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Después de 43 días de iniciado el Paro Nacional se han retirado los proyectos de reforma de salud y reforma tributaria, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, Juan Alberto Londoño, autores de esta última, y, se han dado algunos acercamientos entre sectores movilizados representados por el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Iván Duque para concertar una salida negociada que deberá contener entre otros puntos la intervención económica integral emergente al sistema de la salud, el fortalecimiento de la vacunación contra el coronavirus y la aprobación de una renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza. Mientras tanto, se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos en diversas zonas del territorio colombiano, exacerbados por discursos de odio y difamaciones que favorecen la criminalización de las personas y colectivos étnicos que ejercen su derecho a la protesta y movilización social.

Diversas organizaciones de derechos humanos reportan que desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril, hasta el 4 de junio de 2021 han ocurrido: 77 homicidios, de los cuales 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica, o no se tiene información clara sobre ello; 1.246 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional,  en particular por los  Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD); 158 personas defensoras de derechos humanos, 667 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, 2.808 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, 346 personas se encuentran desaparecidas; entre otras gravísimas violaciones a derechos humanos.

Estas cifras no son consolidadas, porque hasta la fecha no existe un registro cuantitativo claro y contrastado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y la Fiscalía General de la Nación, mostrando, entre otros hechos, gravísimas falencias para procesos de documentación, investigación y atención de las violaciones descritas.

Los hechos reportados se ven exacerbadas por discursos y afirmaciones discriminatorias y de odio realizadas por funcionarios públicos en contra los/las manifestantes, sin ninguna prueba contundente de tales afirmaciones, favoreciendo la construcción de enemigo interno en quienes pretenden hacer pasar estas graves violaciones a derechos humanos como casos aislados de criminalidad o vandalismo entre particulares, omitiendo así su responsabilidad en el discurso público. Es el caso de Wilson Ruiz, Ministro de Justicia, quien durante una entrevista aseguró que la mayoría de los muertos en el contexto de las protestas en realidad ocurrieron en “peleas callejeras o intentos de robo”.

Por otro lado, el Gobierno Nacional haciendo uso velado de figuras contrarias a la constitución como es la “asistencia militar”, indicó a las administraciones departamentales y municipales a través del Decreto 575 expedido el 29 de mayo de 2021, que debía darse una respuesta armada con el Ejército para disolver las manifestaciones en las ciudades, legitimando dar a la población civil un tratamiento similar al de combatientes.

El 14 de mayo pasado, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia y pidieron al Gobierno una investigación exhaustiva e independiente sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada. Para esa fecha los expertos tenían en sus manos informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se habían producido por lo menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.

Diversas organizaciones, observadores internacionales y periodistas han registrado numerosas denuncias de los voluntarios de atención sanitaria y defensores y defensoras de Derechos Humanos y medios de prensa independiente, que pese a estar formal y correctamente identificados fueron atacados por el ESMAD o por civiles armados obstruyendo su labor y poniendo en grave riesgo su integridad; el incremento de agresiones contra estos colectivos quienes realizan acciones permanentes monitoreo, acompañamiento, asistencia y/o verificación constituye riesgos contra su vida y desconoce su papel para la garantía del derecho a la protesta y del Estado de derecho.

Por su parte la Alta Comisionada de las Naciones, Michelle Bachelet, ha expresado su profunda preocupación por los hechos acaecidos en Cali donde civiles armados han abierto fuego contra manifestantes, periodistas que cubrían las protestas y transeúntes.  Cali, capital del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de Colombia, con 2,2 millones de habitantes con un alto número de residentes afrodescendientes, ha sufrido hasta 46 homicidios además de diversos ataques de odio contra la Minga indígena que entró en la ciudad a principios de mayo para sumarse a las manifestaciones. “Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad”. El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resultan ineficaces.

En este punto resulta importante referir el contexto socio económico en Cali para entender por qué es uno de los epicentros de la protesta. Cali llegó a ser la ciudad más desarrollada en el suroccidente colombiano, aportando más de 12% del Producto Interno Bruto del país en la década de los 80. Esas condiciones, otrora favorables, configuraron a Cali como epicentro del desplazamiento forzado de miles de personas víctimas del conflicto armado. Solo en 2018 la alcaldía municipal reportó la llegada de 205,000 personas en esta condición, muchos del Pacífico y el Cauca, donde se concentraron los asesinatos de líderes y lideresas sociales, la disputa de las rutas del narcotráfico y la concentración de tierras y territorios ancestrales en manos de la agroindustria azucarera y de biocombustible.

Para el 2020 la situación de pobreza y desempleo en Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9%, frente al 35,7% nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7% y 9,6% respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46% y 0,52%, con la llegada de la pandemia la pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento del 20%). También se incrementó la desigualdad medida por el índice de Gini, el cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo. En Cali la tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67%, es decir más del triple de lo que pasó en el país. Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24%, en Cali fue del 50%.

Continuando con el contexto del país el pasado 28 de mayo, el presidente Iván Duque a través del Ministerio del Interior expidió el Decreto 575 de 2021, “por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público” en ocho departamentos y trece ciudades del país, disponiendo que alcaldes y gobernadores levanten los bloqueos con el apoyo del Ejército, amparados bajo la figura de la “asistencia militar”, decisión contraria a las disposiciones constitucionales que reconocen y protegen libertades fundamentales como el derecho a la protesta y que ha agravado significativamente posibilidad de concertación manifestantes privilegiando la represión sobre el diálogo. Este decreto impone de facto la figura de la asistencia militar, evitando decretar el estado de conmoción interior que exigiría el control de la Corte Constitucional. Este mismo día habitantes del Municipio de Buga, Barrio Aures, denunciaron que el ESMAD habría ingresado al barrio y desaparecido al menos a 5 personas, en el punto de resistencia de Meléndez en la ciudad de Cali fue asesinado el joven Sebastián Jacanamejoy del Pueblo Inga y herido de gravedad Isan David Imbachi del pueblo Yanacona.

Todos estos hechos y la falta consistente de garantías al derecho a la protesta motivaron insistentes y diversos pedidos ciudadanos a la CIDH para la realización de una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados, identificando impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como comunidades étnicas; después de varias dilaciones por parte del Gobierno de Duque en cabeza de su canciller Marta Lucía Ramírez finalmente se encuentra realizando la visita entre el 8 al 10 de junio.

Si bien la visita es una oportunidad para evidenciar lo ocurrido en contexto de protesta y movilización social en Colombia, generar espacios de diálogo e interlocución y pensar en soluciones de corto y mediano plazo a los problemas evidenciados por las protestas diversas organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos han denunciado que no existen garantías suficientes para que la visita se realice sin limitaciones para el acceso del personal de la comisión a los testigos y a los territorios. La CIDH ha manifestado su interés de escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto, para tal fin además de la información que recaben en la visita han diseñado un formulario para que las víctimas puedan compartir sus testimonios. Organizaciones sociales y de derechos humanos requieren a la CIDH impulse la conformación de un grupo de personas expertas independientes como el que acordó frente a las protestas en Nicaragua, Bolivia o Ayotzinapa, México.

El mismo llamado por parte de la sociedad civil colombiana de apoyo se ha extendido a organizaciones internacionales a quienes nos piden continuar la labor de observancia, denuncia y acompañamiento a los sectores sociales y pueblos étnicos movilizados, con el fin de vigilar las obligaciones que el Estado Colombiano tiene para la efectiva garantía del ejercicio de los Derechos Humanos y especialmente, para preservar la vida e integridad ante el escalonamiento de vulneraciones a derechos humanos y la respuesta militar a la protesta social.

La Minga indígena a nivel nacional sigue participando activamente del paro, marchas, plantones, puntos de resistencia, corredores de vida, tulpas, mingas locales, actos de recuperación de la memoria, asambleas, mesas de discusión, manifestaciones culturales son algunas de las acciones; en varios comunicados y pronunciamientos rechazan la desigualdad y las reformas y leyes que la profundizan el empobrecimiento estructural que los afecta, denuncian el incumplimiento a los Acuerdo de Paz, el fortalecimiento del paramilitarismo y el narcotráfico y de la subyacente economía ilegal que empobrece al país y que junto con el extractivismo, afecta sus territorios; “bajo el mandato de la Ley de Gobierno Propio Pacto para Volver al Origen, que nos indica que en tiempos aciagos hay que reforzar nuestras luchas por la pervivencia ejerciendo la autonomía con decisión, para asumir nuestra responsabilidad histórica, ética y política en la protección de la vida, la dignidad y la libertad, hasta que se apague el sol.”

Los indígenas en Colombia representan un 5% de la población, según cifras del fondo de Desarrollo para Asuntos Indígenas 1,37 millones de los indígenas del país están en la extrema pobreza, el triple que el promedio nacional. El 70% de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica y el 63% del total de la población está bajo la línea de pobreza, de los cuales el 47 % están por debajo de la línea de la miseria extrema. Según las cifras de las ONU, más de la tercera parte de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de desaparecer por el hambre extrema, por su parte la más alta Corte del país ha declarado que de los más de 102 pueblos indígenas del país, 34 están en grave riesgo de exerminio físico y cultural.

La Minga Indígena ha confrontado y se ha movilizado activamente contra  los gobiernos de Álvaro Uribe y ahora de su aliado político, actual Presidente de Colombia Iván Duque Márquez. Por años, ha sostenido de manera coherente una agenda en defensa de la vida, los derechos humanos, los territorios y la  paz, haciendo resistencia a un modelo económico capitalista que empobrece a las comunidades y es contrario con sus planes de vida, cultura y espiritualidad.

Ahora bien, mientras las Guardias indígenas, cimarronas y campesinas se mantienen activas y movilizadas en el Paro Nacional, en los territorios rurales se mantienen las diversas violencias que ejercen actores armados irregulares y estatales. Por poner un ejemplo, el viernes 4 de junio en horas de la mañana se presentó un ataque armado en contra de miembros de la Policía Nacional en el sector conocido como “La Vuelta de la Mama” en el casco urbano de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Al momento del ataque se desplazaban varios comuneros indígenas en un vehículo de transporte público tipo Jeep por la vía que comunica el casco urbano con la vereda San Pedro y quedaron atrapados en el intercambio de disparos. Como resultado hay tres personas asesinadas: en el hecho, una mujer de 54 años y un joven de 21 años, autoridad u’kawe’sx del Resguardo de Munchique los Tigres y tres días después, la comunicadora comunitaria del Tejido de comunicación Çxhab Wala Kiwe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Beatriz Cano. En la madrugada de hoy, 9 de junio, la autoridad indígena del pueblo Nasa Argenis Yatacue y su esposo fueron asesinados también en la entrada del municipio Corinto en el Cauca.

No existe diálogo o acuerdo posible mientras en los territorios se sigue amenazando, hostigando y asesinando a personas defensoras de derechos humanos, quienes han sostenido la lucha de los pueblos a través de la primera línea, la Guardia indígena, la Minga comunitaria, quienes no solo enfrentan amenazas contra su vida en el contexto del Paro Nacional y de pandemia, sino que viven múltiples vulneraciones históricas a sus derechos humanos y colectivos. No es posible que al mismo tiempo que se abre una mesa de concertación, también se esté autorizando a la fuerza militar a frenar las protestas y legítimas movilizaciones porque este es un derecho legítimo del pueblo colombia amparado tanto por la Constitución, la jurisprudencia (sentencia C-742/12) y la Convención Americana sobre DDHH (art. 15) .

Tampoco es posible hablar de diálogo, sin que el Estado de Colombia admita, reconozca y se comprometa a investigar las violaciones sistemáticas e históricas a los derechos humanos, y sin que al menos el Presidente realice un pronunciamiento público y contundente ofreciendo la  investigación independiente de los hechos denunciados internacionalmente. Esperamos que la CIDH escuche a las víctimas y documente de forma amplia las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Paro Nacional, sin que agentes estatales manipulen e impidan la realización de su trabajo, y que una vez sean emitidas y de público conocimiento las recomendaciones, estas sean de obligatorio e inmediato cumplimiento.

¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!

Lea la Parte I del análisis aquí.
Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines

Fotos Cortesia del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

El Paro Nacional en Colombia cumple 21 días de movilizaciones populares, en pleno pico de la tercera ola del Covid-19, en un contexto previo de colapso de las unidades de emergencia hospitalaria en las principales ciudades del país, el reinicio de medidas de restricción de circulación, toques de queda y una precaria implementación del plan nacional de vacunación que comenzó el 17 de febrero con dosis adquiridas a través del mecanismo bilateral del COVAX y no la gestión directa del Gobierno Nacional.

A la fecha, el país afronta la imposición de un recurrente y sistemático discurso de odio racista y estigmatización contra los Pueblos indígenas movilizados bajo la figura de la Minga que camina la palabra y recorre el País para exigir sus derechos; esos que históricamente les han sido negados, pues las comunidades siguen sometidas a la sistematicidad de la violencia y el despojo de sus territorios. Acercando la realidad a las cifras, de los más de 102 Pueblos Indígenas que existen el Colombia, al menos 39 están declarados en inminente riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado interno; 35 enfrentan alto riesgo por disminución demográfica contando con menos de 200 habitantes; y 242 líderes indígenas asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.

Los impactos de la violencia, el empobrecimiento estructural, la amenaza de despojo de sus territorios ancestrales, la búsqueda de satisfacción de sus derechos fundamentales como víctimas del conflicto armado, la afirmación de su autonomía y la decisión de permanecer en sus territorios como condición esencial para garantizar su pervivencia, el incumplimiento flagrante a los Acuerdos de Paz, la inminente reactivación de las fumigaciones aéreas con el glifosato, la imposición de modelos de desarrollo contrarias al Buen Vivir, el desconocimiento de la libre determinación y consulta y consentimiento previa, libre e informada, son algunos de los ejes centrales en la agenda del Movimiento Indígena cuyos incumplimientos son motivos suficientes para sumarse al Paro Nacional.

Adicionalmente, las Guardias Indígenas, sinónimos de resistencia, de paz, de lucha colectiva, de protección real y efectiva a los comuneros y los territorios, han salido a rodear las primeras líneas de las movilizaciones populares en las ciudades que están compuestas mayoritariamente por jóvenes que, sin oportunidades de empleo ni educación, hijos de una generación que afrontó las consecuencias del desplazamiento forzado y el engrosamiento de los cordones de miseria en las urbes, reclaman con furia al Estado la construcción de un país más justo mientras la Policía les dispara a mansalva.

Es importante considerar que los sistemas propios de guardianía son estrategias autónomas de resistencia para el monitoreo y control de los territorios étnicos (formalizados o no), y son una manifestación del pluralismo jurídico, del derecho propio, de la libre determinación para el apoyo y respaldo de las autoridades tradicionales, políticas y espirituales de cada Pueblo Indígena. Son cuerpos civiles, pacíficos, con una función principal de cuidado y defensa de la vida y la cultura, que hoy se trasladan hacia las ciudades por mandato Asambleario y acogida del movimiento social para visibilizar el recrudecimiento de la guerra en los territorios, el incremento de condiciones de desigualdad, y las afectaciones socio ambientales y de vulneración sistemática de sus derechos humanos y colectivos.

Pese a la existencia de las herramientas normativas nacionales e internacionales para regular el uso de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de la Policía en los escenarios de protesta, se han presentado graves violaciones de derechos humanos en las jornadas de movilización del Paro nacional. Con corte al 15 de mayo, el país tiene un saldo de graves violaciones de derechos humanos que según la Campaña Defender la Libertad, deja 49 personas asesinadas en manos de presuntos actores estatales y/o  “civiles” sin identificar y una joven menor de edad quien decidió acabar con su vida luego de las agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública; 578 heridos en enfrentamientos de la Policía Nacional y el ESMAD-, 37 personas con pérdida ocular, 87 víctimas de violencias basadas en género, 1460 detenciones, con algunas denuncias de tortura y sometimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 12 allanamientos de los cuales 8 han sido declarados ilegales, incluyendo capturas a defensores de ddhh; y un registro de 379 personas desaparecidas. Esta última cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización. Todos estos hechos se mantienen a pesar de la creciente condena nacional e internacional sobre la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones.

A la indignación popular por la respuesta de abusos, militarización, y muerte, se suma que, desde el comienzo de la pandemia en 2020, con pañuelos rojos amarrados en las ventanas, familias empobrecidas en todo el territorio nacional pedían que se decretara renta básica urgente para hacer sostenible el encierro. En medio de tanta precarización, con un 42.5% del país en los límites de pobreza -de los cuales el 15.1% se encuentra en pobreza extrema-, sin garantías de educación, con universidades públicas desfinanciadas, y unas brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad en niveles alarmantes producto, entre otras cosas, del conflicto armado interno que lleva 60 años poniendo más de 7 millones de víctimas sin reparación ni consideración alguna, las personas perdieron tanto, que se quedaron sin miedo. Las pancartas del día 28 de abril, fecha en la que comenzó el Paro Nacional, señalaban que más que al COVID las personas temían a un Gobierno de Derecha criminal, el cual estaba intentando promover con unánime respaldo del Congreso de la República una reforma tributaria para entre otros, gravar elementos de la canasta básica familiar, pensiones de vejez, y financiar con impuestos a la clase media un déficit fiscal que detonó el descontento social, teniendo en cuenta que con el salario de un congresista (valorado en $34’417.000 COP), se pagan 48 salarios mínimos mensuales vigentes.

Aún con la renuncia del Ministro de Hacienda al sexto día de las movilizaciones el Paro continua como un estallido social, producto del rechazo absoluto a la represión exagerada de las manifestaciones, abusos de la fuerza pública y brutalidad policial, el curso de una reforma a la salud que privatiza aún más este derecho en medio de una pandemia, a las exigencias de educación universal, gratuita y de calidad, y al respeto mínimo por la vida, la dignidad y los territorios.

Desde nuestra organización expresamos preocupación por el hecho de que autoridades del gobierno nacional hayan declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines “terroristas” y que, por esta razón, se justifique el uso excesivo de la fuerza contra la población. Además, las declaraciones de autoridades locales llamando a civiles a levantarse con el animo de justificar la utilización de estrategias paramilitares contra los marchantes. Esto no solamente es violatorio de los estándares de derechos humanos, sino es una afrenta a todas las víctimas de grupos paramilitares en un país que tiene el conflicto armado interno más largo del continente.  El discurso de odio ha sido especialmente promovido por funcionarios de alto nivel como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya; e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, ex presidente que hoy regenta el partido de Gobierno; quienes realizado declaraciones con las que buscan, de manera intencionada, consciente y voluntaria, proyectar una imagen parcializada de las manifestaciones, incendian con apología al genocidio las manifestaciones ciudadanas. Con ello, se ha pretendido alentar, tanto a los miembros de la fuerza pública como a ciudadanos, a que actúen contra las personas que se manifiestan, lo que ha traído como consecuencia un alarmante incremento en el uso de la violencia institucional, ejercida directamente por agentes de la fuerza pública uniformados o encubiertos y mediante la actuación de particulares que han contado con la complicidad o aquiescencia del Estado.

Las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas del ESMAD y las Fuerzas Militares, contrarias a protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública en contextos de protesta social pacífica responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de discriminación y odio que pretende imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado de ciertos sectores privilegiados de la población y que justifica el tratamiento represivo de la protesta.

La preocupación por los hechos violentos que se han desencadenado producto de dichas declaraciones ha sido denunciada públicamente por diversas organizaciones de derechos humanos en Colombia y respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quien ha expresado “su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como “terroristas”, “enemigos” o “delincuentes”

Pese a que la movilización social y la protesta pacífica es un derecho político que, como pilar de un sistema democrático, se había contemplado explícitamente como parte fundamental de los Acuerdos de Paz, desde el 28 de abril esta garantía ha sido absolutamente incumplida por parte del Gobierno de Colombia que, con la brutal represión armada, persecuciones judiciales, bloqueos para su desarrollo y desconocimiento de las exigencias estructurales de la sociedad civil, ha alimentado el malestar popular acrecentando la situación crítica en materia de derechos humanos, que ya está en la mira de la comunidad internacional, con pronunciamientos específicos por parte de la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y más de 650 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el mundo. 

En los últimos días, el sur del país ha sido protagonista tanto de la barbarie como de la esperanza. Ciudades como Cali, Popayán, Yumbo y Bogotá han sido epicentro de los ataques contra las movilizaciones pacíficas, las cuales habrían estado acompañadas por la Minga  Indígena y la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, quienes documentan continuamente por redes sociales y prensa alternativa ataques armados en su contra, saboteo por parte de la Fuerza Pública e interceptación violenta por parte de terceros armados, logrando incluso la captura, desarme y entrega al Estado de miembros de la Policía Nacional infiltrados en las marchas.

En el Departamento del Putumayo, el Resguardo Buenavista del Pueblo Siona, comunidad transfronteriza cuyo territorio se encuentra en la rivera del río Putumayo entre Colombia y Ecuador, ha movilizado su guardia indígena para participar, de manera pacífica junto con sus autoridades tradicionales y políticas en el Paro Nacional en el municipio de Puerto Asís y exigir el respeto por la Amazonía, denunciar las afectaciones que siguen sin remediación producto de las fumigaciones con glifosato, el riesgo que supone la reanudación de una guerra química en contra de la población civil, el inminente exterminio físico y cultural en el que se encuentran, la presión por el desarrollo de la actividad petrolera en la región y la falta de avance de los procesos de restitución y formalización territorial.

Con dignidad, fuerza y valentía, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, del sector obrero, jóvenes, estudiantes y campesinos salen a exigir su derecho a la protesta pacífica y a tratar de construir, por las vías de hecho, un país que continúa resistiendo a la violencia armada y al paramilitarismo. Como cantan en las calles, ¡El pueblo no se rinde carajo! Y menos si la ciudadanía se cansó de permitir la opresión y la injusticia. Que la sabiduría milenaria de los pueblos originales permita encontrar caminos de diálogo para la transformación, se frene de manera inmediata las graves violaciones de los derechos humanos y se acompañe por parte de organismos multilaterales, a través de misiones especiales de verificación internacional en Colombia, los hechos recientes que han impulsado la movilización.

Escrito por:

Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar

Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines

A principios de abril de 2021, un año después de que la pandemia por Covid azotara a América del Sur -colapsando los sistemas de salud occidentales- y se extendiera incluso hasta las comunidades indígenas más remotas de la Amazonía, nuestros equipos tuvieron una serie de reuniones en nuestro centro de organización conjunta en el norte de la Amazonía ecuatoriana para reflexionar sobre los aprendizajes y experiencias claves del año pasado, y para discutir cómo proteger de manera más efectiva y segura los territorios y culturas indígenas de la crisis, cada vez más profunda e interrelacionada, que enfrentamos: Emergencia climática, pérdida de biodiversidad, intensificación del extractivismo y una inminente segunda de Covid, con picos variables que llegan diariamente desde las ciudades fronterizas por río, carretera y avión.

La realidad para las comunidades indígenas en la Amazonía, como en otras partes del mundo, es que la pandemia ha agudizado las desigualdades, ha expuesto el racismo sistémico e intensificado las presiones extractivas sobre sus territorios y culturas.

En toda la región, los gobiernos han abandonado a los pueblos indígenas en su lucha contra el Covid-19: el acceso a la información de salud pública, las pruebas y los suministros médicos han sido limitados, y la perspectiva de vacunas para las comunidades indígenas está muy lejos.

En Ecuador, los derrames masivos de petróleo, el aumento de la minería y el auge de la tala ilegal, han agravado la terrible situación. En Colombia, el conflicto armado por el tráfico ilícito de coca ha aumentado los riesgos para los defensores de las tierras indígenas. Y en Brasil, el escalofriante desprecio del gobierno de Bolsonaro por la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas está alimentando la deforestación y aumentando las tasas de mortalidad por Covid.

Pero también hay otra realidad menos conocida. A pesar de las múltiples amenazas (el agua contaminada, la marginación, los incendios provocados), los pueblos indígenas de la Amazonía continúan organizando e innovando estrategias para su propia supervivencia física y cultural, y para la protección de casi la mitad del bosque primario que aún queda en la Amazonía.

Estos son solo algunos ejemplos: Asediado por una ola implacable de Covid-19 el año pasado, el pueblo siekopai creó un remedio ancestral, una mezcla de raíces, cortezas, flores y hojas de su tierra ancestral, que se utilizó para fortalecer el sistema inmunológico y tratar los síntomas de Covid-19 en las comunidades indígenas de la Amazonía y los Andes.

El pueblo waorani desafió el racismo del gobierno ecuatoriano y la terrible mala gestión de su respuesta a la pandemia, y sentó un precedente legal y político sobre cómo los gobiernos deben priorizar la atención a los pueblos indígenas durante la pandemia.

La Alianza Ceibo aprovechó relaciones comunitarias profundas y basadas en la confianza, así como los años de experiencia en la gestión de la logística compleja de la selva tropical, para desplegar recursos y suministros médicos, construir infraestructura de comunicaciones y gestionar emergencias de salud pública en millones de hectáreas de territorios indígenas en Ecuador, Colombia y Perú.

Y en toda la Amazonía, los líderes, las comunidades y las instituciones indígenas han estado formando patrullas terrestres y guardias indígenas para monitorear el aumento de las amenazas extractivas y restringir el acceso a sus territorios.

Mientras trabajamos para apoyar a los pueblos indígenas a que enfrenten una nueva ola de medidas hostiles de recuperación económica y la intensificación de las amenazas extractivas en toda la región, nos conmueve e inspira el hecho de que las comunidades de primera línea que demostraron ser más resilientes frente al Covid-19 también fueron los menos afectados por la economía extractiva.

Si bien la distancia geográfica para las comunidades que viven en bosques primarios sin caminos planteó dificultades para su acceso a pruebas y suministros médicos occidentales, estas tuvieron un acceso sólido a recursos de caza y pesca intactos, así como a plantas medicinales tradicionales. Al final, vieron tasas de mortalidad más bajas y menos traumas relacionados con el Covid que aquellas comunidades indígenas que viven en territorios fragmentados e impactados por la industria extractiva.

En Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, estamos trabajando para lograr un cambio transformador y sistémico, inspirados por algunos de los profundos aprendizajes y reflexiones que los pueblos indígenas han compartido con nosotros durante el transcurso de la pandemia: En un momento de emergencia global, cuando los gobiernos occidentales y las instituciones de salud flaqueaban, los pueblos indígenas encontraron la clave para sobrevivir en el conocimiento de sus mayores, en el agua, en los alimentos, en las medicinas que proporciona su territorio de selva tropical, y en la sabiduría de la naturaleza misma.

Mientras nos preparamos para una segunda ola, posiblemente más intensa, de Covid-19 aquí en el Alto Amazonas, trabajaremos en estrecha colaboración con líderes, comunidades y organizaciones indígenas para aprovechar estrategias legales, nuevas tecnologías y campañas de comunicación para defender sus territorios contra la intensificación de amenazas extractivas. También invertiremos en un conjunto de estrategias, forjadas con líderes indígenas en medio de la pandemia, para fortalecer su cultura y resiliencia, incluyendo el lanzamiento de iniciativas de soberanía alimentaria, una escuela de liderazgo y emprendimiento de mujeres, y un laboratorio de comunicación para jóvenes.

Para mantenernos seguros mientras continuamos desarrollando estas ambiciosas iniciativas, hemos elaborado un documento de protocolos internos que estamos utilizando para guiar la toma de decisiones de nuestros equipos a través del terreno impredecible e incierto de los brotes de Covid. Hacemos público dicho documento, en caso de que sea útil para otras organizaciones de primera línea que buscan un enfoque flexible para navegar el riesgo en tiempos de crisis.

Los pueblos indígenas en la línea del frente necesitan recursos para escalar su lucha para proteger sus territorios y su forma de vida, y para mantenerse seguros mientras nos preparamos para una segunda ola de COVID-19 en la Amazonía. Junto con la Alianza Ceibo, hemos lanzado el Desafío de Primera Linea para movilizar recursos directamente a la acción de los pueblos indígenas para defender la Amazonía. Considere hacer una donación para apoyar este trabajo urgente en un momento crítico, o conviértase en un sustentador mensual para ayudarnos a mantener la lucha a largo plazo.