta y la manifestcaion, vulnera los derechos de movilidad, libertad de expresión, reunión, asociación y participación.
Para los Pueblos Indígenas, la movilización y la protesta en Colombia son derechos necesarios y urgentes, tal como lo determinaron las organizaciones y comunidades indígenas reunidas en el X Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, ocurrido en la La Delfina, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, del 26 al 30 de junio de 2021. De su propio análisis de contexto se obtiene el riesgo de exterminio físico y cultural que afrontan los Pueblos Indígenas debido al conflicto armado, el recrudecimiento de la violencia en las zonas de conflicto, y factores subyacentes como el extractivismo, la discriminación, la marginación y el alto índice de pobreza en los territorios. Tampoco se ha avanzado en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final Paz de La Habana, 2016. El Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC reporta desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 31 de marzo del 2020, cerca de 298 homicidios, 60 secuestros, 39 casos de reclutamiento forzado, 16.915 personas en desplazamiento forzado y 2.000 amenazas e intimidaciones, a más de la recurrente amenaza contra los territorios y los intentos de desconocer como un derecho fundamental la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado.
Derecho a la protesta y nuevas movilizaciones
Para el 20 julio, fecha conmemorativa de la independencia en Colombia, el Comité Nacional de Paro y otros sectores sociales convocaron a una gran movilización, retoma y/o fortalecimiento de las protestas. Desde el anuncio de nuevas jornadas de manifestaciones, los medios masivos de comunicación han incrementado el discurso estigmatizante contra los manifestantes, asegurando que se desarrollaran acciones que se consideran vandálicas, incluso se han efectuado diversos allanamientos y detención de jóvenes pertenecientes a la denominada Primera Línea, alegando haber encontrado en su poder cascos de industriales, máscaras antigás y escudos de fabricación artesanal.
Por su parte el Gobierno nacional anunció un proyecto de ley para criminalizar la protesta, y ha desplegado una estrategia mediática para calificar la protesta social como una gran conspiración de la “izquierda internacional” y un tema de terrorismo. En este contexto varios precandidatos al Congreso y Presidencia realizan acciones de campaña o posicionamiento político, proyectados hacia las elecciones que tendrán lugar en los meses de marzo y mayo del 2022.
De acuerdo a la ONG Temblores, el 20 de julio de 2021 se registraron 128 actos de violencia policial, de las que se destacan 40 agresiones físicas, 41 detenciones arbitrarias, 4 víctimas de agresión en sus ojos y 1 caso de violencia sexual, entre otros. Es decir, el gobierno colombiano no pretende retroceder en el tratamiento bélico hacia las y los manifestantes, vulnerando sus derechos a la vida, la integridad, la libertad y a la protesta pacífica. De conformidad con la Campaña Defender la Libertad, la cifra de denuncias va en aumento. Fueron registradas 50 detenciones arbitrarias y 17 casos de violencia en contra de personas defensoras de DDHH, uno de los cuales estaría basado en violencia de género.
La visibilización y denuncia de la situación de emergencia humanitaria y crisis de los Derechos Humanos no solo fue una consigna de la Misión durante los días de su visita, sino un compromiso constante de las organizaciones que, como Amazon Frontlines, trabajamos constantemente por la defensa de la vida y los territorios. Participamos activamente respaldando los legítimos reclamos frente a las causas estructurales de desigualdad que han impulsado a la movilización a las organizaciones indígenas que acompañamos en la región amazónica. Nos sumamos al llamado de implementación urgente de las medidas para desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares que hostigan a la población civil, especialmente a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta.
Instamos como parte de la comunidad internacional a seguir observando, vigilando y exigiendo del Estado Colombiano el respeto de los Derechos Humanos, la búsqueda urgente de las personas que siguen desaparecidas, sumandonos a la presión para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe. Como parte de los compromisos de la Misión Internacional, aportamos para dar seguimiento de las acciones urgentes y avances en las recomendaciones realizadas mediante un Informe completo a entregar en agosto de 2021. Desde la Amazonía decimos:
¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!
Lea la Parte I del análisis aquí.
Lea la Parte II del análisis aqui.
Lea la Parte III del análisis aqui.
Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines
Una nueva generación de mujeres comunicadoras indígenas en la Amazonía
En la Amazonía, como en muy pocos lugares en el mundo, podemos encontrar mitos y canciones ancestrales compartidos por los ancianos indígenas alrededor de una fogata al amanecer, mientras sus nietos, los millennials indígenas, inmortalizan sus historias con fotografías, videos cámaras y grabadoras de voz. . Este es el siglo XXI de la comunicación indígena en la Amazonía, donde una nueva generación se está apoderando de los medios digitales para salvaguardar cientos de años de memoria, historia y conocimiento para las generaciones futuras, y para compartir las luchas urgentes de su gente con el mundo exterior.
Ahora, un nuevo colectivo de comunicadoras indígenas se está uniendo por primera vez en la historia de sus pueblos en la Amazonía ecuatoriana y colombiana. Son diecisiete mujeres jóvenes de los pueblos A’i Cofán, Siona, Siekopai y Waorani. Juntas, han asumido el desafío de convertirse en las primeras mujeres cineastas, fotógrafas y periodistas de sus nacionalidades.
El mes pasado, estas mujeres se reunieron para un retiro de cinco días que marcó la inauguración oficial de una nueva escuela amazónica de comunicación para mujeres indígenas, lanzada en alianza con nuestra organización hermana, Alianza Ceibo, como continuación de nuestro trabajo de capacitación y tutoría de un primer grupo de comunicadores indígenas durante los últimos cinco años. Esta nueva escuela tiene como objetivo equipar a las jóvenes indígenas con las herramientas y técnicas para compartir sus perspectivas, historias, sabiduría y experiencias con sus comunidades y el mundo.
Levantar las voces y las historias de las mujeres es fundamental para fortalecer el liderazgo y las luchas de las mujeres indígenas en la Amazonía. Las mujeres indígenas siempre han desempeñado un papel fundamental en los movimientos de resistencia de sus pueblos, sin embargo, sus voces y perspectivas han sido históricamente invisibilizadas y continúan viéndose desproporcionadamente afectadas por la violencia, el racismo y la discriminación. En esta lucha, la comunicación se convierte en un arma poderosa para formar su propia narrativa y acompañar las luchas de sus nacionalidades por la supervivencia en la selva tropical más importante de nuestro mundo.
En esta Crónica, presentamos la poderosa serie de fotografías que crearon las comunicadoras de la Alianza Ceibo durante este primer taller. Para iniciar el proceso creativo, las mujeres empezaron aprendiendo conceptos técnicos como encuadre, planos focales y las propiedades expresivas de la luz. Para poner en práctica lo aprendido, crearon una serie de retratos antes de desarrollar conmovedoras series de fotografías que exploran la espiritualidad y las consecuencias de la evangelización, el colonialismo y el extractivismo en sus territorios ancestrales.
La evangelización y la mujer
“La historia que nosotros hacemos es sobre el tema de la evangelización, eso pasó en todas las nacionalidades. A nuestro territorio vino primerito la evangelización y desde ahí nació la creación de escuelas en donde nosotros nos formamos y aprendimos la postura del mundo occidental. Esta es la historia de un personaje llamado Ana, que fue obligada a ir a la escuela de la misión. Sus padres le mandaron porque se sentían obligados, sin darse cuenta que pronto Ana iba a ser abusada sexualmente por los curas. Al enterarse sus padres la encierran en su casa. Y ya no mandaron a la escuela. Ella se había llenado de valor, pero al verse encerrada se veía como un animal enjaulado y acude con sus oraciones a los espíritus de la selva. Una noche escuchó la voz de la mujer espíritu de la cascada, que le dijo: «Sal. Anda, camina. Eres como una mariposa llena de colores alegres y sueños imparables. Puedes enseñar a otras mujeres lo valiosas que somos. Ana marchó lejos y con el tiempo se convirtió en una voz fuerte, y líder que junto a otras mujeres soñadoras luchan por su libertad y ahora nadie más será abusada. Nosotros escogimos este tema porque las mujeres fuimos atrapadas, humilladas, sin progresar, por eso el personaje es una mujer maltratada”.
Una serie creado por Beatriz Nawe, Tania Amwae, Tamara Alvarado, Daris Payaguaje.
Fortaleza Espiritual
“Durante el tiempo de colonización hubieron muchos cambios en los territorios indígenas, la comunidad Siona de Putumayo ubicada en la frontera de Ecuador y Colombia está siendo afectada por la petrolera. Nuestra fotohistoria habla de la contaminación, sobre cómo las empresas han afectado a nuestro resguardo y lo que nosotros hacemos para enfrentar eso. Queremos presentar fotografías turbias que muestran cómo se pone nuestro resguardo cuando se presenta este tipo de cosas, que contaminan y destruyen el monte. Dentro de la cultura Siona (Ziobain) encontramos que la espiritualidad es muy importante. Nosotros manejamos nuestra medicina espiritual, guiados por nuestros mayores, por eso en nuestra historia queremos mostrar que nos mantiene fuertes y nos ayuda a conectarnos con la naturaleza y los espíritus para lograr un mejor camino”.
Una serie creado por Mildrey Paz, Brigitte Piaguaje, Andrea Ríos, Jennifer Yurani.
El derrame de petróleo
“Nuestra historia se trata del daño que sufrimos cuando existen situaciones como un derrame, cómo eso nos afecta y hace que nos enfermemos. Queríamos dar la sensación de que algo está mal y como era de día utilizamos un papel negro con un hueco para transmitir ese sentimiento en nuestras fotos. En el final el agua vuelve a estar limpia gracias a nuestra propia lucha”.
Una serie creado por Milena Piaguaje, Elena Yiyoguaje, Josefina Pauchi, Melania Lusitande.
Invasores
“Nosotras hicimos la historia Invasores porque entre nosotros en las nacionalidades ocurre eso, vienen los colonos, entran en nuestro territorio sin permiso, entran como si fuera de ellos, como si no le importara lo que tenemos nosotros dentro de la comunidad, por eso en mi grupo decidimos hacer una fotohistoria sobre eso. Nos imaginamos un personaje que se llama Ñumi, que vive en su territorio y tiene 35 años. Ella está felizmente trabajando en sus sembríos, pero se da cuenta de que han llegado personas de afuera para invadir su terreno. Ella no sabe qué hacer con los invasores y reaccionó fuertemente. Los enfrentó y logró desalojarlos”.
Una serie creado por Judy Payaguaje, Aneth Lusitande, Magdalena Quenamá, Morelia Mendua.
Watch this space for more stories from the Indigenous Youth Storytellers in the coming months, from stop motion animation, collaborative video, and broadcasting & social media.
Violaciones de derechos humanos tras dos meses del Paro Nacional en Colombia
- Desde el inicio del paro nacional en Colombia, organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia habrían registrado 83 homicidios en personas civiles, 27 de los cuales son presuntamente atribuibles a agentes estatales
- 47 agresiones específicas contra comunidades indígenas se habrían registrado en el marco del Paro Nacional, que van desde señalamientos, amenazas, hostigamientos, confrontación, constreñimiento, desaparición forzada y asesinatos
- Una Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad se llevará a cabo entre el 3 y el 12 de julio de 2021 en la que junto a delegados de 8 países y prensa internacional, realizaremos acciones de verificación y acopio de información de las graves violaciones ocurridas durante estos dos meses de Paro
30 de Junio, 2021 – El Paro en Colombia cumplió 2 meses de movilizaciones ciudadanas y aunque el contexto de los bloqueos, puntos de concentración y resistencia ha variado a partir de negociaciones que de manera directa realizan los Comités Departamentales y de una diversificación de estrategias de unidad y movilización; la juventud que conforma mayoritariamente la “Primera Línea” se mantiene en diversas ciudades, y de manera más sostenida en Bogotá y Cali; por su parte en los territorios las comunidades y organizaciones sociales e indígenas avanzan en procesos de diálogo, concertación y/o exigibilidad, todos ellos/ellas con una bandera de lucha común: tener oportunidades y acceder a derechos en un país con cifras alarmantes de desigualdad, discrimnacion y pobreza.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2020 la población colombiana en situación de pobreza alcanzó el 42,5%, con un ingreso mensual per cápita de $331.688 COP (equivalentes a $89,6 USD); mientras que la población en situación pobreza extrema alcanzó el 15,1%, con ingresos mensuales per cápita que no superan los $145.004 COP (equivalentes a $39 USD). Adicionalmente, otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica, con grave riesgo de descender por debajo del umbral de pobreza frente a la crisis. A pesar de la grave situación, el Estado incumplió nuevamente sus obligaciones de atención y garantía de los derechos humanos con la población más vulnerable, al no proporcionar una renta básica que permita sobrellevar las medidas restrictivas de confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19, adoptadas en 2020.
VIOLENCIA Y REPRESIÓN ESTATAL
Como se ha informado en las dos entregas anteriores (Parte I & Parte II), y documentado en extenso a través de redes sociales -a pesar de la censura-, la Fuerza Pública ha reprimido violentamente las protestas, dejando un saldo de ataques indiscriminados contra la población civil que incluye asesinatos, mutilaciones oculares, lesiones de todo tipo, agresiones con armas de largo alcance y violencia sexual; asi como un incremento significativo de discursos de estigmatización contra quienes ejercen su derecho a protestar y contra quienes defienden derechos humanos, proveniente de personas que ostentan posiciones de relevancia publica.
A partir del último reporte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, con corte al 22 de junio se habrían registrado 83 homicidios en personas civiles, 27 de los cuales son presuntamente atribuibles a agentes estatales; 1.677 personas heridas por parte de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados actuando con la aquiescencia y tolerancia de agentes de policía de las cuales 80 presentan lesiones oculares y 114 heridas con arma de fuego. Se reportan 106 personas víctimas de violencias basadas en género por parte de la Policía Nacional y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 23 casos serían de violencia sexual. 84 personas siguen desaparecidas según cifras de la Fiscalía General de la Nación, persistiendo además abusos de poder, allanamientos declarados ilegales, detenciones arbitrarias, generalizadas, con sometimiento a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes frentre a a las más de 3.203 personas detenidas con ocasión del ejercicio legítimo de su derecho a la protesta social.
MISIÓN S.O.S. COLOMBIA
Ante el 47° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se está realizando desde el 21 de junio hasta el 13 de julio, la Alta Comisionada de ONU, Michelle Bachelet, informó de graves retrocesos a los derechos humanos en el mundo, derivado de la precaria respuesta a la crisis ocasionada por la pandemia. De manera específica, llamó la atención de situaciones preocupantes respecto de Colombia por los abusos de las fuerzas de seguridad y los niveles de impunidad al respecto en el contexto de las movilizaciones sociales. Instó particularmente sobre la necesidad de adelantar investigaciones rápidas, efectivas e independientes, recalcando la necesidad de rendir cuentas frente a la responsabilidad del Estado, para que, junto con un compromiso real de aplicación y cumplimiento a los Acuerdos de Paz, pueda contribuir a aumentar la confianza pública en las autoridades, enmarcado en un proceso de justicia transicional que aborde las causas estructurales de la violencia política que vive el país y que ha alimentado el conflicto armado interno en los últimos 60 años.
Ante una intensa campaña promovida por la sociedad civil y la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos visitó el país entre el 8 y el 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas, recibir testimonios, denuncias y comunicaciones principalmente de las víctimas y sus familias. La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la CIDH y relatora para Colombia, comisionada Antonia Urrejola; y los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, con apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum; la secretaria adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y personas integrantes de sus equipos técnicos. Promoviendo el diálogo como salida democrática a la crisis social que dieron origen a las protestas y mantienen las movilizaciones del paro nacional, la CIDH tiene el reto de elaborar recomendaciones al Estado a partir de los hechos documentados, brindando observaciones generales sobre la visita.
A pesar de que se esperaba una disminución de los hechos de violencia como consecuencia de la visita internacional, entre el 18 y el 21 de junio fueron hallados 5 cuerpos descuartizados en varias regiones del país de jóvenes que habían participado de las protestas, algunos de ellos conformando la primera línea: se trata de Santiago Ochoa, de 23 años en Tuluá (Valle del Cauca), Kevin García de 16 años en La Virginia (Risaralda), Hernán Ramírez de 25 años en Tuluá (Valle del Cauca), y 2 personas más sin identificar en Bello (Antioquia). Estos hechos, además de evidenciar una grave situación de violaciones a los derechos humanos y una incapacidad absoluta del Estado de investigar con debida diligencia para sancionar a los responsables, pretende desestimular las acciones de protesta, generar terror y afectar de manera colectiva, a la sociedad civil movilizada.
ATENCIÓN URGENTE A LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Por su parte, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI en conjunto con la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona del Putumayo – ACIPS presentó ante la CIDH un informe sobre las afectaciones diferenciales para los pueblos y comunidades indígenas desde un enfoque territorial. Se ratificaron como razones de apoyo al Paro nacional las iniciativas, tanto administrativas como legislativas, que vulneran los derechos al consentimiento y consulta previa, libre e informada en el marco de contextos extractivos y agroforestales dentro de los territorios ancestrales propuestas por el Gobierno del Presidente Iván Duque. Adicionalmente, el aumento progresivo de los homicidios en contra de personas indígenas como consecuencia de los incumplimientos de los Acuerdos de Paz; las dilaciones en la implementación de mecanismos de ordenamiento social de la propiedad rural en favor de comunidades originarias, la inminente reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato y el incumplimiento a la política pública de reparación a las víctimas colectivas del conflicto armado y a la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas, motivan a continuar con las Mingas de Resistencia desde los territorios.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC citado en el informe, desde mayo de 2021 se ha registrado una gran Minga Indígena Nacional con 3 asambleas permanentes, 28 movilizaciones y 22 puntos de resistencia en todo el país, con actividades culturales y espirituales, tanto al interior de los territorios como movilizaciones pacíficas en las ciudades y cabeceras municipales.
Desde el 9 de junio, fecha de nuestra última entrada de análisis en esta plataforma, organizaciones indígenas del nivel territorial, entre ellas el Consejo Regional Indigena del Cauca y la Organización Indigena de Antioquia han denunciado varios hechos victimizantes contra personas de Pueblos Indígenas, liderazgos comunitarios y personas defensoras de los Derechos Humanos. Entre los hechos se destacan las amenazas proferidas por la estructura paramilitar denominada “Bloque Sur Occidental de las Águilas Negras”; el asesinato de una mujer indigena Embera y su hija, y la mutilación de extremidad inferior de un guardia indigena por accidente con mina antipersonal.
AMENAZAS Y ESTIGMATIZACIÓN CONTRA DEFENSORES INDÍGENAS
Hasta el 10 de junio de 2021, se habrían registrado 47 agresiones específicas contra comunidades indígenas en el marco del Paro Nacional, que van desde señalamientos, amenazas, hostigamientos, confrontación, constreñimiento, desaparición forzada y asesinatos, los cuales hacen parte de ataques estructurales y racistas. El Departamento del Valle del Cauca es el lugar donde más afectaciones se han registrado, incluso con lesiones producidas con armas de fuego.
Adicionalmente, se denuncia que aprovechando la coyuntura del Paro Nacional y la movilización de los dirigentes indígenas a los puntos de concentración y resistencia, la Fuerza Pública ha ingresado de manera arbitraria, sin autorización y de mala fe a los territorios indígenas ocasionando daños a los bienes comunitarios, y realizando sin haber garantizado el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con personal militar.
Los discursos de odio en contra de las Guardias Indígenas y los Pueblos ancestrales sigue siendo una constante en el País. El 2 de junio la ACIPS denunció que un funcionario de la Gobernación del Putumayo estaría llamando “secuestradores” y generando estigma en contra de los dirigentes indígenas responsables de un punto de resistencia por realizar bloqueos controlados y pacíficos sobre las vías del departamento. De igual forma, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Partido de Gobierno, a través de su twitter personal y con información falsa, invitó a respaldar a la Fuerza Pública para evitar la “defensa privada armada”. En el trino publica una fotografía de un vehículo portando la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y relaciona a la organización con “grupo terrorista ELN” en Jamundí, Valle”.
Lejos de tener una voluntad real orientada al diálogo social para resolver la crisis, el Gobierno Nacional es hostil ante esta posibilidad. Muestra de ello es que, mientras se está desarrollando una mesa de negociación, el Ministro del Interior anunció el pasado 18 de junio una modificación al Decreto 003/2021 mediante el cual se pretendió la regulación -cada vez más limitada- de las circunstancias que constituyen manifestación pacífica y, aquellas que justifican la intervención policial por obstaculizar vías e infraestructura de transporte acciones que ya fueron tipificadas como delito en 2011, en la cuestionada Ley de seguridad ciudadana (Ley 1453 de 2011) siempre y cuando se realice por medios ilícitos.
Varias organizaciones sociales de Colombia alertaron que la regulación y limitación del derecho a la protesta pacífica debe tramitarse mediante una ley estatutaria (ver sentencia C-227 de 2017), por tratarse de derechos fundamentales. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional mediante un decreto administrativo tomó la decisión de modificación normativa sin concertar con los delegatarios de la mesa de negociación del Paro Nacional, y sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada con pueblos étnicos que se ven afectados por la limitación de su derecho a la protesta social. De nuevo, esta situación es una muestra más de la mala fe e incumplimiento de los estándares y garantías democráticas de protección de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional.
Como organización internacional de derechos humanos, seguimos comprometidos en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y colectivos en los que incurre el Estado colombiano y, que de manera particular, en el contexto actual del Paro Nacional, de todas los hechos que por acción u omisión, atentan contra el derecho a la movilización social, base del ejercicio democratico y plural. Haciendo eco al llamado de la sociedad civil colombiana que ha pedido apoyo para la visibilización y acompañamiento a las comunidades, sectores sociales y pueblos indígenas movilizados, vigilando las obligaciones del Estado Colombiano frente a la garantía de los derechos humanos y deberes especiales de preservación de la vida, integridad y territorios entre el 03-11 de julio de 2021, participaremos de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia en la que junto a delegados de 8 países y prensa internacional realizaremos acciones de verificación y acopio de información de las graves violaciones ocurridas durante estos dos meses de Paro.
Seguimos defendiendo la vida y exigiendo en todos los escenarios posibles – legales, de incidencia y denuncia – el respeto por los derechos humanos, la urgencia de respuestas frente a los graves hechos de violencia que promueven el racismo estructural y la desigualdad, así como el cumplimiento urgente a los Acuerdos de Paz. Desde la Amazonía decimos:
¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!
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Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines