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La tarde del 22 de junio, comuneros reportaron un fuerte olor de diésel y manchas de hidrocarburos en el río, cerca de la comunidad de Sardinas y San Pedro del Río Coca, en la provincia de Orellana. Adicionalmente, en el puente ubicado a la altura de San Sebastián del Coca, se evidenció un inusual movimiento de trabajadores en el río, quienes colocaban barreras de contención.

A las 17:00, los comuneros que trabajan en la empresa CORENA informaron a sus familias que debían quedarse trabajando durante la noche “por una emergencia ocurrida”. Tal como ocurrió el 7 de abril pasado, una vez más las empresas petroleras OMITIERON la obligación de alertar de manera urgente a las comunidades sobre UN DERRAME DE CONTAMINANTES AL RÍO. Una vez más, los comuneros se enteraron cuando vieron pasar frente a sus comunidades una mancha de crudo y aceites en el río.

Entre las 19:00 y las 23:00, las comunidades San Pedro del Río Coca, Sardinas, San Pablo, Lumucha y Toyuca registraron el avance de crudo y aceites a la altura de sus comunidades, como se puede ver en las siguientes imágenes:

Apenas a las 21:20, Petroecuador, a través de su cuenta de twitter, y, en respuesta a múltiples mensajes por esa misma red social que habíamos hecho llegar defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunció indicando que se trataría de “trazas remanentes estancadas del evento del 07 de abril, en sitios inaccesibles por la geografía de San Rafael, que a consecuencia de las intensas lluvias, fueron removidas por la corriente del río”.¹ Este pronunciamiento es inadecuado y no resulta ser el mejor medio para informar a comunidades remotas en la Amazonía ecuatoriana. Pues, hasta el momento, no hay evidencias de información entregada de manera adecuada a las comunidades afectadas ni de la alerta necesaria sobre el estado del río.

En cualquier caso, el tamaño y la cantidad de manchas observadas por los comuneros y la orden dada a los trabajadores de las empresas de limpieza, es muy poco probable que se trate de un remanente del derrame del 7 de abril, como pretende hacer pasar la empresa EP Petroecuador. Recordamos que en los días siguientes al 7 de abril, las empresas operadoras y las autoridades minimizaron el derrame a “unos cuatro mil barriles” y luego tuvieron que admitir, por lo menos 15.800. Asimismo, la semana pasada, el 18 de junio, se reportó un derrame de combustibles por rotura del poliducto en la misma zona de San Rafael. Entonces, como ahora, Petroecuador y el Ministerio de Recursos y Energía sólo “reconocieron” la rotura por sus cuentas de Twitter ante la denuncia pública de un ciudadano, y no proporcionaron la información debida sobre causas, magnitud, contención ni remediación.

Desde el 7 de abril, las comunidades ribereñas enfrentan graves vulneraciones a sus derechos a VIDA ÍNTEGRA, AGUA, ALIMENTACIÓN, MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUD y viven enfrentadas a que estos hechos se repitan como ha sucedido en estos días. El caso es que las vulneraciones por contaminación a derechos colectivos y de la naturaleza se están convirtiendo en vulneraciones sistemáticas y sistemáticamente IMPUNES con consecuencias irreversibles e irreparables.

Los hechos ocurridos evidencian que el riesgo que enfrentan las comunidades es persistente.

Por lo anterior, una vez más, EXIGIMOS al CONSEJO DE LA JUDICATURA cumplir con su obligación de protección y tutela judicial a través de la emisión URGENTE de las MEDIDAS CAUTELARES que hemos solicitado insistente y motivadamente desde el 29 de abril. Exigimos, a la vez, que activen los mecanismos necesarios para que se reanude la audiencia de la acción de protección, suspendida desde hace YA CASI UN MES. Está en sus manos cesar la sostenida violación de derechos y riesgos que enfrentan al menos 27 mil personas indígenas y las comunidades mestizas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.

SOLICITAMOS que la Corte Constitucional se PRONUNCIE. No es ético que se guarde silencio cuando la vida de al menos 27 mil personas corre grave riesgo. Es imperativo que la Corte les recuerde a los servidores judiciales su obligación constitucional y legal de actuar apegados a los principios de la tutela judicial efectiva y la debida diligencia. Una acción de protección y unas medidas cautelares planteadas desde el 27 de abril siguen sin la respuesta oportuna, idónea y eficaz para la protección, restitución y reparación integral de los derechos de las víctimas.

EXIGIMOS que Petroecuador EP, OCP Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, y Ministerio de Ambiente transparenten los hechos ocurridos ayer (22 de junio) y el pasado 18 de junio, den información completa detallada sobre las roturas y derrames, causas, magnitud y las medidas que han tomado. Que informen, a cabalidad, de manera georeferenciada y minuciosa sobre cada uno de los lugares donde existen las denominadas trazas y remanentes de crudo y combustible de los derrames ocurridos desde el 7 de abril. Es evidente que los derrames siguen ocurriendo y la información completa, veraz y confiables es la única forma de evaluar si las medidas de atención y contención que dicen tomar son efectivas. La existencia de trazas remanentes evidencia que 75 días luego de ocurrido el derrame del 7 de abril, los trabajos de limpieza son ineficaces y confirman que el riesgo letal de las comunidades al consumir agua y peces contaminados. Las entidades estatales concernidas (Ministerio de Salud, Ambiente, Secretaría de DDHH, Secretaría de Riesgos) tienen el deber de ejecutar medidas de atención, protección y restitución URGENTES, EFICACES y PERTINENTES.

SOLICITAMOS a la Defensoría del Pueblo que requiera a las instituciones competentes la información detallada sobre los hechos ocurridos el día de ayer, su naturaleza, alcance, hora y lugar donde se produjo, y detallen las medidas de contención inmediata que tomaron y de reparación que están tomando y sus respectivos resultados. Si la mancha avanzó a las comunidades es evidente que la contención no funciona -como no funcionó el 7 de abril cuando a las 48 horas ya había recorrido al menos 300 kilómetros-. Así mismo, que las instituciones informen en detalle cuándo y cómo alertaron a las comunidades río abajo. Si las comunidades se enteran cuando ven pasar la mancha por sus comunidades es evidente que no hay un plan efectivo de información inmediata. Todo esto es fundamental saber, pues autoridades y operadoras petroleras conocen sobradamente que las comunidades están gravemente impactadas por el derrame del 7 de abril y que su vida íntegra y su salud están gravemente comprometidas. Sin información oportuna y clara sobre cualquier hecho que agrave su seria situación, la misma operación petrolera -sin derrames siquiera- es ya un riesgo sostenido para las comunidades. Si no pueden operar con cuidado y si no pueden responder inmediata y efectivamente por los daños que causan y los riesgos de vida a los que exponen a poblaciones enteras, entonces, no deberían seguir operando.

SOLICITAMOS a la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional que cumpla su rol de fiscalización y solicite toda la información a las instituciones involucradas en el derrame de petróleo del día 07 de abril de 2020, las medidas que se han tomado, las alertas, la situación de las comunidades indígenas afectadas. También, que solicite al Consejo de la Judicatura información respecto a la administración de justicia en el proceso constitucional planteado por víctimas del derrame, la falta de respuesta a las medidas cautelares planteadas, las dilaciones injustificadas desde el 27 de abril y la suspensión indefinida del juicio desde el 1 de junio.

Las organizaciones firmantes denunciamos la sistemática violación de derechos de esta población que hoy enfrentaría, además, los impactos del brote de dengue y del covid-19; así como, la impunidad tras 75 días del derrame ocurrido el 7 de abril de 2020. Y replicamos las palabras de Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE:

Nuevamente hemos sido víctimas de esto, de este mal que nos está causando cada día. No sé hasta cuándo vamos a continuar con este derrame, esta contaminación de nuestro río Coca. Necesitamos que las empresas responsables reconozcan. OCP y PETROECUADOR deben reconocer que hubo un derrame. No estamos mintiendo, nosotros tenemos testigos dentro de nuestras territorios, de nuestras comunas de esto que ocurrió anoche.

Suscribimos:

Marlon Vargas – Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE

Carlos Jipa – Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana – FCUNAE

Monseñor José Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo Vicariato de Aguarico

Monseñor Celmo Lazzari, Obispo del Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos

Lina María Espinosa – Amazon Frontlines

Alicia Celinda Salazar Medina – Fundación Alianza Ceibo·

Sylvia Bonilla Bolaños – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU

Alexandra Almeida – Corporación Acción Ecológica·

Paola Maldonado – Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA

Luis Xavier Solís – Asesor Legal de Fundación Alejandro Labaka

Ana Cristina Vera – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA

Michelle Erazo Cárdenas – Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH

Carlos Mazabanda – Amazon Watch

Francis Andrade Navarrete – Red Eclesial Panamazónica Ecuador

Verónica Potes – profesora, Universidad Central del Ecuador

Alianza por los Derechos Humanos – Ecuador

A pesar de transcurridos 75 días del derrame de al menos 15,800 barriles de petróleo y que múltiples organizaciones comunitarias, eclesiales y esta Alianza, interpusimos una demanda de acción de protección con medidas cautelares a favor de todas las comunidades y personas indígenas afectadas, el proceso no avanza. La audiencia inició el 26 de mayo y permanece suspendida desde el 1 de junio, por presunta enfermedad del juez a cargo de la diligencia; y hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal y escrita sobre la reinstalación o las medidas que tomará la Judicatura para que las víctimas no continúen en indefensión.

La situación de las comunidades impactadas no solo es alarmante, sino crítica, especialmente en la salud de niñas y niños. Varios presentan manchas, sarpullido o laceraciones en el cuerpo, que aparecieron semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.

La presencia de problemas dérmicos, un brote de dengue y casos con sintomatología asociada a COVID-19, son cada vez más frecuentes. Estos efectos agudos generados por el derrame y la pandemia, son visibles en al menos el 70% de las comunidades impactadas por las sustancias contaminantes de los combustibles.

Las comunidades afectadas denuncian que no se ha brindado atención humanitaria adecuada, inmediata y especializada del sistema de salud pública; las personas enfermas han recibido medicamentos como ibuprofeno o ácido fusidico, sin consideración de su grupo etario, patologías e historial clínico. Medicamentos que deben usarse cuidadosamente porque no son adecuadas para tratar cuadros de COVID-19, Dengue, Zika, entre otros. Además, los medicamentos para uso tópico entregados por las brigadas médicas ayudan a la inflamación, pero no son la respuesta a un tratamiento periódico y evaluativo.

Según criterios de expertos, los daños en la piel son propios de personas que han estado expuestas al contacto con el agua del río contaminado; la gravedad de estas afecciones se puede intensificar si el ambiente, – sea el suelo, agua, alimentación -, continúa contaminado.

Las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para enfrentar los desafíos de una pandemia; varias se ven forzadas a utilizar agua del río para alimentación, labores limpieza y aseo personal. Además, se conoce, por parte de los dirigentes comunitarios y las organizaciones locales, que los casos con sintomatología asociada a COVID-19, va en aumento. Se requiere de forma urgente realizar pruebas PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de casos positivos.

En este cuadro crítico, además, se dio un nuevo derrame de gasolina el pasado 18 de junio en el sector de San Rafael, del cual se desconoce la magnitud de sus impactos. No obstante, el patrón se repite. Con este nuevo derrame las comunidades no fueron informadas y tampoco alertadas.

Por este motivo, alrededor de 27 mil personas indígenas afectadas por este derrame y las organizaciones de la Alianza, exigimos al Estado garantizar sus derechos colectivos y evitar que la negligencia del sistema de justicia no les permita acceder al agua segura, a una alimentación y ambiente sano, a medidas de protección efectivas y a una reparación integral.

Intervenciones:

Verónica Potes – Experta en Derechos Humanos y Ambientales:

“Vemos con mucha preocupación este juicio, porque revela total falta de justicia a la que están sometidas comunidades que han sido afectadas desde el 07 de abril por un derrame de crudo, que pudo haber sido previsto y no lo fue; que pudo haber sido comunicado inmediatamente cuando ocurrió y no lo fue; y que debería ser remediado. (…) Desde mayo, no tenemos información oficial por parte de la justicia de este país y, mientras tanto, las comunidades siguen afectadas, los problemas se van agudizando. En este momento, tenemos una situación de limbo jurídico; es decir, las comunidades están ahí a la espera de que la administración de justicia decida qué hace ante una situación de salud del mismo juzgado, en el que por esa situación está pendiente un juicio, que se supone que tiene que ser ágil; un juicio en el que se han pedido medidas cautelares, precisamente para prevenir que se sigan violando derechos que están siendo violados desde abril”.

Carlos Jipa – Presidente FCUNAE:

“El agua del río sigue contaminada y las comunidades la siguen consumiendo, debido a la falta de otro medio. El agua segura no ha llegado a todas las comunidades. Quienes han recibido los botellones de agua nos dicen que el sabor del agua es distinto, las personas han tenido diarrea y dolor de estómago. No hemos sido escuchados por las autoridades competentes. El tiempo que lleva esta audiencia no es favorable para los kichwas. Estamos muy indignados”.

Alexandra Almeida – Directora Área de Petróleo Acción Ecológica:

“La situación en las comunidades después del derrame de crudo del 07 de abril es peor, hay fracciones de hidrocarburos que son solubles en el agua y son éstos los que dan mayor toxicidad al río, las comunidades están utilizando esta agua, no tienen otra opción. En los últimos días, llegó información sobre la ruptura del poliducto en la misma zona”.

Verónica Gefa – Presidenta Comunidad Toyuca:

“El trato que nos están dando lo hacen ver como ayuda, pero no es ayuda. Estamos en el derecho de reclamar. No podemos sentir sabor y olor, esos son síntomas de Covid19, pero no han llegado a las comunidades a hacernos pruebas rápidas. No hemos tenido respuesta. Seguimos esperando justicia”.

Mons Adalberto Jiménez – Obispo Vicariato de Aguarico : ” Las las comunidades están viviendo 4 daños a la vez: la contaminación por el derrame, el #COVID19, el dengue y las inundaciones.Hay un abandono del Estado. Las autoridades fueron elegidas para que nos defiendan (…)Hago un llamado a OCP Ecuador y PETROECUADOR para que cumplan su obligación de responder a las comunidades por este daño ambiental y social, y al Consejo de la Judicatura de Orellana, llevamos 2 MESES sin que se resuelva el caso. Está bien preocuparse por la salud del juez, pero es necesario que se vele por la salud de las comunidades”.

Contacto de prensa: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690

Comunidades kichwa afectadas por el derrame de crudo enfrentan graves problemas de salud asociados al derrame, a un brote de dengue y al covid-19

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.

Las comunidades de las riberas de los ríos Coca y Napo afectadas denuncian que no han llegado brigadas médicas de especialistas como dermatólogos, pediatras, entre otros, que puedan brindar atención especializada, diferenciada y que responda a la necesidad urgente de tratar las manchas en el cuerpo, principalmente, de niñas y niños, las cuales fueron apareciendo semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.

De manera pública y en diversas oportunidades, dirigentes comunitarios y organizaciones locales han advertido del crecimiento de casos de personas con sintomatología asociada a COVID-19. Sin embargo, hasta la fecha no se realizan procesos masivos y territorializados de tamizaje y diagnóstico.

Recordamos al Estado ecuatoriano que TODAS las comunidades afectadas requieren con urgencia la atención integral, especializada y oportuna de salud, que responda y prevenga los efectos agudos y crónicos que genera el derrame de al menos 15.800 barriles de petróleo, ocurrido el pasado 7 de abril y que aún sigue siendo visible en al menos el 70% de comunidades afectadas. Estas comunidades sufren una especial situación de vulnerabilidad por situaciones multidimensionales de riesgo y empobrecimiento, a lo que debe sumarse el incremento de casos de dengue y otras afecciones a la salud relacionadas con la oleada invernal y que tampoco resultan atendidas.

En cuanto a la presencia de dengue en las comunidades, cabe resaltar que, en diversos momentos, organizaciones provinciales eclesiales, de derechos humanos e indígenas han requerido a las autoridades competentes el desarrollo de acciones, como la fumigación para el control del contagio de esta enfermedad. Pese a estas solicitudes, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de autoridades del Sistema de Salud o de los gobiernos autónomos descentralizados.

Tal como se ha venido denunciando desde la primera quincena de abril, debido al derrame de petróleo, las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para abastecimiento diario y, peor aún, para enfrentar los desafíos de una pandemia. Así, muchas familias de más de cinco miembros reciben cuatro botellones de agua por familia y por semana (24 litros), cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es que cada persona cuente con mínimo 15 litros de agua al día para consumo e higiene en contexto de pandemia (para una familia de 5 miembros significa 525 litros de agua a la semana). Varias comunidades se ven forzadas a utilizar agua del río para labores de lavado de ropa o, incluso, de aseo personal; ello, pese a conocer que el agua está contaminada. También han visto afectado su derecho a acceder a fuentes de alimentación seguras, suficientes y pertinentes culturalmente.

Reiteramos la exigencia al Estado ecuatoriano para que actúe de manera integral y urgente a favor de la protección de los derechos a la salud, agua y alimentación de todas las comunidades afectadas. Resulta FUNDAMENTAL realizar procesos de tamizaje y diagnóstico PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de COVID-19

Para el caso de comunidades afectadas por COVID-19, se requiere establecer procesos de cerco epidemiológico y aislamiento con garantías humanitarias de acceso a alimentación y a elementos de bioseguridad, que guarden pertinencia cultural. Es imprescindible que los COE cantonales y los Distritos de Salud convoquen a la dirigencia de las comunidades para que con su participación se elabore un Plan Integral de manejo de la pandemia, el dengue y los impactos multidimensionales del derrame.

En este sentido, toda la institucionalidad concernida del nivel central y local debe establecer mecanismos de diálogo eficientes, articulados y eficaces para elaborar una estrategia diferenciada. Se requiere a los COE cantonales pertinentes que se mantenga la semaforización roja y se establezca protocolos especiales en zonas sensibles, como son los territorios indígenas.

Resulta prioritario que se planifiquen visitas de diagnóstico y atención especializada en salud a todas las comunidades que enfrentan otros padecimientos a su salud, como dengue o enfermedades respiratorias y cutáneas. El equipo médico que deberá ingresar a territorio debe componerse de al menos un médico/a familiar, un dermatólogo/a, un epidemiólogo/a, un especialista en enfermedades respiratorias, un enfermero/a, un laboratorista, un promotor/a de salud o social Kichwa.

Si el Ministerio de Salud y los Distritos de Salud no cuentan con los recursos técnicos, humanos o financieros suficientes para cumplir con su obligación de atencion, protección y garantía deberá requerir la cooperación de universidades y organizaciones no gubernamentales que hemos hecho pública nuestra voluntad de coordinar y apoyar.

Requerimos que la Defensoría del Pueblo, en cumplimento de su mandato, EXHORTE al Estado a cumplir con sus obligaciones, elabore un informe de la situación de vulneración de los derechos a salud, alimentación y agua que afronta la población impactada por el derrame e informe de esta situación al Sistema de Naciones Unidas y al Sistema Interamericano.

18 de junio de 2020. Puyo, Ecuador – El 17 de junio de 2020, la jueza Delicia de los Ángeles Garcés Abad, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, resolvió aceptar parcialmente la demanda interpuesta por la Nacionalidad Waorani debido a “la falta por parte de las autoridades demandadas de una respuesta inmediata y atención prioritaria” frente al “peligro de contagio grave e  inminente” que enfrentamos por  propagación del covid-19 en nuestro territorio. En este riesgo, también están nuestros hermanos, los pueblos en aislamiento voluntario y podría suponer un etnocidio.

La resolución judicial llega 27 días después de haber interpuesto la petición de medidas, tras un proceso legal en que se evidenció la ineficacia y actuación tardía del sistema de justicia. Este fallo nos da la razón, pues las entidades demandadas actuaron de manera tardía, desarticulada, desconociendo nuestros sistemas de gobernanza, de manera ineficaz y sin criterios culturales pertinentes; y esa actuación ha incrementado notablemente los riesgos contra nuestra vida y nuestra salud.

Reconocemos la victoria mientras despedimos a un dirigente Waorani a causa del covid-19:

“Hoy día, la justicia ecuatoriana nos da la razón en nuestra petición de medidas cautelares frente al grave incumplimiento y la ausencia del Estado ecuatoriano durante la pandemia.  El pueblo Waorani y nuestros hermanos y hermanas Tagaeri y Taromenane se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía, y lastimosamente, la respuesta del gobierno no se ha basado en una buena coordinación con nuestra dirigencia Waorani.  Nosotros nos alegramos que la jueza ordenó medidas cautelares, pero seguiremos atentos.  También, informo que mientras se reconoce nuestra exigencia, uno de nuestros compañeros Waorani, de la comunidad de Dikaro, en Yasuní, falleció por Covid-19. Esto nos parte nuestro corazón, y demuestra el grave riesgo que enfrentamos como pueblo Waorani” – Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad. 

Si bien, esta sentencia no da paso a la moratoria o suspensión de las actividades extractivas (petroleras y madereras) y tampoco da respuesta a varios de nuestros pedidos, por ejemplo, al relacionado con la necesidad de que las entidades nos informen continuamente sobre la situación en nuestro territorio y cómo enfrentan la emergencia, es significativa porque hace hincapié en la obligación de coordinar cada una de las acciones con nuestras autoridades propias, lo cual reafirma la importancia de la autodeterminación y los sistemas de gobernanza propios. Así mismo, no dejamos de denunciar que esta sentencia se da en un contexto donde el riesgo se ha exacerbado, donde los contagios han aumentado y las muertes no han cesado. Precisamente, ayer, despedimos a Timpo Alejandro Omehuay, dirigente Waorani, tras estar grave durante casi un mes.

Finalmente, denunciamos que no sólo ha sido la justicia la que ha tardado, ha sido el Estado central y seccional el que ha omitido nuestras alertas y la insuficiente atención provista no ha sido debidamente articulada. En cambio, ya en audiencia, han sido los procuradores de las instituciones públicas y la empresa Petroecuador EP los que frente a la pantalla -que mediaba la diligencia- pidieron medidas cautelares para sí mismos por entrar a nuestro territorio, fueron ellos quienes con insistencia desvirtuaron todas nuestras preocupaciones, responsabilizaron de la propagación del covid-19 a nuestros hermanos waorani que viven precarizados en las ciudades y que debieron regresar a las comunidades en cuanto inició la emergencia sanitaria. Han sido ellos, a la cabeza la Vicepresidencia,  quienes intentaron dilatar y truncar nuestra causa. Sin embargo, aquí seguimos, ¡luchando y resistiendo!

“Nosotros hemos luchado por miles de años para defender nuestro territorio y nuestras vidas contra diversas amenazas: los conquistadores, los caucheros, los madereros, los petroleros. Ahora, estamos enfrentando la amenaza de Covid-19 con nuestra sabiduría ancestral, nuestro conocimiento de las plantas medicinales y también con nuestros propios protocolos de salud. Pero el Estado está poniendo en riesgo a nuestros Pikenani (abuelos Waorani)  y a los Taromenane y Tagaeri. No han respetado nuestra exigencia por una moratorio en las operaciones petroleras. Esto quiere decir que al Estado le importa más sacar petróleo de nuestro territorio, que nuestras propias vidas. Estamos contentos que hayamos ganado las medidas cautelares, pero hay mucho más que hacer para proteger nuestros pueblos. El Estado debe escucharnos y respetarnos” – Nemonte Nenquimo, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza.

Detalles de la sentencia:

La demanda de medidas cautelares fue interpuesta el 21 de mayo en contra del presidente y vicepresidente de la República, Lenín Moreno y Otto Sonnenholzner, respectivamente, como responsables del COE Nacional; los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos López; de Ambiente y de Agua, Paulo Proaño Andrade; la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón; y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Adicionalmente, a los gobernadores de Napo, Patricio Espíndola; de Orellana, Raquel Torres Merizalde; y de Pastaza, Carolina Valdivieso, como presidentes de los COE Provinciales.

En su fallo, la jueza incluyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, “por la calidad de delegada del Presidente de la República como delegado del Presidente de la República en el COE Nacional” (sic). Cabe mencionar que esta calidad no fue justificada ni en la audiencia ni en el fallo, pues la delegación del Vicepresidente como responsable del COE Nacional fue realizada a través del Decreto 707 de 26 de marzo de 2019 y no existe un decreto posterior que atribuya esa calidad a la ministra de Gobierno, quien estaría actuando en el COE Nacional sin delegación expresa.

Entre otras cosas, el fallo de obligatorio cumplimiento dictamina lo siguiente:

• El Ministerio de Salud Pública debe realizar una búsqueda de las personas con sintomatología relacionada al covid-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades Toñanpare, Meñepare, Obepare, Nemompare, Bataboro, Gareno, Conipare, Miwaguno, Yawerpare, Guiyero, Dicaro. Asimismo, se debe identificar las necesidades de salud y subsistencia básica de las comunidades visitadas; así como dotar a los Centros y Subcentros de Salud “de personal médico,  equipos  médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria”. Cada una de estas acciones deben cumplirse en ocho días.

• El Ministerio de Salud, en coordinación con líderes de las comunidades Waorani, están obligados a concienciar sobre derechos y obligaciones en salud y vulnerabilidad frente a la pandemia dentro nuestro territorio.

• En ocho días, los gobernadores de las Provincias del Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con nuestros dirigentes Waorani, deben abastecer de provisiones alimenticias suficientes y propias de las comunidades waoranis.

• En ocho días, la Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua están obligados a presentar “las acciones de vigilancia y control  realizadas al personal que labora en las empresas, en especial las petroleras nacionales y extranjeras, que se movilizan” en nuestro territorio. Además, deben informar si se cumplen protocolos de salud necesarios para evitar contagios en esta población.

• En ocho días, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe presentar informe de las acciones de vigilancia realizadas durante la emergencia sanitaria, con respecto a las actividades de minería ilegal, narcotráfico, madereros ilegales, entre otras.

• La Defensoría del Pueblo debe cumplir su rol de dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas cautelares.

Criterio jurídico 

“El contenido de la demanda de medidas cautelares a favor de la Nacionalidad Waorani y de los Pueblos en Aislamiento, lo dicho en nuestra intervención en audiencia, pero sobretodo los hechos ocurridos desde la interposición de la acción hasta hoy muestra, sin lugar a dudas, el riesgo que la respuesta tardía, desarticulada e ineficiente del Estado en el contexto de Covid-19 ha significado para ellos. Pero, también, y lamentablemente, ha dejado al descubierto la ineficacia de un sistema de justicia que parece no tener claro el criterio de gravedad y urgencia; que no tiene criterios interculturales claros para la interpretación de las causas y que se pierde y escuda en los pretextos del formalismo y el tecnicismo. El sistema que tenía que protegerlos con urgencia se puso en calidad de mero espectador, mientras los riesgos crecían. El mismo día que ese sistema finalmente actuó, como debió hacerlo 27 días antes, Timpo Omehuay muere, hay sospecha de Covid-19 en comunidades de la zona intangible, el número de contagios crece exponencialmente y el Estado sigue ausente”. – Lina Maria Espinosa, Defensora de DDHH, Abogada de los Waorani. 

CONTACTOS
Voceros: 

• Gilberto Nenquimo, Presidente de  NAWE –  +593 997 136 419

• Nemonte Nenquimo, Presidenta de CONCONAWEP – +593 979 709 411

• Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967 454 032

• María Espinosa, Defensora DDHH, Abogada de Amazon Frontlines & Asesora de la Nacionalidad – +593 986 338 495 (sólo whatsapp)

Para obtener más información, entrevistas o solicitudes de fotos/videos, comuníquese con:

• Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873

• Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867

El 15 de junio de 2020, la Organización Waorani del Ecuador (NAWE) alertó, a través de un oficio dirigido a las autoridades nacionales, sobre la posible propagación del covid-19 en varias comunidades Waorani, tales como Boanamo, Omere, Cononaco Chico, Omakaweno, Gemeneweno, Ñoneno y Bameno. Particularmente, preocupa el posible brote en Bameno, pues esta comunidad se encuentra localizada en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).

Las dinámicas de movilidad de la Nacionalidad Waorani y la territorialidad compartida entre su población y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario obligan al Estado ecuatoriano a tomar de forma urgente las medidas necesarias que garanticen la aplicación inmediata de pruebas PCR en las comunidades waorani señaladas. El diagnóstico oportuno posibilitará la contención del covid-19, el establecimiento de un cerco epidemiológico y la adopción de medidas humanitarias culturalmente apropiadas para un aislamiento y una consecuente subsistencia digna.

Como organizaciones firmantes, le recordamos al Estado que es su obligación asegurar el acceso universal, integral e intercultural a la salud. Por tanto, es su responsabilidad dialogar con esta Nacionalidad sobre las medidas a adoptarse. Es urgente dotar a los centros de salud cercanos a las comunidades waorani de los implementos necesarios para proveer servicios de salud adecuados.

Estos puestos de salud deben contar tanto con equipamiento de bioseguridad, termómetros, oxímetros de pulso, oxígeno y medicamentos relacionados para la atención de cuadros respiratorios como con promotores de salud Waorani, para facilitar la comunicación y la interacción comunitaria en idioma Wao Terero. Al mismo tiempo, enfatizamos que la mejor protección frente al covid-19 para los Pueblos indígenas en aislamiento voluntario es el respeto a su libre autodeterminación de mantenerse aislados de la sociedad envolvente.

Por otro lado, preocupa que, de acuerdo al último documento remitido por la Nacionalidad Waorani, todavía sus instancias de gobernanza no han sido involucradas en ningún COE cantonal ni provincial de manera formal, a pesar de que esta debería ser una de las garantías de un Estado Plurinacional. Más aún, en la situación actual, en la que se ha evidenciado el riesgo de exterminio al que tanto la población Waorani como los pueblos en aislamiento voluntario están expuestos.

En este sentido, instamos al Estado ecuatoriano a prestar especial atención a esta nueva alerta y tomar medidas urgentes de forma participativa y concertada con los representantes y líderes de la nacionalidad Waorani, entendiendo el riesgo inminente de contagio y exterminio si el covid-19 no se logra contener en esta zona. Asimismo, exhortamos a prohibir el ingreso a terceros a esta zona y que se asegure la intangibilidad de la ZITT.

De igual forma, hacemos un llamado a que se garantice la vida digna, la salud, la integridad física, el derecho al consentimiento previo, libre e informado y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios.

09 de junio de 2020, Puyo, Ecuador – La tarde de ayer, 08 de junio, debió reinstalarse la audiencia por las medidas cautelares interpuestas desde el 20 de mayo por la Nacionalidad Waorani en contra de varias entidades del Estado, entre ellas el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, como titulares del COE Nacional, debido al riesgo inminente que enfrentamos como pueblo de reciente contacto y nuestros hermanos, los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane frente a la propagación del covid-19 en nuestro territorio.

Una vez instalada la audiencia, la jueza de la Niñez y Adolescencia, Delicia de los Ángeles Garcés Abad, leyó una carta suscrita por Vismark Rafael Estacio, en calidad de abogado de  Vicepresidencia, en la que señalaba que su representado no es quien lidera el COE Nacional y que, en su lugar, debe ser citada la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El oficio no fue acompañado de ningún Decreto Ejecutivo o resolución administrativa que derogue el decreto ejecutivo No. 707, del 26 de marzo de 2019, y  legalice el mencionado encargo a Romo, siendo esto fundamental para no generar inseguridad jurídica. Sin embargo, la jueza anuló el proceso dándonos 24 horas para responder, sin que su explicación haya sido clara en audiencia. Preocupa que, hasta la fecha, no se ha emitido una notificación por escrito.

Para la jueza Garcés, lo que corresponde es citar a la funcionaria Romo a comparecer, pretendiendo reinstalar la audiencia unos días después para que se sumaran a la causa en el momento procesal en el que la misma se encontraba. Los accionantes le recordamos a la magistrada que de hacerlo así se estarían vulnerando de manera flagrante los derechos de todos al debido proceso; e hicimos hincapíe en la importancia de considerar la naturaleza y finalidad de las medidas cautelares, ahora, nuevamente dilatadas.

Reprochamos con profunda indignación este incidente injustificado y generado por la segunda autoridad más importante a nivel nacional, el vicepresidente, pues, parecería que su accionar tardío entre la primera notificación para instalar audiencia, el 29 de mayo de 2020, la dilación y la definitiva fecha en la que se desarrolló la primera parte de la diligencia, el 05 de junio, no tuvo otra finalidad que dañar el proceso actuando con mala fe. En el lapso de este tiempo, el vicepresidente tenía la obligación de notificar este tema particular a la jueza que preside el caso; al contrario, se ausentó el día viernes, 05 de junio, y  envía el mencionado comunicado a pocas horas de reinstalar la audiencia, aproximadamente, a las 09h00, del 08 de junio.

Rechazamos, además, la falta de celeridad con la que hemos enfrentado este proceso. Si bien, la particularidad de las acciones constitucionales es la inmediatez, precisamente, por el riesgo a la vulneración de nuestros derechos y los de los pueblos en aislamiento voluntario a la vida, la salud, la autodeterminación, entre otros, el inicio tardó más de 15 días y ahora han pasado 20, lo cual desnaturaliza la finalidad y el alcance de una medida cautelar y la convierte en ineficaz. Con eso, adicionalmente, terminan también negándonos el derecho a la tutela judicial efectiva. Pues, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares pudieron ser dictadas aun sin audiencia.

En este tiempo ha sido evidente que los riesgos se incrementaron. En medio de la pandemia, puestos de salud fueron cerrados y otros tantos se encuentran sin abastecimiento de medicinas y oxígeno. Mientras se pide a nuestras familias quedarse en las comunidades, no se garantiza una alimentación saludable y culturalmente adecuada. De igual forma, ni la escasa entrega de los alimentos, ni el retorno de pacientes que han debido ser traslados a las ciudades por la gravedad de su estado de salud no han considerado los gastos de movilización hacia las profundidades de la selva, el lugar de ubicación de varios clanes waorani. Es decir, lo poco que ha hecho el Estado ecuatoriano han sido medidas desarticuladas, tardías, ineficaces e insuficientes, que no consideran ni la distancia geográfica ni nuestras particularidades como pueblo en reciente contacto.

Frente a la inoperancia del Ejecutivo y la demora de la Justicia, el paso del tiempo ha sido inclemente para nosotros y los contagios siguen aumentando, particularmente en Napo. Y esta situación crítica se vuelve aún más preocupante para nuestros hermanos los pueblos aislados y nuestros Pikenani (ancianos guerreros y sabios Waorani). Nuestra dirigente Nemonte Nenquimo señala:

“Mi hermana acaba de decir que está una señora enferma con síntomas de covid-19 y, en Meñepare, mi tío está también enfermando; el suegro de mi hermana en Gareno también. Estoy preocupada que mientras jueza, los ministerios encargados y las petroleras no entienden, la gente en nuestras comunidades se sigue contagiando, y las personas que no estaban enfermas (cuando pusimos la demanda de medidas cautelares) están hoy contagiadas”.

Este último incidente propiciado por la Vicepresencia se suma a una serie de eventos inaceptables desde la instalación de la audiencia. El Estado, en sus intervenciones, ha intentado desvirtuar todos nuestros pronunciamientos, justificándose con acciones que, reiteramos, no han sido oportunas ni adecuadas, y que si han ocurrido ha sido por nuestra propia insistencia y autogestión. Además, negando el riesgo de las actividades extractivas para nuestros derechos y los de los pueblos en situación de aislamiento, a pesar de que los primeros contagios se dieron en áreas cercanas a bloques petroleros y a zonas de influencia de nuestros hermanos aislados.

Finalmente, llamamos a las organizaciones sociales nacionales e internacionales y a la sociedad civil a sumarse a la vigilancia de este proceso, pues una sentencia negativa puede poner en riesgo nuestra pervivencia física y cultural, llevándonos inclusive al etnocidio.

Contactos: 

Defensora de DDHH y abogada de los accionantes.- Lina María Espinosa +593 98 633 8495 (sólo whatsapp)

Comunicación.- Sophie Pinchetti +593 98 148 4873 (sólo whatsapp)

Alejandra Yépez Jácome +593 992 713 876

Explicación jurídica de la situación: 

Lina Maria Espinosa, Defensora de DDHH y abogada de los accionantes: “La Nacionalidad Waorani y los Pueblos en Aislamiento enfrentan un grave y multidimensional riesgo por expansión de COVID-19; riesgo debidamente advertido a todas las entidades concernidas del nivel central y local. De esta manera, el Estado, de forma prioritaria, tiene la obligación de elaborar respuestas específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural. Su vida se encuentra en grave riesgo por la reciente memoria inmunológica al ser un pueblo de contacto reciente (60 años) y para el caso de los aislados resulta totalmente desconocido; riesgo que se exacerba debido al desarrollo de actividades extractivas que inciden directamente en el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. En cuanto al derecho a la salud, este pueblo enfrenta diversos obstáculos relacionados con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad, desabastecimiento de insumos básicos, dificultad de acceder a exámenes para el diagnóstico del COVID-19, la prestación de servicios que no son culturalmente adecuados y que desconoce las prácticas de la medicina tradicional y su realidad lingüística y cultural, protocolos elaborados  sin la participación de representantes de las comunidades indígenas, etc. No se ha garantizado la participación de las autoridades comunitarias para la elaboración de hojas de ruta, planes de acción o intervención territorial, vulnerando el derecho de ejercer autogobierno y libre determinación. No se ha generado a tiempo información culturalmente adecuada, veraz y oportuna; y la que se ha generado de manera tardía no considera mecanismos oportunos de difusión de acuerdo a la realidad socio cultural, geográfica y de accesibilidad. No  se han desarrollado respuestas de apoyo socioeconómico, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado para quienes habitan las comunidades o pare los Waorani en entornos urbanos. Los apoyos han resultado insuficientes, escasos, no pertinentes, inaccesibles e inadecuados para las formas de vida, cosmovisión y cultura. Y ahora el sistema de justicia les niega la tutela judicial efectiva y desnaturaleza el alcance, objeto y razón de ser de una garantía jurisdiccional que busca actuar frente a un riesgo inminente que de constituirse en vulneración resultará irreparable”.

5 de junio 2020. Lago Agrio, Ecuador – El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la asociación de la Iniciativa Ecuatorial anuncian hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, que la organización indígena ecuatoriana, Alianza Ceibo, ha sido elegida como uno de los 10 ganadores del Premio Ecuatorial 2020, como un ejemplo sobresaliente de una solución local basada en la naturaleza para el cambio climático y el desarrollo sostenible.

“Es un honor para nosotros contar con el reconocimiento de organizaciones internacionales de mucho prestigio como es la ONU. Nos sentimos muy agradecidos por este premio que honra nuestro trabajo y lucha que venimos realizando en favor de nuestras vidas, nuestra selva y de nuestras culturas”, afirma Alicia Salazar, Directora Ejecutiva de la Alianza Ceibo y miembro de la nacionalidad siona.

La Alianza Ceibo es una organización conformada por cuatro Nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana: Siona, A’i Kofan, Siekopai y Waorani. Decidimos juntarnos en una alianza para trabajar por nuestros territorios y para proteger nuestra selva y el planeta. En 2011, comenzamos a trabajar para proporcionar acceso seguro a agua limpia a todas las familias afectadas por la contaminación petrolera en la región. A raíz de esta experiencia, nos dimos cuenta de que existen más necesidades y mucho más trabajo que hacer.

Ahora, junto a las comunidades, creamos diferentes programas para ayudar a nuestras nacionalidades en la defensa del territorio, la supervivencia cultural y la construcción de soluciones viables alternativas que mejoren la calidad de vida en las comunidades, desde el mapeo y monitoreo ambiental de nuestros territorios ancestrales hasta la energía solar y formación de nuestros jóvenes comunicadores comunitarios y la creación de alternativas económicas para nuestras familias y las comunidades, a través de iniciativas como la sastrería, artesanía y productos como el ají negro, la panela y el chocolate.

Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, nos estamos organizando para luchar y superar esta crisis sanitaria en todo nuestro territorio y para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas. La pandemia del Covid-19 agrava las amenazas que enfrentamos como pueblos indígenas, y registramos alarmantes cifras de casos en nuestras nacionalidades siekopai y waorani. Lamentamos la pérdida de nuestros ancianos y denunciamos la insuficiente acción del Estado central y seccional. Hasta la fecha, no ha habido una respuesta adecuado del gobierno a los reclamos de nuestros pueblos. Por este motivo, hemos estado también acompañado acciones legales de comunidades afectadas por el reciente derrame en abril 2020 en la Amazonía ecuatoriana, además de una demanda de medidas cautelares de la nacionalidad waorani.

Durante los últimos años, hemos acompañado grandes victorias aquí en la Amazonía ecuatoriana que nos dan mucha fuerza y esperanza para seguir resistiendo contra el extractivismo y para la pervivencia de nuestras nacionalidades. En la región de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, a orillas del río Aguarico, la comunidad A’I Cofán de Sinangoe ganó una victoria contra la minería en 2018, con una sentencia que reconoció su derecho a la consulta previa, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente. En el centro-sur, en la región de Pastaza, comunidades Waorani triunfaron frente a las empresas petroleras, con un juicio histórico en 2019.

La Amazonía es vida para nuestro mundo. Para nosotras y nosotros, como pueblos indígenas, es nuestra casa. Pero cada día, las amenazas se vuelven más grandes. Las empresas petroleras, los mineros, los madereros, los ganaderos, los grupos armados están poniendo en peligro nuestras vidas y nuestros territorios; y los gobiernos siguen violando nuestros derechos. Quieren sacar la riqueza de nuestros territorios, desplazarnos y acabar con nosotras y nosotros. No quieren dejarnos vivir en paz y en armonía. Siguen contaminando nuestra Madre Tierra, nuestros ríos, nuestros animales y nuestros cuerpos. Y mientras se va destruyendo nuestra selva, nuestras culturas y nuestros conocimientos ancestrales están a punto de desaparecer para siempre.

Soñamos en un futuro donde nuestros nietos puedan gozar de la herencia de nuestras abuelas y abuelos. Por ello, hemos venido trabajando en soluciones y luchando. Y sabemos que no sólo estamos luchando por nuestros pueblos, sino por todo el mundo.

Los ganadores del Premio Ecuatorial 2020 serán reconocidos a través de un evento en septiembre de 2020 durante la Semana del Clima de Nueva York, en paralelo con la Asamblea General y la Cumbre de la Naturaleza de la ONU. La Alianza Ceibo se unirá a una prestigiosa red de 245 organizaciones líderes basadas en la comunidad de 81 países que han sido galardonados con el Premio Ecuatorial desde 2002. El Premio Ecuatorial de este año reconoce iniciativas innovadoras de las comunidades locales y los pueblos indígenas que demuestran logros excepcionales en el área de soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo local sostenible.

CONTACTOS: Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873

Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867

La actividad petrolera ha continuado pese al estado de emergencia por la Pandemia del covid-19. Esta actividad, por su flujo de personas y materiales, es una de las más riesgosas que pueden darse en el entorno de comunidades indígenas. Por ello, las empresas petroleras y el Estado que las regula, en un contexto de pandemia, debieran ser lo más responsables, y reducir al mínimo su actividad, especialmente en las áreas donde la actividad petrolera es la que más personas y materiales moviliza.

En el caso del área del Parque Nacional Yasuní, se trata además de la zona más frágil del país por la presencia de Pueblos Indígenas Aislados, como la nacionalidad waorani de reciente contacto y, así también, de comunas kichwa amazónicas y mestizas. En especial, los Pueblos Indígenas Aislados cuentan con una amplia protección en la Constitución del Ecuador, así como en las normas supranacionales que reconocen la autodeterminación territorial de estos pueblos. En su última visita al Ecuador, la Relatora de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, puso énfasis en la importancia de respetar los territorios de los pueblos aislados y de reciente contacto, e hizo un llamado a no invadirlos con actividades petroleras.

Lejos de guardar una responsabilidad con estos pueblos, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano han seguido sus actividades en el área del Yasuní. En el caso del Bloque 43, situado al este del Yasuní y que ocupa en su parte sur el área de los Pueblos Indígenas Aislados, las imágenes satelitales reportan la apertura de una nueva carretera de 2,2 km al sur de la Tambococha B, en el corazón del Parque Nacional Yasuní, y en dirección al área de Ishpingo, donde el Ministerio del Ambiente ha dado licencia a la empresa estatal Petroamazonas para la apertura de tres plataformas petroleras más.¹

Una de ellas, Ishpingo B, generaría un impacto directo al área de protección de los Pueblos Indígenas Aislados, tal como muestran los propios Estudios de Impacto Ambiental de Petroamazonas.² Las imágenes satelitales muestran de forma inequívoca la construcción de esta nueva carretera, que, desde el 15 de marzo, en la que aún no se generaba desbroce, hasta el 6 de mayo, ha provocado 2,2 km de penetración en la selva amazónica, lo que requiere una gran cantidad de movimiento de trabajadores y materiales, contrario a cualquier sentido común en este momento de pandemia.

En la Sesión de 1 de junio de 2020, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se ha sumado a la preocupación que se ha generado entre la sociedad civil, demandando la comparecencia de los Ministerios y Secretarías, encargadas de la protección del Parque Nacional Yasuní, en los siguientes términos: “Requerir las comparecencias virtuales del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ministro del Ambiente y Agua y de la Secretaria de Derechos Humanos, para que informen respecto de la denuncia de actividades de construcción de una nueva infraestructura vial dentro del Parque Nacional Yasuní, sin que la Comisión haya tenido conocimiento de este tema, a sabiendas de que este tipo de actividades ponen en riesgo la salud e integridad física de los habitantes de las comunidades indígenas residentes en esta área protegida, por la presencia del COVID-19”.

Las organizaciones firmantes demandamos al Estado ecuatoriano que:

• Mientras dure la situación de pandemia, paralice toda actividad petrolera que implique la movilidad de trabajadores o ponga en riesgo a los pueblos indígenas, en especial aquellos aislados o de reciente contacto.

• Dedique sus esfuerzos a poner en marcha medidas de atención a las comunidades del Yasuní.

• De forma urgente, el Estado ecuatoriano brinde la información oportuna sobre la operación en esta nueva carretera, y transparente la actividad, contratos y riesgos que ha supuesto esta nueva carretera.

1^ Ver informe del MAAP “NUEVA CARRETERA PETROLERA HACIA LA ZONA INTANGIBLE (YASUNÍ, ECUADOR)”: https://maaproject.org/2020/itt/

02 de junio de 2020.- El 01 de junio, Eduardo Payaguage, de 59 años, uno de los primeros profesores siekopai falleció con diagnóstico de covid-19 tras varias semanas en terapia intensiva. Su salud se deterioró días después de la muerte de su padre, uno de nuestros ancianos fallecidos semanas atrás con sintomatología asociada al covid-19 sin haber recibido atención médica oportuna.

Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad, hace referencia a la importancia de quien fue maestro de muchos de nuestros niños y niñas durante 31 años:

“Se nos ha adelantado nuestro hermano, a pesar de sus dificultades económicas como todos nosotros, los Siekopai, Eduardo Payaguaje educó a niños y jóvenes. Hoy, nos deja un gran vacío y dolor en la familia Siekopai. Hemos hecho todo lo posible para salvar su vida y lo asumí personalmente y me duele mucho pensar que no lo pude lograr. Sin embargo, Eduardo es el ejemplo de lucha y perseverancia, sintió el golpe duro de perder a su padre hace unos días atrás. Hoy, se nos ha ido”.

El fallecimiento de este compañero duele profundamente, pero, sobre todo, indigna. Su muerte nos demuestra una vez más que al Estado ecuatoriano no le importan los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. No le importa nuestra pervivencia, pues hemos advertido de forma insistente que nuestro riesgo de extinción física y cultural es mayor, debido a que somos un pueblo de no más de 700 habitantes en Ecuador.

No obstante, estas alertas no significaron el mejoramiento de la gestión de esta emergencia ni la dotación de recursos económicos que prioricen la compra de medicinas, de pruebas PCR, de pruebas rápidas y de kits alimenticios para que nuestra población mantenga el confinamiento en condiciones dignas.

Ante la insuficiente acción del Estado central y seccional, ha sido nuestra propia autogestión y el apoyo de organizaciones aliadas aquello que nos ha permitido conseguir alimento para nuestros compañeros y pruebas para ser aplicadas en nuestras comunidades.

Hemos sido nosotros quienes desarrollamos nuestros propios protocolos e información preventiva en nuestro idioma. Ha sido la sabiduría ancestral transmitida por nuestros abuelos la que ha salvado a muchos de los siekopai que han enfermado y deben encarar un sistema de salud precario.

De nuestra primera denuncia pública ha pasado un mes. Llegaron varios ofrecimientos de las autoridades locales, pero no se cumplieron y hoy despedimos a un siekopai más. Por ello, al Estado, le decimos nuevamente que cualquier decisión tomada sin concertación, que no prevenga y ayude a controlar y atender la propagación del virus, exacerbando el inminente riesgo de exterminio físico y cultural de la Nacionalidad Siekopai en Ecuador, podría resultar en un etnocidio sobre el cual tendría absoluta responsabilidad.

Abrazamos a la familia de Eduardo Payaguage y a todos quienes lo lloran por la grandeza de su presencia que hoy trasciende para ser recibido por nuestra Diosa DEPAO y para juntarse a nuestros dos abuelos recientemente fallecidos, también a causa de la negligencia estatal.

Contactos: Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad +593 96 007 6746