Tres caminos para lograr que la Declaración de Glasgow funcione para las personas y los bosques
Los líderes mundiales fueron noticia en Glasgow la semana pasada al acordar nuevos compromisos para detener la deforestación e invertir recursos en las comunidades indígenas más afectadas. Cualquier esperanza de alcanzar los objetivos climáticos de París y evitar los peores escenarios climáticos, requiere salvaguardar los bosques y paisajes forestales, pero un historial de promesas de alto perfil que languidecen sin implementarse, ha dado buenas razones para el escepticismo.
En 2014, los líderes mundiales asumieron compromisos similares en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, comprometiéndose a reducir los niveles de deforestación en un 50% para 2020. Desde ese momento, la deforestación ha continuado a un ritmo acelerado, y ya algunas zonas dentro de la selva amazónica han hecho el tan temido cambio de pasar de ser sumideros de carbono a convertirse en fuentes de emisiones propias. El desafío es cada vez mayor con esta amenaza inminente de la Amazonía acercándose al punto de inflexión, que la llevaría de ser una selva tropical a una sabana.
Al menos, estos compromisos recientes indican una comprensión cada vez mayor de que el status quo no es suficiente, que se necesitan más acciones, determinación política y recursos. Pero cabe la pregunta de ¿Qué es diferente ahora?, y ¿Qué lecciones se han aprendido en los últimos años que darán a la Declaración de Glasgow la esperanza de un destino diferente y más exitoso?
La declaración de Glasgow se basó en el compromiso de canalizar $19 mil millones de fondos públicos y privados hacia la protección de los bosques, de los cuales $1,7 mil millones de dólares se dedicarían a los pueblos indígenas y comunidades locales. Es una noticia bien recibida y necesaria, pero para lograr un cambio real, los compromisos financieros deben traducirse en nuevos recursos y herramientas que logren inversiones proyectadas hacia soluciones. Los compromisos financieros de alto nivel sobre el tema climático tienden a enredarse en obstáculos burocráticos o de doble contabilidad, y finalmente fracasan en llegar a aquellos quienes realmente pueden generar resultados. Aún no está claro cómo estos compromisos llegarán a las comunidades que necesitan recursos, ni cómo los recursos invertidos cambiarán las políticas que han permitido la destrucción de los bosques.
Por mucho que los fracasos del pasado inviten al escepticismo, lo que está en juego es demasiado crítico como para abandonar la esperanza. Los bosques tropicales ahora se tambalean al borde de un peligroso e irrevocable punto de inflexión. Los pueblos indígenas han estado en la primera línea, a menudo trabajando en la oscuridad, sin el apoyo que necesitan para hacer cambios a la escala que son capaces de lograr. A medida que las conversaciones sobre el clima se atenúan, y nos dedicamos a la ardua labor de cumplir las promesas hechas, aquí hay tres pasos concretos e inmediatos que se pueden tomar para que la Declaración de Glasgow sea un éxito en donde otros esfuerzos han fracasado.
1. Asegurar la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas: una solución escalable con resultados inmediatos
Los derechos a la tierra para los pueblos indígenas ofrecen una solución rentable e inmediatamente escalable, y las grandes inversiones son capaces de producir grandes resultados rápidamente. Los datos son claros, y lo han sido durante algún tiempo: cuando los derechos de los Pueblos Indígenas son reconocidos y asegurados, las tasas de deforestación son más bajas y las reservas de carbono son más altas que en los bosques gestionados por otros. En todo el mundo, los movimientos indígenas han pedido una mayor inversión en los esfuerzos para asegurar el título formal de sus tierras. Si bien se han asumido nuevos compromisos durante la última década, los recursos han tardado en llegar a las comunidades que a menudo están involucradas en batallas prolongadas con sus gobiernos para buscar títulos, incluso cuando “las excavadoras tocan la puerta”. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar rápidamente.
En Ecuador, el movimiento indígena está preparado para asegurar ganancias masivas en algunos de los bosques más biodiversos y ricos en carbono del mundo. Durante los últimos 50 años, el Estado ecuatoriano ha declarado unilateralmente al menos 1,4 millones de hectáreas de tierras indígenas ancestrales como parques nacionales, asumiendo para sí mismo la propiedad exclusiva. Los pueblos indígenas que viven en estas áreas se ven obligados a negociar acuerdos (frágiles y temporales) de uso de la tierra con el gobierno, para poder acceder a sus territorios. Peor aún, estos acuerdos no impiden que los intereses estatales otorguen tierras a empresas petroleras y mineras, esto se ve demostrado más recientemente por la aprobación de trabajos de perforación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, que incluye territorio ancestral Waorani. El reconocimiento formal de los títulos de propiedad de las tierras de los pueblos indígenas proporciona un elemento decisivo adicional de protección para los bosques y el carbono almacenado en estas tierras.
2. Garantizar los derechos para los pueblos indígenas: una oportunidad inmediata para una reforma duradera
Los pueblos indígenas no han esperado los compromisos políticos que vienen “desde arriba” para continuar con su lucha por proteger sus tierras y salvaguardar el clima. En los últimos años, los pueblos indígenas han creado una ventana de oportunidad sin precedentes, para realizar cambios dramáticos y duraderos en los marcos de políticas que privilegian la extracción de recursos naturales por sobre la tutela indígena y la protección del clima. Los recursos prometidos para implementar la Declaración de Glasgow deben apoyar estas luchas urgentes a corto plazo.
La Corte Constitucional de Ecuador está disupuesta a generar jurisprudencia sobre el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre lo que sucede en sus tierras y territorios. A principios de 2020, esta Corte seleccionó de entre miles de casos, los fallos de los tribunales provinciales de los casos Sinangoe y Waorani (ambos con el apoyo legal de Amazon Frontlines) para su revisión, estableciendo la primera oportunidad real del país para que la legislación nacional sobre asuntos indígenas, sus derechos al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y los derechos de la naturaleza, sean aplicados en los territorios indígenas. El resultado determinará si estos derechos constitucionales existen solo en el papel o son realmente aplicables en la práctica.
El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es una herramienta vital para que las comunidades resistan a la extracción planificada en sus tierras. Los derechos de los pueblos indígenas están ampliamente reconocidos constitucional e internacionalmente. Sin embargo, la implementación efectiva de las normativas legales internacionales y sus obligaciones constitucionales es precaria, ya que los gobiernos continúan impulsando leyes y políticas que promueven un modelo de desarrollo económico basado en la explotación minera, petrolera, hidroeléctrica y forestal. Si bien muchas comunidades indígenas disfrutan de algún tipo de reconocimiento de la tenencia colectiva de sus tierras, el Gobierno de Ecuador conserva los derechos del subsuelo y continúa otorgando concesiones a actores comerciales en tierras de propiedad indígena para su explotación, en clara violación al derecho fundamental al Consentimiento Libre, Previo e Informado. El aumento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre el control de sus tierras podría salvaguardar más de 7 millones de hectáreas de selva tropical intacta sólo en Ecuador.
3. Cambiar de rumbo en la política extractivista nacional dentro de los planes de recuperación de la COVID19: lecciones para el futuro
El éxito de la Declaración de Glasgow depende de si cataliza exitosamente las muy necesarias correcciones de rumbo, alejándose de las políticas nacionales de desarrollo basadas en la premisa de “extracción a toda costa”. Muchos países se enfrentan no solo a desafíos persistentes para de desarrollo sostenible, sino que ahora también se enfrentan a crisis económicas adicionales derivadas de la actual pandemia. La Declaración de Glasgow llega en un momento crítico en el que muchos países están buscando formas innovadoras de recuperarse de las crisis económicas y de salud a causa de la COVID-19. Los signatarios de la Declaración de Glasgow, que además son los que cubren más del 90% de la superficie forestal mundial, se han comprometido a “garantizar que existan políticas y sistemas sólidos para acelerar la transición hacia una economía resiliente y que promueva los bosques, el uso sostenible de la tierra, la biodiversidad y los objetivos climáticos”. Eso significa que estos países forestales deben reevaluar los marcos de políticas existentes que no se alinean con esos objetivos, y ciertamente significa que los países signatarios no deben aplicar nuevas políticas que los contradigan.
Apenas unos meses antes de firmar esta declaración, el presidente Lasso, en Ecuador, emitió Decretos Ejecutivos para expandir masivamente la extracción de petróleo y minería, amenazando millones de hectáreas de selva virgen, y la supervivencia física y cultural de las nacionalidades indígenas. Los decretos son parte de la estrategia de política pública de la nueva administración presidencial para abordar la paralizada economía del país y su colosal deuda externa, redoblando sus intenciones de poner el enfoque en el extractivismo y la explotación de la naturaleza. De implementarse, los Decretos Ejecutivos 95 y 151 transformarán radicalmente las políticas gubernamentales sobre petróleo y minería para favorecer la industria y atraer la inversión extranjera.
El 18 de octubre de 2021, cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a la ciudad capital de Quito, luego de haber viajado desde sus comunidades en lo profundo de la Amazonía, para impugnar el Decreto Ejecutivo 95, que busca duplicar la producción de petróleo del país a un millón de barriles diarios mediante la desregulación de los procesos operativos en la industria del petróleo y el gas. El decreto afectará profundamente el territorio de selva indígena, ya que casi todas las reservas de petróleo se encuentran en la Amazonía, y casi todas las reservas sin explotar se encuentran dentro de los territorios indígenas. La demanda, presentada con el apoyo legal de Amazon Frontlines, desafía lo que es un claro primer paso hacia un despojo de la Amazonía ecuatoriana al estilo Bolsonaro. En las próximas semanas se anticipan demandas adicionales contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los controles ambientales para acelerar el ingreso de empresas mineras extranjeras en la Amazonía.
Los líderes tienen una importante oportunidad para aprovechar el impulso político para lograr reformas, asegurando que, mientras se inicia el proceso más largo de reforma de políticas, se desechen las nuevas políticas dañinas antes de que provoquen daños incalculables a los bosques y a las personas. La gran mayoría de los proyectos mineros se encuentran en etapa de licitación o exploración, no en etapa de producción, y muchas concesiones petroleras nuevas aún no se han licitado, o no se han iniciado debido a la resistencia indígena. Los líderes mundiales deberían unirse para revisar estas políticas y cambiar de rumbo, o arriesgarse a correr el mismo destino de anteriores declaraciones fallidas.
Making the Glasgow Declaration work for people and forests: 3 steps for success
World leaders made headlines in Glasgow last week with new commitments to halt deforestation and invest resources in frontline Indigenous communities. Any and all hope of reaching the Paris climate goals and averting worst-case climate scenarios require safeguarding forest landscapes, but a track record of high profile pledges languishing unimplemented has given good reason for skepticism. In 2014, world leaders made similar commitments in the New York Declaration on Forests, pledging to halve deforestation by 2020. Since that time, deforestation has continued apace, and parts of the vitally important Amazon rainforest have now made the long dreaded shift from carbon sinks to sources of emissions of themselves. With the looming threat of the Amazon near the tipping point of switching from rainforest to savannah, the stakes have only increased.
At the very least, these recent commitments signal a growing understanding that the status quo is not sufficient, that greater action, political resolve and resources are needed. But it does beg the question of what is different now, and what lessons have been learned in recent years that will give the Glasgow Declaration hope of a different, more successful fate. The Glasgow declaration was underpinned by commitments to channel $19 billion in public and private funds towards protecting forests, of which $1.7 billion USD is dedicated for Indigenous peoples and local communities. That is welcome and needed news, but to make real change, financial commitments need to translate into new resources that reach actionable investments in solutions. High-level financial commitments at the climate talks have tended to get mired in bureaucratic obstacles, double-counting and fail to reach those who can deliver results. It’s not yet clear how these commitments will reach communities who need resources nor how resources committed will shift policies that have relied on forest destruction.
As much as past failures invite skepticism, the stakes have simply become too high to abandon hope. Tropical forests now teeter on the precipice of a dangerous and irrevocable tipping point. Indigenous peoples have been on the frontlines, often laboring in obscurity, without the support they need to make change at the scale they are capable of delivering. As the climate talks wind down, and we get to the hard work of making good on promises made, here are three concrete, immediate steps that can be taken to make the Glasgow Declaration a success where others have failed.
1. Secure Land Tenure for Indigenous Peoples: A Scalable Solution with Immediate Results
Land rights for Indigenous peoples offers a cost effective, immediately scalable solution, and big investments are capable of delivering big results quickly. The data is clear, and it has been for some time: when the rights of Indigenous Peoples are recognized and secured, rates of deforestation are lower and carbon stocks are higher than in forests managed by others. The world over, Indigenous movements have called for greater investment in efforts to secure formal title to their lands. While new commitments have been made over the last decade, resources have been slow to reach communities who are engaged in often protracted battles with their governments to seek title, even as “bulldozers are at the gate.” That has to change and it has to change quickly.
In Ecuador, the Indigenous movement is poised to secure massive gains in some of the most carbon rich and biodiverse forests in the world. Over the last 50 years, the government of Ecuador has unilaterally declared at least 1.4 million hectares of ancestral Indigenous lands as national parks, granting sole ownership to the government. Indigenous peoples who live in these areas are forced to negotiate weak, temporary land-use agreements with the government to access their territories. Even worse, these agreements do not prevent state interests from granting lands to either oil and mining companies, demonstrated most recently by the approval of oil drilling within the Yasuni National Park, which overlaps ancestral Waorani territory. Formal recognition of Indigenous peoples land title will provide a critical and additional layer of protection for the forests and carbon stored in these lands.
2. Secure Rights for Indigenous Peoples: An Immediate Opportunity for Durable Reform
Indigenous peoples have not waited for top-down political commitments to continue their struggle to protect their lands and safeguard the climate. Over the last several years, Indigenous peoples have created an unprecedented window of opportunity to make dramatic and long-lasting changes to policy frameworks that privilege natural resource extraction over Indigenous guardianship and climate protection. Resources pledged to implement the Glasgow Declaration must support these urgent struggles in the near term.
The Ecuadorian Constitutional Court is poised to create unprecedented new jurisprudence on Indigenous peoples’ right to decide what happens on their lands and territories. In early 2020, the new progressive-leaning Constitutional Court of Ecuador selected the Sinangoe and Waorani court rulings (both brought with legal support from Amazon Frontlines) for review out of thousands of cases, setting up the country’s first real opportunity for national jurisprudence on indigenous rights to Free, Prior and Informed Consent (FPIC), and the Rights of Nature as applied in Indigenous territories. The outcome will determine whether these constitutional rights exist only on paper or are actually applicable in practice.
Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is a vital tool for communities to resist planned extraction on their lands. The rights of indigenous peoples are widely recognized constitutionally and internationally. However, the effective implementation of international legal norms and Constitutional obligations is precarious, as governments continue to promote laws and policies that promote an economic development model based on mining, oil, hydroelectric energy and forestry exploitation. While many indigenous communities enjoy some form of recognition of collective tenure to their lands, the Government of Ecuador retains subsurface rights and continues to grant concession allocations to commercial actors on indigenous-held lands for extraction in violation of their fundamental right to free, prior and informed consent. Increasing protections for Indigenous peoples’ rights to control their lands could safeguard over 7 million hectares of intact rainforest in Ecuador.
3. Changing Course on Extractivist National Policy in COVID Recovery Plans: Lessons for the Future
The success of the Glasgow Declaration hinges on whether it successfully catalyzes much needed course corrections away from national development policies premised on “extraction at all costs”. Many countries are facing not only persistent sustainable development challenges, but are now also facing added economic crises arising from the current global health pandemic. The Glasgow Declaration comes at a critical time when many countries are seeking innovative ways to rebound from the COVID health and economic crises. The signatories to the Glasgow declaration, which covers over 90% of global forest area, have committed to “ensuring robust policies and systems are in place to accelerate the transition to an economy that is resilient and advances forest, sustainable land use, biodiversity and climate goals.” That means that forest countries must re-evaluate existing policy frameworks that do not align with those goals, and certainly means that signatory countries should not pursue new policies that run counter them.
Just months prior to signing this declaration, President Lasso in Ecuador issued Executive Decrees to massively expand new oil and mining extraction, threatening millions of hectares of pristine rainforest and the physical and cultural survival of Indigenous nations. The decrees are part of the new Presidential administration’s public policy strategy to address the country’s crippled economy and its colossal foreign debt by doubling down on extractivism and the exploitation of nature. If implemented, Executive Decrees 95 and 151 will radically transform the government’s policies on oil and mining to favor industry and attract foreign investment.
On October 18th, 2021, hundreds of Indigenous elders, youth, and leaders arrived in the capital city of Quito, having journeyed from their communities deep in the Amazon rainforest, to challenge Executive Decree 95, which seeks to double the country’s oil production to one million barrels per day by deregulating the operational processes in the oil and gas industry. The decree will profoundly affect Indigenous rainforest territory, as almost all oil reserves are in the Amazon, and almost all untapped reserves are within Indigenous territories. The lawsuit, brought with the legal support of Amazon Frontlines, challenges what is a clear first step towards a Bolsonaro style plundering of the Ecuadorian Amazon. Additional suits against Executive Decree 151, which aims to relax environmental controls to fast-track the entrance of foreign mining companies in the Amazon, are anticipated in the coming weeks.
Leaders have an important window of opportunity to capitalize on political momentum for reform arising from these pledges to ensure that while the longer process of policy reform is initiated, new harmful policies are scrapped before they lock in untold damage to forests and people. The vast majority of mining projects are at auction or exploration stage, not production stage, and many new oil concessions have not been auctioned or broken ground yet due to indigenous resistance. World leaders should come together to review these policies and change course, or risk the same fate of earlier failed declarations.