Nuevo informe de la Alianza por los Derechos Humanos expone crecientes amenazas contra defensores de derechos humanos en Ecuador
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador presentó el informe: “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección”. Este documento fue entregado a las autoridades del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de la Defensoría del Pueblo por parte de las defensoras Josefina Tunki, Gabriela Fraga, Carlos Jipa, Elizabeth Durazno y María Espinosa, cuyos casos están incluidos en el reporte. De igual forma, la ciudadanía tendrá libre acceso al mismo.
El informe identifica patrones de vulneración de derechos de las personas defensoras y llama a las autoridades a tomar acciones concretas de prevención, protección, reparación y no repetición de los casos registrados o de situaciones similares. Así, este reporte también es un insumo que aporta a la construcción de la política que busca garantizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, desarrollada desde 2019, por la Mesa interinstitucional presidida por por la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
El Estado debe implementar mejores prácticas para cumplir con los deberes de respeto y garantía de derechos, tal como señalan el artículo 3 de la Constitución del Ecuador y el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En este sentido, el informe también hace un llamado a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo a evaluar políticas y proyectos que han sido denunciados por ser restrictivos de derechos, como los proyectos de Ley sobre el Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza o aquellos que pretenden regular el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado sin la participación de las estructuras organizativas de los pueblos y nacionalidades.
El reporte es producto del trabajo colectivo de las 18 organizaciones que conforman la Alianza y dos más que aportaron en su desarrollo . Además, se construyó sobre la base de 22 casos, visibilizando la situación de 449 personas defensoras amenazadas, hostigadas y perseguidas sistemáticamente,e incluso se registran 3 asesinatos impunes.
Una de las preocupaciones más relevantes de las organizaciones es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos. Asimismo, y que la mayoría de casos están localizados en zonas distantes geográficamente y marginadas por el Estado. Esto revela que, adicional a las amenazas sistemáticas a su integridad, la vida de las personas defensoras está siendo vulnerada por otras entidades estatales.
A la entrega de este reporte, también incluímos la “Declaración en Defensa de los Derechos Humanos de las ecuatorianas y ecuatorianos, de los pueblos, nacionalidades y de la naturaleza”, documento publicado el 25 de mayo del 2021. Esta Declaración se compone de 10 tesis, en la cual se resalta la defensa a derechos fundamentales como: salud, educación, discriminación, violencia de género, trabajo digno y remunerado, el derecho a vivir en un ambiente sano, entre otros.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a observar con empatía las acciones y protecciones en el rol de las y los defensores, quienes luchan en medio de entornos hostiles por defender los territorios en los que habitan y de los que dependemos también quienes vivimos en contextos urbanos. Es importante que las voces y las miradas de la sociedad civil se unan también a esta exigencia para que el Estado preste todas las garantías necesarias para que las personas defensoras puedan desarrollar su labor en contextos seguros. Instamos a la construcción de una cultura de paz, de respeto, de protección y de garantía de derechos humanos, donde todas y todos podamos realizar nuestro proyecto de vida en armonía con la naturaleza.
Intervenciones:
Josefina Tunki – Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA)
“Nuestra organización hoy enfrenta una gran persecución que no termina. Esto es peligroso no solo por la contaminación generada por las actividades mineras en nuestro territorio, sino por la división de las familias producida por las empresas. El 06 de diciembre, recibí una grave amenaza de parte del vicepresidente de operaciones de Solaris, Federico Velásquez. Esta empresa Solaris es concesionaria y se adueñó de 26 bloques de terreno del centro Warints. Él me dijo que si seguimos con denuncias nacionales e internacionales degollará una de nuestras cabezas. El día 02 de junio, a las 19h30, mi persona y el conductor del PSHA miramos como un drone se acercó a la oficina de contabilidad, en la que ambos estábamos. También, a través de varias personas de confianza, se nos ha dicho que debemos cuidarnos porque de Soldgold, EcuaSolidus y Solaris nos buscan. El gobierno debe escucharnos. Nosotros, como pueblos originarios, hemos dicho que no queremos ser consultados y que las empresas deben dejar nuestro territorio. Defendemos nuestro territorio porque es nuestro patrimonio territorial. No hay otros espacios más para vivir. Luchamos para el buen vivir de nuestros nietos. Exigimos que se respete nuestra iniciativa de autodeterminación y nuestra vida”.
Carlos Jipa – Presidente de la F.C.U.N.A.E.
“Mientras pedimos justicia por una vida digna, el juez que nos negó la acción de protección por las afectaciones del derrame nos acusa de hacer un mensaje en el que se dice que se le aplicará justicia indígena por esta sentencia. Por desconocimiento o mala fe, considerar a la justicia indígena como una amenaza es un acto discriminatorio hacia nuestras prácticas ancestrales. Lo que buscamos con la justicia indígena es iniciar un proceso de sanación con la persona que se ha equivocado, en ningún momento esto representa una amenaza o intimidación a terceras personas. Las nacionalidades de Orellana estamos cansados de tanto atropello, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias”.
Elizabeth Durazno- Defensora y habitante de la comunidad de Molleturo.
“A Río Blanco ingresaron en 1995, en los años de Rafael Correa, se envió a militares al territorio, no se han respetado nuestros derechos. Han generado daño ambiental y división de nuestras comunidades. Nosotros decidimos seguir con la resistencia adelante y no vamos a permitir que nadie violente nuestros derechos. Seguiremos tejiendo solidaridad junto a las y los Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de todo el mundo.”
Gabriela Fraga – Defensora y habitante de la Parroquia de la Merced de Buenos Aires
“En días recientes, me llegó una nueva citación. La criminalización es totalmente indignante e injusta. Sabemos que todo esto lo hacen como una forma de amedrentar y deslegitimar la lucha porque quieren mantenernos “entretenidos” en nuestra defensa. Es un desgaste económico para la población que no tiene recursos; para las situaciones como la rendición de versiones libres y voluntarias tenemos que realizar actividades como el bingo y hornados solidarios para poder pagar la defensa”.
Sofía Jarrín – Asesora de Incidencia de Amazon Watch, organización de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos:
“Atender la situación de las personas defensoras en Ecuador es urgente. No es posible que en el país no exista ningún tipo de garantía para la protección para quienes buscan defender derechos y detener los abusos de poder. También es imperdonable que los ataques contra 449 defensoras y defensores queden en la impunidad. Por ello, queremos construir una sociedad más democrática y contar con entornos seguros para la exigibilidad de derechos. Este es el primer paso”.
María Espinosa – Defensora de Derechos Humanos, Abogada de Amazon Frontlines y parte del equipo jurídico de la Alianza
“Quienes defendemos derechos humanos defendemos vida digna y nos enfrentamos contra quienes abusan del poder; empresas extractivas, funcionarios públicos miembros de fuerza pública que mediante la fuerza, la coacción o el abuso del derecho pretenden imponer sus agendas, socavar derechos o desconocer sus obligaciones, nuestro ejercicio de defensa siempre les va a incomodar y va a interpelar su ilegitimo autoritarismo eso nos pone en riesgo y por ello el Estado tiene la obligación concreta y urgente de garantizar y proteger nuestra labor; eso incluye abstenerse de usar de manera indebida el derecho penal, acciones de estigmatización y discriminacion y acoso a través del uso fuerza pública o de particulares con el ánimo de disuadir o desalentar nuestra labor”.
Contact:
Sophie Pinchetti, Amazon Frontlines at +593 98148 4873 or sophie@amazonfrontlines.org
Ada Recinos, Amazon Watch at +1.510.473.7542 or ada@amazonwatch.org
Alejandra Yépez Jácome, Amazon Watch at +593.992.713.867 or ayepez@amazonwatch.org
Violaciones de derechos humanos en las protestas del Paro Nacional en Colombia
Después de 43 días de iniciado el Paro Nacional se han retirado los proyectos de reforma de salud y reforma tributaria, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, Juan Alberto Londoño, autores de esta última, y, se han dado algunos acercamientos entre sectores movilizados representados por el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Iván Duque para concertar una salida negociada que deberá contener entre otros puntos la intervención económica integral emergente al sistema de la salud, el fortalecimiento de la vacunación contra el coronavirus y la aprobación de una renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza. Mientras tanto, se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos en diversas zonas del territorio colombiano, exacerbados por discursos de odio y difamaciones que favorecen la criminalización de las personas y colectivos étnicos que ejercen su derecho a la protesta y movilización social.
Diversas organizaciones de derechos humanos reportan que desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril, hasta el 4 de junio de 2021 han ocurrido: 77 homicidios, de los cuales 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica, o no se tiene información clara sobre ello; 1.246 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD); 158 personas defensoras de derechos humanos, 667 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, 2.808 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, 346 personas se encuentran desaparecidas; entre otras gravísimas violaciones a derechos humanos.
Estas cifras no son consolidadas, porque hasta la fecha no existe un registro cuantitativo claro y contrastado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y la Fiscalía General de la Nación, mostrando, entre otros hechos, gravísimas falencias para procesos de documentación, investigación y atención de las violaciones descritas.
Los hechos reportados se ven exacerbadas por discursos y afirmaciones discriminatorias y de odio realizadas por funcionarios públicos en contra los/las manifestantes, sin ninguna prueba contundente de tales afirmaciones, favoreciendo la construcción de enemigo interno en quienes pretenden hacer pasar estas graves violaciones a derechos humanos como casos aislados de criminalidad o vandalismo entre particulares, omitiendo así su responsabilidad en el discurso público. Es el caso de Wilson Ruiz, Ministro de Justicia, quien durante una entrevista aseguró que la mayoría de los muertos en el contexto de las protestas en realidad ocurrieron en “peleas callejeras o intentos de robo”.
Por otro lado, el Gobierno Nacional haciendo uso velado de figuras contrarias a la constitución como es la “asistencia militar”, indicó a las administraciones departamentales y municipales a través del Decreto 575 expedido el 29 de mayo de 2021, que debía darse una respuesta armada con el Ejército para disolver las manifestaciones en las ciudades, legitimando dar a la población civil un tratamiento similar al de combatientes.
Condena internacional por el uso de fuerza excesiva
El 14 de mayo pasado, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia y pidieron al Gobierno una investigación exhaustiva e independiente sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada. Para esa fecha los expertos tenían en sus manos informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se habían producido por lo menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.
Diversas organizaciones, observadores internacionales y periodistas han registrado numerosas denuncias de los voluntarios de atención sanitaria y defensores y defensoras de Derechos Humanos y medios de prensa independiente, que pese a estar formal y correctamente identificados fueron atacados por el ESMAD o por civiles armados obstruyendo su labor y poniendo en grave riesgo su integridad; el incremento de agresiones contra estos colectivos quienes realizan acciones permanentes monitoreo, acompañamiento, asistencia y/o verificación constituye riesgos contra su vida y desconoce su papel para la garantía del derecho a la protesta y del Estado de derecho.
Por su parte la Alta Comisionada de las Naciones, Michelle Bachelet, ha expresado su profunda preocupación por los hechos acaecidos en Cali donde civiles armados han abierto fuego contra manifestantes, periodistas que cubrían las protestas y transeúntes. Cali, capital del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de Colombia, con 2,2 millones de habitantes con un alto número de residentes afrodescendientes, ha sufrido hasta 46 homicidios además de diversos ataques de odio contra la Minga indígena que entró en la ciudad a principios de mayo para sumarse a las manifestaciones. “Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad”. El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resultan ineficaces.
Cali, epicentro de las protestas
En este punto resulta importante referir el contexto socio económico en Cali para entender por qué es uno de los epicentros de la protesta. Cali llegó a ser la ciudad más desarrollada en el suroccidente colombiano, aportando más de 12% del Producto Interno Bruto del país en la década de los 80. Esas condiciones, otrora favorables, configuraron a Cali como epicentro del desplazamiento forzado de miles de personas víctimas del conflicto armado. Solo en 2018 la alcaldía municipal reportó la llegada de 205,000 personas en esta condición, muchos del Pacífico y el Cauca, donde se concentraron los asesinatos de líderes y lideresas sociales, la disputa de las rutas del narcotráfico y la concentración de tierras y territorios ancestrales en manos de la agroindustria azucarera y de biocombustible.
Para el 2020 la situación de pobreza y desempleo en Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9%, frente al 35,7% nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7% y 9,6% respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46% y 0,52%, con la llegada de la pandemia la pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento del 20%). También se incrementó la desigualdad medida por el índice de Gini, el cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo. En Cali la tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67%, es decir más del triple de lo que pasó en el país. Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24%, en Cali fue del 50%.
Continuando con el contexto del país el pasado 28 de mayo, el presidente Iván Duque a través del Ministerio del Interior expidió el Decreto 575 de 2021, “por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público” en ocho departamentos y trece ciudades del país, disponiendo que alcaldes y gobernadores levanten los bloqueos con el apoyo del Ejército, amparados bajo la figura de la “asistencia militar”, decisión contraria a las disposiciones constitucionales que reconocen y protegen libertades fundamentales como el derecho a la protesta y que ha agravado significativamente posibilidad de concertación manifestantes privilegiando la represión sobre el diálogo. Este decreto impone de facto la figura de la asistencia militar, evitando decretar el estado de conmoción interior que exigiría el control de la Corte Constitucional. Este mismo día habitantes del Municipio de Buga, Barrio Aures, denunciaron que el ESMAD habría ingresado al barrio y desaparecido al menos a 5 personas, en el punto de resistencia de Meléndez en la ciudad de Cali fue asesinado el joven Sebastián Jacanamejoy del Pueblo Inga y herido de gravedad Isan David Imbachi del pueblo Yanacona.
Abusos de derechos humanos bajo investigación
Todos estos hechos y la falta consistente de garantías al derecho a la protesta motivaron insistentes y diversos pedidos ciudadanos a la CIDH para la realización de una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados, identificando impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como comunidades étnicas; después de varias dilaciones por parte del Gobierno de Duque en cabeza de su canciller Marta Lucía Ramírez finalmente se encuentra realizando la visita entre el 8 al 10 de junio.
Si bien la visita es una oportunidad para evidenciar lo ocurrido en contexto de protesta y movilización social en Colombia, generar espacios de diálogo e interlocución y pensar en soluciones de corto y mediano plazo a los problemas evidenciados por las protestas diversas organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos han denunciado que no existen garantías suficientes para que la visita se realice sin limitaciones para el acceso del personal de la comisión a los testigos y a los territorios. La CIDH ha manifestado su interés de escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto, para tal fin además de la información que recaben en la visita han diseñado un formulario para que las víctimas puedan compartir sus testimonios. Organizaciones sociales y de derechos humanos requieren a la CIDH impulse la conformación de un grupo de personas expertas independientes como el que acordó frente a las protestas en Nicaragua, Bolivia o Ayotzinapa, México.
El mismo llamado por parte de la sociedad civil colombiana de apoyo se ha extendido a organizaciones internacionales a quienes nos piden continuar la labor de observancia, denuncia y acompañamiento a los sectores sociales y pueblos étnicos movilizados, con el fin de vigilar las obligaciones que el Estado Colombiano tiene para la efectiva garantía del ejercicio de los Derechos Humanos y especialmente, para preservar la vida e integridad ante el escalonamiento de vulneraciones a derechos humanos y la respuesta militar a la protesta social.
El Movimiento Indígena En Pie de Lucha
La Minga indígena a nivel nacional sigue participando activamente del paro, marchas, plantones, puntos de resistencia, corredores de vida, tulpas, mingas locales, actos de recuperación de la memoria, asambleas, mesas de discusión, manifestaciones culturales son algunas de las acciones; en varios comunicados y pronunciamientos rechazan la desigualdad y las reformas y leyes que la profundizan el empobrecimiento estructural que los afecta, denuncian el incumplimiento a los Acuerdo de Paz, el fortalecimiento del paramilitarismo y el narcotráfico y de la subyacente economía ilegal que empobrece al país y que junto con el extractivismo, afecta sus territorios; “bajo el mandato de la Ley de Gobierno Propio Pacto para Volver al Origen, que nos indica que en tiempos aciagos hay que reforzar nuestras luchas por la pervivencia ejerciendo la autonomía con decisión, para asumir nuestra responsabilidad histórica, ética y política en la protección de la vida, la dignidad y la libertad, hasta que se apague el sol.”
Los indígenas en Colombia representan un 5% de la población, según cifras del fondo de Desarrollo para Asuntos Indígenas 1,37 millones de los indígenas del país están en la extrema pobreza, el triple que el promedio nacional. El 70% de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica y el 63% del total de la población está bajo la línea de pobreza, de los cuales el 47 % están por debajo de la línea de la miseria extrema. Según las cifras de las ONU, más de la tercera parte de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de desaparecer por el hambre extrema, por su parte la más alta Corte del país ha declarado que de los más de 102 pueblos indígenas del país, 34 están en grave riesgo de exerminio físico y cultural.
La Minga Indígena ha confrontado y se ha movilizado activamente contra los gobiernos de Álvaro Uribe y ahora de su aliado político, actual Presidente de Colombia Iván Duque Márquez. Por años, ha sostenido de manera coherente una agenda en defensa de la vida, los derechos humanos, los territorios y la paz, haciendo resistencia a un modelo económico capitalista que empobrece a las comunidades y es contrario con sus planes de vida, cultura y espiritualidad.
Ahora bien, mientras las Guardias indígenas, cimarronas y campesinas se mantienen activas y movilizadas en el Paro Nacional, en los territorios rurales se mantienen las diversas violencias que ejercen actores armados irregulares y estatales. Por poner un ejemplo, el viernes 4 de junio en horas de la mañana se presentó un ataque armado en contra de miembros de la Policía Nacional en el sector conocido como “La Vuelta de la Mama” en el casco urbano de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Al momento del ataque se desplazaban varios comuneros indígenas en un vehículo de transporte público tipo Jeep por la vía que comunica el casco urbano con la vereda San Pedro y quedaron atrapados en el intercambio de disparos. Como resultado hay tres personas asesinadas: en el hecho, una mujer de 54 años y un joven de 21 años, autoridad u’kawe’sx del Resguardo de Munchique los Tigres y tres días después, la comunicadora comunitaria del Tejido de comunicación Çxhab Wala Kiwe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Beatriz Cano. En la madrugada de hoy, 9 de junio, la autoridad indígena del pueblo Nasa Argenis Yatacue y su esposo fueron asesinados también en la entrada del municipio Corinto en el Cauca.
No existe diálogo o acuerdo posible mientras en los territorios se sigue amenazando, hostigando y asesinando a personas defensoras de derechos humanos, quienes han sostenido la lucha de los pueblos a través de la primera línea, la Guardia indígena, la Minga comunitaria, quienes no solo enfrentan amenazas contra su vida en el contexto del Paro Nacional y de pandemia, sino que viven múltiples vulneraciones históricas a sus derechos humanos y colectivos. No es posible que al mismo tiempo que se abre una mesa de concertación, también se esté autorizando a la fuerza militar a frenar las protestas y legítimas movilizaciones porque este es un derecho legítimo del pueblo colombia amparado tanto por la Constitución, la jurisprudencia (sentencia C-742/12) y la Convención Americana sobre DDHH (art. 15) .
Tampoco es posible hablar de diálogo, sin que el Estado de Colombia admita, reconozca y se comprometa a investigar las violaciones sistemáticas e históricas a los derechos humanos, y sin que al menos el Presidente realice un pronunciamiento público y contundente ofreciendo la investigación independiente de los hechos denunciados internacionalmente. Esperamos que la CIDH escuche a las víctimas y documente de forma amplia las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Paro Nacional, sin que agentes estatales manipulen e impidan la realización de su trabajo, y que una vez sean emitidas y de público conocimiento las recomendaciones, estas sean de obligatorio e inmediato cumplimiento.
¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!
Lea la Parte I del análisis aquí.
Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines
Fotos Cortesia del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
Violaciones de derechos humanos en las protestas de Colombia
El Paro Nacional en Colombia cumple 21 días de movilizaciones populares, en pleno pico de la tercera ola del Covid-19, en un contexto previo de colapso de las unidades de emergencia hospitalaria en las principales ciudades del país, el reinicio de medidas de restricción de circulación, toques de queda y una precaria implementación del plan nacional de vacunación que comenzó el 17 de febrero con dosis adquiridas a través del mecanismo bilateral del COVAX y no la gestión directa del Gobierno Nacional.
A la fecha, el país afronta la imposición de un recurrente y sistemático discurso de odio racista y estigmatización contra los Pueblos indígenas movilizados bajo la figura de la Minga que camina la palabra y recorre el País para exigir sus derechos; esos que históricamente les han sido negados, pues las comunidades siguen sometidas a la sistematicidad de la violencia y el despojo de sus territorios. Acercando la realidad a las cifras, de los más de 102 Pueblos Indígenas que existen el Colombia, al menos 39 están declarados en inminente riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado interno; 35 enfrentan alto riesgo por disminución demográfica contando con menos de 200 habitantes; y 242 líderes indígenas asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.
Los impactos de la violencia, el empobrecimiento estructural, la amenaza de despojo de sus territorios ancestrales, la búsqueda de satisfacción de sus derechos fundamentales como víctimas del conflicto armado, la afirmación de su autonomía y la decisión de permanecer en sus territorios como condición esencial para garantizar su pervivencia, el incumplimiento flagrante a los Acuerdos de Paz, la inminente reactivación de las fumigaciones aéreas con el glifosato, la imposición de modelos de desarrollo contrarias al Buen Vivir, el desconocimiento de la libre determinación y consulta y consentimiento previa, libre e informada, son algunos de los ejes centrales en la agenda del Movimiento Indígena cuyos incumplimientos son motivos suficientes para sumarse al Paro Nacional.
Adicionalmente, las Guardias Indígenas, sinónimos de resistencia, de paz, de lucha colectiva, de protección real y efectiva a los comuneros y los territorios, han salido a rodear las primeras líneas de las movilizaciones populares en las ciudades que están compuestas mayoritariamente por jóvenes que, sin oportunidades de empleo ni educación, hijos de una generación que afrontó las consecuencias del desplazamiento forzado y el engrosamiento de los cordones de miseria en las urbes, reclaman con furia al Estado la construcción de un país más justo mientras la Policía les dispara a mansalva.
Es importante considerar que los sistemas propios de guardianía son estrategias autónomas de resistencia para el monitoreo y control de los territorios étnicos (formalizados o no), y son una manifestación del pluralismo jurídico, del derecho propio, de la libre determinación para el apoyo y respaldo de las autoridades tradicionales, políticas y espirituales de cada Pueblo Indígena. Son cuerpos civiles, pacíficos, con una función principal de cuidado y defensa de la vida y la cultura, que hoy se trasladan hacia las ciudades por mandato Asambleario y acogida del movimiento social para visibilizar el recrudecimiento de la guerra en los territorios, el incremento de condiciones de desigualdad, y las afectaciones socio ambientales y de vulneración sistemática de sus derechos humanos y colectivos.
Pese a la existencia de las herramientas normativas nacionales e internacionales para regular el uso de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de la Policía en los escenarios de protesta, se han presentado graves violaciones de derechos humanos en las jornadas de movilización del Paro nacional. Con corte al 15 de mayo, el país tiene un saldo de graves violaciones de derechos humanos que según la Campaña Defender la Libertad, deja 49 personas asesinadas en manos de presuntos actores estatales y/o “civiles” sin identificar y una joven menor de edad quien decidió acabar con su vida luego de las agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública; 578 heridos en enfrentamientos de la Policía Nacional y el ESMAD-, 37 personas con pérdida ocular, 87 víctimas de violencias basadas en género, 1460 detenciones, con algunas denuncias de tortura y sometimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 12 allanamientos de los cuales 8 han sido declarados ilegales, incluyendo capturas a defensores de ddhh; y un registro de 379 personas desaparecidas. Esta última cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización. Todos estos hechos se mantienen a pesar de la creciente condena nacional e internacional sobre la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones.
A la indignación popular por la respuesta de abusos, militarización, y muerte, se suma que, desde el comienzo de la pandemia en 2020, con pañuelos rojos amarrados en las ventanas, familias empobrecidas en todo el territorio nacional pedían que se decretara renta básica urgente para hacer sostenible el encierro. En medio de tanta precarización, con un 42.5% del país en los límites de pobreza -de los cuales el 15.1% se encuentra en pobreza extrema-, sin garantías de educación, con universidades públicas desfinanciadas, y unas brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad en niveles alarmantes producto, entre otras cosas, del conflicto armado interno que lleva 60 años poniendo más de 7 millones de víctimas sin reparación ni consideración alguna, las personas perdieron tanto, que se quedaron sin miedo. Las pancartas del día 28 de abril, fecha en la que comenzó el Paro Nacional, señalaban que más que al COVID las personas temían a un Gobierno de Derecha criminal, el cual estaba intentando promover con unánime respaldo del Congreso de la República una reforma tributaria para entre otros, gravar elementos de la canasta básica familiar, pensiones de vejez, y financiar con impuestos a la clase media un déficit fiscal que detonó el descontento social, teniendo en cuenta que con el salario de un congresista (valorado en $34’417.000 COP), se pagan 48 salarios mínimos mensuales vigentes.
Aún con la renuncia del Ministro de Hacienda al sexto día de las movilizaciones el Paro continua como un estallido social, producto del rechazo absoluto a la represión exagerada de las manifestaciones, abusos de la fuerza pública y brutalidad policial, el curso de una reforma a la salud que privatiza aún más este derecho en medio de una pandemia, a las exigencias de educación universal, gratuita y de calidad, y al respeto mínimo por la vida, la dignidad y los territorios.
Desde nuestra organización expresamos preocupación por el hecho de que autoridades del gobierno nacional hayan declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines “terroristas” y que, por esta razón, se justifique el uso excesivo de la fuerza contra la población. Además, las declaraciones de autoridades locales llamando a civiles a levantarse con el animo de justificar la utilización de estrategias paramilitares contra los marchantes. Esto no solamente es violatorio de los estándares de derechos humanos, sino es una afrenta a todas las víctimas de grupos paramilitares en un país que tiene el conflicto armado interno más largo del continente. El discurso de odio ha sido especialmente promovido por funcionarios de alto nivel como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya; e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, ex presidente que hoy regenta el partido de Gobierno; quienes realizado declaraciones con las que buscan, de manera intencionada, consciente y voluntaria, proyectar una imagen parcializada de las manifestaciones, incendian con apología al genocidio las manifestaciones ciudadanas. Con ello, se ha pretendido alentar, tanto a los miembros de la fuerza pública como a ciudadanos, a que actúen contra las personas que se manifiestan, lo que ha traído como consecuencia un alarmante incremento en el uso de la violencia institucional, ejercida directamente por agentes de la fuerza pública uniformados o encubiertos y mediante la actuación de particulares que han contado con la complicidad o aquiescencia del Estado.
Las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas del ESMAD y las Fuerzas Militares, contrarias a protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública en contextos de protesta social pacífica responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de discriminación y odio que pretende imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado de ciertos sectores privilegiados de la población y que justifica el tratamiento represivo de la protesta.
La preocupación por los hechos violentos que se han desencadenado producto de dichas declaraciones ha sido denunciada públicamente por diversas organizaciones de derechos humanos en Colombia y respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quien ha expresado “su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como “terroristas”, “enemigos” o “delincuentes”
Pese a que la movilización social y la protesta pacífica es un derecho político que, como pilar de un sistema democrático, se había contemplado explícitamente como parte fundamental de los Acuerdos de Paz, desde el 28 de abril esta garantía ha sido absolutamente incumplida por parte del Gobierno de Colombia que, con la brutal represión armada, persecuciones judiciales, bloqueos para su desarrollo y desconocimiento de las exigencias estructurales de la sociedad civil, ha alimentado el malestar popular acrecentando la situación crítica en materia de derechos humanos, que ya está en la mira de la comunidad internacional, con pronunciamientos específicos por parte de la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y más de 650 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el mundo.
En los últimos días, el sur del país ha sido protagonista tanto de la barbarie como de la esperanza. Ciudades como Cali, Popayán, Yumbo y Bogotá han sido epicentro de los ataques contra las movilizaciones pacíficas, las cuales habrían estado acompañadas por la Minga Indígena y la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, quienes documentan continuamente por redes sociales y prensa alternativa ataques armados en su contra, saboteo por parte de la Fuerza Pública e interceptación violenta por parte de terceros armados, logrando incluso la captura, desarme y entrega al Estado de miembros de la Policía Nacional infiltrados en las marchas.
En el Departamento del Putumayo, el Resguardo Buenavista del Pueblo Siona, comunidad transfronteriza cuyo territorio se encuentra en la rivera del río Putumayo entre Colombia y Ecuador, ha movilizado su guardia indígena para participar, de manera pacífica junto con sus autoridades tradicionales y políticas en el Paro Nacional en el municipio de Puerto Asís y exigir el respeto por la Amazonía, denunciar las afectaciones que siguen sin remediación producto de las fumigaciones con glifosato, el riesgo que supone la reanudación de una guerra química en contra de la población civil, el inminente exterminio físico y cultural en el que se encuentran, la presión por el desarrollo de la actividad petrolera en la región y la falta de avance de los procesos de restitución y formalización territorial.
Con dignidad, fuerza y valentía, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, del sector obrero, jóvenes, estudiantes y campesinos salen a exigir su derecho a la protesta pacífica y a tratar de construir, por las vías de hecho, un país que continúa resistiendo a la violencia armada y al paramilitarismo. Como cantan en las calles, ¡El pueblo no se rinde carajo! Y menos si la ciudadanía se cansó de permitir la opresión y la injusticia. Que la sabiduría milenaria de los pueblos originales permita encontrar caminos de diálogo para la transformación, se frene de manera inmediata las graves violaciones de los derechos humanos y se acompañe por parte de organismos multilaterales, a través de misiones especiales de verificación internacional en Colombia, los hechos recientes que han impulsado la movilización.
Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines
Protegiendo territorios y culturas indígenas de la Amazonía en tiempos de pandemia
A principios de abril de 2021, un año después de que la pandemia por Covid azotara a América del Sur -colapsando los sistemas de salud occidentales- y se extendiera incluso hasta las comunidades indígenas más remotas de la Amazonía, nuestros equipos tuvieron una serie de reuniones en nuestro centro de organización conjunta en el norte de la Amazonía ecuatoriana para reflexionar sobre los aprendizajes y experiencias claves del año pasado, y para discutir cómo proteger de manera más efectiva y segura los territorios y culturas indígenas de la crisis, cada vez más profunda e interrelacionada, que enfrentamos: Emergencia climática, pérdida de biodiversidad, intensificación del extractivismo y una inminente segunda de Covid, con picos variables que llegan diariamente desde las ciudades fronterizas por río, carretera y avión.
Este corto video, captura el espíritu de nuestra reunión y fue grabado por dos jóvenes cineastas de la nacionalidad siekopai, quienes también hicieron un impresionante cortometraje para el New Yorker el año pasado, titulado: Luchando contra el Covid con Sabiduría Ancestral en la Amazonía.
La realidad para las comunidades indígenas en la Amazonía, como en otras partes del mundo, es que la pandemia ha agudizado las desigualdades, ha expuesto el racismo sistémico e intensificado las presiones extractivas sobre sus territorios y culturas.
En toda la región, los gobiernos han abandonado a los pueblos indígenas en su lucha contra el Covid-19: el acceso a la información de salud pública, las pruebas y los suministros médicos han sido limitados, y la perspectiva de vacunas para las comunidades indígenas está muy lejos.
En Ecuador, los derrames masivos de petróleo, el aumento de la minería y el auge de la tala ilegal, han agravado la terrible situación. En Colombia, el conflicto armado por el tráfico ilícito de coca ha aumentado los riesgos para los defensores de las tierras indígenas. Y en Brasil, el escalofriante desprecio del gobierno de Bolsonaro por la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas está alimentando la deforestación y aumentando las tasas de mortalidad por Covid.
Organización comunitaria en primera línea
Pero también hay otra realidad menos conocida. A pesar de las múltiples amenazas (el agua contaminada, la marginación, los incendios provocados), los pueblos indígenas de la Amazonía continúan organizando e innovando estrategias para su propia supervivencia física y cultural, y para la protección de casi la mitad del bosque primario que aún queda en la Amazonía.
Estos son solo algunos ejemplos: Asediado por una ola implacable de Covid-19 el año pasado, el pueblo siekopai creó un remedio ancestral, una mezcla de raíces, cortezas, flores y hojas de su tierra ancestral, que se utilizó para fortalecer el sistema inmunológico y tratar los síntomas de Covid-19 en las comunidades indígenas de la Amazonía y los Andes.
El pueblo waorani desafió el racismo del gobierno ecuatoriano y la terrible mala gestión de su respuesta a la pandemia, y sentó un precedente legal y político sobre cómo los gobiernos deben priorizar la atención a los pueblos indígenas durante la pandemia.
La Alianza Ceibo aprovechó relaciones comunitarias profundas y basadas en la confianza, así como los años de experiencia en la gestión de la logística compleja de la selva tropical, para desplegar recursos y suministros médicos, construir infraestructura de comunicaciones y gestionar emergencias de salud pública en millones de hectáreas de territorios indígenas en Ecuador, Colombia y Perú.
Y en toda la Amazonía, los líderes, las comunidades y las instituciones indígenas han estado formando patrullas terrestres y guardias indígenas para monitorear el aumento de las amenazas extractivas y restringir el acceso a sus territorios.
Mientras trabajamos para apoyar a los pueblos indígenas a que enfrenten una nueva ola de medidas hostiles de recuperación económica y la intensificación de las amenazas extractivas en toda la región, nos conmueve e inspira el hecho de que las comunidades de primera línea que demostraron ser más resilientes frente al Covid-19 también fueron los menos afectados por la economía extractiva.
Si bien la distancia geográfica para las comunidades que viven en bosques primarios sin caminos planteó dificultades para su acceso a pruebas y suministros médicos occidentales, estas tuvieron un acceso sólido a recursos de caza y pesca intactos, así como a plantas medicinales tradicionales. Al final, vieron tasas de mortalidad más bajas y menos traumas relacionados con el Covid que aquellas comunidades indígenas que viven en territorios fragmentados e impactados por la industria extractiva.
En Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, estamos trabajando para lograr un cambio transformador y sistémico, inspirados por algunos de los profundos aprendizajes y reflexiones que los pueblos indígenas han compartido con nosotros durante el transcurso de la pandemia: En un momento de emergencia global, cuando los gobiernos occidentales y las instituciones de salud flaqueaban, los pueblos indígenas encontraron la clave para sobrevivir en el conocimiento de sus mayores, en el agua, en los alimentos, en las medicinas que proporciona su territorio de selva tropical, y en la sabiduría de la naturaleza misma.
Mientras nos preparamos para una segunda ola, posiblemente más intensa, de Covid-19 aquí en el Alto Amazonas, trabajaremos en estrecha colaboración con líderes, comunidades y organizaciones indígenas para aprovechar estrategias legales, nuevas tecnologías y campañas de comunicación para defender sus territorios contra la intensificación de amenazas extractivas. También invertiremos en un conjunto de estrategias, forjadas con líderes indígenas en medio de la pandemia, para fortalecer su cultura y resiliencia, incluyendo el lanzamiento de iniciativas de soberanía alimentaria, una escuela de liderazgo y emprendimiento de mujeres, y un laboratorio de comunicación para jóvenes.
Para mantenernos seguros mientras continuamos desarrollando estas ambiciosas iniciativas, hemos elaborado un documento de protocolos internos que estamos utilizando para guiar la toma de decisiones de nuestros equipos a través del terreno impredecible e incierto de los brotes de Covid. Hacemos público dicho documento, en caso de que sea útil para otras organizaciones de primera línea que buscan un enfoque flexible para navegar el riesgo en tiempos de crisis.
Los pueblos indígenas en la línea del frente necesitan recursos para escalar su lucha para proteger sus territorios y su forma de vida, y para mantenerse seguros mientras nos preparamos para una segunda ola de COVID-19 en la Amazonía. Junto con la Alianza Ceibo, hemos lanzado el Desafío de Primera Linea para movilizar recursos directamente a la acción de los pueblos indígenas para defender la Amazonía. Considere hacer una donación para apoyar este trabajo urgente en un momento crítico, o conviértase en un sustentador mensual para ayudarnos a mantener la lucha a largo plazo.
PEDIDO DE ACCIÓN URGENTE por el asesinato de la Gobernadora Indígena Sandra Liliana Peña Chocué
Sr. Iván Duque
Presidente República de Colombia
Sr. Francisco Barbosa Delgado
Fiscal General Colombia
Sra. Antonia Urrejola
Presidente CIDH
Sr. Francisco Cali Tzay
Relator PPII NNUU
Sra. Mary Lawlor
Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Como es de conocimiento público el 20 de abril fue asesinada cobardemente en su domicilio Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del Resguardo La Laguna – Siberia del municipio de Caldono en el departamento del Cauca. Sandra Liliana lideraba de manera enfática la determinación de sus autoridades asamblearias y tradicionales de ejercer Gobierno Propio en su territorio ancestral gravemente atacado por actores armados regulares e irregulares que pretenden ejercer control sobre el mismo mediante diversas estrategias de control y despojo.
Quienes suscribimos este pedido de ACCIÓN URGENTE vemos con mucha preocupación que este no resulta ser un hecho aislado, no solo porque las instituciones competentes tenían suficiente información sobre la situación de riesgo que enfrentaba Sandra Liliana; porque en diversos espacios de la Minga Nacional por la Vida, se han realizado y reiterado denuncias, peticiones y exigencias frente a hechos de riesgo; y, de manera especial, porque en Colombia solo en lo que va de este año se han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechoshumanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) sin que por parte del Gobierno del Presidente Duque se implementen las garantías mínimas para su protección. Pese a que el Presidente Duque condena frecuentemente y de manera publica estos hechos la política y programas gubernamentales de prevención y protección no resultan eficaces ni incorporan de menara idónea criterios de carácter diferenciado.
A lo largo de este año, diversas organizaciones indígenas y de DDHH en Colombia han denunciado un incremento significativo de acciones bélicas de corte narcoparamilitar en territorios indígenas qué provocan, entre otros hechos, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento y exterminio de sus integrantes, estos hechos que se presentan en diversos territorios indígenas a lo largo del país ocurren de manera aguda y sistemática en el Cauca. La presencia y fortalecimiento de estos grupos armados tienen especial relevancia en zonas donde la institucionalidad estatal es casi inexistente o deficiente favoreciendo que estos grupos se impongan.
En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un histórico acuerdo de paz, que llevó a la desmovilización del que entonces era el principal grupo armado del país. El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores/as de derechos humanos, pese a ello los asesinatos de defensores/as de derechos humanos aumentan drásticamente ante la falta de investigaciones diligentes que esclarezcan y sancionen dichos hechos.
La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos —por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos— los ha convertido en blanco de ataques. Otros han sido asesinados durante ataques de carácter más general perpetrados por los grupos armados contra la población civil. Los asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la policía frecuentemente es escasa. Esta ausencia de instituciones del Estado ha dejado a innumerables comunidades indefensas.
Por ello hacemos eco de los reiterados reclamos de la ONIC y otras organizaciones indígenas al gobierno nacional “para que se atienda esta situación de manera inmediata, pues la omisión es un acto que contribuye al genocidio indígena; así como también que la alternativa no es una mayor militarización, sino el fortalecimiento de la Guardia Indígena, el establecimiento de un diálogo de Autoridad a Autoridad y la implementación del Acuerdo de Paz”.
Frente al incremento de actos de violencia contra miembros de Pueblos Indígenas, defensores/as de derechos humanos, líderes sociales y firmantes de paz es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes e integrales para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida diligencia de las investigaciones de delitos cometidos en su contra. De manera particular resulta perentorio que se establezcan y ejecuten medidas de protección idóneas y coordinadas con las autoridades indígenas del Cauca, y se tomen las medidas de protección espiritual yfísica para armonizar y prevenir las múltiples violaciones a los derechos humanos que atentan contra sus territorios y contra su pervivencia.
Por ello EXIGIMOS el Presidente Duque que en cumplimento de las obligaciones con su país y con la comunidad internacional garantice la implementación del Acuerdo de Paz en todas sus dimensiones y particularmente para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de las comunidades y particularmente garantice la labor que realizan defensores/as y líderes como Sandra Liliana que ejerciendo autoridad desarrollan acciones legítimas para la protección de sus territorios y su integridad, muchas veces ante la ausencia estructural del estado, el incumplimiento sistemático de acuerdos y la militarización de sus territorios.
El gobierno de Iván Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar los programas y mecanismos orientados a proteger a defensores de derechos humanos y lideres sociales y territoriales, lo que debe implicar la asignación presupuestaria suficiente para la implementación de planes y mecanismos, la coordinación efectiva entre los mecanismos existentes y derogar o modificar aquellos que resultan ineficaces o tienen un mandato poco claro.
Sobre el asesinato de Sandra Liliana exigimos a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y demás organismos concernidos para que investiguen este asesinato de manera diligente, determinen quienes son los responsables materiales e intelectuales de este hecho y los sancione enérgicamente, con el fin de que este hecho no se sume a los cientos de asesinatos indígenas del Cauca que se encuentran en la impunidad; así mismo resulta imperativo que adopten las medidas urgentes y con enfoque diferenciado para evitar que se sigan produciendo hechos similares.
Elevamos el conocimiento de la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatoría sobre la situación de los defensores de los derechos humanos requiriendo su inmediata intervención en cumplimento de su mandato, particularmente a efectos de recordarle al Estado Colombiano su obligación convencional de propiciar un entorno libre de hostilidades y el respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz para que puedan ejercer libre y eficazmente su labor y las implicaciones internacionales que tiene la omisión de esta obligación.
A los familiares de Sandra Liliana, a su comunidad, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, a la Guardia Indígena, al Consejo Regional Indígena del Cauca y a todas las comunidades de pueblo Nasa, nuestro abrazo fraterno y nuestro acompañamiento solidario ante la gravedad de los hechos y amenazas que enfrentan.
Un año del derrame en la Amazonia ecuatoriana
Hoy se conmemora un trágico aniversario en la Amazonía ecuatoriana. Un año atrás, el 7 de abril, en el pico de la pandemia de COVID-19, un masivo derrame de petróleo golpeó a los territorios indígenas a lo largo de los ríos Napo y Coca, en la biodiversidad de la región de las cabeceras de la Amazonía ecuatoriana. Trescientos sesenta y cinco días han transcurrido, y aún 27,000 personas del pueblo Kichwa siguen sin acceso de comida y agua fresca, con riesgo de nuevas rupturas en los oleoductos. Para resaltar este penoso aniversario, cientos de indígenas están movilizándose hacia la ciudad amazónica del Coca para presionar a la justicia y obtener una reparación ambiental respecto del peor desastre petrolero en el Ecuador en los últimos quince años.
Los intereses económicos industriales continúan ocultando las voces, derechos y reclamos del pueblo indígena Kichwa afectado, cuyos ríos son su modo de subsistencia. Hace menos de dos semanas, la Corte Provincial de Orellana en Ecuador, rechazó el recurso de apelación de la sentencia en primera instancia de la demanda presentada por 105 comunidades indígenas, organizaciones indígenas y organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra Amazon Frontlines, en contra del estado ecuatoriano y las empresas petroleras responsables del derrame de petróleo. Al negar la justicia (nuevamente) al pueblo Kichwa, las cortes ecuatorianas están fallando a las poblaciones que han jurado proteger, actuando en beneficio del interés de la industria de los combustibles fósiles. Esta decisión contraviene la innovadora Constitución del país al ser incapaz de salvaguardar los Derechos de la Naturaleza, y socava las obligaciones gubernamentales de garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
“El juez puso los intereses petroleros sobre nuestros derechos. Demandamos justicia. Nuestras familias todavía sufren del desastroso impacto de este derrame, y todavía no tenemos agua fresca y comida. Nuestras comunidades están unidas para defender nuestros ríos para las futuras generaciones.”
Veronica Grefa, Líder Kichwa
El caso Kichwa revela una vez más la influencia de la industria petrolera sobre la rama judicial del Ecuador y su complicidad en la impunidad de las corporaciones, señala violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas, y racismo sistémico. A pesar de la abrumadora evidencia presentada por los demandantes indígenas, expertos y abogados, y una clara negligencia del gobierno y las compañías petroleras para responder adecuadamente, la sentencia de Corte Provincial de Orellana se alineó con los intereses políticos y económicos y abandonó a los Kichwa, dejándolos en un gran riesgo permanente.
“Nuestros ríos están contaminados, nuestros niños están enfermos, nuestras huertas están arruinadas, los peces han desparecido. Ni el Estado ni las compañías han cumplido con sus obligaciones. No hay justicia para los Pueblos Indígenas. Vamos a contraatacar. "
Carlos Jipa, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, FCUNA
Aún más, el mismo juez que falló en contra de la demanda de los pueblos Kichwa recientemente presentó una demanda penal en contra de los demandantes y los defensores de derechos humanos que manejaron el caso. Hoy, el líder kichwa Carlos Jipa y la abogada de Amazon Frontlines María Espinosa, entre otros, serán obligados a testificar en la Corte Provincial de Orellana sobre la base de acusaciones sin fundamento de instigar a la “inestabilidad social” a través de la organización de marchas, movilizaciones y presencia en los medios sociales de comunicación demandando justicia para los Kichwa. El peligroso mal uso del sistema judicial del juez Jaime Oña ha perseguido y criminalizado tanto a las víctimas como a los defensores de derechos humanos y envía el estremecedor mensaje de que las cortes ecuatorianas no son un lugar seguro para buscar justicia. Grupos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, y la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunciaron las acusaciones criminales del juez Oña, y se comprometieron a apoyar en la lucha contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.
La injusticia en el caso de los Kichwa lamentablemente no es una anomalía en el país. El derrame del 7 de abril de 2020 se inscribe dentro de un doloroso legado de más medio siglo de contaminación petrolera y violencia en contra de los Pueblos Indígenas, que se extiende hasta el descubrimiento de petróleo en la región norte de la Amazonía ecuatoriana en los años sesenta. Pero este derrame golpeó en medio de la pandemia por COVID-19, lo que intensificó terriblemente las amenazas a la supervivencia de las comunidades indígenas.
Hay numerosos casos legales presentados por los pueblos indígenas de la Amazonía contra los abusos de la industria petrolera, que siguen en curso en Ecuador. Entre ellos se encuentra una batalla legal de 25 años contra el gigante petrolero Chevron-Texaco y la demanda del pueblo Waorani contra las empresas petroleras responsables del derrame en el río Shiripuno en noviembre de 2020. Aunque la justicia tarda en llegar en muchos casos, el movimiento indígena de Ecuador ha dado grandes pasos para promover los derechos de los indígenas en el país en los últimos años y ha conseguido varias victorias legales sin precedentes en contra de los intereses de la industria. Desde la victoria del pueblo Waorani contra las grandes petroleras, pasando por la victoria de los Kofán de Sinangoe contra la minería del oro, hasta la más reciente sentencia histórica contra la práctica de la industria petrolera de quemar gas. Son una serie de victorias que atestiguan la resistencia y el poder de los pueblos indígenas para proteger la Amazonía y nuestro clima del colapso.
Las comunidades Kichwa afectadas por el derrame de petróleo se mantienen unidas y decididas a luchar. En las siguientes semanas, cuando los ecuatorianos regresan a las urnas para escoger su nuevo Presidente, el pueblo Kichwa llevará su caso a la Corte Constitucional y escalará su demanda de justicia. Muchos pueblos indígenas temen que los dos candidatos presidenciales aumenten sus esfuerzos para reactivar la economía ecuatoriana, que está muy endeudada, mediante la expansión de proyectos de extracción petrolera y minera, en los territorios indígenas de la Amazonía.
Como gran parte del mundo, Ecuador se encuentra ante una disyuntiva moral y ecológica en el camino. ¿Los dirigentes del país se reafirmarán en la destrucción y el atropello de los derechos de los indígenas, o iniciarán una nueva era de justicia aplicando la Constitución y adoptando una conservación liderada por indígenas de su recurso más preciado, la Selva Amazónica?
A Kichwa fisherman's testimony in the wake of a disastrous oil spill
A Kichwa Woman's Fight For Her People's Survival Amid An Oil Spill & COVID-19
Healing Rivers of the Amazon
Ayúdanos a transmitir el mensaje y comparte nuestra historia con tus amigos y familia. Solidaricémonos con el pueblo Kichwa, #SOSDerrameAmazonia!
Tras dos años, el Ministerio de Ambiente se niega expresamente a cumplir la reparación de derechos de la comunidad de Sinangoe, ordenada por sentencia definitiva
Sinangoe, 07 de diciembre.- El pasado lunes, 30 de noviembre, el juez de la Corte Provincial de Sucumbíos convocó a una nueva inspección judicial, en la que se citó al Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) y a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe. Esta diligencia tenía como fin comprobar sobre el terreno la situación actual de las zonas afectadas por las actividades mineras en las concesiones mineras revertidas por la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, en noviembre de 2018. Y ello, ante la negativa expresa del MAAE de realizar la reparación al ambiente y la naturaleza que dicho dictamen le ordenaba, pese al reconocimiento de los impactos aún existentes y evidentes.
Sin embargo, el MAAE no asistió a esta convocatoria y la inspección judicial no se pudo llevar a cabo. Esta actitud del Ministerio supone una nueva falta de respeto a la comunidad y una evidencia más de la total falta de voluntad de cumplir con una sentencia definitiva que declaraba la vulneración de nuestros derechos y ordenaba la reparación de daños ambientales causados y que se mantienen por más de 2 años.
Estos actos deliberados de la principal autoridad ambiental del país demuestran -una vez más- el irresponsable y vulnerador actuar de la autoridad nacional ambiental en contra de nuestra comunidad y de la naturaleza. Esto, sin que de parte del Juzgador haya una respuesta clara, contundente y apegada a la Constitución respecto a este actuar del Ministerio, y sin respetar adecuadamente nuestra voz y nuestro conocimiento ancestral sobre el territorio. Como guardianes de nuestra Selva, hemos ratificado y demostrado de manera incansable que nuestro territorio y nuestros derechos no han sido remediados ni reparados de ninguna manera.
En este sentido, como hemos exigido en reiteradas ocasiones, hoy insistimos en que el Juez ante esta situación debe aplicar lo establecido en la Constitución con relación a la destitución de los servidores públicos que no cumplen lo dispuesto en una sentencia de acción de protección como la nuestra, tal como establece el artículo 86.4.
De igual forma, denunciamos la actitud del MAAE y de su actual ministro, Paulo Proaño Andrade, quien devela la inexistencia de una política de seguimiento y cumplimiento de sentencias y, en general, de sus obligaciones de proteger y garantizar el derecho al ambiente y los derechos de la naturaleza, lo cual evidencia el grave incumplimiento y negligencia de la institucionalidad pública.
Finalmente, reiteramos que seguiremos exigiendo que las autoridades correspondientes tomen medidas que garanticen el respeto y la reparación de nuestros derechos y los de la naturaleza; y que el juez aplique los mecanismos pertinentes para obligar a las instituciones a cumplir la sentencia a favor nuestro y de nuestro territorio y disponga las sanciones establecidas ante la grave situación actual. Recordamos y denunciamos, de esta manera, que lo que sucede con Sinangoe también ocurre con otros Pueblos Indígenas que han obtenido sentencias significativas sin que éstas se hayan cumplido.
Más información:
Wider Guaramag, secretario de la comunidad, +593 98 842 5976
Nixon Andy, coordinador de la Guardia Indígena y comunicador comunitario, +593 98 152 4084
Jorge Acero, defensor de derechos humanos y asesor legal de la comunidad, +593 98 856 6832
Alerta Madereos
Desde las 16h00 aproximadamente 4 líderes indígenas Wampis y un grupo de 14 jóvenes fueron secuestrados por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilegal de madera en la provincia de Morona Santiago, siendo las 21h30 las 18 personas fueron liberadas.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos conoció la denuncia realizada por parte del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis ubicada en territorio peruano fronterizo con Ecuador, en los siguientes términos:
“18 Líderes Wampís han sido detenidos por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras intentaban cruzar del río Santiago al río Morona por la frontera. Se trata de los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís [GTANW] Rosendo Montes, Juan Noningo, Robert Hinojosa y del asesor legal Awajún Gil Inoach; además de 14 jóvenes de la escuela de liderazgo Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San Juan de Morona, donde sostendrían un taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto Minas por los comerciantes ilegales. Piden que las embarcaciones con madera que han sido detenidas los últimos días por el GTANW, en el Río Santiago, sigan su curso, a cambio de la libertad de los líderes wampís.
Cabe señalar que durante los últimos dos meses, el GTANW ha denunciado a las autoridades nacionales y locales la problemática de la tala y comercio ilegal de madera por parte de ciudadanos ecuatorianos, quienes a vista y paciencia de los controles del Ejército Peruano y SERNANP en las bases de Cahuide y Ampama, salen con embarcaciones llenas de madera obtenida de manera ilegal. Recientemente, la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los Wampís a colaborar con las acciones del GTANW, en el marco de su derecho a la autodeterminación, para frenar la actividad ilícita. Sin embargo, hoy llegaron a la comunidad de Alianza Progreso, en el río Santiago, donde están las embarcaciones detenidas, sin la documentación necesaria para hacer su registro y confiscar la madera.”
Los Gobiernos del Pueblo Shuar Arutam de Ecuador y de la Nación Wampis de Perú, el 12 de noviembre de 2020 sobre la base de “mantener la mancomunidad como pueblos y nacionalidades originarios de libre determinación y fortalecer estrategias para una buena comercialización de los pueblos fronterizos que generen ingresos para sustentabilidad de las familias” decidieron “dar un plazo de 10 días a los comerciantes ecuatorianos para que se retiren del sector con sus máquinas y material preparado” y señalaron que “activaran guardias de seguridad indígena en ambos nacionalidades a fin de normar la incidencia de los comerciantes ilegales”.2
El secuestro de las 18 personas se produjo para presionar a la Nación Wampis a devolver las embarcaciones con madera talada de forma ilegal que fueron confiscadas en uso de su autodeterminación en el mes de noviembre pasado en cumplimiento de las decisiones adoptadas de manera conjunta entre el Pueblo Shuar Arutam y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis para que se suspendan las actividades de tala y comercio ilegal de madera en sus territorios.
En la noche del 2 de diciembre se conoció que los líderes y los jóvenes secuestrados fueron liberados tras una intervención de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas (ARA) de Perú que ofreció a los madereros 2 días plazo para la regularización de la madera que les fue decomisada por los Wampis.
En virtud de lo anterior, las organizaciones que conformamos la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, demandamos al Estado ecuatoriano que articule con las instituciones civiles correspondientes de manera inmediata todas las acciones necesarias para garantizar la vida, la integridad y la libertad de las y los miembros tanto del Pueblo Shuar Arutam así como de la Nación Wampis que actúan en defensa y control de su territorio; las amenazas contra su vida y su territorio derivadas del accionar de madereros ilegales ha sido frecuentemente denunciada por estos dos pueblos a las autoridades concernidas sin que hasta la fecha ninguno de los dos estados hayan tomado acciones de control y protección concertadas.
Reiteramos que toda intervención del Estado se la deberá realizar exclusivamente a través de autoridades civiles, entre ellas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación directa con las y los dirigentes del Pueblo Shuar-Arutam.
La Nación Wampís y el Pueblo Shuar Arutam tienen un territorio ancestral de alrededor de un millón y medio de hectáreas de bosque y comparten un origen cultural común, es por eso que se han reconocido como Territorios de Vida y articulan acciones conjuntas para la defensa sus derechos colectivos y de la naturaleza en ejercicio de su autonomía y autodeterminación.
1 https://mobile.facebook.com/NacionWampis/
2 https://www.facebook.com/cgpsha/posts/2541247669514942
Acuerdo GTANW-PSHA (pero sin firmas de PSHA): https://drive.google.com/file/d/13DW8rRrPDXoqVW-XwYIiHMq7DqywLykU/view?usp=sharing
Recibimos y celebramos el Premio Medioambiental Goldman como un reconocimiento a la lucha Waorani en defensa del territorio y de nuestra vida
30 de noviembre 2020, Puyo, Ecuador — En la madrugada de hoy, 30 de noviembre, las tres organizaciones que lideramos el proceso Waorani, Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE) y la Organización Waorani de Pastaza (CONCONAWEP) recibimos con mucha emoción el anuncio del Premio Medioambiental Goldman (Goldman Environmental Prize), conocido como el Nobel de Ecología o Nobel Verde para defensores de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Este galardón reconoce la figura de Nemonte Nenquimo, nuestra dirigente Waorani de Pastaza, precisamente como una cuidadora de la Selva, nuestra casa.
Como Pueblo Waorani, insistimos no sólo en la alegría al saber que a dos meses del reconocimiento de la revista TIME de Nemonte como una de las 100 personas más influyentes del mundo y a pocas semanas del reconocimiento del medio británico BBC como de las 100 mujeres más inspiradoras recibimos este nuevo Premio tan importante, sino en la comprensión de los mismos como un reconocimiento al trabajo colectivo por la decisión que tomamos con nuestros Pikenani (ancianos Waorani guerreros) de proteger nuestro Territorio, lo que significa cuidar su vida, la de nuestros niños y niñas y la nuestra.
Nemonte ha reconocido que es defensora de la naturaleza gracias a la guía de su madre y padre, de sus Pikenani que vivieron la historia de los primeros contactos y de los Pikenani con quienes hoy convivimos y que guían nuestras diversas luchas. Nosotros, ahora, nos sumamos a sus palabras y les recordamos a ustedes, que son parte del mundo cowore (mestizo), que pese a que el Premio Goldman reconoce sólo el nombre de Nemonte, ella y nosotros sabemos que no hay lucha posible sin el trabajo conjunto. Cada uno de nosotros somos guardianes y defensores de nuestra Selva. Así nos asumimos. Y así les pedimos a ustedes que nos vean.
“Recibo el Premio Ambiental Goldman de este año debido a la lucha colectiva de mi gente para proteger lo que amamos: nuestra forma de vida, nuestros ríos, los animales, nuestros bosques, la vida en la Tierra. Juntos, luchamos por el respeto de nuestros derechos a la auto-gobernanza y la autodeterminación sobre nuestro Territorio y nuestra vida, y pudimos detener la venta de cientos de miles de acres de nuestro territorio a la industria petrolera internacional, sentando un precedente para que otras nacionalidades indígenas protejan a millones más. Mi esperanza es que nuestra historia de resistencia inspire a otros movimientos en la Amazonía y en todo el mundo a imaginar un camino diferente para nosotros, para cuidar la naturaleza y nuestro planeta”, señaló Nemonte Nenquimo.
Estamos contentos también porque la Fundación Medioambiental Goldman nos entrega un fondo económico. Estamos enfrentando muchas amenazas y tenemos muy buenas ideas para fortalecer nuestra autonomía, así que estos fondos van a ser muy útiles para nuestra lucha. Nosotros hemos protegido nuestro territorio, y luchado contra diversas amenazas: los conquistadores, los caucheros, los madereros, y hemos ganado a las petroleras y vencido esta pandemia. Siempre luchamos colectivamente. Entonces, vamos a seguir con este espíritu de la colectividad. Vamos a tomar decisiones sobre los fondos colectivamente en una asamblea comunitaria en Pastaza.
Iniciativas Propias
Esta lucha no ha terminado. Por ello, seguimos fortaleciendo nuestras organizaciones, a través de las iniciativas propias de gobierno, de control, de educación y de soberanía alimentaria. Sobre el control de nuestro territorio, estamos desarrollando una acción autónoma de control a los madereros que, con intermediarios, y aprovechando la grave crisis económica que nuestras familias enfrentan durante la pandemia ingresaron a nuestras comunidades y han estafado a varias de nuestras familias.
Asimismo, continuamos realizando un trabajo intenso, en conjunto con pedagogos y docentes de alto nivel académico, para tener procesos educativos culturalmente más adecuados en nuestras comunidades. Además, estamos pensando en cómo mejorar la seguridad alimentaria, entendiendo que nuestras familias requieren solventar las cosas más básicas como la sal, las velas, los fósforos, las linternas y otros instrumentos necesarios para sobrevivir.
Finalmente, pese a que desde la NAWE, la AMWAE y la CONCONAWEP hemos asumido con responsabilidad el momento histórico que estamos viviendo y nuestras organizaciones cada día se hacen más fuertes entendemos y reiteramos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar nuestra vida, salud, educación y demás derechos colectivos. Sin embargo, aun conociendo la fragilidad de los ecosistemas Waorani y la dificultad de las familias de contacto inicial no han tomado ni concertado ninguna decisión con nosotros, poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra cultura; por tanto, nuestra supervivencia.
Sobre CONCONAWEP:
El Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pastaza es una de las organizaciones filiales de NAWE que aglutina a las 22 comunidades de esta provincia. Nemonte Nenquimo, además de ser cofundadora de Alianza Ceibo, es la primera mujer Waorani que asumió la presidencia de esta organización en el 2018.
Esta organización lideró el proceso de resistencia y autodeterminación que en el año 2019 le ganó al Estado ecuatoriano por intentar concesionar su territorio ancestral en una subasta petrolera. Con esta sentencia, protegieron medio millón de acres de selva prístina. En el 2020, esta organización, en conjunto con la NAWE, interpusieron y ganaron una nueva demanda al Estado ecuatoriano por la falta de atención durante la pandemia del covid-19 y el riesgo al que se había sometido a los Pueblos en Aislamiento Voluntario. En la actualidad, esta organización continúa a la espera del cumplimiento de ambas sentencias.
Pueblos Indígenas de la Amazonía denuncian ante la CIDH falta de protección del Estado ecuatoriano durante la pandemia
Quito, 7 de Octubre de 2020.- En el marco del 177° Periodo de Sesiones Virtuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativa a “la situación de derechos humanos y DESCA en Ecuador”, organizaciones indígenas y derechos humanos comparecieron este 6 de octubre, ante varias Comisionadas y Relatores de la CIDH para exponer “la situación de vulnerabilidad e inseguridad jurídica en la garantía de derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Ecuador”.
Los representantes de las organizaciones indígenas y sociales señalaron enfáticamente que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en Ecuador afrontan una situación de desprotección y trato discriminatorio sin precedentes, más aún si consideramos que existe una deuda histórica desde el Estado. Situación que se refleja en sus condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a bienes y servicios públicos. A esto, añadieron que la situación de salud y vulnerabilidad de varios pueblos indígenas está agravada por la alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles.
Entre los temas denunciados por las lideresas y los líderes indígenas, se destacó la inoperancia estatal y la atención discriminatoria en la provisión de servicios de salud en la pandemia; además, la vulneración al derecho a una alimentación nutritiva y culturalmente apropiada a comunidades indígenas de la Nacionalidad Kichwa frente al derrame petrolero ocurrido el pasado 7 de abril en el norte de la Amazonía ecuatoriana y que pudo ser predecible, o frente a las inundaciones que afectaron al Pueblo Kichwa de Sarayaku por el desbordamiento de la cuenca del río Bombonaza. Así también, la escasez de alimentos en comunidades Épera, Chachi de la costa y Shuar y Waorani, que son aun más propensas a contagiarse por la presencia de industrias extractivas y agroindustriales, las cuales merman su capacidad de supervivencia por la destrucción de sus medios de vida tradicionales.
Entre las preocupaciones de las organizaciones está la vulneración a los derechos colectivos de consulta previa, libre e informada por el avance de industrias extractivas, así como, los riesgos a la vida e integridad de los Pueblos en Aislamiento en Aislamiento Voluntarios, que actualmente se encuentran amenazados por las actividades petroleras y maderas. Otro de los temas tratados fueron los factores de violencia estructural que enfrentan los pueblos indígenas transfronterizos de Colombia, Perú y Ecuador frente al abandono estatal, la presión de actividades extractivas, la presencia de grupos ilegales y la militarización de los territorios. Además, la situación de precariedad y abandono de poblaciones indígenas que viven en contextos urbanos.
Además, se alertó sobre la falta de garantías jurisdiccionales en varios casos de vulneración de derechos ya mencionados, así como el abuso de los estados de excepción, que han limitado la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de reunión y asociación, dotando al Ejecutivo de facultades excepcionales para adoptar medidas económicas que han sido duramente criticadas por las organizaciones sociales y han sido objeto de acciones de impugnación ante la misma Corte Constitucional.
En el marco de esta Audiencia Temática y tras las exposiciones de las organizaciones indígenas y del Estado, los relatores de la CIDH realizaron preguntas al Estado relacionadas con los procedimientos de participación, los protocolos específicos de atención sanitaria, los impactos diferenciados para mujeres, niñas, niños y adultos mayores, garantías de duelo, el avance de las actividades extractivas durante la pandemia y garantías de educación. Sin embargo, las aparentes justificaciones -que no respondieron a ninguno de los temas- son un claro desconocimiento a las denuncias realizadas por los Pueblos Indígenas, que demostraron que no sólo perdieron a sus abuelos, memoria de su cultura, sino que hubo una deliberada exacerbación de las actividades extractivas, una nula consideración a las dinámicas transfronterizas, la desprotección al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, una sistemática violación de los derechos colectivos y de la naturaleza.
Lo más grave de la intervención del Estado es que demostraron que, desde su lado, no existe consideración sobre estándares mínimos para una vida digna, ni con relación al acceso a los derechos a la salud, a la educación y otros, mucho menos con relación a la ruptura que generaron en sus rituales propios las disposiciones sobre el manejo de cadáveres con Covid-19, y los consecuentes efectos psicosociales. Asimismo, los representantes del Estado intentaron justificar de forma inadecuada procesos de consulta y consentimiento con llamadas telefónicas y reuniones de socialización sobre protocolos construidos tras varios meses de la declaratoria de emergencia pandemia y después de que las estructuras organizativas indígenas ya contaban con protocolos propios avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, las organizaciones señalaron que la negligencia estatal frente a la emergencia refleja la crisis institucional del Estado y la falta de políticas sociales interculturales y plurinacionales, esto ha obligando a las organizaciones indígenas y sociales a concentrar todos sus esfuerzos en la coordinación de apoyo humanitario para sobrellevar la crisis sanitaria, económica y climática.
Citas de la delegación indígena que intervino en la Audiencia Temática
Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFENIAE
“La población indígena urbana se encuentra fuera y distante de su territorio ancestral por razones de desplazamiento socioeconómico o por conflicto armado. Enfrentan desafíos para la pervivencia cultural; en su mayoría se encuentran en condiciones económicas precarias o de pobreza. Ninguno de nuestros llamados ha recibido respuesta efectiva por parte de los gobiernos y las acciones de atención siguen siendo desarticuladas y carecen del enfoque diferencial”.
Nemonte Nenquimo, dirigente Waorani de Pastaza
“Las empresas petroleras estaban trabajando durante la pandemia y ahí fue el primer contagio. Nuestros hermanos Tagaeri – Taromenane viven ahí. Solicitamos que se respete nuestro pedido de Medidas Cautelares desde la CIDH porque el Estado ecuatoriano no ha cumplido la sentencia que debía proteger nuestra vida y la de los hermanos no contactados. Nuestro territorio es nuestra decisión, nuestro territorio no está de venta. Exigimos que nos escuchen y hagan que el gobierno ecuatoriano actúe”.
Tupak Viteri, presidente del Pueblo Kichwa de Sarayaku
“Las actividades extractivas en Ecuador en el contexto de la pandemia no se han detenido. Incluso en algunos casos aumentaron, a partir de la decisión del gobierno de declararlas actividades esenciales y/o estratégicas mediante el Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020. Por otro lado, autoridades del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables vienen advirtiendo la promulgación del “reglamento para la consulta previa, libre e informada de las comunidades en el caso de las actividades mineras está casi listo” vía decreto ejecutivo. Este reglamento no ha sido realizado con participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Justino Piaguage, presidente de la Nación Transfronteriza Siekopai.
“Para nosotros, los abuelos significan mucho. Un abuelo que muere no muere sin sabiduría, ese abuelo o esa abuela transmiten el conocimiento. En nuestra Nación, murió un abuelo que tenía el conocimiento en la medicina ancestral, la otra abuela era la historiadora de nuestra Nación; falleció un profesor, hijo de un arquitecto tradicional que también murió. Sobre las fronteras, debemos decir que para nosotros nunca hay fronteras, nuestros hermanos están al otro lado del río, cuando se militarizan las fronteras se imposibilita la solidaridad entre nosotros. El Estado lo pinta todo lo bonito, no sé en qué país habitamos nosotros”.
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