Audiencia Suspendida: Estado Y Empresas Ocp Y Petroecuador No Han probado Que Actuaron Debidamente Antes, Durante Ni Después Del Derrame De Crudo En La Amazonía
La demanda de acción de protección con medidas cautelares presentada por accionantes individuales y comunitarios, organizaciones indígenas, de DDHH y eclesiales a favor de comunidades indígenas afectadas por el derrame de al menos 15.800 barriles de crudo y combustibles, ocurrido el pasado 7 de abril, se instaló el pasado martes 26 de mayo y debía continuar hoy, 1 de junio, con la presentación de la prueba de los accionados.
Lamentablemente, hoy, martes 1 de junio de 2020, el juez Jaime Oña dispuso la suspensión de la audiencia debido a problemas de salud en su equipo técnico. Se prevé que hasta este miércoles, 2 de junio, se informe sobre la continuación del proceso. Ante esto, expresamos nuestra solidaridad con las funcionarias y funcionarios de la judicatura y entendemos que su situación médica merece un tratamiento oportuno, adecuado y suficiente, como le corresponde a todo habitante de este país.
A la vez, recordamos a las autoridades la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran al menos 27 mil personas indígenas por el derrame de crudo y combustibles, quienes llevan más de dos meses sin acceso a fuentes de agua segura y suficiente, a alimento y a la debida atención médica integral, todo esto, en medio de la pandemia del COVID-19 y un creciente brote de dengue que azota a la Amazonía por la fuerte temporada invernal.
La audiencia hasta el momento:
La defensa legal de las comunidades afectadas estableció en sus alegatos y con prueba documental aportada que la vulneración de derechos ocurrió antes, durante y después del derrame, de forma agravada, por la ocurrencia de varios elementos. El antes, por la falta de atención efectiva al riesgo inminente que corrían las tuberías, tras el colapso de la cascada de San Rafael, ocurrido el 2 de febrero, debido a que este evento exacerbó el proceso de erosión regresiva del río Coca, produciendo el derrumbe y rotura de los tubos el 7 de abril; el durante, por la falta de implementación de mecanismos de alerta oportuna y efectiva sobre el derrame por parte del Estado y empresas petroleras; y el después, por la tardía, insuficiente e inadecuada respuesta a los impactos negativos en los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación y soberanía alimentaria, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y derechos de la naturaleza.
Asimismo, se probó que el Estado ecuatoriano y las empresas EP Petroecuador y OCP no adoptaron medidas razonables frente al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato, faltando a su obligación de prevención y debida diligencia. Tampoco cumplieron con su función de regular, supervisar y fiscalizar las actividades como el establecimiento de planes de contingencia, medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.
Por ello, la parte accionante exige que las medidas de reparación integral respondan a los más altos estándares vigentes en un Estado garantista y que, tanto las instituciones estatales como las empresas operadoras, garanticen la no repetición de las múltiples vulneraciones a derechos de individuos, colectivos y la naturaleza evidenciadas en el caso.
Por su parte, la defensa técnica del Estado y las empresas respondieron a la demanda, alegando que estos hechos se produjeron como un evento fortuito o de fuerza mayor, con lo cual pretenden negar su conocimiento de la existencia de un riesgo potencial. En sus intervenciones, han minimizado los testimonios de expertos y de las víctimas, señalando que sus problemas de salud responden a “su propia negligencia”.
De esa forma, los juristas argumentaron que, una vez ocurridos los hechos, han actuado según sus protocolos; es decir, han entregado a la población kits de alimentos y agua, dando a entender que sus actuaciones se enmarcan en actos de beneficencia y no en las obligaciones derivadas de la responsabilidad generada por sus omisiones y actos.
En ese sentido, nos preocupa la independencia procesal en este caso, ya que hemos podido observar en estos cuatro días de audiencia que las y los abogados del Estado (Ministerios de Energía, Ambiente, Salud, y la Procuraduría del Estado) defienden abiertamente a las operadoras Petroecuador y OCP. Esto, por lo menos, contradice la necesaria independencia y distancia que los entes de control (Energía y Ambiente) deben guardar respecto de sus supuestas controladas.
La realidad de las comunidades se expuso en la audiencia:
Para estar presentes y dar su testimonio, representantes de al menos 16 comunidades ribereñas afectadas que pudieron llegar desde sus territorios hasta el Vicariato Apostólico de Aguarico, lugar de concentración para conectarse a la audiencia telemática, tuvieron que viajar, alrededor de seis horas, algunos por vía fluvial y otros por vía terrestre.
Estos representantes relataron al juez constitucional que no pueden bañarse en el río, ni pescar, ni consumir de él; es más, no pueden no pueden utilizar el agua para la elaboración de la chicha y guayusa, elementos fundamentales en la vida comunitaria kichwa. Afirmaron, además, que hay una fuerte pestilencia en las riberas y en las chacras.
Las dotaciones alimenticias son insuficientes para el grupo familiar al que están dirigidos, y resultan nutricionalmente inadecuadas y ajenas a la dieta kichwa. Por ejemplo, las operadoras afirman haber entregado 820 mil litros de agua para consumo humano; sin embargo, estos se encuentran por debajo de los mínimos diarios de 7.5 litros por persona al día, en contextos regulares y 15 litros, por la pandemia mundial, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay familias que indican haber recibido dos pacas de agua que equivaldrían a dos vasos por día para cada persona en familias con al menos 7 integrantes.
En cuanto a la alimentación, las comunidades afectadas consumen, en promedio, 25 pescados a la semana por familia. Las empresas les entregan un kit para un mes, que contiene una lata de atún o de sardina e insumos que alcanzarían únicamente para dos días. Además, persisten denuncias de que personas que se presentan como funcionarios de las empresas petroleras han visitado algunas comunidades para entregar kits alimenticios, y con eso, estarían obligando a las personas a renunciar, por escrito, a cualquier reclamo relacionado con la entrega de
alimentos.
También, las empresas afirman haber realizado “valoraciones médicas” a cerca de 2 mil habitantes cerca de las riberas; sin embargo, no hay evidencias de que estén monitoreando la salud de las personas, pese a que los estudios científicos alertan sobre impactos agudos y crónicos en personas expuestas a contaminación por petróleo. Estos incluirían, ansiedad, depresión, enfermedades de piel, alteraciones genéticas y hormonales que pueden llevar al cáncer, complicaciones en la salud sexual y reproductiva como abortos, cáncer de próstata y alteraciones hormonales.
La ingesta de pescado contaminado y el contacto con el río, en ausencia de fuentes de agua suficiente, sería la causa de la proliferación de afecciones en la piel, vómito, dolor de cabeza y ardor de los ojos, detectados en habitantes amazónicos afectados por contaminación por crudo, en otras ocasiones. De acuerdo con los testimonios, para la atención de alrededor 60 familias, por ejemplo, ha llegado sin previo aviso una brigada compuesta por dos personas, un médico y una enfermera, sin medicamentos apropiados, solo con paracetamol, jarabes de vitaminas y antiparasitarios, y el tiempo de atención a toda la comunidad ha sido de dos horas.
Nuestro pedido como organizaciones de acompañamiento:
Las organizaciones indígenas, eclesiales, de derechos humanos y sociales que acompañamos como accionantes a las personas afectadas, y las defensoras y defensores de derechos humanos que asumimos su defensa técnica, reiteramos que los demandados cometieron una serie de actos y omisiones, vinculadas principalmente al hecho de que el Estado conocía del riesgo y omitió tomar medidas frente a la interrupción del flujo de agua en la cascada San Rafael y las advertencias de expertos y que sus actuaciones una vez ocurridos los hechos tampoco resultan eficientes, efectivas, oportunas, idóneas y pertinentes.
Por ello, en pro del respeto al debido proceso y a la pronta justicia, insistimos en la urgencia de que el juez de esta causa se pronuncie sobre la petición de medidas cautelares para preservar la vida, salud y alimentación de las víctimas, en riesgo desde el 7 de abril. La tardanza en su emisión desdice la naturaleza cautelar de esos instrumentos de protección y prevención.
Así también, exigimos el cese del hostigamiento a las comunidades que, valientemente, decidieron plantear esta demanda y al equipo de acompañamiento que acaba de sufrir un ataque digital anónimo durante la rueda de prensa convocada para informar sobre el proceso.
Contacto: Yuli Gaona – Comunicación Alianza por los Derechos Humanos- 0980916690
Waorani People of Ecuador’s Amazon File Lawsuit Against Government Amid COVID-19 Crisis In Their Territory and First Death of Elder
“We are living through a real nightmare.
We Waorani are humans, and although the oil that fuels big cities comes from our lands,
where our ancestors are buried, we are all but forgotten”.
21 may 2020. Puyo, Ecuador – We are jaguar warriors and ancient guardians of the forest, and for thousands of years, we have lived free from disease. But after the first contact with the Western world, disease arrived into our lands, and over time, our territories were invaded by oil companies and loggers, who, in complicity with the governments in power, not only extracted our resources, but also left us with disease, death and contamination. Today, over one year on since our historic victory protecting a half million acres of pristine Amazon rainforest against oil exploitation, we are organizing to fight and overcome this health crisis throughout our entire territory, a crisis which only exacerbates the existing threats to our existence as a people.
The COVID-19 virus is rapidly spreading in our territory. To date, at least nine cases have been confirmed in the community of Miwaguno and three cases in communities along the Via Auca oil road in the province of Orellana. Many more people are reporting symptoms related to the virus in communities including Toñampare, Meñepare, Obepare, Nemompare and Bataboro, in the Pastaza province; Gareno, Konipare, in the province of Napo; Miwaguno, Yawepare, Guiyero and Dicaro, in the province of Orellana. In the face of this crisis, we publicly denounce the inaction of the Ecuadorian government, which has failed to take prompt action despite our alerts and has failed to establish a concerted emergency protocol in our communities. Despite our continued warnings regarding the risks that we face since the beginning of the national emergency and lockdown, the oil companies’ operations, and the legal and illegal logging of our forests has continued, putting our people and relatives in voluntary isolation at imminent risk of physical and cultural extermination.
We speak out for our relatives who live in voluntary isolation. Today, our Waorani organizations of NAWE and CONCONAWEP, hand in hand with organizations of the Alliance for Human Rights, are filing a lawsuit against the Ecuadorian government to demand precautionary measures. Our lawsuit is specifically directed at Ecuador’s President Lenín Moreno and Vice President Otto Sonnenholzner, as well as the National Emergencies Operations Committee (COE), the Ministry of Health, the Secretariat of Human Rights and the Ministry of Environment and Water.
In our lawsuit, we demand that URGENT actions be developed and duly agreed with our own Authorities, and coordinated between the aforementioned National authorities and the regional Emergencies Operations Committee (COEs). These actions must be aimed at responding to and containing the COVID-19 virus in our territory, and in this way, to also protect our lives and those of our relatives living in voluntary isolation. Several of our communities with confirmed COVID-19 cases are located in close proximity to the Tagaeri Taromenane “Intangible” or Untouchable Zone (ZITT) within Yasuní National Park. Our relatives are at grave risk because they walk the same paths we do in the forest, and they occasionally come into our territories to collect objects, pots and machetes.
We demand that the government prioritize attention to our people, instead of only attending to the needs of big cities. Our local health centers need to be adequately supplied, it is simply useless for doctors to arrive in our territory without the proper equipment. We also demand that extensive testing be carried out in all of our communities, and we demand an immediate moratorium on all extractive activities in our territory, due to the risks that these have already caused to our health.
Over sixty days ago, our national Waorani organizations and authorities had already sounded the alarm to the Ecuadorian government about the grave risk we face as a recently contacted people and the vulnerability of our immune system to new diseases. We intensified our alerts and pleas to the government as we witnessed the ongoing extractive activities (oil and logging) in our territory, which, despite these not being essential activities, continued “business as usual” amid national lockdown.
In addition, we sent several communications to local authorities, in which we expressed our deep concern about the lack of consultation with our own Authorities to develop protocols; We asked that the money from the governmental Amazon Fund be invested in resources and assistance for our people: for example, the provision of biosafety kits and food supplies in order to allow our people to stay at home in their communities, and the delivery of urgent tests and medical attention when our people started to get sick.
While the Ministry of Health did reach out to us, in essence, their response has been culturally unsuitable in the face of the gravity of the emergency we face and inadequate to the context in which we live: our territory extends across three geographically distant provinces, Napo, Pastaza and Orellana. Instead of establishing a committee managing comprehensive and multidimensional care, we were asked to coordinate with different Provincial officials, depending on where our suspected contagions were being reported. The Ecuadorian government has done little to nothing to guarantee our rights to health, life, self-determination and other fundamental rights.
However, we have continued to self-organize, and, exercising our right to self-government, we have developed our own protocols, self-managed humanitarian aid for our population, and used our ancestral medicine to increase our defenses and heal ourselves from disease. We have also established our guardia (land patrol) at strategic points in our extensive territory – in order to monitor and control the entry of third parties into our territory, which puts our lives at risk.
Over the past days, we have been receiving increasing reports from community leaders about the deterioration of the health of our young people and, most worryingly, of our Pikenani (traditional authorities, wise people). We are mourning the first death of one of our elders: Carlos Bay Ima, who died after twelve days of sickness, without the ability to access a local hospital. The passing of our elder is an immense sorrow for our people. He was a great defender of the Waorani territory, and his work to protect our forest was criminalized by the State years ago when he was arrested and accused of terrorism.
Our Pikenani are vital for our culture. The Pikenani support our life as a nation, they taught us the medicine with which today we use to overcome the oblivion of the State. The Pikenani protect the forest – they care for it, while the State instead only appears to exploit the natural resources in our territory, such as oil and hardwoods. In these dark times, we remember this song of our Pekinani, during a large assembly in our communities in 2015: “We are the voice, we are the forest, we are the territory, we are life.”
DECLARATIONS:
“In the face of this sanitary crisis which threatens the lives of indigenous peoples, the actions of the Ecuadorian Government are proving to be useless and counterproductive. The government has abandoned us and is not actively coordinating with our indigenous leaders. The virus is already invading our territory, it is an emergency that requires immediate action, but instead, the government’s attention is turned towards the big cities, and they have left indigenous communities in the forest to fend for themselves in this pandemic. They are also building a tremendous bureaucracy that hinders positive responses and is not providing adequate medical care. In order to make up for their lack of testing and proper equipment, the Health Ministry officials are telling our communities that they just have a simple flu, when we know well that this is the coronavirus”.
– Gilberto Nenquimo, President of the Waorani Nation of (NAWE)
“How is it possible that during a global pandemic that threatens people’s lives, the government continues to extract oil from indigenous territories, thus exposing us to the coronavirus? It is clear that they care more about money than our lives. The first Waorani communities infected with coronavirus are located along the oil roads. Oil pollutes our rivers and causes climate change, and now it is bringing more diseases to our territory. The government has to respect the Waorani people’s right to life, and also our Tagaeri and Taromenane relatives. They must stop all oil operations in our territories.”
– Nemonte Nenquimo, President of the Coordinating Council of the Waorani Nationality of Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP)
“The untimely death of our Pekinani is a loss that we will never recover from. They spiritually return to the forest as jaguars and continue on as guardians of the forest from another world. But when they die, they take with them the knowledge of our history, our culture, our territory, our spirituality, our medicines – everything. They know that we have always faced threats to our territory, from invasions to oil companies and diseases. Today, it is no different and we will continue to fight, resist and govern our territory. I see that without pressure from our leaders, there are no government actions. Without pressure, there is no response. And this has always been the case, it’s not only like this now for the coronavirus. In the Amazon, we are united to defend a single path, to put pressure on the governments that come to destroy our territory and our lives. Only together will we overcome the disease, and we will fight for our rights.”
– Oswando Nenquimo, Waorani leader and spokesperson from Pastaza
For more information, to coordinate interviews with Waorani leaders or other questions, contact: Sophie Pinchetti at +593 98 148 4873
sophie@amazonfrontlines.org
Nacionalidad Waorani Denuncia Negligencia Estatal y Presenta Acciones Legales por Propagación de COVID-19 y Fallecimiento de Pikenani con Síntomas Asociados
“Estamos viviendo una pesadilla. Los Waorani somos humanos,
El petróleo para las grandes ciudades sale de nuestras tierras,
De donde están enterrados nuestros abuelos, pero estamos olvidados”
21 de mayo de 2020. Puyo, Ecuador – Somos guerreros, jaguares y guardianes milenarios de la selva, durante miles de años, vivimos libre de enfermedades. Después de contacto con el mundo occidental llegó la enfermedad, y con el tiempo, nuestros territorios han sido invadidos por petroleras y madereros que -en complicidad con el gobierno de turno- no sólo extraen nuestros recursos, sino nos dejan enfermedades, muerte y contaminación. Hoy, más de un año después de nuestra victoria histórica protegiendo 180,000 hectáreas de selva amazónica prístina contra la explotación petrolera en Pastaza, nos estamos organizando para luchar y superar esta crisis sanitaria en todo nuestro territorio. Crisis que exacerba las amenazas existentes contra nuestra existencia como pueblo.
Frente a la propagación ya confirmada en nuestro territorio con nueve casos covid-19 en Miwaguno y tres en las comunidades de la vía Auca, en la provincia de Orellana, y de varios sintomáticos relacionados con este virus en las comunidades de Toñampare, Meñepare, Obepare, Nemompare y Bataboro, en la provincia de Pastaza; Gareno, Konipare, en la provincia de Napo; Miwaguno, Yawepare, Guiyero y Dicaro, en la provincia de Orellana, denunciamos públicamente que el Estado ecuatoriano no ha actuado oportunamente a nuestras alertas y no ha establecido de manera concertada un protocolo de emergencia en nuestras comunidades. Al contrario, pese al riesgo que venimos advirtiendo desde el inicio de la emergencia las operaciones de las petroleras, la tala legal e ilegal de nuestros bosques ha continuado, lo cual nos pone en riesgo inminente de exterminio físico y cultural tanto a nuestra Nacionalidad como a los pueblos en aislamiento voluntario.
Asumimos también sus voces como nuestras y anunciamos que como NAWE, CONCONAWEP y organizaciones aliadas de la Alianza por los Derechos Humanos presentamos una acción de medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano, específicamente dirigidas hacia el Presidente Lenín Moreno y el Vicepresidente Otto Sonnenholzner, como responsables del COE Nacional, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Ambiente y del Agua.
En nuestra demanda, exigimos que se desarrollen acciones URGENTES, debidamente concertadas con nuestras Autoridades propias y coordinadas entre las referidas autoridades Nacionales y los COE seccionales. Estas deben estar encaminadas a atender y contener el covid-19; por tanto, a proteger nuestra vida y la de los pueblos en aislamiento voluntario. Pues, algunas comunidades que registran sospechosos de covid-19 están muy cercanas a los senderos de la zona intangible por donde transitan Tagaeri y Taromenane. Estos pueblos hermanos están en riesgo porque recorren también nuestros caminos, y, en ocasiones, se acercan a nuestros territorios a coger objetos, ollas, machetes.
Exigimos que se priorice nuestra atención, no sólo la atención de grandes ciudades; que se equipen los subcentros de salud, porque de nada sirve tener médicos que no cuentan con los instrumentos necesarios. De igual forma, pedimos testeo masivo en todas las comunidades waorani y paralización de las actividades extractivas en nuestro territorio, por el riesgo que han traído para nuestra salud.
Esta demanda tiene lugar, porque desde el inicio de la emergencia sanitaria, hace más de 60 días, como Autoridades de la Nacionalidad Waorani alertamos al Estado ecuatoriano del riesgo que enfrentamos como pueblo en reciente contacto debido a nuestro sistema inmunológico más frágil ante enfermedades nuevas. Alertas que se volvían insistentes al corroborar que las actividades extractivas (madereras y petroleras), pese a no ser actividades esenciales, continuaban desarrollándose en medio de nuestros territorio.
Además, enviamos varias comunicaciones a las autoridades locales, en las que evidenciamos nuestra profunda preocupación por la falta de concertación con nuestras Autoridades propias para desarrollar protocolos; pedíamos que se invierta el dinero del fondo común amazónico también con nuestra Nacionalidad tanto en dotaciones de kits de bioseguridad y en kits alimenticios que permita a nuestra gente quedarse en las comunidades. Insistimos en la necesidad de coordinar la aplicación de pruebas diagnósticas y de atención cuando nuestros hermanos empezaron a enfermar.
Pese a que el Ministerio de Salud, estableció canales de comunicación con nosotros, ha proporcionado respuestas poco efectivas, pero, en esencia, culturalmente poco aptas frente a la gravedad de la emergencia y al contexto en el que se desarrolla nuestra vida -territorio extendido en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana) y geográficamente distante-. En lugar de establecer un comité que gestione la atención integral y multidimensional, nos pedían coordinar con distintos funcionarios en función de la provincia donde se iban reportando los sospechosos de contagio. Reiteramos que el Estado ecuatoriano poco o nada hace para garantizar nuestros derechos a la salud, a la vida, a la autodeterminación y a otros derechos fundamentales.
No obstante, ejerciendo nuestro derecho al autogobierno, desarrollamos nuestros propios protocolos, auto gestionamos ayudas humanitarias para nuestra población y usábamos nuestra medicina ancestral para incrementar nuestras defensas y curarnos cuando había indicios de enfermedad. Asimismo, establecimos un sistema de guardianía en diferentes puntos de nuestro extenso territorio, misma que evita el ingreso de terceros que nos pone en riesgo.
Con los días, aumentaron los reportes de los dirigentes comunitarios sobre el deterioro de la salud de nuestros jóvenes y, lo más preocupante, de nuestros Pikenani (autoridades tradicionales, sabios) y, actualmente, lamentamos la muerte de uno de ellos, Carlos Bay Ima, quien murió tras 12 de estar enfermo y sin poder llegar al Hospital de El Coca. La muerte de este abuelo golpea a nuestra Nacionalidad, porque él era un defensor del territorio Waorani, siendo, incluso, detenido y acusado de terrorismo años atrás por ejercer su derecho a proteger la selva.
Nuestros Pikenani son vitales para nuestra cultura. Ellos sostienen nuestra vida como Nacionalidad, ellos nos enseñaron la medicina con la que hoy suplimos el olvido del Estado. Ellos protegen la selva, la cultivan; en cambio, el Estado, aparece solamente cuando necesita los recursos naturales que se encuentran en nuestro territorio, como el petróleo y otros recursos. En estos tiempos oscuros, recordamos este canto de nuestros Pekinani, durante una grande asamblea de nuestras comunidades en 2015: “Nosotros somos la voz, nosotros somos la selva, nosotros somos el territorio, somos la vida”.
Decalraciones:
“Frente al crisis sanatorio que nos arriesga la vida a los pueblos originarios, el accionar del Gobierno Ecuatoriano está resultando inútil y contraproductiva, por el simple hecho que no están coordinando activamente con los líderes indígenas, y están dejando a nosotros en el abandono. El virus ya está invadiendo en nuestro territorio, es una emergencia que requiere acción inmediata y contundente, pero el gobierno está atendiendo más a las personas de las ciudades, y dejando a las comunidades indígenas en la selva, como siempre, para defenderse por sí solos. Además están montando una burocracia tremenda que obstaculiza las respuesta positivas y no están brindando atención médica adecuada. De hecho, sin herramientas y pruebas, el mismo ministerio de salud está diciendo a nuestras comunidades que solo tienen gripe simple nomas, cuando en la actualidad se trata del mismo coronavirus.”
– Gilberto Nenquimo, Presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE)
“Cómo es posible que durante una pandemia global que amenaza a la vida de los pueblos, el gobierno sigue extrayendo petróleo de los territorio indígenas, y así exponiendonos al coronavirus? Pues, es claro que les importa más el dinero que nuestras vidas. Las primeras comunidades Waorani contagiadas con coronavirus están en las vías petroleras. El petróleo contamina nuestros ríos y causa cambio climático, y ahora está trayendo más enfermedades a nuestro territorio. El gobierno tiene que respetar el derecho a la vida del pueblo Waorani, y también de nuestros hermanos y hermanas los Tagaeri y Taromenane. Deben parar todas las operaciones petroleras en nuestros territorios”.
– Nemonte Nenquimo, Presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – Pastaza (CONCONAWEP)
“La muerte de nuestros Pikenani es una perdida que nunca vamos a recuperar. Regresan espiritualmente a la selva, se convierten en jaguar, luego son defensores y siguen protegiendo desde otro mundo. Pero se van llevando el conocimiento de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra espiritualidad, nuestras medicinas – todo. Los Pikenani saben que siempre hemos enfrentando las amenazas que llegan a nuestro territorio, desde las invasiones hasta las empresas petroleras y las enfermedades. Hoy, no es diferente y vamos a seguir luchando, resistiendo y gobernando nuestro territorio. Veo que sin insistencia de nuestros líderes, no hay acciones del gobierno. Sin presión, no hay respuesta. Y la situación ha sido siempre, no es sólo para el tema de coronavirus. En la Amazonía, estamos unidos para defender un solo camino, para presionar a los gobiernos que vienen destruir nuestro territorio y nuestras vidas. Sólo unidos venceremos la enfermedad, y haremos respetar nuestros derechos”.
– Oswando Nenquimo, Vocero Waorani de Pastaza
CONTACTOS
Voceros:
- Gilberto Nenquimo, Presidente de NAWE – +593 997 136 419
- Nemonte Nenquimo, Presidenta de CONCONAWEP – +593 979 709 411
- Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967 454 032
- María Espinosa, Defensora DDHH, Abogada de Amazon Frontlines & Asesora de la Nacionalidad – +593 986 338 495 (sólo whatsapp)
Para obtener más información, entrevistas o solicitudes de fotos/videos, comuníquese con:
- Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873
- Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867
Urge atención humanitaria y en salud en territorio de la Nacionalidad Waorani debido a la confirmación de casos Covid-19 y el registro de población sintomática en varias comunidades
La Organización de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza (CONCONAWEP), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); así como, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta expresamos nuestra preocupación debido a la confirmación de un caso Covid-19 de una mujer waorani, de aproximadamente 21 años, que vive en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Comunidad en la que el día de hoy ingresó un grupo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar acciones de verificación.
Este caso fue confirmado el jueves, 14 de mayo de 2020. Sin embargo, preocupa que, de acuerdo al permanente monitoreo de las autoridades políticas waorani, estamos frente a una posible propagación del virus en varias comunidades. Se han detectado a varios integrantes de la Nacionalidad con sintomatología asociada al COVID-19, específicamente, en las comunidades de Conipare y Gareno, en Napo; Miwaguno, en Orellana; y Toñampare, en Pastaza. Hasta la fecha, no se realizan pruebas diagnósticas para confirmar o descartar COVID-19, tampoco existe respuesta humanitaria, que aseguren que las personas y comunidades guarden aislamiento con garantías.
La Nacionalidad Waorani es un grupo de reciente contacto, aproximadamente, desde los años cincuenta. Por tanto, su memoria genética inmunológica es frágil y la propagación de este virus en su territorio localizado en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana) podría ser catastrófica y altamente letal. Los y las pikenani (abuelos de la Nacionalidad) no poseen defensas que les permita resistir y generar anti-cuerpos para combatir varias enfermedades, entre ellas este nuevo virus, al que incluso miles de personas mestizas e indígenas de mayor contacto con occidente no han podido sobrevivir. Una amenaza a la vida de los pikenanis es una amenaza a la cultura waorani, pues, en ellos y ellas, se encuentra la cultura viva, el gobierno, la cosmovisión, las tradiciones y el lenguaje de este pueblo.
La expansión de la pandemia en la nacionalidad waorani también pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Estos clanes suelen acercarse a las comunidades waoranis, en ocasiones, toman objetos o recorren la zona, por lo que el riesgo de su contagio de COVID-19 está latente. Así también, estos pueblos no disponen ningún tipo de defensas frente a las enfermedades de la sociedad que les rodea.
Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19, esta misma Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras organizaciones aliadas hemos advertido de manera reiterada al ejecutivo y a los COE Nacional y Provinciales sobre el riesgo de este virus para las poblaciones indígenas, que ya enfrentan situaciones de vulneración multidimensionales y sistemáticas. Las organizaciones indígenas, asimismo, se han comprometido públicamente en ser partícipes en las políticas para afrontar la pandemia, en participar, en una mesa técnica de alto nivel para crear protocolos, sin que este pedido haya sido tomado en cuenta.
Por otro lado, preocupa que en los cantones y provincias en donde hay presencia de la nacionalidad waorani ya se habla de cambios en la semaforización, entre ellas, los cantones de Arajuno y Aguarico. En estas zonas, inclusive, sus autoridades prevén reducir el nivel de riesgo implementando semáforo verde para sus actividades. Las discusiones del cambio de semaforización a nivel nacional no son distintas, las autoridades del gobierno nacional del Ecuador han hecho un llamado insistente a que la reactivación económica es un paso urgente a dar para recuperar las pérdidas económicas que ha sufrido nuestro país.
Ante la propuesta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de flexibilizar las medidas de movilidad manifestamos que los pueblos y nacionalidades de la Amazonía son doblemente vulnerables y, por tanto, deben ser protegidos ante la amenaza real del COVID-19. Insistimos en que estas decisiones no han sido concertadas y tampoco socializadas con las y los ciudadanos, mucho menos con las autoridades de la nacionalidad waorani.
Enfatizamos que esta circunstancia pone en grave riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos milenarios. Igualmente, estas decisiones tan sólo ahondan en inobservancias, mucho más cuando en estas últimas semanas se han confirmado varios casos dentro de poblaciones indígenas. Sin que esto haya derivado en atención integral a estas poblaciones.
Es importante recordar la advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud referente a que el levantamiento prematuro del confinamiento podría generar un rebrote de contagios con efectos mortales para la población, considerando que, al momento, no existen en los cantones servicios de salud preparados para enfrentar los casos graves ni suficientes camas de terapia intensiva a nivel nacional. Esto significa que, al momento, pocos casos podrían representar una catástrofe con consecuencias fatales. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha sido enfática al respecto advirtiendo que “si la reapertura de las sociedades se maneja mal, los sacrificios hechos durante el cierre inicial habrán sido en vano. Dejar que la política o la economía dirijan la respuesta de COVID19 a expensas de la salud y los Derechos Humanos costará vidas”.
Al ser los GAD responsables de garantizar el ejercicio de derechos, la toma de decisiones debe ajustarse a criterios técnicos que representan las condiciones reales del territorio; de lo contrario, la autoridad estaría poniendo en riesgo la salud y la vida de las comunidades locales que al momento sufren varias vulneraciones de derechos.
Recordamos que, dentro de los COE cantonales, la función de la instancia desconcentrada del MSP, en una emergencia de salud, es brindar las orientaciones técnicas que permitan gestionar la crisis de forma integral. No sólo en la mesa técnica 2 (salud, por ser competencia exclusiva del gobierno central), sino en todos los aspectos de la crisis, porque la salud es un derecho que exige la realización de otros derechos.
En ese sentido, llamamos a las autoridades seccionales a que la transición a efectuarse debería conllevar la adopción e implementación de medidas adecuadamente planificadas con los distintos niveles de gobierno, incluyendo a las autoridades políticas de la Nacionalidad, con el fin de desarrollar planes de respuesta tanto para mitigar los riesgos actuales de la pandemia como para enfrentar un eventual rebrote. Es crucial que el sistema de salud cuente con suficiente capacidad instalada, recursos humanos, insumos y demás medios ante un eventual incremento de los contagios derivado de un potencial levantamiento del confinamiento.
Así, le exigimos al gobierno ecuatoriano implementar atención urgente en salud, en tres niveles: prevención, contención y tratamiento para la población Waorani, considerando que ya existe contagio y sospecha de propagación en este territorio. Es elemental también considerar el contexto cultural del manejo de la pandemia, tales como el idioma y la ubicación geográfica, ya que las zonas en las que se encuentran varios miembros de la nacionalidad son puntos de difícil acceso. El Estado está obligado a garantizar el ingreso seguro, así como también la logística para las salidas que se presenten frente a posibles contagios y atención en casos de emergencia.
Reiteramos también en la necesidad de formalizar la participación de las autoridades políticas de la Nacionalidad Waorani en los COE, garantizando la protección y defensa de su derecho a la vida, a la salud y la alimentación.
A efectos de respuesta frente a los casos confirmados o los casos sospechosos, requerimos al Ministerio de Salud Pública y a los COE cantonales concernidos:
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En concertación con NAWE, AMWAE, CONCONAWEP, y a la brevedad posible, que los equipos del MSP ingresen a las comunidades en las que hay casos sospechosos, con el fin de realizar la búsqueda de personas con sintomatología asociada y brindar la atención que se requiere, según los protocolos que la misma nacionalidad ha elaborado.
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Realizar procesos de testeo con pruebas rápidas como mecanismo de tamizaje y con pruebas PCR para confirmación de casos.
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Establecer procesos de cerco epidemiológico y aislamiento con garantías humanitarias de acceso a alimentación y a elementos de bioseguridad, que guarden pertinencia cultural.
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Mantener la semaforización en ROJO en todos los cantones donde se encuentren comunidades de la Nacionalidad Waorani.
Datos de Contacto:
Gilberto Nenquimo, Presidente de NAWE – +593 997136419
Nemonte Nenquimo, Presidenta CONCONAWEP – +593 979709411
Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967454032
María Espinosa, Defensora DDHH, Asesora de la Nacionalidad – +593986338495 (sólo whatsapp)
COVID-19 Pandemic Hits Ecuador’s Siekopai People, Raising Threat of Ethnocide Among Indigenous Nations of The Upper Amazon
At least 15 coronavirus cases confirmed among the Siekopai nation, exacerbating risk of cultural and physical extinction
For more information, contact: Sophie Pinchetti at +593 98 148 4873
sophie@amazonfrontlines.org
5th May 2020. Lago Agrio, Sucumbios, Ecuador – At least 15 cases of COVID-19 have now been confirmed among the Siekopai people of Ecuador, often referred to as Secoya, a small Upper Amazonian indigenous nation of less than a thousand people whose rainforest homeland stretches across 25 000 hectares. The cases mark an alarming increase in contagion among Ecuador’s highly vulnerable indigenous communities, and stokes fears of ethnocide for over 500,000 indigenous peoples belonging to 11 nations, who have confirmed at least 24 COVID-19 cases to date.
Yesterday, Siekopai leaders organized a virtual press conference from the Siekopai community of San Pablo to inform the global community about the grave existential threat which COVID-19 poses to their people, who, like other ethnic minorities such as the Kofan, Siona, Waorani and Sapara, are already at risk of cultural and physical extinction.
Community members sounded the alarm on April 14t h following the death of one of their elders in the community of Bella Vista who suffered from COVID-19 symptoms including fever and coughing. Despite seeking medical attention and making urgent appeals to the government after this first suspected COVID-19 death, the Siekopai were not offered testing. On April 15th, one of the elder’s family members was tested with a PCR test and fourteen days later the community was informed that the result was positive for COVID-19. On April 21s t, another elder in the community of Waiya passed away after experiencing COVID-19 symptoms.
After receiving help from allies and human rights organizations to locate and deliver rapid tests, the Siekopai were able to organize testing in three communities with health workers from the Ministry of Health in the region of Sucumbios between the 27t h and 29t h April. The results tested positive for coronavirus for 14 members of the indigenous nation.
The government’s Health Ministry has pledged to provide a contingency plan for the nation in the face of this crisis, but Siekopai leaders have denounced what they feel is an inadequate response: “We can’t be excluded from medical attention. In the 19th century, we were already victims of this type of disease. Today, we do not want to see history repeat itself. It would be tragic for the Ecuadorian State to allow the same disaster to repeat itself in the 21st century”, explains Justino Piaguaje, President of Ecuador’s Siekopai nation. On Monday, the Inter-American Commission on Human Rights called on the Ecuadorian State to urgently “adopt efficient measures to protect the right to health and the integrity of the Siekopai people, as well as other peoples facing similar risks during this pandemic”.
Residing along the lowland rivers of eastern Ecuador and northern Peru, the Siekopai’s recent history has been an all too common one of a forest people who barely survived the diseases of colonial contact in the 17th century, and who have lived on a frontier of constant resource extraction that has ranged from the exploitation of rubber and other tree gums in the early 1900’s to tree-based perfumes and essential oils; jaguar and otter pelts; precious tropical hardwoods; petroleum and gold extraction; and most recently, landscape-level transformation into African oil palm and other mono-crops.
Ecuador’s Siekopai people, along with the Kofan and Siona nations and campesino communities, have been instrumental in leading the historic and ongoing lawsuit against oil giant Chevron-Texaco for the environmental and human damages caused by the company’s deliberate dumping of toxic waste into nearby rivers and streams. Over the past two decades, their resistance efforts have helped to spearhead demands for clean-up of the contamination on their rainforest homelands, the consequence of decades of irresponsible oil exploitation in one of the most biodiverse places on earth.
In the wake of a tragic legacy of foreign pandemics decimating entire indigenous communities and even cultures, indigenous peoples— who have been protecting the Amazon for thousands of years— are one of our planet’s most vulnerable populations. Especially at risk are indigenous elders, the guardians of thousands of years of ancestral knowledge about the Amazon rainforest and how to protect it. The COVID-19 pandemic compounds the threats indigenous peoples face to their cultural and physical survival, exacerbating existing inequalities and systematic rights violations, such as invasions from illegal loggers, poachers and miners and the destructive impacts of fossil fuel extraction and big agriculture.
Several Siekopai families decided to take more drastic measures to escape the virus, and in mid-April they traveled some one hundred miles deeper into the forest to their ancestral heartland of Lagarto Cocha on the border between Ecuador and Peru. “Lagarto Cocha in the past served as a place for our ancestors to protect themselves from invaders and diseases. Today, in the face of similar conditions, it offers us the same safe haven”, explains Justino Piaguaje.
Along with other indigenous nations of Ecuador, the Siekopai are warning of an impending public health calamity in their communities as Ecuador faces among the most aggressive outbreaks in Latin America and one of the highest death tolls in the world. They are demanding an immediate moratorium on any activity that includes the entering of foreign persons into indigenous territories, the development of mining activities, logging, oil exploration and extraction, industrial agriculture, religious proselytization, or increased militarization, especially in transborder territories under pressure from armed actors and organized crime. In April, indigenous communities and organizations in Ecuador also launched an “Amazon Emergency Action Fund (COVID-19)” in order to raise urgent support internationally to help prevent the spread of the coronavirus into indigenous territories, and to guarantee Indigenous peoples’ survival.
The total number of confirmed coronavirus infections among the country’s Amazonian indigenous nations stands at 24, scattered across the two Amazonian regions of Pastaza and Sucumbios. In late April, the Achuar people also confirmed 2 cases, and the Kichwa people of Santa Clara tested positive for 7 cases. However, it is still difficult to determine with certainty the extent of the advance of the pandemic due to a lack of sufficient testing.
Denuncia publica Nacionalidad Sekopai
Nacionalidad Siekopai enfrenta casos de COVID-19 confirmados sin que a la fecha exista un plan de contención por parte de MSP ni asistencia humanitaria desde Carteras de Estado
- Los Siekopai somos una nación transfronteriza entre Ecuador y Perú, con una escasa densidad demográfica. En la actualidad, estamos asentados en seis comunidades: San Pablo de Katëtsiaya, Wa’iya, Bellavista, Siekoya Remolino, Sewaya y Eno, dentro de los cantones Cuyabeno y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. En Ecuador, hemos sido despojados de más del 95% de nuestro territorio ancestral. 1 Según nuestro último censo comunitario, somos 184 familias, con una población de 744 personas.
- Nuestro territorio actual se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos. Todo ello incrementa notablemente los riesgos asociados al COVID-19. A la situación de riesgo por la falta de provisiones y por la presión de terceros invasores, se suma el incremento de actividades ilegales que tienen lugar en nuestro territorio. Así, el pasado, 26 de marzo, a través de una denuncia pública, informamos que encontramos una cantidad importante de pescados envenenados en el río Shushufindi. Evidentemente, estos hechos no son nuevos, sino que se han exacerbado, y agravan más nuestra pervivencia alimentaria.
- Nuestra nacionalidad vive una situación de especial vulnerabilidad con respecto al ejercicio de derechos humanos y colectivos, situación reforzada por nuestra baja densidad demográfica. Estamos expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actividades extractivas 2 o forestales generadoras de despojo. 3 Es decir, se trata de una población que está expuesta a problemas relacionados con la falta de infraestructura de salud, condiciones de abastecimiento alimentario, agua potable y bioseguridad.
- Desde la última semana de Marzo, varias personas de la comunidad desarrollaron sintomatología asociada a COVID-19 (Fiebre, tos, dolor corporal, problemas respiratorios).
- El 9 de abril del 2020, se atiende en Tarapoa una persona Siekopai del Centro Comunal de Waiya, quien es diagnosticado por médico familiar con un cuadro faringo amigdalar + neumonía bacteriana con afección del pulmón derecho, siendo tratado con antibióticos y medidas higiénicas sanitarias correspondientes; y es remitido a su domicilio. Ese mismo día, el personal del MSP visita el domicilio del paciente, encontrándose 2 adultos mayores con cuadro similar de afección pulmonar.
- Estas personas reciben tratamientos farmacológicos en base a antibiótico y sin ninguna otra previsión relativa a COVID-19. No se practican pruebas rápidas o PCR a ninguna de estas personas ni a otros miembros de la comunidad.
- El día 14 de abril, en la comunidad Bellavista, fallece una persona Siekopai adulta mayor con sintomatología coincidente con COVID-19: fiebre y tos tipo influenza. Algunas otras personas de su entorno familiar presentaban sintomatología similar. El 15 de abril se tomó una prueba PCR mediante hisopado nasofaríngeo a una persona del núcleo familiar.
- La prueba fue remitida al INSPI, y tardó 14 días en entregar el resultado positivo.
- El día 17 de abril, por pedido de algunos líderes comunitarios de la nacionalidad, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió una ALERTA, indicando que, en 15 días previos, al menos 20 personas de la comunidad presentaron síntomas asociados al COVID-19. Se hizo énfasis en la urgencia de la presencia del Ministerio de Salud para testeo masivo y las acciones INMEDIATAS del COE Nacional y de la Presidencia de la República.
- Una vez emitida la alerta, personal del Distrito de Salud Cuyabeno tomó contacto con dirigentes de la nacionalidad, indicando que no tienen elementos de sospecha para pensar en casos COVID-19 y, por ello, no se han administrado procesos de testeo rápidos y PCR. Se señaló también que no hay disponibilidad de pruebas en el cantón, y que existe alguna reservada para ser usada si se considera indispensable.
- Desde el día 19 de abril, se realiza el ingreso de personal médico de los distritos de Cuyabeno y Shushudinfi a las comunidades de San Pablo, Wa’iya, Bellavista, quienes toman contacto con varias de las personas sintomáticas, coincidentes con COVID-19. Ese día, se indicó que se trata de cuadros faringo amigdalar o neumonía, y no se tomaron pruebas.
- El día 21 de abril, falleció otra persona adulta mayor de una comunidad Waiya, quien también presentó sintomatología coincidente con COVID-19: fiebre y tos tipo influenza. En este entorno familiar, tampoco se tomaron pruebas rápidas o PCR, a efectos de confirmar o descartar el referido virus.
- El MSP del distrito Cuyabeno nos informó sobre la necesidad de conseguir vía donación pruebas rápidas y PCR, debido a que no cuenta con ellas. En una reunión de trabajo sostenida el día 19 de abril, se señaló que se habían solicitado donación de pruebas rápidas a dos empresas petroleras que operan en la zona. Mientras, por parte de PETROECUADOR, no recibieron respuesta alguna; en cambio, la empresa ANDES indicó no poder ayudar con la petición, pues la misma está fuera de sus protocolos.
Condenamos la respuesta de las petroleras, que se acercan a nuestra nacionalidad y muestran disposición de cooperar solo cuando el apoyo o respuesta comunitaria beneficia sus intereses económicos.
- La propia nacionalidad debió entonces buscar apoyo con aliados para conseguir 50 pruebas rápidas, mismas que fueron entregadas al MSP Distrito Cuyabeno, el día 24 de abril. Entre los días 27 y 29 de abril, el MSP practicó 44 pruebas rápidas, de las cuales 14 aplicadas en personas de la Nacionalidad resultaron positivas.
- De las 44 pruebas rápidas tamizadas, 8 fueron usadas en personal del MSP, y 3 dieron positivo a COVID-19. Desconocemos hasta la fecha el protocolo que se siguió con el personal en mención.
- De las 14 personas de la nacionalidad positivas en prueba rápida, se aplicaron 8 pruebas PCR mediante hisopado nasofaríngeo. A la fecha, seguimos a la espera de los resultados.
- El día 30 de abril, se sostuvo una reunión entre dirigentes de la Nacionalidad y miembros del Distrito Cuyabeno del MSP. Durante la reunión, se informó a la comunidad sobre los resultados de pruebas rápidas y PCR. El personal del MSP se comprometió a desarrollar un plan de contingencia e intervención para ser socializado con la dirigencia.
- Hasta el día de hoy, se desconoce el mencionado plan. No se han implementado acciones de ninguna naturaleza a efectos de generar cercos epidemiológicos, información, atención o búsqueda de casos en otras comunidades aledañas.
- Adicionalmente, hemos advertido de la difícil situación alimentaria que atravesamos. Las actividades de cacería o pesca se han visto restringidas por la presión de terceros no indígenas y por la contaminación de fuentes de agua. Así mismo, por las restricciones de movilidad y aislamiento, nos hemos visto impedidos de realizar actividades de sustento económico y también de acceder con normalidad a centros poblados para la compra de víveres.
- Desde el pasado 22 de abril, estamos a la espera de la llegada de 184 kits de alimentos comprometidos por el MIES gracias a la gestión realizada por la dirigencia de la Nacionalidad y defensores de DDHH.
- En horas de la noche del 3 de mayo, se confirma un segundo caso positivo mediante prueba PCR.
REITERAMOS al Estado la obligación que tiene de aplicar perspectivas interseccionales, y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado que las medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19 generan sobre los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: Pueblos indígenas. Teniendo en particular consideración que, en el contexto de pandemia, por lo general, los cuidados de las personas enfermas o necesitadas de especial atención recaen fundamentalmente en las mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral, existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento social o económico para tales tareas de cuidado, que, en tiempo de pandemia, se vuelven aún más necesarios y exigentes. (CIDH – RESOLUCIÓN NO. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS – 10 de abril de 2020)
EXIGENCIAS:
- En concertación y coordinación con la dirigencia de la Nacionalidad Siekopai, el MSP debe emprender acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria, para evitar que el COVID-19 llegue a otras comunidades Siekopai y de otras nacionalidades; prevención secundaria, para la detección temprana de casos; y prevención terciaria, para la reducción de la mortalidad.
- Que el MSP, de manera concertada con la dirigencia de la Nacionalidad, implemente El Protocolos y directrices generales para el manejo de la emergencia del COVID-19 en las comunidades y comunas indígenas del Ecuador, elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).
- El MSP deberá de manera oficial y pública informar a todas las comunidades de los cantones Cuyabeno y Shushufindi del riesgo existente, y deberá realizar la identificación de todas las comunidades y/o personas que presenten sintomatología similar a la presentada en el caso de nuestra nacionalidad. En este sentido, se debe garantizar sin dilación, como en nuestro caso, el testeo y cerco epidemiológico correspondiente.
- Se garantice de manera INMEDIATA la dotación suficiente de pruebas rápidas, pruebas PCR y equipos de bioseguridad (mascarillas, gel, trajes, etc.) en las comunidades de la Nacionalidad y en las comunidades indígenas y campesinas aledañas, a fin de establecer la existencia de casos COVID-19 positivos y actuar en consecuencia. La realización de pruebas masivas territorializadas permite la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas, y es una medida urgente para contener la expansión del virus.
Si el MSP no cuenta con las pruebas y equipos de bioseguridad exigimos lo admita de manera pública, y busque la cooperación con ONG Nacionales e Internacionales. Lo anterior encaminado a garantizar el derecho a la salud de manera prioritaria e idónea.
- Que el MSP, de manera concertada con la dirigencia de la Nacionalidad, implemente el Protocolo y directrices generales para el manejo de la emergencia del COVID19 en las comunidades y comunas indígenas del Ecuador, elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE). Ningún otro protocolo o directriz ha sido creado con la participación y aporte de los Pueblos Indígenas y, por tanto, no existe garantía de que incorpore criterios de idoneidad y pertinencia.
- Que el MIES garantice la provisión de alimentos ajustados a las necesidades y costumbre de la Nacionalidad, considerando, además, la composición multigeneracional de nuestras familias, siendo entre 7 a 9 personas por casa. De igual forma, se deberá establecer un cronograma de entrega de estos alimentos hasta que existan las condiciones para levantar el aislamiento y retornar a las actividades de autosustento.
- Exigimos de los GADs y distritos de Salud del MSP de Cuyabeno y Shushufindi se transparente cuál fue el monto y en que se está invirtiendo el recurso designado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Así como, que, de manera emergente, se dispongan los recursos necesarios para la atención de la Nacionalidad Siekopai tanto en términos de contención y respuesta por los casos COVID-19 positivos como en términos humanitarios, pues con URGENCIA requerimos acceder a alimentos de manera suficiente y pertinente.
- Que las instituciones correspondientes realicen la respectiva investigación, que establezca responsabilidades sobre la falta de actuación oportuna por parte del MSP ante las alertas de casos sintomáticos coincidentes con COVID-19, y se sancione a los responsables.
- Se disponga la moratoria de actividades petroleras de manera inmediata; y que el COE Nacional y el Ejecutivo dispongan que, en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, las petroleras aporten con presupuesto al MSP y COE cantonales para la adquisición de pruebas rápidas, PCR e insumos de bioseguridad. Resulta absurdo que las Nacionalidades tengamos que buscar fondos propios y de aliados para la compra de pruebas, kits de bioseguridad y alimentos, mientras, de manera miserable, las Petroleras se niegan a dar apoyo al propio sistema de salud.
Justino Piaguaje
Presidente de la Nacionalidad Siekopai
1 Juan Carlos Franco Cortez. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA NACIONALIDAD SECOYA. Sustento etnohistórico y antropológico del territorio ancestral de la nacionalidad Secoya y los despojos territoriales acaecidos en el siglo XX en la amazonía ecuatoriana.
2 La implementación de la política minero-energética acelera el despojo y profundiza la crisis de acceso a servicios básicos, como el agua potable y alimentación, así como la capacidad de percibir ingresos derivados de la artesanía, la agricultura, las ventas ambulantes, el servicio doméstico, el pequeño come y otros oficios.
3 Asimismo, la destrucción de los ecosistemas producto de la extracción ilimitada de recursos naturales no renovables, la deforestación y el acaparamiento de tierras para el agronegocio, han sido elementos determinantes en la propagación de agentes patógenos.
Indigenous Peoples of Ecuador’s Amazon File Lawsuit Against Government and Oil Companies In Wake of Disastrous Oil Spill
Indigenous communities that rely on the river for fresh water and food now face an additional crisis during COVID-19
For more information, contact: Sophie Pinchetti at +593 98 148 4873
sophie@amazonfrontlines.org
29th April 2020.Coca, Ecuador– This morning Indigenous peoples launched a lawsuit against the Ecuadorian government and private and state oil companies in the wake of one of the country’s biggest oil spills in over a decade. Earlier this month, on April 7th, an estimated 15,000 barrels of crude oil gushed into two of the country’s most important rivers following the rupture of two major oil pipelines in Ecuador’s northern Amazon. The spill affects over 2,000 indigenous families and has left an estimated 120,000 people without access to the river’s fresh water.
The legal action was filed in the Provincial Court of Puerto Francisco de Orellana (also known as “El Coca”) in the region of Sucumbios by the Amazonian indigenous organization (CONFENIAE) and Kichwa indigenous federation (FCUNAE), national and international human rights organizations, ranking Catholic bishops of two impacted provinces, and affected families. The lawsuit names the Ministry of Energy and Non-Renewable Resources, Ministry of the Environment, state-owned oil company PetroEcuador, and OCP Ecuador (private company that owns one of the pipelines), and demands urgent environmental remediation, remedies for affected peoples, and repair or relocation of the pipelines to prevent future spills.
Through testimonies gathered from dozens of community members, the plaintiffs allege that the oil spill has violated their constitutional rights to territory, health, information, water and food sovereignty, a clean and ecologically balanced environment, and the rights of nature. Despite warnings for years from geologists and hydrologists that severe erosion along the Coca River put the pipelines at risk, no action was taken by the government. In February of this year, scientists visited the river to investigate why the San Rafael Waterfall—one of Ecuador’s most spectacular falls—had collapsed. They concluded that a controversial Chinese government-funded hydroelectric dam above the waterfall depleted river currents and accelerated erosion under the ruptured oil pipelines.
The Ecuadorian government created an Emergency Committee charged with supervising the application of measures to mitigate environmental impacts caused by the spill and pipeline ruptures. Indigenous and human rights organizations are denouncing the government’s failure to undertake a proper clean-up effort, provide communities with water and food, and provide timely information about the magnitude or scope of contamination to indigenous communities downriver. Moreover, indigenous peoples are concerned that the pipelines remain at risk for future spills, and experts are warning that fissures detected in the hydroelectric dam possibly caused by the same land erosion could lead it to burst and trigger yet another disaster of monumental proportions.
The spill follows a tragic legacy of over a half century of oil contamination and human rights abuses in the Ecuadorian Amazon, where nearly 70 percent of the rainforest has been leased to oil companies. This latest spill affects hundreds of miles of rainforest riverways, and will have devastating environmental impacts in one of the most bio-diverse areas on the planet. Furthermore, as Covid-19 has already forced indigenous peoples into isolation, contamination from the spill has left dozens of indigenous communities stranded without a safe source of food and water.
Ecuador’s crude exports, seventy percent of which are bound for the United States for refinement in California, have been temporarily suspended until at least the end of the month. As the country grapples with one of the most aggressive coronavirus outbreaks in Latin America, the country’s oil-dependent economy has been struck by the collapse in its export revenues and plummeting global oil prices, leading experts to suggest that Ecuador may face one of the worst recessions in Latin America. Indigenous and civil society groups are hoping that this lawsuit, combined with the nation’s colossal foreign debt, will inspire reflection and debate over continued fossil fuel extraction in the Amazon, our world’s most important rainforest.
This lawsuit comes almost exactly one year after the Waorani people of Ecuador won an historic legal case against the government, which protected half a million acres of primary rainforest from oil drilling.
The Provincial Court is expected to hold the trial, which due to the exceptional circumstances of the COVID-19 pandemic will take place virtually, within a few weeks. The plaintiffs have also filed an injunction to require the state to take immediate action for the environment and the impacted communities pending trial and judgment.
DECLARATIONS
“We are already suffering from various illnesses caused by oil contamination, and now we are also facing this pandemic. We face discrimination as the State has failed to include us in its emergency plans yet again. This is why the families, represented by FCUNAE, decided to join this lawsuit: we don’t want this to happen ever again. ”
– Carlos Jipa, Kichwa leader and President of FCUNAE, the region’s Indigenous Federation of United Communes
“Although the rupture of the pipelines was not intentional nor caused by direct actions, the authorities and companies named in the lawsuit were acting negligently and omitting information about the situation, and failed to monitor despite prompt warnings regarding the erosion affecting the San Rafael waterfall. By not taking action to prevent the risks, they failed to comply with their constitutional duty to protect people and nature, as enshrined in article 389 of our Constitution. We will be holding the State accountable and responsible for this oversight.”
– Lina Maria Espinosa, Attorney for the case from Amazon Frontlines
“Oil spills are the death of biodiversity and life. The Ecuadorian State must remedy and suspend all extractive activities and shift towards post-extractive economic development. Oil exploitation and the extraction of other minerals pollute the environment, and they are no longer profitable, they’re now being rejected across the globe. This pandemic has shown the world very clearly that oil doesn’t sustain life. Instead, it is the forests and harvests of indigenous peoples and rural communities that are keeping us alive today.”
– Marlon Vargas, President of CONFENIAE (Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon)
“This lawsuit clearly implicates the Ecuadorian State and its institutions as responsible for this environmental disaster. This massive spill is likely the worst the Ecuadorian Amazon has seen in a decade. The Court must establish measures to guarantee and restore the rights of nature and indigenous communities and take steps to prevent future oil spills.”
– Carlos Mazabanda, Amazon Watch, Ecuador Field Coordinator
ORGANIZACIONES INDÍGENAS, RELIGIOSAS Y DE DERECHOS HUMANOS PRESENTAN ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO Y EMPRESAS PETROLERAS POR DERRAME DE PETRÓLEO
Este miércoles 29 de abril de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas.
La demanda alega que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.
El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades – en su mayoría – de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente.
Debido a la pandemia del COVID-19 y a fuertes inundaciones en la zona, las comunidades están viviendo una triple-crisis, sin una respuesta estatal adecuada y sin alternativas para conseguir agua ni alimentos.El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, la acción de protección aduce que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pone en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.
Las familias afectadas solicitan medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. También, dentro de la demanda, solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.
INTERVENCIONES:
Andrés Tapia, Dirigente CONFENIAE: “El derrame de crudo es muerte para la biodiversidad y la vida. El Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo.La explotación petrolera y otros minerales no son rentables sólo son contaminantes del medio ambiente y lo cual tiene rechazo rotundo del mundo entero. Esta pandemia le ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos”.
Lina María Espinosa, Amazon Frontlines, parte del equipo legal de los afectados: “Si bien la ruptura de los oleoductos, no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias que las autoridades y empresas demandadas, una de ellas fue no analizar el fenómeno de erosión regresiva que afectó la cascada de San Rafael, del cual fueron advertidos oportunamente. Su falta de reacción, implica que los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que está consagrado en el artículo 389 de nuestra Constitución; es decir, el Estado no actuó en prevención de riesgo, por lo que insistimos que tiene responsabilidad por omisión”.
Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados: “ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”.
Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana: “La Iglesia está llamada a estar junto a los más pobres, a los más vulnerables y a visibilizar los daños que reciben los indígenas por las múltiples contaminaciones de sus ríos, de sus tierras. Como Iglesia Amazónica, como Vicariato de Orellana junto con el Vicariato de Sucumbíos, queremos que se reconozca el daño causado a nuestras comunidades indígenas, que las autoridades locales, provinciales y del país, más aún en este momento de pandemia, quieren taparlo, invisibilizarlo y por eso debemos levantar esta voz de indignación.”
Mons. Celmo Lazzari, Obispo de Sucumbíos: “Para las empresas del petróleo y para el Estado ecuatoriano, el derrame del día 7 de abril, provocó una gran pérdida económica en medio de una crisis más amplia: la del COVID 19. Pero para 35 mil personas de las provincias de Sucumbíos y Orellana y otras 100 mil que viven en las orillas del Río Coca y Napo, el derrame significa un grave riesgo de vida y, una vez más la naturaleza fue gravemente agredida. Pronunciamiento oficial fuera de la Rueda de Prensa.”
Contacto: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690
Posible contagiado en el bloque petrolero 61 pondría en riesgo a comunidades Waorani cercanas a la Zona Intangible Tagaeri -Taromenane
Pobladores de San Francisco de Cononaco, Orellana, denuncian posible caso de Covid-19 en un trabajador del bloque petrolero 61, operado por Petroamazonas EP. La preocupación de la comunidad aumentó al conocer que este trabajador, a quien le habrían realizado dos pruebas con resultado positivos, realizó una fiesta en el sector, a la que asistió personal de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, territorio de pueblos indígenas en aislamiento.
Debemos recordar que la Nacionalidad Waorani, organizada a través de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana y la filial provincial en Pastaza (CONCONAWEP), en días pasados, advirtió del contagio de COVID-19 de trabajadores del bloque 16, en Pompeya, en la misma provincia.
Esta confirmación y la presente denuncia ratifican que las actividades extractivas, en este caso las petroleras, en la región Amazónica son un riesgo inminente para las comunidades indígenas y campesinas en el área de influencia de estos proyectos. Es más grave aún que este tipo de casos se den en zonas aledañas al territorio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, grupo poblacional que no cuenta con una memoria inmunológica para enfrentar el COVID-19.
La rotación de personas ajenas a las comunidades es constante y los protocolos de protección a la población indígena dentro de las comunidades en las que se encuentran bloques petroleros u otras empresas extractivas es inexistente. Esto, sumado a las insuficientes pruebas aplicadas en la región amazónica y a la saturación de los laboratorios en procesar las escasas pruebas de detección realizadas, reitera que no hay condiciones para pasar del aislamiento obligatorio al distanciamiento.
Adicionalmente, preocupa el manejo poco transparente del Estado en relación a los casos de COVID-19 presentados en campos petroleros. Lo cual nos permite deducir que se intenta proyectar una falsa imagen de estabilidad y seguridad dentro del sector petrolero, cuando, por el contrario, esta Alianza ha recibido denuncias por una nula aplicación de protocolos pertinentes encaminados a proteger a las poblaciones aledañas.
Así, como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos exigimos al Estado:
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Mantener la semaforización roja en la región Amazónica y establecer protocolos especiales en zonas sensibles como son los territorios indígenas, así como el respectivo control frente al sobre el ingreso de terceros para cometer ilícitos ambientales, tales como el tráfico de madera.
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Poner especial cuidado a la zona referida en esta denuncia, pues este lugar es un punto de tránsito de varias personas que pertenecen a la nacionalidad Waorani y de familias que se desplazan por el río Shiripuno hacia sus comunidades ubicadas en la Zona Intangible.
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Verificar de forma constante que las empresas REPSOL, PETROAMAZONAS, PETROECUADOR y otras empresas petroleras que están en la zona y sus contratistas hayan implementado y ejecuten protocolos de bioprotección relacionados con el COVID-19, especialmente respecto de sus trabajadores que realizan actividades rotativas.
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Establecer un mecanismo de comunicación directo y oportuno con la dirigencia de la Nacionalidad Waorani, con el fin de establecer en conjunto medidas de prevención de la propagación del COVID-19, así como la dotación de alimentos y servicios de salud.
Organizaciones Indígenas, Religiosas Y De Derechos Humanos Presentan Acción De Protección Y Medidas Cautelares Contra El Estado Y Empresas Petroleras Por Derrame De Petróleo
29 de avril de 2020. Coca, Ecuador – Este miércoles 29 de abril de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.
La demanda alega que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.
El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades – en su mayoría – de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente.
Debido a la pandemia del COVID-19 y a fuertes inundaciones en la zona, las comunidades están viviendo una triple-crisis, sin una respuesta estatal adecuada y sin alternativas para conseguir agua ni alimentos.
El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, la acción de protección aduce que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pone en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.
Las familias afectadas solicitan medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. También, dentro de la demanda, solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.
INTERVENCIONES:
Andrés Tapia, Dirigente CONFENIAE: ”El derrame de crudo es muerte para la biodiversidad y la vida. El Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo. La explotación petrolera y otros minerales no son rentables sólo son contaminantes del medio ambiente y lo cual tiene rechazo rotundo del mundo entero. Esta pandemia le ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos”.
Lina María Espinosa, Amazon Frontlines, parte del equipo legal de los afectados: reconoce que “si bien la ruptura de los oleoductos, no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias que las autoridades y empresas demandadas, una de ellas fue no analizar el fenómeno de erosión regresiva que afectó la cascada de San Rafael, del cual fueron advertidos oportunamente. Su falta de reacción, implica que los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que está consagrado en el artículo 389 de nuestra Constitución; es decir, el Estado no actuó en prevención de riesgo, por lo que insistimos que tiene responsabilidad por omisión”.
Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados: “Ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”.
Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana: “La Iglesia está llamada a estar junto a los más pobres, a los más vulnerables y a visibilizar los daños que reciben los indígenas por las múltiples contaminaciones de sus ríos, de sus tierras. Como Iglesia Amazónica, como Vicariato de Orellana junto con el Vicariato de Sucumbíos, queremos que se reconozca el daño causado a nuestras comunidades indígenas, que las autoridades locales, provinciales y del país, más aún en este momento de pandemia, quieren taparlo, invisibilizarlo y por eso debemos levantar esta voz de indignación.”
Mons. Celmo Lazzari, Obispo de Sucumbíos: ”Para las empresas del petróleo y para el Estado ecuatoriano, el derrame del día 7 de abril, provocó una gran pérdida económica en medio de una crisis más amplia: la del COVID 19. Pero para 35 mil personas de las provincias de Sucumbíos y Orellana y otras 100 mil que viven en las orillas del Río Coca y Napo, el derrame significa un grave riesgo de vida y, una vez más la naturaleza fue gravemente agredida.” Pronunciamiento oficial fuera de la Rueda de Prensa.
Contacto: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690