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23 de julio de 2020.- Desde nuestro territorio en la frontera entre Colombia y Ecuador, felicitamos a la Nación Wampis y la Nación Achuar de Perú por su triunfo en defensa de sus territorios frente a la empresa petrolera GeoPark. Después de una larga y digna lucha, el 15 de julio, a través de la carta GPK-OG-PE-2020-LE-82, Geopark Perú S.A.C. comunica su retiro del Lote 64. La resistencia y la dignidad de los pueblos indígenas vence una vez más a los intereses de explotación y destrucción de las empresas multinacionales.

En medio de esta admirable lucha de ambas Naciones y el significativo triunfo alcanzado, recordamos a la empresa GeoPark que, enmarcados en el Derecho propio, amparados en nuestra ley de origen y ratificados en las Resoluciones 001, 002, 003 y 004 emitidas en 2016 y 2017 por nuestras autoridades tradicionales y políticas, como Pueblo Siona del Resguardo Buenavista rechazamos de manera contundente la realización de actividades de exploración y explotación de petróleo dentro de nuestro territorio ancestral y resguardado.

Asimismo, advertimos a GeoPark, sus inversionistas y financieras que la lucha con nosotros va a terminar con los mismos resultados obtenidos por los Wampis y Achuar. Ustedes van a perder, pues no podrán sacar ni una gota de petróleo de nuestro territorio. 

Le recordamos a GeoPark que, en virtud de una Medida Cautelar otorgada en el año 2018 dentro del proceso de restitución de tierras, 56.529 hectáreas de territorio ancestral y resguardado se encuentran protegidas con una prohibición expresa de adelantar actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales que se encuentra en firme.

Desde el año 2009 el Pueblo Siona (ZioBain) fue reconocido por la Corte Constitucional, máximo Tribunal de protección de derechos fundamentales en Colombia, en riesgo inminente de exterminio físico y cultural por el accionar directo de la guerra. Así también por presiones indebidas de lo que consideró factores subyacentes del conflicto armado, tales como los intereses extractivos y megaproyectos que pretenden ser establecidos en los territorios indígenas.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la decisión MC-395-18, otorgó medidas cautelares de protección, obligando al Estado Colombiano a concertar rutas de protección culturalmente adecuadas para salvaguardar la vida, libertad e integridad de las autoridades indígenas, las comunidades y su territorio.

Nuestro territorio, nuestras vidas y la pervivencia de nuestro pueblo ZioBain están en riesgo, y ni GeoPark ni ninguna empresa petrolera nos vencerán.

Resistimos, luchamos, permaneceremos firmes en la defensa de la vida, de nuestro territorio milenario, en la preservación de la sabiduría ancestral del Pueblo ZioBain.

Somos un pueblo grande de corazón y pensamiento.

SANDRO PIAGUAJE
Gobernador
Resguardo Siona Buenavista
gobernadorbuenavista@gmail.com

La tarde de ayer, 21 de julio de 2020, la salud de una adulta mayor Siona con antecedente de cardiopatía empeoró debido a los síntomas asociados al covid-19 y a la insuficiente atención recibida por parte del Estado ecuatoriano, pese a que la comunidad transfronteriza Siona de Wisuya y esta Alianza advertimos públicamente, el 14 y 15 de julio de 2020,¹ sobre la situación de riesgo que enfrentan.

Debido a su situación médica, la adulta mayor siona MGCP fue trasladada desde la comunidad hacia el hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio, lugar en el que la atención médica ha sido demorada no únicamente para la autoridad tradicional de esta referida comunidad, sino para varios pacientes que, con urgencia, requieren oxígeno. Lo que se le indicó a la familia de la Señora MGCP es que el hospital se encuentra colapsado, no cuentan con camas disponibles, ni con camillas, ni con balas de oxígeno. Y, solamente tras múltiples insistencias de los familiares, fue ingresada a una sala de espera, donde pasó toda la noche sentada en una silla y, al menos, con provisión de oxígeno.

A diferencia del discurso público, médicos y medios de comunicación locales publican varios mensajes sobre una situación colapsada en las casas de salud públicas.² Situación que se evidencia en imágenes difundidas de pacientes graves en los pasillos, sentados y conectados a tanques de oxígeno en una situación que no respeta el mínimo derecho a acceder una atención de salud digna, así como en el testimonio de los familiares que acompañan a la adulta mayor siona.

Asimismo, reclamamos la falta de transparencia con la que las autoridades locales y nacionales asumen la emergencia, omitiendo la crítica situación que enfrenta el sistema de salud. De igual forma, alertamos que las insuficientes acciones humanitarias a favor de las familias indígenas y/o campesinas sin un sustento económico seguro no garantiza su permanencia en sus territorios, lo cual representa un riesgo de contagio y de propagación del virus. Además, la falta de provisión de los centros de salud cercanos a las comunidades impide que quienes tienen sintomatología asociada al covid-19 puedan ser atendidos debidamente dentro de sus propios territorios.

Como organizaciones de derechos humanos, llamamos con urgencia al Gobierno y exigimos que se garantice el derecho a la vida y a la salud, denostados por las acciones insuficientes e inoportunas estatales. En este caso específico, la vida de una autoridad tradicional está en riesgo y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la salud integral tanto de ella como de quienes se encuentran en los pasillos de los hospitales públicos del país y de quienes ni siquiera han podido ingresar, debido al colapso y crisis médica actual que no ha sido reconocida por el Estado ni respondida con la urgencia debida.

Exigimos, además, se atienda la falta de provisión de los hospitales públicos provinciales, locales y comunitarios porque el traslado de la adulta mayor demuestra que las casas de salud cercanas a las comunidades no cuentan con los suministros suficientes para atender a las personas con mayor vulnerabilidad.

Tras 24 horas, adulta mayor Siona se encuentra sentada, sin recibir atención médica digna y  junto a un cadáver

Han pasado 24 horas desde que la adulta mayor Siona ingresó por emergencia en el Hospital Marco Vinicio Iza, de Lago Agrio, debido a la sintomatología relacionada con COVID-19 y su antecedente de cardiopatía. Pese al tiempo transcurrido y los exámenes de rayos x practicados que muestran el compromiso en los pulmones, no  le ha sido asignado un espacio y continúa sentada en una silla de metal. Es decir, no ha recibido atención médica digna.

Además, familiares denuncian que, en horas de la tarde, falleció junto a ella una persona, cuyo cuerpo continúa sin ser retirado y sin que se apliquen los protocolos correspondientes al manejo de cadáveres. Este tratamiento por parte del Estado es indignante tanto con la persona fallecida como con la abuela Siona, y se ha sumado a la  grave  situación en la que ella se encontraba al ingresar al Hospital. Tener una persona fallecida a su lado por varias horas le genera un nivel de ansiedad crítico, lo cual, para su antecedente de cardiopatía, podría resultar sumamente  perjudicial.

Hacemos un llamado URGENTE al Ministro de Salud y al gobierno ecuatoriano a proporcionar atención prioritaria a los pueblos indígenas y los ancianos. Insistimos en que las personas adultas mayores dentro de los pueblos indígenas son el pilar fundamental de su cultura y son consideradas autoridades tradicionales, pues representan la memoria viva de sus costumbres y tradiciones. En este tiempo, varios abuelos han enfermado y han sido enterrados sin que el Estado haya garantizado un plan específico para cuidar su vida. Por tanto, exigimos decisiones adecuadas e integrales y un tratamiento acorde a la dignidad, que tiene toda persona humana.

La comunidad Indígena Siona – Kichwa de San José de Wisuya, perteneciente a la Nacionalidad Transfronteriza Siona, localizada en la provincia fronteriza de Sucumbíos, cantón Putumayo, publicó este martes, 14 de julio de 2020, una alerta en la que señala que siete comuneros presentan sintomatología asociada al COVID-19. Entre ellos, se encuentra una autoridad tradicional adulta mayor y que padece una cardiopatía, lo que incrementa considerablemente su situación de riesgo. Según el Presidente de la Comunidad, estas personas recibieron únicamente paracetamol y no se les realizó ni se programó ningún proceso de testeo que confirme o descarte que se trata de COVID-19.

Recordamos que esta comunidad ya emitió una denuncia pública, el pasado 20 de abril, en la que pidieron la concertación de un plan de contingencia para prevenir el contagio y enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, desde entonces no se ha dado respuesta estatal de ninguna naturaleza.

También resulta importante señalar que desde el año 2016 la comunidad ha denunciado de manera formal la situación sistemática de riesgo que enfrenta. De esta situación conocen en detalle la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos sin que a la fecha, según informa la comunidad, se hayan tomado acciones concretas de protección.

La alerta de la comunidad Siona Kichwa revela un sistema de salud público precario y desabastecido que, además, no es capaz de cubrir de manera oportuna la emergencia sanitaria en las zonas geográficamente más distantes y olvidadas. Tampoco está capacitado para proporcionar de manera adecuada la información necesaria de prevención y contención ni para desarrollar procesos de aislamiento ni de seguimiento a posibles contagios. Y, aunque no lo ha reconocido públicamente, tampoco ha sido capaz de proporcionar la cantidad de pruebas necesarias para aplicar de manera masiva en territorios indígenas. Lo cual implica un subregistro preocupante.

Preocupa que la situación de esta comunidad se encuentra agravada por las condiciones mismas de la frontera norte y particulares de esta zona, donde la presión de los grupos armados ilegales no ha cesado y el Estado, a través del Ejército, la Policía Nacional y varias autoridades civiles, sigue desconociendo la autoridad de la Guardia Indígena de este pueblo. Esta comunidad también sobrevive en medio de la presión ejercida por las actividades extractivas inconsultas y el riesgo que implica la confirmación de COVID-19 en trabajadores petroleros en este territorio transfronterizo.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, recordamos que este Pueblo fue considerado en riesgo de exterminio físico y cultural por parte del gobierno Colombiano y, desde hace meses, pugnan por la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Mientras, del lado Ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de verificación de derechos humanos en 2018, en el que se ratificaron los riesgos y la necesidad de reparar integralmente a esta comunidad y se dictaron varias recomendaciones para el Estado ecuatoriano, que, hasta la fecha, no se han aplicado.

La alerta difundida por dicha comunidad devela un desinterés sistemático por parte del Estado en responder la grave situación que enfrentan los pueblos y nacionalidades, situación que no ha cambiado desde el decreto de emergencia sanitaria y que ha obligado a las organizaciones indígenas a tomar decisiones y articular acciones, para intentar sobrellevar la inevitable propagación del COVID-19 en un contexto de olvido histórico por parte de las autoridades nacionales y seccionales.

Por tanto, instamos al Estado ecuatoriano a concertar con las autoridades políticas y, específicamente, con la Guardia Indígena, cuyos miembros han hecho un esfuerzo indiscutible en control territorial, definición de protocolos de contención y autocuidado y monitoreo constante de la situación de riesgo. No obstante, en lugar de recibir la atención correspondiente, han recibido señalamientos por parte de autoridades locales que desconocen su legitimidad.

Le recordamos al Estado que hay obligaciones constitucionales y estándares internacionales sobre la autonomía territorial, los sistemas de gobernanza propios y la concertación con los mismos que se están incumpliendo, tales como el artículo 57, No.20 en concordancia con el artículo 30 del 169 OIT.

Finalmente, replicamos textualmente los pedidos específicos de esta Comunidad, para que sean atendidos con la urgencia y la brevedad necesaria:

1. “Se realice un proceso de DIAGNÓSTICO TERRITORIALIZADO (…), con la aplicación de pruebas de tamizaje y PCR que permitan la detección del virus de COVID-19, así como la adopción INMEDIATA de medidas de prevención, respuesta y contención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades indígenas; el despliegue de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, así como la entrega de kits de bioseguridad para la Guardia Indígena que está realizando el control territorial para evitar el ingreso de terceros al territorio.

2. Se garantice un apoyo mínimo vital de subsistencia para las familias indígenas que no cuentan con sustento o garantías de trabajo, que les permita mantener el aislamiento y evitar el aumento de contagios.

3. Que las instituciones, como la Secretaría de DDHH, que tienen compromisos con (…) (la) comunidad no utilicen el argumento de distanciamiento y teletrabajo para dilatar el cumplimento de sus obligaciones. Por el contrario, que se atienda como prioridad los casos de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas.

4. Se recuerda a las Fuerzas Armadas su obligación de respetar el territorio de Pueblos y Nacionalidades y concertar con (…) (las) autoridades antes de cualquier ingreso o acción en nuestra comunidad”.

10 de Julio de 2020.- Desde la difusión de las primeras alertas respecto a las sospechas de propagación del virus en nuestro territorio y sobre cómo esto pone en riesgo directo a nuestra pervivencia como Nacionalidad, la única variación del accionar del Estado en nuestro territorio han sido los constantes ofrecimientos que hasta la fecha no se han cumplido, y la labor de los trabajadores públicos de salud que se da en medio de la precariedad misma del sistema nacional de salud.

En estos tres meses que ha durado la declaratoria de emergencia, hemos pedido de manera insistente y en diversos formatos (escritos, ruedas de prensa, denuncias públicas) a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales de Cuyabeno, Shushufindi y provincial de Sucumbíos que transparenten cómo se invertirán los fondos transferidos por la Circunscripción Territorial Amazónica. Sin embargo, nuestros pedidos han sido omitidos y sus ofrecimientos se han incumplido, como veremos en la tabla que incluimos al final de este comunicado (página 3 y 4).

Ni el acceso a pruebas para diagnosticar el covid-19, ni a raciones alimenticias continuas e idóneas culturalmente para mantener un aislamiento digno han llegado a nuestro territorio. En un país Plurinacional, las autoridades, con sus decisiones, demuestran que la interculturalidad para ellas es prescindible. No se consideran las particularidades de los Pueblos y las Nacionalidades y se quieren imponer aislamientos fuera de nuestro territorio y lejos de nuestros promotores médicos comunitarios, por tanto, de nuestra medicina ancestral. Además, si bien es cierto, las pruebas las han aplicado enfermeras públicas, durante el testeo se evidenció poca organización, una capacidad limitada de aplicar las pruebas de confirmación PCR que complementen las pruebas de tamizaje rápido y ausencia de médicos.

Lo que nos ha permitido subsistir ha sido nuestra autogestión, nuestra medicina ancestral y la acción de las organizaciones aliadas, que han apoyado tanto en la obtención de pruebas rápidas y PCR como en la adquisición de alimentos adecuados (carne, pescado), reduciendo el uso de enlatados y de otros que en lugar de nutrirnos podrían generar más enfermedades. Asimismo, esta gestión nos permitió adquirir un tanque de oxígeno que lo entregamos con profunda solidaridad a una comunidad Siona de Cuyabeno, cuya proximidad a hospitales es distante y, de nuestra experiencia, hemos entendido que salir a la ciudad supone un riesgo y un padecimiento adicional tanto en lo físico como en lo psicológico.

En este largo y difícil camino, en el que hemos perdido a tres importantes Siekopai y con una relación más fortalecida con nuestra medicina ancestral, nuestros abuelos han decidido compartir con varias comunidades hermanas kichwas amazónicas y de la Sierra, Shuar, A’i Cofán y Siona de Cuyabeno la medicina que nos ha permitido subsistir y, en otros casos, sanar. Seguimos la recomendación de nuestros abuelos de no temerle a este virus, conocerlo y entenderlo como la mejor defensa para organizarnos en los territorios y responder con sabiduría a este nuevo desafío de pervivencia de los pueblos. Mantenemos acciones de autocuidado y medidas de bioseguridad colectivas y familiares, con pertinencia cultural y procesos de monitoreo (registro de casos probables) que permitan realizar micro contención en las comunidades y territorios indígenas.

Estamos organizados en un COE Comunitario Siekopai, y, de manera autónoma, nos encontramos gestionando y aplicando pruebas en todas nuestras comunidades para detectar cuánto se ha propagado el covid-19, quiénes ya lo superaron, y continuamos tratando a nuestras familias con la medicina ancestral, que, sobre todo, traemos desde nuestro territorio ancestral, Pë’këya, territorio que sigue sin ser formalizado por parte del Ministerio del Ambiente, entidad que desde el 2017 tiene en sus manos la petición de adjudicación sin dar respuesta alguna, vulnerando una vez más nuestros derechos territoriales y arriesgando nuestra pervivencia.

En estas últimas semanas, el virus sigue extendiéndose por nuestras comunidades. Hasta la fecha, el gobierno central y los distritos de salud no cumplen con la obligación mínima de fortalecer el sistema de salud pública con dotación suficiente de los subcentros de salud para la atención a los casos críticos en los territorios de pueblos indígenas, así como las garantías de traslado, sostenimiento y atención culturalmente adecuada de pacientes.

No se ha asegurado la atención humanitaria mínima vital para las familias indígenas que no cuentan con sustento o garantías de trabajo, que les permita mantener el aislamiento y evitar el aumento de contagios. Tampoco se ha garantizado el apoyo a las iniciativas de control, atención y monitoreo comunitario por parte de las Organizaciones y Comunidades indígenas como una estrategia para realizar una efectiva contingencia en las áreas rurales, y no se ha concertado y coordinado con la dirigencia de nuestra Nacionalidad un plan integral y culturalmente pertinente de manejo de la pandemia.

Frente a todo lo anterior, exigimos a las instituciones cumplir con sus compromisos detallados a continuación. Pese a que hemos sobrellevado esta crisis con nuestras propias medidas, el riesgo de exterminio no ha terminado y es obligación del Estado guardar especial cuidado con pueblos diezmados en su población, tal como ocurre con la Nación Siekopai. Le recordamos una vez más a las autoridades del ejecutivo y a los Gobiernos Autónomos que la toma de decisiones oportunas y pertinentes sólo es posible en concertación con los Pueblos Indígenas, todo aquello que se haga sin ese criterio resulta ineficaz e incluso puede generar daño.

Contactos: Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad +593 96 007 6746

ANEXO:

Esta mañana, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), afectada por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril de 2020, realiza en la ciudad de El Coca una movilización pacífica, con el distanciamiento y las medidas de bioseguridad necesarias pertinentes durante esta emergencia sanitaria.

En medio de los riesgos latentes por esta pandemia global, las comunidades kichwa de la Amazonía afectadas por el derrame de crudo han decidido movilizarse, tras más de 90 días sin respuestas efectivas, sostenidas por parte de las autoridades estatales y las empresas públicas y privadas responsables del mayor desastre socio-ambiental en los últimos 15 años. Esta movilización también busca visibilizar la falta de acceso a la justicia, ya que hace más de un mes se suspendió la audiencia de la acción de protección y medidas cautelares, a través de las cuales se buscan la reparación integral a sus derechos.

Ante esto, rechazamos la actuación de las entidades estatales, incluido el poder judicial, y las empresas Petroecuador Ep y OCP, que en todo este tiempo no han tenido la voluntad política de cumplir con sus responsabilidades con las comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo, que representan a 27.000 indígenas víctimas no sólo de la contaminación, sino también de la inoperancia estatal y de la impunidad de un sistema judicial que no garantiza la tutela efectiva.

Desde las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos nuestro respaldo a las comunidades que enfrentan tanto las afecciones de salud producto de la contaminación, del fuerte brote de dengue y del covid-19, como la falta de alimentos y agua segura y le recordamos al Estado que está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica, aun en tiempos de pandemia.

En este sentido, reiteramos lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 14 de abril de 2020, donde le recomendó al Estado ecuatoriano:

“Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley”.

Así mismo, la Corte Constitucional en su dictamen del mes de octubre No. 5-19-EE/19 estableció que “(iv) la Policía Nacional y complementariamente las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales deben respetar, el derecho de los ciudadanos a manifestarse, siempre que lo hagan de forma pacífica, sin alterar el orden público”, y que el dictamen No. 1-20-EE/20 no excluye expresamente el derecho de protesta pacífica.

Adicionalmente, le recordamos al Estado, a la Policía Nacional y a los agentes municipales que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras, artículo 1).

Como Alianza de organizaciones de derechos humanos estaremos vigilantes a que se garantice estos derechos, garantizados en la Constitución de la República, a fin de impedir que se produzcan abusos y violaciones de los derechos humanos de estas personas.

Contacto de Prensa: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17 de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su 1

judicialización, sometiendonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias. Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

Alex McAnarney Directora de Comunicación, CEJIL amcanarney@cejil.org +1 305 335 5665

Sophie Pinchetti Comunicadora de Amazon Frontlines, sophie@amazonfrontlines.org +593 98 148 4873

08 de julio de 2020, Puyo, Ecuador.- El 17 de junio, la jueza Delicia de los Ángeles Garcés, de la Unidad de Familia con sede en Quito, dictó medidas cautelares a favor de la Nacionalidad Waorani, en las que se dispusieron términos y acciones concretas para los Gobernadores de Napo, Pastaza y Orellana; los Ministerios de Salud Pública (MSP), de Ambiente y Agua (MAE) y de Inclusión Económica y Social (MIES); la Secretaría de Derechos Humanos; y la Defensoría del Pueblo.¹ Estas medidas fueron interpuestas debido a que la propagación del covid-19 pone en riesgo varios derechos, entre ellos, la vida de nuestro pueblo como la de nuestros hermanos los Pueblos en Aislamiento Voluntario.

En este mismo sentido, el 29 de junio, la magistrada amplió su sentencia, recogiendo varios de nuestros criterios. Así, dispuso que las medidas cautelares cubran a todas las comunidades waorani en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana); que la coordinación debe realizarse con nuestras autoridades de la NAWE, AMWE y CONCONAWEP; y que el MSP debe financiar el traslado de pacientes o del personal médico hacia las comunidades para atención de quienes no puedan salir del territorio. También, que la dotación de kits humanitarios se debe realizar cada quince días, “hasta la superación definitiva de la pandemia”.

Preocupan los continuos e insistentes pedidos de revocatoria de las medidas cautelares desde la Procuraduría, de la Secretaría de Derechos humanos, la Gobernación de Pastaza, el MAE y MSP e inclusive desde la propia Presidencia de la República. Frente a estas insistencias, resueltas por la jueza tanto el 29 de junio como el 06 de julio, quedan muchas dudas de la voluntad política que tienen las dependencias estatales mencionadas de garantizar los derechos de nuestra nacionalidad, de acuerdo con los estándares de derechos humanos pertinentes y en cumplimiento de las medidas cautelares.

Recalcamos que este tiempo ha sido complejo para nuestra nacionalidad y, específicamente, para las familias de nuestros dirigentes, pues han debido enfrentar el covid-19 en sus propios cuerpos y han podido curarse no por la atención del Estado, sino por nuestra medicina tradicional que nunca ha perdido valor y vigencia.

Nos enfrentamos a un Estado Plurinacional contradictoriamente racista, que sigue negando los riesgos a los que estamos expuestos.

“Si nosotros no hubiéramos iniciado nosotros mismos con la cooperación de manos aliadas, el Estado no hubiera intervenido. Después de varias denuncias, después de varias presiones y, aún así, no tenían elementos para ir al territorio y comprobar los contagios”. – Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador

En este tiempo han ocurrido hechos que preocupan y aumentan el riesgo, sobre todo porque develan un Estado indolente y poco dispuesto a cumplir con mínimos parámetros interculturales. El Estado ecuatoriano, a pesar de ser Plurinacional, sigue siendo un Estado racista, donde la mirada sobre lo indígena sólo le es útil cuando quiere mostrar un rostro supuestamente inclusivo, pero bastan minutos para demostrar que esa imagen se diluye en actos excluyentes, como estos:

• A finales de junio, el MIES nos propone un kit de alimentos distantes de nuestra dieta y poco saludables, que, entre otras cosas, incluye salsa de tomate, mayonesa y leche. Asimismo, los alimentos que debían ser entregados todavía no han llegado a las familias waorani.

• En la última notificación del 6 de julio, la Presidencia, en un entendimiento simple y pobre sobre las medidas, señala que estas ponen en riesgo tanto el no contacto de los Pueblos Aislados como el reciente contacto de nuestro pueblo, pese a que fueron demandas por nosotros mismos.

• La Gobernadora de Pastaza señala que la entrega sostenida de alimentos cada 15 días durante toda la pandemia no es aceptable, debido a que: “si esta pandemia no termina no tiene un fin determinado (…) porque rompe la igualdad constitucional creando privilegios a parcialidades muy disminuidas en número”. No somos una “parcialidad muy disminuida”, somos un pueblo de 5000 personas que se encuentra en desventaja histórica, pues nuestro contacto no tiene más de 60 años.

• El MSP, por su lado, señala que las acciones tomadas previas a las medidas cautelares son suficientes para garantizar nuestros derechos. Reiteramos que nuestras comunidades subsisten en medio de un sistema de salud desabastecido, lo que ha sido reconocido por el propio Ministerio de Salud, y las acciones de esta entidad son insuficientes, escasamente articuladas y no consideran nuestras particulares culturales e identitarias.

Han pasado 15 días y aún no hemos recibido informes sobre las acciones desarrolladas, tampoco tenemos claridad de cuántos compañeros han sido diagnosticados, siendo esto parte del resolución judicial. Frente a autoridades de mayor rango, se establecen acuerdos, pero cuando están frente a nuestra población evidencian que sus compromisos distan de la verdad. Nos dijeron que había pruebas para testear a cada uno de nosotros, mas cuando llegan a una comunidad indican que en nuestro territorio se aplicará únicamente a un miembro por familia. ¿Cuál es la garantía de que la persona a quien se aplica la prueba es realmente quien necesita la atención y el diagnóstico?

• Si bien estas medidas son significativas, una de sus partes fundamentales recae sobre la decisión de la jueza de negar la moratoria de la actividad extractiva, señalando que son actividades estratégicas, y desconociendo el grave impacto que generan sobre nuestras vidas y la de los Pueblos en Aislamiento. A la par, alertamos que ese mismo argumento se utiliza para seguir avanzando en la construcción de la carretera en la Zona Intangible, la misma que nos pone en riesgo y de la cual habíamos advertido dentro de nuestra demanda. Reiteramos que esta vía (no sendero ecológico) se construye afianzando que al Estado no le importa la vida de los Pueblos y las Nacionalidades,² incluso estando a un paso de un etnocidio.

Hacemos hincapié en que, si bien estamos a dispuestos a concertar la atención con las autoridades del Ejecutivo, no nos sentimos protegidos. El Estado deberá cumplir la disposición judicial, pese a que, todos los demandados han pedido revocar las medidas cautelares. Con análisis poco sustentados, las instituciones que deberían hacer prevalecer nuestros derechos como pueblo en contacto inicial y el de nuestros hermanos los pueblos aislados, desconocen el riesgo en el que nos encontramos y desconocen sus responsabilidades.

Posición judírica

Desde el inicio del proceso legal, se ha venido insistiendo en que el riesgo recae sobre el derecho a la vida, este se convierte en un bien jurídico protegido, cuya vulneración recaería en una conducta penalmente punible. En el Código Orgánico Integral Penal, se tipifican y sancionan estos ilícitos que se conocen como crímenes en contra de la humanidad y para el caso de la Nacionalidad Waorani se ha advertido que podría configurarse un genocidio o un etnocidio. Se señala, además, que con un manejo adecuado de la pandemia y el cumplimento de los deberes del gobierno de proteger y servir a sus ciudadanos estos hechos posibles pueden ser evitados.

Sin embargo, la realidad que vive la nacionalidad es la de un gobierno que omite sus deberes y responsabilidades con sus incidentes mal intencionados, sus oposiciones infundadas y, sobre todo, la falta de cumplimiento de todas las medidas indispensables y urgentes, necesarias para garantizar la superviviencia de la nacionalidad Waorani, los Pueblos en Aislamiento Voluntario, y la vida de sus miembros.

CONTACTOS

Voceros:

• Gilberto Nenquimo, Presidente de NAWE – +593 997 136 419

• Nemonte Nenquimo, Presidenta de CONCONAWEP – +593 979 709 411

• Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967 454 032

• María Espinosa, Defensora DDHH, Abogada de Amazon Frontlines & Asesora de la Nacionalidad – +593 986 338 495 (sólo whatsapp)

Para obtener más información, entrevistas o solicitudes de fotos/videos, comuníquese con:

• Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867
• Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873

La Federación Internacional de Guardaparques, el 20 de junio de 2020, emitió un pronunciamiento sobre la separación de funciones de, aproximadamente, 500 funcionarios públicos, entre ellos 200 Guardaparques y 300 funcionarios técnicos y profesionales trabajadores de las áreas Naturales Protegidas del Ecuador. La mayoría de los trabajadores desvinculados contaban con nombramiento.

Además de significar un fuerte impacto para la vida cotidiana de los funcionarios, al despojarles arbitrariamente de su fuente de ingresos, esto también generaría consecuencias para el cuidado y mantenimiento de las áreas naturales de nuestro país y que están al cuidado de los Guardaparques. Inobservando, así, el derecho de la naturaleza al mantenimiento y cuidado integral, según el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador.

Ecuador es uno de los 17 países con la mayor biodiversidad del mundo, conocidos como “megadiversos”. Con solo el 0.06% de la superficie del planeta, tiene el mayor número de especies por unidad de área. Gran parte de la biodiversidad se encuentra dentro de las 59 áreas protegidas, las cuales cubren el 20% del territorio ecuatoriano.

En los territorios donde laboran los Guardaparques, ellas y ellos ejercen su trabajo mediante su programa de control y vigilancia, que busca evitar el cometimiento de delitos ambientales tales como: caza furtiva, introducción de especies exóticas, tala de árboles, incendios forestales, minería ilegal entre otros. Además, los Guardaparques se encargan de los siguientes programas con el fin de salvaguardar los ecosistemas:

1. Control y Vigilancia.– Mediante este programa, los Guardaparques realizan patrullajes permanentes dentro de las Áreas Protegidas, para evitar el cometimiento de delitos ambientales.

2. Manejo de Biodiversidad.– Programa considerado la piedra angular sobre la cual se sostiene la conservación y el desarrollo de los ecosistemas existentes en las Áreas Protegidas; consiste en realizar actividades de registro y monitoreo de especies, técnicas de investigación científica para determinar categorizaciones con estándares nacionales e internacionales por ejemplo (RAMSAR, AICON, RESERVAS DE BIOSFERA, RESERVAS FAUNISTICAS, RESERVAS GEOBOTANICAS, PARQUES NACIONALES, ÁREAS DE RECREACIÓN ENTRE OTRAS).

3. Capacitación Educación y Participación Ambiental.– Este programa consiste en vincular a las comunidades dentro y fuera de las Áreas Protegidas, tanto en formación como en la generación de conciencia ambiental.

4. Uso Público y Turismo.– Programa diseñado para cuidar y mantener la infraestructura existente dentro las Áreas Protegidas, con el fin de lograr que la carga turística cause el menor impacto ambiental posible. También implementa protocolos de seguridad y de promoción turística controlada.

La Constitución del Ecuador incluye varios artículos destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente, como derechos de la “pacha mama”, madre tierra. El artículo 14, capítulo segundo (Derechos del buen vivir), Sección segunda (Ambiente sano) reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Además, se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

En el título VII. Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución, se habla de la Biodiversidad y Recursos Naturales. El Art. 395, por su parte, expone que la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Así mismo, el Ecuador tiene obligaciones internacionales en materia ambiental, como lo dispone el Convenio UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, para la protección de los bienes culturales y naturales del mundo.

Resulta fundamental indicar que muchas de las áreas protegidas se traslapan con territorios propiedad de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que cumplen un papel fundamental para su protección y salvaguarda. De manera particular, aquellos pueblos que cuentan con sistemas de guardianía o monitoreo, quienes ejercen acciones de control y gobernanza territorial de vital importancia pese a no tener el reconocimiento y apoyo del Ministerio de Ambiente.

La Asociación de Guardaparques del Ecuador sostuvo una reunión con el Ministerio del Ambiente y del Agua el lunes, 22 de junio a medio día, en la que se acordó en que esta institución extendería una carta firmada que disponía la suspensión de la desvinculación de los funcionarios antes mencionados apenas concluya la reunión. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido una respuesta o notificación en relación a ese acuerdo.

Genera preocupación la falta de importancia que el Ministerio del Ambiente y del Agua ha demostrado en temas de cuidado y protección ambiental, pues a casi cuatro años del mandato de Lenin Moreno, cinco autoridades han pasado por el Ministerio del Ambiente y del Agua: Tarsicio Granizo, Humberto Cholango, Marcelo Mata Guerrero, Raúl Ledesma Huerta, Juan DeHowitt Holguín y Paulo Proaño. Alertamos que esta situación evidencia una inexistente voluntad política de construir una agenda ambiental coherente y sostenida, más allá de las actividades de gestión ambiental que se han promovido. Lo que se suma a un presupuesto diezmado y a una fusión con la Secretaría del Agua, sin que se haya transparentado cómo se operativiza la misma.

Durante este tiempo, ninguno de los Titulares de esta Cartera de Estado -uno de ellos paradójicamente con experiencia en empresas petroleras (Marcelo Mata Guerrero)- ha demostrado ni la voluntad ni la eficiencia para establecer una política pública encaminada no sólo a garantizar los derechos de la naturaleza, sino también los derechos colectivos.

En este sentido, exhortamos al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente y del Agua, se pronuncie y se abstenga de desvincular a los guardaparques y a los trabajadores en materia de protección ambiental; así como, se aplique políticas públicas en el marco de lo que establece la Constitución y los acuerdos internacionales de Derechos Humanos de acuerdo a protección ambiental.

Contacto: Sophie Pinchetti, sophie@amazonfrontlines.org, Whatsapp: +593 98 148 4873

Quito, Ecuador, 25 de junio de 2020 – El 24 de junio, la Corte Constitucional del Ecuador admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Alianza Nacional de Derechos Humanos, y suspendió de manera efectiva un acto del Ministerio de Defensa— Acuerdo Ministerial No. 179 que contiene el Reglamento para el Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza por parte de los Miembros de las Fuerzas Armadas—emitido en mayo y destinado a incrementar el uso permitido de la fuerza contra las manifestaciones  públicas en ecuador..

El Acuerdo Ministerial abría la puerta al uso indiscriminado de la fuerza y armas de fuego por parte de los militares para responder a reuniones, protestas y manifestaciones, lo que supondría un grave peligro para las libertades civiles de los ecuatorianos y ecuatorianas y el derecho a protestar, organizarse y resistirse a la injusticia.  La decisión de suspender el Acuerdo permanecerá hasta que la Corte adopte una decisión sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones de derechos humanos como Cedhu, Surkuna y Amazon Frontlines.

En respuesta, la abogada de Amazon Frontlines, Lina María Espinosa, emitió la siguiente declaración:

“El día de hoy marca un paso importante en la lucha contra la política represiva en el Ecuador y ayudará a garantizar que más de 17 millones de personas mantengan su derecho a protestar, manifestarse y resistir la injusticia sin temor a represalias letales de su propio gobierno. Como atestiguamos en octubre de 2019, cuando miles de manifestantes indígenas, periodistas y otros manifestantes fueron víctimas de fuerza excesiva y violencia por las fuerzas armadas y policía nacional, lo que provocó la muerte de 11 personas y centenares de heridos, algunos con lesiones de por vida, el tratamiento de los civiles como combatientes enemigos tiene consecuencias nefastas para los derechos humanos en este país y en todo el mundo. Amazon Frontlines y nuestros aliados continuaremos luchando ante la Corte por una decisión permanente sobre la inconstitucionalidad de esta forma abusiva e ilegal de poder que el Ministerio de Defensa pretende arrogarse; nuestra lucha es para asegurar que las vidas, libertades y derechos humanos de las y los ecuatorianos sean protegidas y garantizadas; nuestra lucha es un reconocimiento a la memoria de todos los hombres y mujeres que lucharon y a quienes les arrebataron su vida, su integridad o su libertad en octubre de 2019 y es una acción urgente por a los que siguen luchando en las calles para que sus derechos de las decisiones lesivas y abusivas que está tomando el gobierno en la actualidad”

Sobre Amazon Frontlines:

Amazon Frontlines es una organización de derechos humanos con sede en Lago Agrio, Ecuador, que apoya a los pueblos indígenas a trabajar juntos para aprovechar la tecnología, el derecho, los medios de comunicación, la energía limpia, la economía mundial y sus conocimientos sobre los bosques para proteger su modo de vida, sus territorios y nuestro clima. Para obtener más información, visite www.amazonfrontlines.org.