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Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta Alerta expresamos nuestra preocupación por el incremento de los casos de COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos advierte que la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras han incrementado la situación de riesgo para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente a las entidades del Estado central y seccional por lo siguiente:

1. El aumento de contagios a pesar de la falta de pruebas de detección, situación que apenas en las principales ciudades del país se han logrado afrontar y que es aún más crítica en la Amazonía ecuatoriana. Esto corrobora un subregistro del número real de contagiados; por tanto, la población amazónica podría estar expuesta a contagios comunitarios, sin haber tomado medidas adecuadas para mitigar sus impactos.

El Ecuador es el segundo país de Sudamérica -después de Brasil-, con la mayor tasa de contagios y con una tasa de mortalidad del 3.8%, la más alta de la región por cada 100.000 habitantes.¹ En este contexto, implementar medidas de distanciamiento social desde el 4 de mayo es, sin duda, un riesgo para la población y una irresponsabilidad.

2. Este 21 de Abril, el titular de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTEA), Alex Hurtado, señaló que los fondos asignados a esta Secretaría Técnica para la atención de la emergencia se canalizarán a hospitales y distritos del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con los Comités de Operación de Emergencia (COE). Donde es importante mencionar que ningún Plan de Emergencia Provincial ha sido coordinado y concertado con los Pueblos y Nacionalidades indígenas amazónicas. A decir de la CTEA, la distribución del 40% del monto asignado se realizó en consideración al número de población total y población afectada por el virus, siendo los valores que han recibido los Gobiernos Autónomos Descentralizados los siguientes: Zamora Chinchipe $400.000,00; Morona Santiago $580.000,00; en Pastaza, Napo y Sucumbíos, las asignaciones se han realizado a cada GAD Municipal así: Arajuno $39.106,90; Santa Clara $39.106,90; Pastaza $270.635,99; Mera $51.150,20; Carlos Julio Arosemena Tola $32.815,10; Tena $164.257,68; Archidona $85.290,81; Quijos $44.082,49; Chaco $47,847,00; Cascales $66.968,95; Cuyabeno $51.520,02; Gonzalo Pizarro $56.569,95; Lago Agrio $250.543,57; Putumayo $67.365,44; Shushufindi $141.429,31; Sucumbíos $45.602,77. A diferencia de los anteriores, al GAD en Orellana la asignación se realizó al Ministerio de Salud Pública $ 460.000,00.

En este contexto, hacemos un llamado a las autoridades de la CTEA, para que parte de estos recursos se utilicen en la compra de pruebas y equipamiento de laboratorios para su procesamiento. Contamos con una denuncia por parte de un funcionario del Ministerio de Salud (quien pide reserva de su identidad por temor a represalias), en la que indica que todavía carecen de recursos económicos para la compra de pruebas PCR y pruebas rápidas, y que a pesar de llegar a tenerlas, no existe capacidad suficiente en los laboratorios públicos y privados para su procesamiento. Este funcionario también manifestó que la falta de recursos ha motivado que dirijan pedidos a dos empresas petroleras de la zona donde labora –pedido que fue negado-.

Adicionalmente, nos preocupa la forma de distribución de las asignaciones y la ausencia de información sobre el contenido de los planes de emergencia. Estos deben aplicar el principio de interculturalidad, y establecer planes diferenciados y culturalmente adecuados para las comunidades y nacionalidades indígenas. Varias comunidades indígenas han enviado insistentes pedidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para concertar el uso de asignaciones económicas por la CTEA, pero no han sido respondidos. Este hecho deja pocas certezas sobre cómo se están invirtiendo esos recursos, cuando las distintas comunidades indígenas y campesinas vinculadas a esta Alianza han reportado incluso desabastecimiento de alimentos.

3. En la región amazónica, las comunidades indígenas y campesinas son poblaciones vulnerables frente a la escalada de las cifras de contagio, esto se debe a la inexistente o distante infraestructura sanitaria, la as operaciones de empresas extractivas –mineras y petroleras- que no cesan, a la presión de actores armados –en el caso de los pueblos transfronterizos al norte del país- y a las persistentes condiciones de pobreza y desigualdad que caracterizan esta zona.

Esta Alianza ha recibido denuncias de población sobre la falta de información relacionada al COVID-19, lo que ha provocado que en las comunidades indígenas exista un miedo generalizado y otros efectos psicosociales (estrés, incertidumbre) derivados de la incertidumbre de no saber cómo responder a posibles síntomas, por la falta de cuidado y atención por el desconocimiento de la gravedad del virus. Por tanto, insistimos en la necesidad de establecer canales de coordinación con autoridades de Pueblos y Nacionalidades y comunidades campesinas y rurales para elaborar y socializar de protocolos para evitar la propagación del virus. Le recordamos al Ejecutivo que las acciones y políticas públicas que se efectúan sin indicadores claros o respeto a estándares de derechos humanos y colectivos, generan daño y resultan ineficaces.

4. Resulta preocupante que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de DDHH, insista en la promoción de un protocolo y medidas para estos pueblos que no cumplen con obligaciones de concertación, diálogo y coordinación con estructuras organizativas y de Gobernanza, y no cuentan con un enfoque de pertinencia cultural. Incluso, se ha ofrecido el material educomunicacional y protocolos de prevención/atención sobre COVID-19 creado por las Organizaciones Indígenas, sin contar con respuestas de ninguna naturaleza. Las acciones y políticas públicas que se efectúan sin indicadores claros o respeto a estándares de derechos humanos y colectivos, generan daño y resultan ineficaces.

5. Particularmente, sobre la producción petrolera y minera y el riesgo para las comunidades indígenas que deben coexistir con la explotación de sus territorios. Hacemos énfasis en que esta Alianza ha recibido varias denuncias sobre la nula aplicación de protocolos de prevención de contagio del COVID-19 por parte de las empresas subcontratistas [servicios de comida, seguridad, limpieza, entre otras]. Estas empresas tienen bajo su dependencia a cientos de trabajadores ajenos a las comunidades, quienes tienen rotación de turnos y pasan a través de las comunidades indígenas para ingresar a los campos petroleros o mineros.

Existe preocupación ante la detección de 2 casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del Bloque 16, operado bajo la responsabilidad de la empresa REPSOL YPF, que tiene sus actividades en el territorio Waorani. Así mismo, en el territorio comunitario de la Comuna Kichwa El Edén, en Orellana, donde opera Petroamazonas el Bloque petrolero Edén-Yuturi, se ha dado rotación de personal, a pesar de la falta de socialización de protocolos -y en el caso de las contratistas, ausencia de protocolos-. Por las advertencias de la comuna y el riesgo para los kichwas, los dirigentes han recibido presiones por parte de la empresa y sus contratistas, generando malestar en los socios de la comuna.

La comunidad shuar de Pachicutza en Zamora Chinchipe registró el primer contagio de una indígena shuar trabajadora de la minera Condor Maning, a través de una prueba aplicada por la empresa. La paciente, quien hasta la fecha es asintomática, había tenido contacto con la mayoría de las 80 familias de la comunidad. Con la detección del contagio, por lo que se decidió mantener a toda la comunidad en un cerco epidemiológico durante 15 días. No obstante, hasta el momento, la comunidad no ha sido dotada de implementos de bioseguridad, los kits de alimentos han sido insuficientes para el cumplimiento del cerco, así como tampoco han sido sometidos a pruebas PCR para confirmar o descartar la existencia de más casos. El riesgo es mayor porque el médico a cargo del caso decidió el 27 de abril que al cumplirse los 15 días de aislamiento, se levantará el cerco epidemiológico porque nadie ha presentado síntomas, sin tomar en cuenta que, como se refirió anteriormente, hay personas contagiadas que son asintomáticas.

Por todo lo expuesto anteriormente, las organizaciones que conformamos esta Alianza, insistimos en:

· Responsabilizar al Estado central y Gobiernos seccionales por las acciones de omisión, que dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones de garantizar los derechos a la vida digna, el acceso a la salud, a la alimentación y a la información, particularmente de la población indígena y campesina de la Amazonía, toda vez que el Estado ha sido alertado de forma insistente por organizaciones indígenas y no indígenas, nacionales e internacionales.

· Instamos a la aplicación masiva de pruebas de detección de COVID-19 en la región Amazónica, mismas que diluciden la realidad que la región amazónica enfrenta y, por tanto, la toma de decisiones en correspondencia con esta realidad. Asimismo, que las medidas de aislamiento no concluyan el 4 de mayo de 2020, sin certezas sobre esta situación.

· Insistimos al Estado en la necesidad de activar operaciones sanitarias, alimentarias, logísticas en consenso con Pueblos y Nacionalidades indígenas de la Amazonía, a través de sus organizaciones y aliados. Así también, que se difunda masivamente en las comunidades indígenas el material educomunicacional preparado por la CONAIE y CONFENIAE y avalado por la Organización Mundial de la Salud.

· Exigimos que se suspendan las actividades extractivas que ponen en riesgo la vida y la salud de miles de ciudadanos, pues, tal como se están desarrollando –sin protocolos concertados con la población ni avalados por la Organización Mundial de la Salud– podrían propiciar incluso el exterminio de pueblos indígenas y de comunidades campesinas.

Recordamos que la falta de acciones urgentes e inmediatas y las acciones inadecuadas, inoportunas y no concertadas están sujetas a control público en instancias nacionales e internacionales.

1^ https://www.covid19ecuador.org/

Territorio Transfronterizo Ziobain (Siona), 20 de abril de 2020​.- Con preocupación, informamos que el día 17 de abril, sin previa concertación con las Autoridades de la Comunidad Ancestral de Sionas y Kichwas de San José de Wisuya, el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Putumayo, Segundo Londoño, ingresó a nuestro territorio, con el fin de entregar kits de alimentos. Al respecto, ​denunciamos que la referida autoridad, sin explicación alguna, excluyo de ese beneficio a aproximadamente 22 familias indígenas Sionas y Kichwas​, así como tampoco informó si el abastecimiento de alimentos se iba a realizar de forma periódica. Cabe mencionar que ​los kits de alimentos se entregaron a menos de la mitad de las familias​, pues la mayoría desconocía del desarrollo de la actividad del Alcalde. ​Rechazamos esta acción discriminatoria y violatoria de sus obligaciones ​como autoridad, sujetas a permanente control público.

La ausencia de respuesta estatal, la falta de acceso a fuentes de información claras, eficientes y culturalmente adecuadas, el desabastecimiento alimentario y la inadecuada e inequitativa distribución de los pocos kits de alimentos por parte del Municipio han generado sentimientos de angustia y desasosiego en nuestras familias. Es conocido que la pandemia ha complicado la sobrevivencia de las poblaciones que enfrentamos desde años atrás el abandono estructural del Estado. En este sentido, enfatizamos que ​desde el inicio de esta crisis sanitaria hemos asumido con responsabilidad el aislamiento comunitario preventivo, activando a nuestros Cuiracua (Guardia Indígena) para la protección de nuestros comuneros y territorio; pese a ello, hasta la fecha no hemos contado con la ayuda humanitaria por parte del Estado central; y la autoridad local que llegó a San José de Wisuya (Ecuador) sin coordinación excluyó a varias de nuestras familias.

Si bien es cierto, las actividades de pesca nos han favorecido en nuestra subsistencia alimentaria, pero el incremento de la presencia de grupos armados irregulares y la presión que ejercen sobre nosotros y nuestros dirigentes limita también estas actividades y nos mantienen en condición de confinamiento​. A esto, se suma que el ingreso de alimentos complementarios a la dieta como arroz, aceite, azúcar, sal, fideos, enlatados es restringido. Si la grave crisis alimentaria que atravesamos persiste, debemos enfrentar el riesgo de salir a entornos urbanos a buscar alguna actividad remunerada para poder obtener provisiones alimenticias.

Estamos conscientes de que este hecho nos enfrentaría a la posibilidad de contagio y de extender la pandemia en nuestra nacionalidad, que, para el caso de Colombia, cuenta con Medidas Cautelares de la CIDH y está declarada por el Estado colombiano en riesgo de extinción física y cultural; situación que no es distinta en Ecuador. Sin embargo, ​no podemos quedarnos y exponer a nuestras familias a pasar hambre y a subsistir con un acceso precario a la alimentación y a elementos de bioseguridad​.

Nuestro contexto es complejo porque somos una comunidad transfronteriza que vive en medio de graves vulneraciones a derechos humanos, propiciadas por inconsultas actividades extractivas petroleras que se desarrollan del lado colombiano y ecuatoriano y por las actividades de grupos armados ilegales que, en el contexto actual de cuarentena sanitaria, no han cesado. Adicionalmente, la tasa de transmisibilidad del COVID- 19 pone en INMINENTE RIESGO nuestra pervivencia física, espiritual y cultural. De hecho, ​existe la alerta en nuestro territorio de un trabajador petrolero posiblemente contagiado​, por lo que nos hemos organizamos con las comunidades vecinas de Chíparo y El Palmar para hacer controles en la vía y evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, salvo concertación con las Autoridades Comunitarias.

DEMANDAMOS de las autoridades tanto las que representan al Ejecutivo en nuestro territorio como a los GAD’S de Sucumbíos, Putumayo y Santa Elena​:

● Medidas para prevenir contagios masivos por COVID-19 en Pueblos Indígenas que prioricen la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de nuestros dirigentes o nuestros asesores técnicos.
● La ​entrega inmediata de Kits alimenticios y elementos de bioseguridad (gel/alcohol, tapabocas, jabón), ​en especial para nuestra Guardia Indígena, que se encuentra en actividades de control territorial que aseguran el no ingreso de terceros a nuestro territorio y previenen la exacerbación de las actividades ilegales. Así también,​ garantizar la atención prioritaria de salud a nuestra Guardia​.
● La ​realización de pruebas masivas territorializadas ​que permitan la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas como medida urgente para contener la expansión del virus.
● El ​cese inmediato de las actividades petroleras​, por ser consideradas no esenciales y por ser un potencial foco para la expansión del virus. ​Tómese en cuenta la alerta zonal por el posible contagio de un trabajador de la empresa Petroamazonas​ en las instalaciones ubicadas en la vía el Palmar.
● No utilizar el ESTADO DE EXCEPCIÓN para militarizar, así como, para permitir el ingreso o incrementar la realización de actividades extractivas. ​Mucho menos para ingresar de forma violenta a nuestro territorio ni al de otros pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas.
● Que ​los controles militares y puestos policiales ubicados en zonas de fronteras y al ingreso de la comunidad El Palmar sean equipados con elementos de bioseguridad​, y ​se garantice que el personal militar ha sido sometido a pruebas de testeo rápido, PCR ​y a procesos de cuarentena antes de llegar a la zona para evitar que sean focos de contagio para nuestra comunidad.
● Que las instituciones que tienen compromisos con nuestra comunidad no utilicen la medida de teletrabajo para dilatar nuestros procesos. ​Por el contrario, que se atienda como prioridad los casos de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas.

Para coordinación de acciones en la comunidad, favor contactarse a​:
Dirigencia de la Comunidad ​+57 313 8729294 (Colombia) ​sionawisuya@gmail.com
Yasmín Calva – Asesora Jurídica​ +593 98 984 9212 (Ecuador)
DEMANDAMOS de las autoridades tanto las que representan al Ejecutivo en nuestro territorio como a los GAD’S de Sucumbíos, Putumayo y Santa Elena​:

“Nuestro objetivo e intención es de ir a este sitio estratégico para salvar nuestras vidas”.

Sucumbíos, 16 de abril de 2020.​ – La declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Estado les ha significado a las comunidades siekopai ansiedad extrema, sobre todo a nuestras autoridades tradicionales -los ancianos-. El Covid-19, la reciente contaminación del río Shushufindi y la consecuente muerte de peces, la presion de terceros no indigenas para caceria, la cantinuidad de actividades petroleras aumentaron las preocupaciones comunitarias por la sobrevivencia en esta cuarentena. Por ello, en tres canoas, 40 siekopai, entre ellos, nuestros abuelitos, decidieron refugiarse en Pë’këya (hoy, Lagartococha), centro del origen espiritual siekopai, con el fin de evitar el contagio de la actual pandemia.

Al respecto, el presidente de la nacionalidad Siekopai, Justino Piaguaje, señala:
“Estamos muy cerca de esta enfermedad. La intención es estar totalmente aislados. Esto nos hace pensar en los siglos anteriores; escapar, sobre todo, a ese sitio de mucha importancia cultural para nosotros y sitio estratégico. Para nosotros, será un tiempo de recordar el pasado, la historia de nuestros abuelos, pero sobre todo para salvar nuestras vidas en estas circunstancias, ya que no tenemos apoyo del gobierno local, ni nacional”.

Nuestros abuelos y abuelas recuerdan la historia de epidemias que enfrentaron sus antepasados y a las que muchos de sus ancestros, lamentablemente, no lograron sobrevivir. En un encuentro antes de incrementar las medidas de seguridad y confinamiento, nuestros ancianos recordaron, por ejemplo, enfermedades que fueron transportadas por misioneros, viajeros y por caucheros que llegaban a los territorios.

Ese día, rememoraron las historias de sus propios abuelos sobre una gripe a la que conocían como “tosferina”, la misma que produjo la muerte de una cantidad importante de Siekopai. En ese momento, la decisión fue adentrarse en las zonas más profundas de la selva, y protegerse durante esa emergencia sanitaria.

La diferencia con el actual contexto es la posesión territorial. En el pasado, nuestro territorio era extenso y Pë’këya siempre fue un territorio estratégico. Nuestros ancestros vivían en Pë’këya antes de inconsultas y arbitrarias decisiones que los gobiernos tomaron y que nos despojaron de ése, nuestro espacio de vida. Primero fue la guerra con Perú en la década del 40; luego, la declaración inconsulta de las áreas protegidas por parte del Estado Ecuatoriano, particularmente, la constitución de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y luego la inequitativa entrega de nuestro territorio mediante la figura de convenios a terceros.

De 30.000 o 40.000 siekopai que los cronistas indican, actualmente, sólo somos 700. Además, resistimos en un territorio extremadamente reducido y cercado por petroleras, palmicultores, que contaminan la selva.

Adicionalmente, desde el 2017, nuestro pedido de adjudicación no ha sido atendido por el Ministerio del Ambiente. De hecho, el proceso de definición del área protegida y los convenios de uso y manejo se suscribieron entre el Estado y comunidades no originarias, sin la participación de la Nacionalidad Siekopai y sin considerar sus reclamos territoriales.

De ahí que el viaje a Pë’këya es significativo, pues nuestros abuelos saben que en ese lugar sus familias estarán verdaderamente protegidas. Ahí, podrán subsistir y alejarse, de alguna manera, de la pandemia; asimismo, recordarán su pasado y revitalizarán el presente en conjunto con las y los más jóvenes.

En este sentido, Jimmy Piaguaje, joven comunicador siekopai, hace referencia a la importancia de la memoria y el vínculo con el territorio caminado por nuestros abuelitos, como parte central de la lucha que inició hace varios años:

“Creo que se está repitiendo la historia. Por adentrarse en la selva años atrás, algunos abuelos han sobrevivido y son los que tenemos con nosotros con vida ahora. Para nosotros, están dejando un mensaje importante: de que todavía la historia sigue ahí, todavía sigue la memoria, la fuerza de los abuelos. Todavía tienen esperanza de volver a ver a sus hijos crecer ahí y que sientan que son realmente siekopai. Cada vez que viajan cuentan una historia, sus recorridos, porque en esos recuerdos vive todavía la cultura. Es hora de unir las fuerzas con los abuelos y reclamar más fuerte por el territorio, porque vemos lo que está pasando en la actualidad en los territorios que tenemos; ya no hay cacería, ya no hay pesca, los abuelos se mueren y ahorita, con esto, se ponen más en peligro nuestros abuelitos, que son nuestras fuentes de sabiduría y de conocimiento. Creo que los abuelos tienen algo más que decir y todavía podemos hacer algo por ellos. Si logramos que ese territorio vuelva muchas décadas de resistencia, sería un momento histórico que puedan sentir el aire en P​ ë’këya​”.

En definitiva, con este viaje, le recordamos al Estado central y local, especialmente al Ministerio de Ambiente, al COE Provincial, al Ministerio de Salud y a los GADs que, ante la insuficiente actuación para garantizar la salud y la alimentación de nuestra Nacionalidad, decidimos ejercer nuestro derecho territorial y refugiarnos en Pë’këya (Lagartococha). Y lo haremos cada vez que sea necesario también como una forma de autocuidado.
Conminamos al MAE y a las FFAA a respetar esta determinación, pues es la ÚNICA ALTERNATIVA para proteger nuestra vida y la de nuestros abuelos y abuelas. EXIGIMOS garantías para que hechos de intimidación y amenaza que ya hemos sufrido no se repitan; nuestra vida depende de nuestro territorio ancestral.

Finalmente, hacemos hincapié en que la mayoría de familias siekopai continúan en el territorio que actualmente ocupamos, por las cuales exigimos actuación inmediata, urgente, concertada y culturalmente adecuada. Es obligación del Estado velar por su protección, salud y alimentación. De tal forma que responsabilizamos por las consecuencias de la falta de atención a las familias que decidieron no viajar en esta ocasión.

CONTACTOS​:
Jimmy Piaguaje​, comunicador siekopai: 096 701 5578 / ​Alejandra Yépez Jácome​, comunicadora: 099 271 3867

Actualización [18 de abril 2020]: En los últimos 15 días, al menos 20 personas de la nacionalidad Siekopai presentan sintomas asociados al COVID-19 y 1 persona adulta mayor con sintomatología falleció. Exigen al Ministerio de Salud un testeo masivo y acciones urgentes e inmediatas del COE Nacional y de la Presidencia de la República

Gerente general de EP Petroecuador, Pablo Flores, minimiza el impacto del derrame de crudo en los ríos Coca y Napo por la ruptura del SOTE/OCP/Poliducto a 7 comunidades

Quito, Ecuador. 16 de abril 2020 – El 14 de abril de 2020, en la emisión estelar de Teleamazonas, a propósito de la ruptura del SOTE y OCP que ocasionó el derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, afirmó que “se siente muy optimista de que se culmine la reparación antes de la fecha estimada” y “que están realizando paralelamente trabajos de contención y remediación del crudo derramado”. Precisó, además, que “se han identificado al menos 7 comunidades que tienen afectación por este derrame”.

Ante estas declaraciones, las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, organizaciones sociales y eclesiales manifestamos que:

1. Existe evidencia de que se emitieron múltiples advertencias sobre el riesgo creado por la erosión regresiva que interrumpió el flujo de la antigua cascada San Rafael. Lamentablemente, parece que el Estado, y para este caso particular EP PETROECUADOR y OCP, ignoraron las advertencias y no hicieron nada frente a este fenómeno. Con esto, omitieron su deber constitucional de proteger a las personas, a las colectividades y a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, minimizando así la condición de vulnerabilidad.

2. No existe a la fecha evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”. Una revisión de la línea de tiempo entre el anuncio en redes realizado por OCP y el realizado horas después por EP PETROECUADOR muestra que las medidas fueron insuficientes. Esto se agrava con el hecho de que el Ejecutivo tardó muchas horas más en reconocer que hubo un derrame de crudo; sin que a la fecha tengamos certeza de la dimensión del mismo y ni de las medidas de contención que, según señala Pablo Flores, existieron. Esta injustificada demora y la falta de transparencia en la información exacerba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones ribereñas que continuaron realizando sus actividades de subsistencia en el río. Se han compartido imágenes que muestran a pobladores, incluyendo niños y niñas que fueron cubiertos por el hidrocarburo.

3. Llama la atención que se afirme que el Estado está implementado medidas de “contención y remediación”, cuando los reportes de las comunidades confirman manchas de hidrocarburo en el río Napo. Hasta la mañana del 14 de abril, la comunidad de Pañacocha, ubicada a unos 200 km de distancia, aguas abajo del sitio de la ruptura del oleoducto, mediante videos seguía reportando la presencia de petróleo en el río Napo. Por lo tanto, las medidas de las que habla el Gerente de EP PETROECUADOR no han sido oportunas y continúan siendo insuficientes.

4. Es lamentable que se trate de minimizar el impacto a “al menos 7 comunidades”. Información recopilada por organizaciones sociales e indígenas, y registradas por medios de comunicación, muestran afectaciones en al menos a 150 comunidades ribereñas de los río Coca y río Napo que, tal como se ha mencionado, dependen de manera directa del río para su subsistencia. Inclusive, a partir de este derrame, la ciudad de El Coca no se está abasteciendo del río porque éste se encuentra altamente contaminado (El Comercio, 8 de abril de 2020). Instituciones y organizaciones del Perú mencionan que “según la información facilitada desde las comunidades kichwas del Napo, a responsables del Vicariato de San José del Amazonas, la afectación ya es una realidad. El crudo ya llegó a territorio peruano” (CAAP, 8 de abril de 2020).

5. La aseveración sobre la afectación a sólo 7 comunidades, aproximadamente, evidencia la falta de información pública transparente y oportuna sobre este desastre y su magnitud; por lo cual exigimos a EP PETROECUADOR que publique datos y cifras exactas, transparente la magnitud de la contaminación y tome medidas reales de remediación y reparación, en especial para aquellas comunidades indígenas y campesinas cuyos ríos son la única fuente de agua. Insistimos en que la subsistencia de centenares de familias indígenas y campesinas depende directamente de los ríos de la Amazonía.

6. Recordamos el deber primordial del Estado de garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos humanos “en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” (Constitución art. 3), y que estos derechos no pueden ser suspendidos ni limitados durante la vigencia del Estado de Excepción.

7. De manera particular, en el contexto de medidas excepcionales por el Coronavirus, el Estado debe tomar medidas URGENTES para la atención de la población que resulta más vulnerable, como es el caso de Pueblos Indígenas, y evitar que otros factores externos, evitables y derivados de actividades no esenciales representen un riesgo mayor.

CONDOLENCIA

Territorio transfronterizo Ziobain. 14 de abril 2020 – Con profunda tristeza, desde el Resguardo Siona de Buenavista y la Comunidad Ancestral de Sionas – Kichwas de San José de Wisuya informamos que nuestra Mayora, Rosa Yaiguaje, falleció a pocos días de haber cumplido 84 años. Con su partida, la Nacionalidad transfronteriza Ziobain pierde no sólo una de sus guías, sino también a una de las últimas memorias de la cultura siona.

Durante su vida, acompañó la lucha por la pervivencia de este Pueblo; conocía y amaba su territorio. En conjunto con los demás Taitas y las Mayoras, iba al frente de la organización por la defensa del territorio. Ella era la oralidad viva que caminaba y revitalizaba este proceso. Lamentablemente, partió sin gozar de un territorio completamente limpio de explotación petrolera y la consecuente contaminación; y sin poder ver a su Pueblo libre del hostigamiento por parte de las petroleras Amerisur PLC y Petroamazonas EP y de la intimidación y amenazas de los grupos armados.

Ella se fue sin ver en el territorio un hecho distinto al absoluto abandono estatal de los gobiernos colombiano y ecuatoriano. No pudo presenciar la aplicación de las medidas cautelares de la CIDH en la zona colombiana; mientras del lado ecuatoriano, no encontró ni siquiera el reconocimiento formal del riesgo de extinción física y cultural de su Pueblo, mucho menos las medidas necesarias para su protección.

Así mismo, no pudo presenciar la construcción de las Casas de Pensamiento para que niños, niñas y jóvenes sionas puedan seguir el camino de los Taitas y Mayoras. Su palabra se apagó sin poder compartirnos más historias y cuentos siona; sin poder enseñarnos el idioma que poco a poco se va diluyendo entre nosotras y nosotros.

Nuestra Mayora Rosita nos dejó en un momento cada vez más complejo para quienes habitamos el Putumayo; un momento en el que el paramilitarismo y otros grupos irregulares armados asesinan a diario a nuestros hermanos dirigentes sociales de otros pueblos. Sin embargo, su imagen se junta a la de nuestros Taitas y Mayoras que han trascendido, y estamos seguros que seguirá siendo una referencia importante para nuestra lucha, que es la lucha por la pervivencia del Pueblo Ziobain.

Que la muerte de la Mayora Rosita suponga el reconocimiento estatal del riesgo al que se enfrenta nuestro Pueblo. Las voces, las memorias de Taitas y Mayoras se están perdiendo en medio de omisión, de silencio e inacción.

Finalmente, decimos en su honor:

No quiero
Que mis muertos descansen en paz
Tienen la obligación
De estar presentes
Vivientes en cada flor que me robo
A escondidas
Al filo de la medianoche
Cuando los vivos al borde del insomnio
Juegan a los dados
Y enhebran su amargura.

Los conmino a estar presentes
En cada pensamiento que desvelo

No quiero que los míos
Se me olviden bajo tierra
Los que allí los acostaron
No resolvieron la eternidad

No quiero
Que mis muertos me los hundan
Me los ignoren
Me los hagan olvidar
Aquí o allá
En cualquier hemisferio

Los obligo a mis muertos
En su día
Los descubro, los trasplanto
Los desnudo
Los llevo a la superficie
A flor de tierra
Donde está esperándolos
El nido de la acústica.

DOS DE NOVIEMBRE
Stella Díaz Varín, La Colorina

ACCIÓN URGENTE

#SOSPuebloShuarArutam
LLAMADO URGENTE AL COE NACIONAL Y AL MINISTERIO DE SALUD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Mayaik, 13 de abril de 2020

Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador

Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestión de Riesgos

Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador

Srs. Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)

Sr. Arnaud Peral
Coordinador Residente ONU Ecuador

En su despacho:

Entre el 1 y 4 de marzo de este año, en Toronto – Canadá, se desarrolló la “Convención de Exploración y Minería de Primer Nivel”, ignorando varias sugerencias de que ésta debía cancelarse por la expansión del COVID-19 que ya generaba alarma en varios países europeos, del sudeste asiático y Canadá. Entre los participantes de esta Convención estuvieron siete personas de los centros shuar Warints y Yawi, Asociación Nunkui del cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, invitadas por la empresa canadiense Solaris Resources/Equinox Gold y su subsidiaria en Ecuador, Lowell Copper Holdings. Es de conocimiento público que varios de los participantes se contagiaron de COVID-19, entre ellos el Ministro de Minas de Burkina Faso en África Occidental, luego de lo cual otras 146 personas habrían resultado contagiadas en ese país.

El Consejo de Gobierno del PSHA, conjuntamente con la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), CONFENIAE y CONAIE ante la declaración de Estado de Excepción por la Emergencia Sanitaria en Ecuador, activamos nuestros protocolos de protección y restricción de la circulación de personas, así como el monitoreo permanente de nuestros territorios.

El 2 de abril pasado, la Presidenta del Consejo de Gobierno del PSHA, Josefina Tunki, comunicó esta situación al Gobernador de Morona Santiago, al Defensor del Pueblo y al Coordinador del Área de Salud Zonal 6 y solicitó que, en coordinación con el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, implementen las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para impedir y contener el contagio del virus en la nacionalidad Shuar. Se solicitó determinar si el deceso de la madre de uno de los viajeros, ocurrido tras su regreso de Canadá, se debe al COVID-19.

Ante esto, el Gobernador de Morona, Juan León Pilco, a través del medio de comunicación Exprésate Morona, respondió que “los protocolos fueron cumplidos eficazmente, esta compañía de extracción minera cumplió a satisfacción” y afirmó, sin ofrecer evidencia alguna, que la muerte reportada en Warints “no tiene nada que ver con las personas que viajaron a Canadá”. Además, censuró la actuación de la Presidenta del PSHA.

El pasado 10 de abril, falleció el padre de otro de los participantes de la mencionada Convención y en los últimos días, desde los centros shuar Warints y Yawi nos han reportado los nombres de más personas que se sienten enfermas.

A lo anterior hay que sumar que la movilización de militares a los territorios no se ha detenido y se conduce sin las debidas precauciones contra el COVID-19. Personal de las Brigadas de Selva continúan rotando sin tomar ninguna precaución, como sucede en el cantón Tiwintza donde ya se confirmó un caso del COVID-19. Actualmente el campamento militar está en cuarentena.

Los Pueblos Indígenas conservamos prácticas ancestrales de protección frente a emergencias de este tipo,incluido el manejo territorial; sin embargo, estas son vulneradas por las acciones y omisiones de las autoridades. Es inexplicable que el Decreto de Estado de Excepción por la Emergencia Sanitaria, dictado el 16 demarzo, haya exceptuado a las actividades extractivas de la restricción de movilidad necesaria para impediry contener a la pandemia. La constante rotación de personal ajeno a las regiones donde se desarrollan esasactividades constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para las todas las comunidadeslocales, indígenas o no. El beneficio directo que esa excepción injustificada representa para las operadoras mineras en la zona, las empresas Lowell Mineral, Solgold/Cruz del Sol, Aurania Resources/Ecuasolidus, Luminex Resources-BHP/Proyectmin, Explorcobres, Ecuacorrientes, entre otras, incrementa la vulnerabilidad de Warints, Yawi y otros centros y asociaciones miembros del Pueblo Shuar Arutam.

El gobierno ecuatoriano tiene la obligación dar una respuesta urgente, culturalmente adecuada, que priorice el derecho a la vida y a la integridad cultural, tal como lo plantea el numeral 57 de la Resolución 1/2020, adoptada por la CIDH el 10 de abril de 2020, sobre Pandemia y DDHH en las Américas que manda a:

Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

Por lo anterior EXIGIMOS:

1. Que el COE Nacional y Provincial así como el Ministerio de Salud Pública implementen acciones de respuesta efectiva frente a las muertes registradas en Warints, en aplicación del principio de precaución ante la sospecha de que esas muertes se hayan debido al Covid-19. En coordinación con el PSHA y siempre en observación del principio del consentimiento, previo, libre e informado, se deben aplicar las pruebas para determinar posibles contagios en el entorno de los viajeros a la cita minera en Canadá; establecer un cerco epidemiológico efectivo que incluye la provisión de los míni- mos necesarios de alimentación y pervivencia para que se pueda cumplir la cuarentena en dignidad; y brindar la atención y tratamiento oportuno, acordes al derecho a la Salud Integral (Constitución Política 2008), incluidos los medicamentos y cuidados paliativos necesarios, a las personas que estu- vieran contagiadas.

2. Que el MSP realice pruebas masivas en el territorio del PSHA que permitan la identificación de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas como medida urgente para contener la expan- sión del virus, priorizando la toma de muestras en los centros shuar aquí señalados.

3. Que el COE Nacional y Provincial establezcan de manera inmediata, y en coordinación con el Con- sejo de Gobierno del PSHA, la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la CONFENIAE, la CONAIE, acciones conjuntas y coordinadas para la implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la Pandemia.

4. Que el COE Nacional, Provincial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados entreguen de manera urgente y efectiva ayuda humanitaria como alimentos (para garantizar de manera especial la nutrición de nuestros niños, niñas, adolescentes y ancianos), medicinas, kits de limpieza y de desinfección en todos los centros del Pueblo Shuar Arutam.

5. Que la Defensoría del Pueblo nacional y provincial activen su rol de garantes de derechos para que el Ministerio de Salud y el COE Provincial asuman sus obligaciones de manera directa y trans- parenten la información a las estructuras de gobierno propio del Pueblo Shuar Arutam, sus Asocia- ciones y Centros y, garanticen la pertinencia cultural en todas sus acciones.

6. Que el Ejecutivo y el COE Nacional prioricen los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación del Pueblo Shuar Arutam por sobre las actividades extractivas en su territorio. La incompatibilidad de actividades extractivas mineras y los derechos de los Pueblos se deberá resolver siempre a favor nuestro, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución obligan a detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar nuestras vidas. Los Pueblos Indígenas amazónicos, históricamente hemos sido altamente vulnerables a enfermedades y epidemias occidentales. Entendiendo además que el mantener estas actividades impiden el cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento requeridos para evitar y contener la pandemia, corresponde la inmediata salida del territorio del PSHA de personal de las empresas extractivas y de personal de las fuerzas armadas y policía destinados a su protección.

Para mayor información:
Josefina Tunki
Presidenta del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 096 203 2831
Correo electrónico: josefinatunki1962@hotmail.com

Galo Chup
Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 098 505 3816
Correo electrónico: kurich2015@hotmail.com

Marcelo Unkuch
Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 096 183 9233
Correo electrónico: marcelounkuchp@hotmail.com

Amazonía del Ecuador, 09 de abril 2020 – La nacionalidad Waorani, organizada a través de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía ecuatoriana, (AMWAE), y las filiales provinciales: CONCONAWEP en Pastaza, ONWO en Orellana, y ONWAN en Napo, queremos recordarle al Estado que, a varias semanas de declarada la emergencia sanitaria debido a la pandemia del covid-19, las poblaciones waorani –cerca de 4.000 personas- continuamos enfrentando una situación humanitaria grave. Tanto quienes han decidido permanecer en las comunidades como aquellos que viven en las ciudades y han decidido proteger a sus familias manteniéndose fuera de sus comunidades.

Los primeros están sufriendo por falta de alimentos como sal, arroz, fideos que complementan la dieta alimenticia, además, no cuentan con medicamentos que provienen de farmacias, hay escasez de insumos como fósforos y jabón. Los segundos, más de 150 familias que se encuentran en la parte urbana en la Shell, Coca y Tena, están afectados por no poder ingresar a sus comunidades semanalmente a proveerse de alimentos de sus chacras como el plátano, la yuca y las carnes de monte.

Como Nacionalidad Indígena en reciente contacto, con una historia de enfermedades introducidas a través delos procesos de colonización y con un sistema inmune menos resistente a nuevas enfermedades; así mismo,con territorios habitados también por Pueblos Indígenas en situación de no contacto con el mundo global yaltamente vulnerables, nos preocupa particularmente que las autoridades sanitarias continúan sin emitir ningún protocolo específico y concertado con las organizaciones indígenas nacionales, con sus aliados, odirectamente con nuestras organizaciones.

Esto, pese al exhorto de la Secretaría General de la OEA, con fecha 3 de abril de 2020, de trabajar “(…) de manera coordinada con protocolos específicos que apunten a resguardar la salud y bienestar de su población indígena desde un enfoque intercultural (…)”.1 Así como, pese al riesgo que implica la presencia de extraños en nuestros territorios, la actividad extractiva no ha cesado. Por tanto, exigimos del Estado ecuatoriano lo siguiente:

1. Establecimiento de manera INMEDIATA de una mesa técnica de alto nivel, dentro de los COE provinciales de Pastaza, Orellana y Napo, que incluya la participación del presidente de la NAWE con el apoyo de sus Organizaciones filiales y sus equipos técnicos con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios.
2. Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre los COE Provinciales el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, con las organizaciones y dirigencias Waorani, para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral).
3. Se debe crear bajo el esquema de coordinación ya descrito, el acceso a las canastas básicas (Kits alimenticios) y elementos de bioseguridad (gel, tapabocas) tanto para las familias que permanecen en las ciudades o sectores rurales como para las familias que permanecen en territorio, con distintos alimentos de acuerdo con el lugar de vida.
4. Se debe asegurar que las comunidades que permanecen adentro tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección, vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros.

5. Sobre la garantía de salud integral proponemos:

a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Realizar pruebas masivas territorializadas que permitan la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas. De manera INMEDIATA, se deberá realizar toma de muestras de confirmación en las comunidades Waorani que presentan altos índices de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
c) Aplicación de test a personal de petroleras y personal estatal antes del ingreso a los territorios para evitar el contagio involuntario.
d) Coordinación de acciones conjuntas entre los gobiernos y las autoridades indígenas y la implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la pandemia.
e) Abastecimiento de las unidades de salud, que prestan asistencia en los territorios de PPII o aledaños, con la cantidad necesaria de insumos para protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal, garantizando el flujo de reposición adecuado.
f) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando e implementar sistemas en los lugares donde aún no existan.
g) Un plan de aislamiento en las comunidades para aquellas familias o grupos de familias contagiadas, que incluye un Protocolo con buena información, conocido por cada comunidad, la provisión de carpas y utensilios de cocina y víveres suficiente para cumplir el aislamiento.
h) En el caso de presentarse emergencias graves y se decida por la comunidad la evacuación de las personas que están en esta situación de salud, el COE, en coordinación con la NAWE, debe asegurar de manera obligatoria el uso de avionetas para sacar a los pacientes graves y el traslado inmediato hacia el hospital más cercano, que esté en capacidad real de atender la emergencia, que cuente con un espacio asignado y un respirador (Hospitales públicos adecuados como el Hospital Eugenio Espejo).

6. Es obligación del Estado Plurinacional ecuatoriano la difusión de contenidos interculturales. En este sentido, el movimiento indígena, la NAWE y sus organizacioneshan generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades. El gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos.

7. El gobierno debe intensificar las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello, en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de las comunidades.

8. Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos y nacionalidades.

9. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, el consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.

10. De no ser factible esta participación solicitamos que se realice una asignación presupuestaria, misma que será manejada por la NAWE, en base al esquema de problemática y necesidades que se ha presentado.

Finalmente, reiteramos que mientras el tiempo transcurra las acciones urgentes que se tomen serán un factor determinante en los impactos que esta pandemia cause en nuestra gente.

8 de abril 2020. Quito, Ecuador – Las Organizaciones Sociales y de derechos humanos que suscribimos, ante la falta de información pública, oportuna y clara por parte del gobierno ecuatoriano, advertimos a las organizaciones peruanas: AIDESEP, ORPIO, ORKIWAN, ORGANIZACIÓN KICHWA WANKIRUNA DEL ALTO NAPO, Federación de comunidades nativas del alto y medio Río Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, OISPE, así como a las organizaciones eclesiásticas peruanas y del Vicariato de San José del Amazonas, que el día de ayer 7 de abril, en horas de la tarde, se produjo un derrame de crudo por una rotura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael ubicado en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

A lo largo del día de hoy, varias comunidades que viven a las riberas de los ríos Coca y Napo han reportando que el derrame ha llegado hasta sus territorios generando graves afectaciones a, lo que para muchas de ellas es, su ÚNICA FUENTE de agua y alimentación.

Conocemos por redes sociales que el Municipio de Francisco de Orellana anunció la suspensión de la captación de agua desde el río Coca, a partir de las 21:00 del día de ayer. Además, el día de hoy, Juan Báez, director de Agua Potable del Municipio de Orellana, informó que han habilitado la planta de captación del río Payamino para el abastecimiento de residentes en zona urbana a efectos de evitar problemas de salud a la ciudadanía. Por su lado, Juan Carlos Orellana, alcalde del cantón Aguarico, en un comunicado, publicó también que se ha dejado de captar agua del río Napo, y que se buscará dotar a la ciudadanía del líquido vital. Sin embargo, ninguna de estas medidas garantizan el acceso al líquido vital para las comunidades indígenas y campesinas, asentadas en zonas rurales; así como tampoco su acceso a la alimentación a través de la pesca.

A pesar de que varias organizaciones de DD.HH. lo hemos solicitado, la empresa estatal de petróleos PETROECUADOR y los Ministerios ecuatorianos responsables NO han transparentado la información sobre la cantidad de crudo vertido, las medidas de contención tomadas y las alternativas para que las comunidades indígenas y campesinas afectadas garanticen sus derechos mínimos de subsistencia. Este hecho agrava mucho más la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan en el marco de la actual pandemia por el Covid-19.

La ÚNICA información proporcionada por el Estado ecuatoriano tiene que ver con los mecanismos para garantizar que el transporte de crudo no resulte afectado. Condenamos que no se genere la misma preocupación sobre la integridad, la salud y la alimentación de cientos de familias afectadas.

LLAMAMOS LA ATENCIÓN del gobierno peruano, a través de su Cancillería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Ambiente, para que exijan a su par ecuatoriano transparentar la información pública, oportuna y veraz sobre este hecho y sus implicaciones.

REQUERIMOS a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, de manera particular a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – REDESCA, realice un seguimiento exhaustivo de esta grave situación, y requieran de manera formal al Gobierno Ecuatoriano, en cabeza de Lenín Moreno, información detallada sobre los hechos acaecidos y las medidas tomadas en materia social y ambiental. Particularmente, de cara a la atención de la Pandemia.