La Corte Constitucional del Ecuador protege y desarrolla el derecho de los Pueblos y Nacionalidades a decir NO a proyectos extractivos
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El viernes, 4 de febrero de 2022 la Corte Constitucional del Ecuador notificó el fallo derivado del análisis de la sentencia del caso de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en el que se reconoce que la finalidad de cualquier proceso de consulta es la obtención del consentimiento de los Pueblos y Nacionalidades previo a la implementación de cualquier medida, proyecto de inversión o extractivo dentro de sus territorios ancestrales, o que pueda afectar sus derechos e intereses. La sentencia marca un importante precedente sobre el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a decidir sobre su territorio, en su mayoría megadiversos y con el que sostienen una relación diferenciada y vital, y del que dependen para garantizar sus prioridades y modos de vida. Además de reconocer expresamente el derecho de autodeterminación “por sus caracteres de interculturalidad y plurinacionalidad, reconoce, como principio rector, a la autodeterminación de los pueblos, nacionalidades, comunidades y comunas indígenas para mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia y formas de organización social.” (pár. 64) .
La Sentencia, que recoge los testimonios de la comunidad Ai Cofan Sinangoe, enfatiza lo establecido por la Corte IDH en relación con la forma en que el Estado deberá interpretar y aplicar el consentimiento, para el caso, “(…) como una salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos indígenas, dada su conexión directa con el derecho a la vida, a la identidad cultural y a otros derechos esenciales en relación con la ejecución de planes de desarrollo e inversión que afecten al contenido básico de dichos derechos” (pár. 94).
El 70% de la Amazonía ecuatoriana es territorio indígena, y a nivel nacional, los territorios indígenas comprenden nueve millones de hectáreas, mayoritariamente, y gracias a la gobernanza indigena, el estado ecológico y de biodiversidad de estos territorios se considera óptimo, pese a las diversas presiones que enfrentan, entre ellas la imposición unilateral por parte de diversos gobiernos de turno de proyectos de índole extractivo. Lo anterior pone de manifiesto que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado relativas a la protección de la naturaleza es y será posible gracias a los conocimientos y prácticas tradicionales y a los esfuerzos de defensa, protección y conservación de los pueblos indígenas como custodios de sus tierras.
Esta sentencia llega en un contexto crucial, cuando el gobierno de Guillermo Lasso ya ha puesto en marcha los inconsultos e inconstitucionales Decretos 95 y 151, que buscan duplicar la producción de petróleo y minería en todo el país, amenazando gravemente territorios indígenas del Ecuador, especialmente en la Amazonia donde se encuentra la gran mayoria de petróleo y minerales a nivel nacional.
A la fecha, diversas organizaciones indígenas y DDHH hemos demandado ambos decretos ante la Corte Constitucional por considerarlos inconstitucionales, sin embargo la sentencia que hoy celebramos pone un claro freno al afán extractivista del presidente Lasso dejando un claro y obligatorio estándar respecto a que el estado no puede llevar a cabo planes o proyectos extractivos de manera unilateral y que supongan riesgos para la pervivencia física y cultural de los Pueblos y de sus territorios, o en palabras de la misma CCE “que conlleven sacrificios que resulten desproporcionados”.
Esto obliga a que a partir de ahora, el gobierno de Lasso tenga que obtener el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas para poder iniciar nuevos proyectos o nuevas etapas extractivas en proyectos existentes; considerando que el nivel de afectación lo determinan las propias comunidades sobre el criterio de aquello que “pueda afectarles ambiental o culturalmente de forma directa por estar dentro de su ámbito de influencia” (pár. 105).
La actual sentencia se deriva del análisis del fallo de la Corte Provincial de Sucumbios que en 2018 obligó al Estado ecuatoriano a revertir 52 concesiones mineras de oro entregadas de forma inconsulta, en la riberas del Río Aguarico y sus afluentes, afectando a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe. Debido a la gravedad de los hechos y derechos que fueron vulnerados, la sentencia fue escogida por la Corte Constitucional para generar estándares de garantía del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado aplicables a situaciones similares en el futuro. Y ello aplicando también los derechos colectivos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones de Naciones Unidas y Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas, de obligado cumplimiento para el Ecuador y sistemáticamente desconocidos por el Estado.
“En virtud de todo lo expuesto, esta Corte evidencia que las actividades mineras que se desarrollan en el territorio de la comunidad Cofán de Sinangoe y sus alrededores repercuten de manera directa en sus usos y costumbres, lo que deriva en afectaciones para la preservación de su derecho a la identidad cultural, autodeterminación, ambiente sano, salud, así como también en posibles afectaciones a los derechos de la naturaleza. Por lo que, en el presente caso, al evidenciarse que las actividades extractivas tienen consecuencias en los derechos e intereses de la comunidad, era necesaria y obligatoria su participación a través de un proceso de consulta previa que contenga cada uno de los estándares citados en los párrafos precedentes. Al no haberse dado se vulneró su derecho a la consulta previa previsto en el artículo 57.7 de la Constitución al haber otorgado 20 concesiones mineras y al tramitar 32 adicionales alrededor de los ríos Chingual y Cofanes”. (pár. 114 – Énfasis añadido)
La sentencia también establece el consentimiento como la finalidad de la consulta previa; incluida la garantía de que “las comunidades indígenas deben tener la posibilidad de incidir para que el Estado incluso modifique o cancele el plan o proyecto inicial propuesto pues de lo contrario no existiría buena fe durante el proceso de negociación y diálogo”. (pár. 117)
Y si bien reconoce que ante casos excepcionales el Estado podrá optar por la ejecución del proyecto, sin contar con el consentimiento de la comunidad, “por un lado, motivar expresamente las razones. Y por otro lado, establecer expresamente las razones objetivas, razonables y proporcionales que justifican la continuidad del proyecto” (pár. 123). Esta excepcionalidad no puede ser aplicada, y por tanto el consentimiento siempre es obligado, tal como establece la Corte cuando “genere sacrificios desmedidos a los derechos colectivos de las comunidades y de la naturaleza” (pár. 123) o “conlleven sacrificios que resulten desproporcionados para los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de la naturaleza.” (pár. 125) Y ello incluso, “cuando estos puedan perseguir la satisfacción de finalidades legítimas en una sociedad democrática” (pár. 125).
Esta victoria tiene además implicaciones importantes en la lucha contra el cambio climático. Los territorios indígenas de Ecuador incluye selvas, bosques, manglares y páramos, entre otros biomas sensibles, ricos en biodiversidad y esenciales para sostener el equilibrio climático del planeta, ya que almacenan entre 2.400 y 2.900 millones de toneladas de carbono en sus bosques y suelos, de los cuales más del 68% de ese carbono se almacena en tierras indígenas amazónicas. Todas y cada una de las soluciones globales climáticas dependen de la posibilidad de los pueblos indígenas de decir NO a los proyectos extractivos y proteger sus territorios para las futuras generaciones. Por ello esta sentencia es una herramienta potente para pueblos y nacionalidades de Ecuador, América Latina y el mundo.
La lucha de los pueblos y nacionalidades por el derecho al consentimiento y la autodeterminación no ha concluído, todavía está pendiente ante la Corte Constitucional la audiencia y fallo de la revisión de la sentencia del 2019 sobre el caso Waorani, en el cuál se demostró y declaró la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y a la autodeterminación de 16 comunidades de la provincia de Pastaza en un proceso estatal de iniciar explotación petrolera en un territorio virgen de al menos 200 mil hectáreas. La Corte Constitucional tiene una oportunidad para ampliar sus razonamientos y criterios sobre el derecho a consentimiento y reconocerlo como un derecho de obligatorio cumplimento estatal.
Si bien Ecuador se encuentra a la vanguardia en reconocimiento de derechos colectivos y de la Naturaleza, también es un país con un largo historial de vulneraciones de estos derechos en el contexto de industrias extractivas y de impunidad sobre las mismas; varios ejemplos de esta sistemática vulneración son: En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al estado Ecuatoriano por vulneración del derecho a Consulta Previa al Pueblo Sarayaku previo a la realización de actividades de prospección petrolera; el pueblo Shuar Arutam ha denunciado en reiteradas oportunidades la vulneración de su derecho a consulta previa y la imposición de concesiones mineras en su territorio; en 2018 dieciséis comunidades Waorani de la provincia de Pastaza demandaron a los Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por la violacion a derecho a consulta para la imposición de actividades extractivas; en 2019 el Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del cantón Santa Clara demandó al estado por vulnerar este mismo derecho y los de la naturaleza para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico.
Lea la Sentencia completa
DECLARACIONES:
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE
“La Corte, en un proceso histórico, llevó a cabo la audiencia en el territorio dejando un precedente importante, y en esta sentencia se ha plasmado una garantía de derechos, con interpretación intercultural, que marca la aplicación de derechos colectivos y garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La Consulta, previa, libre e informada, tiene como eje central el consentimiento de los pueblos y nacionalidades consultadas como fomento y base de su autodeterminación sobre su territorio y por ende su vida, cultura y permanencia. Esta sentencia es una herramienta de reparación histórica, de conservación y protección de la cultura y la vida”.
Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE
“Está resolución sienta un precedente histórico para la defensa de nuestros territorios, no solo porque confirma la sentencia de la corte provincial del 2018 sino porque garantiza la protección de más territorios a nivel de la región amazónica y el Ecuador. Saludamos la decisión tomada y nos mantenemos firmes en defensa de la selva amazónica”
Wider Waramag, dirigente de la Comunida A’i Cofán de Sinangoe
“Esta sentencia es muy importante para nuestra comunidad y otras que tengan problemas similares, luego de un largo camino de lucha, de resistencia, esperábamos con ansias el resultado favorable por parte de la Corte, ya que para Sinangoe es una gran victoria lograr un instrumento legal de garantía de derechos y ser un precedente histórico en la consecución del derecho al consentimiento previo, libre e informado dentro del territorio nacional. Exigimos como milenarios, ancestrales en nuestros territorios que se respeten, se garanticen y que se cumplan nuestros derechos constitucionales”.
Silvana Nihua, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza, OWAP
Para nosotros es una buena noticia, la sentencia de la Corte Constitucional es un referente para los pueblos y nacionalidades, porque nos atraviesan riesgos y amenazas del extractivismo. Ahora el derecho al consentimiento previo debe garantizarse. Pero recordamos también a la Corte Constitucional que el caso Waorani, aún está pendiente de revisar, pedimos que los jueces de la Corte atiendan pronto nuestro caso y sea resuelta en una de las comunidades.
Maria Espinosa y Jorge Acero, Defensores de DDHH, Área de Derechos Amazon Frontlines
“Los pueblos indígenas en Ecuador y en gran parte del mundo están siendo obligados a soportar sobre sus territorios diversas formas de despojo y violencia, entre ellos la imposición de planes extractivos contrarios a sus formas de gobernanza y uso del mismo, poniendo en grave riesgo su pervivencia física y cultural. Los gobiernos y las empresas en un claro desprecio por la vida de los Pueblos Indígenas imponen sus agendas depredadoras y corporativas sobre un modelo de desarrollo que resulta insostenible para los Pueblos y para el mundo. Esta sentencia, resultado de un sostenido proceso de exigibilidad de derechos, es el reconocimiento del derecho constitucional de los Pueblos ancestrales a decidir sobre sus territorios y su vida, y la obligación del Estado de reconocer y garantizar ese derecho por sobre intereses económicos y empresariales; y una herramienta esencial para lograr que el consentimiento se respete en Ecuador y en toda la región, respetando la vida, la historia y el futuro de los Pueblos Indígenas y del resto de seres humanos y de la naturaleza”.
Kate Horner, Directora Ejecutiva interina de Amazon Frontlines
“Esta victoria es un testimonio del poder de los pueblos indígenas para liderar el camino en la lucha contra el cambio climático. En todo el mundo, los pueblos indígenas han protegido sus tierras y bosques del tipo de extracción de recursos naturales que está alimentando la crisis climática, y es necesario apoyar sus esfuerzos si queremos tener alguna esperanza de un futuro climático seguro”
Ecuador’s Supreme Court Makes Historic Ruling Recognizing Indigenous Right to Consent Over Oil and Mining Projects
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Quito, Ecuador, February 4, 2022 – Today, the Constitutional (Supreme) Court of Ecuador, the country’s most powerful judicial body, published a ruling recognizing, for the first time, the right of indigenous communities to have the final decision over oil, mining and other extractive projects that affect their lands. Ecuador now has one of the most powerful legal precedents in the world on the internationally recognized right of Indigenous peoples to Free, Prior and Informed Consent, a powerful legal tool for Indigenous survival and the protection of huge swaths of forests and mega-biodiverse ecosystems.
The ruling stems from the A’i Kofán community of Sinangoe’s 2018 lawsuit that annulled 52 gold-mining concessions granted by the government along their most important river. Sinangoe hosted the Court’s first ever hearing in Indigenous territory in the heart of the Amazon on November 15th, 2021. Today’s decision signals that the nation’s highest court backs the right of all Indigenous peoples to have the final say over extractive projects that may affect over 23 million acres of Indigenous lands and forests nationwide.
The ruling highlights the need for the State to obtain the consent of the affected communities before undertaking oil, mining or other extractive plans or projects, based on Indigenous peoples’ right to self-determination. The Judges cite ex-United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples James Anaya to explain: “A direct or considerable effect in the lives or territories of Indigenous peoples establishes a solid presumption that the proposed measure should not be adopted without the consent of the Indigenous Peoples. In determined contexts, that presumption can convert into a prohibition of the measure or project if consent of Indigenous peoples does not exist.”
Coming only two months after the COP 26 meeting in Glasgow, where governments, including Ecuador, recognized the crucial role indigenous communities play in meeting the world’s forests, climate and biodiversity goals, today’s victory and Sinangoe’s years-long battle against gold-mining is an example of the type of frontlines Indigenous-led climate action needed in order to meet those goals and stave off a global climate crisis. Indigenous territories worldwide cover an estimated 22% of the Earth’s surface, safeguard 80% of the world’s biodiversity and hold at least 17% of all forest-stored carbon.
“This is a very important ruling for our community and others that face similar problems. After a long road of struggle and resistance, we were anxiously awaiting the favorable outcome from the Court. This decision is an enormous victory for Sinangoe and to now have a legal instrument that guarantees the rights to our communities, where there needs to be a historical precedent of free, prior and informed consent within the national territory, demonstrates the power of unity. We demand, as ancestral people, in our territories that our constitutional rights be respected, guaranteed and fulfilled,” says Wider Waramag, a leader with the A’i Kofán community of Sinangoe.
The Court’s decision deals a major blow to President Guillermo Lasso’s plans to ramp up resource extraction throughout the Amazon as part of their COVID recovery economic plans, as Indigenous lands cover 70% of the mineral-rich Ecuadorian Amazon. The recent major pipeline ruptures in April 2020 and January 2022 that spewed toxic oil into Amazonian watersheds in Indigenous Kichwa territory highlighted the dangers of oil production in the Amazon, and the potential shift of decision-making power now that future pipelines will require Indigenous consent to proceed. The Court underlines that the right to consent must be applied even if “the plans or projects pursue the satisfaction of legitimate ends in a democratic society”, a clear nod to government discourse around the need to drill or mine for the greater good of the national economy. In July 2021, President Lasso issued Executive Decree 95 that seeks to double oil production to reach 1 million barrels per day (bpd), and Executive Decree 151 that looks to expand the mining industry and relax environmental controls.
Yet according to average total carbon stock data published by the UN and the ministry of the Environment of Ecuador, Indigenous Territories of Ecuador store between 2.4 to 2.9 billion tonnes of carbon in their forests and soils, with 68% of that carbon stored in Amazonian indigenous lands. Additionally, with nearly 4.6 billion barrels of oil found throughout the country, this Court victory has significant climate implications for Indigenous communities throughout Ecuador.
Jorge Acero, lawyer for Sinangoe from Amazon Frontlines explained, “Indigenous peoples in Ecuador, and in much of the world, are being forced to endure various forms of dispossession and violence on their territories. This ruling is the result of a sustained process of enforceability of rights. It is the recognition of the constitutional right of ancestral Peoples to decide what happens on their territories and to their lives, and the obligation of the State to recognize and guarantee that right over economic and corporate interests.” He continued, “This decision is an essential tool to ensure that consent is respected in Ecuador and throughout the region. By acknowledging the life, history, and future of Indigenous Peoples, this also recognizes the long-term value of maintaining natural environments for humans around the world.”
Nonetheless, the Constitutional Court did not completely close the possibility of the State moving ahead with extractive projects against an Indigenous communities’ will in “exceptional circumstances.” The ruling will however require strict justification by the State for doing so and expressly prohibiting the State from implementing projects that imply “unreasonable sacrifices” from the Indigenous peoples. The Indigenous movement maintains that any oil or mining project in their ancestral territories against their will implies unreasonable sacrifices.
The next court battle to further clarify Indigneous peoples’ right to consent in Ecuador is on the horizon. This year, the Constitutional Court will hear oral arguments and rule on the Waorani of Pastaza’s right to stop the government from auctioning off their ancestral lands to oil companies. In the Waorani case, the Indigenous movement hopes that the Court will also provide clearer standards on how the State must conduct a culturally adequate process to obtain a communities’ consent and also declare that recently contacted Indigenous peoples, like the Waorani who were first contacted by Westerners in 1958, must always give consent before a project can move forward, without exceptions.
For more information about this case and the right to consent in Ecuador, please visit:
https://www.amazonfrontlines.org/who-should-decide/
For more information about Sinangoe, their territory and their historic case, please visit the community’s interactive map:
https://sinangoe.amazonfrontlines.org/content/sinangoe-map/
Additional Statements:
Leonidas Iza, President of Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador
“The Supreme Court, in this ruling, has cemented our rights to free, prior and informed consent, which has as a central tenet the necessity of consent of Indigenous peoples based on their self-determination over their territories and, in turn, their lives, cultures and survival. This ruling is a tool for historical reparations, for the conservation and protection of culture and life.”
Marlon Vargas, President of the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon
“This sentence sets a historic precedent for the defense of our territories, not just because it confirms the 2018 ruling of the lower court, but because it guarantees the protection of more territories in the Amazon and across Ecuador. We salute the decision and maintain firm in our defense of the Amazon rainforest.”
Kate Horner, Acting Executive Director of Amazon Frontlines.
“This victory is a testament to the capacity of Indigenous peoples’ power to lead the way in the fight against climate change. Around the world, Indigenous peoples have protected their lands and forests from the kind of natural resource extraction that is fueling the climate crisis, and their efforts need to be supported if we are to have any hope of a safe climate future.”
Silvana Nihua, President of the Waorani Organization of Pastaza
“For us this is great news, the Constitutional Court is a reference for Indigenous peoples and nations, because we are the ones facing the risks and threats of extractivism. Now, our right to consent must be guaranteed by the state. But we remind the Court that the Waorani case is still pending, and we ask the judges to hear and resolve our case soon.”
About Amazon Frontlines
Founded in 2011, Amazon Frontlines is an non-governmental organization that works to support the struggles of indigenous peoples to defend their rights to land, life, and cultural survival in the Amazon Rainforest. Comprised of an interdisciplinary team of human rights lawyers, journalists, filmmakers, scientists and activists who live and work throughout Ecuador and Peru, Amazon Frontlines strives to enact change and battle the climate crisis by securing Indigenous Guardianship throughout the upper Amazon.
Condenamos el execrable y cobarde asesinato de José Albeiro Camayo Güetio, kiwe thegnas y otros defensor de Derechos Humanos y Colectivos de Colombia.
Amazonía, 25 de enero 2022.– Con profunda consternación recibimos la noticia del vil asesinato de del lider indigena y defensor de DDHH José Albeiro Camayo Güetio, ocurrido ayer 24 de enero en el sector de Buenos Aires, Cauca a manos del grupo armado autodenominado Columna Móvil Jaime Martínez, quienes pretenden, a través del uso indiscriminado de las armas, forzar y someter a la población para el logro de sus intereses vinculados al narcotráfico y la explotación ilícita de recursos.
Con Albeiro son tres los kiwe thegnas (guardia indígena) asesinados en las dos últimas semanas en ese territorio y por el mismo grupo armado.
Albeiro, ex coordinador regional de la Guardia Indígena, así como varios miembros de su familia recibió en diversas ocasiones graves amenazas y atentados contra su integridad, estos hechos fueron puestos en conocimientos de entidades competentes, entre ellas la Unidad Nacional de Protección, sin que se hayan tomado medidas eficaces para garantizar su protección, misma situación ocurre en otros lugares del territorio nacional en los que defensores y defensoras de derechos humanos no cuentan con garantías mínimas para el desarrollo de su labor.
Las situaciones de riesgo a las que se enfrentaba Albeiro y otras autoridades y liderazgos de la zona, así como las comunidades organizadas ha sido reconocida por la propia Defensoría del Pueblo a través de su mecanismo de Alertas Tempranas, destacando el interés que tienen grupos armados ilegales y organizaciones criminales asociadas al narcotráfico de afectar los procesos de exigibilidad de derechos colectivos. De la AT-N°-019-20-CAU-Buenos-Aires se puede recoger la siguiente advertencia:
“Existe una alta probabilidad de ocurrencia de hechos victimizantes que puedan afectar a las organizaciones y colectivos señalados anteriormente por encontrarse en un escenario de riesgo complejo, sin embargo se resaltan en situación de riesgo alta: las Autoridades Indígenas y Guardia Indígena, representantes y Juntas de los Consejos Comunitarios Afrodescendientes y su Guardia Cimarrona (…)”
Rechazamos el cobarde asesinato de Albeiro y todas las situaciones de amenaza, asesinato, reclutamiento, asedio y riesgo a la que a diario se enfrentan autoridades, guardia y comunidades; hechos que pretenden desconocer la autonomía comunitaria y destruir su tejido comunitario para la imposición de actividades vinculadas al narcotráfico; y confiamos en la fortaleza y resiliencia de los neeh we’sx y los kiwe thegnas en el fortalecimiento del proceso organizativo y en la defensa y protección de sus territorios y su vida.
Hacemos un llamado a la institucionalidad en todos sus niveles para que fortalezcan sus actuaciones tanto en el esclarecimiento, sanción y no repetición de los hechos victimizantes como en la protección de los liderazgos, guardia y comunidades gravemente amenazadas por grupos armados y por la desidia estatal; protección y garantía que demanda voluntad y disposición de la institucionalidad del Estado para el diseño y la ejecución de políticas públicas y acuerdos con asignación y ejecución efectiva (real y material) de recursos. Todo lo cual se encuentra al día de hoy en un estado crítico y precario.
Extendemos nuestro abrazo de solidaridad a la familia de Albeiro, a su comunidad y su tejido organizativo; saludamos que el hijo y sobrino de Albeiro, secuestrados el día de ayer por el grupo armado estén ya en libertad gracias a la labor de protección de la vida y control territorial que realiza la Guardia Indígena y a la presión comunitaria; nos mantenemos alerta para seguir acompañando sus determinaciones, visibilizando y denunciando todos los riesgos que enfrentan y vigilando el cumplimento de las obligaciones estatales de esclarecimiento, protección y garantía.
Imagen cortesia de Tom Laffay
Más de 360 mil firmas de todo el mundo se entregaron a la Corte Constitucional de Ecuador, en defensa de la Amazonía
El 18 de enero de 2022, una delegación de personas indígenas de las comunidades A’i Cofán de Sinangoe, Waorani de Pastaza y otras nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, junto a organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos, y de la naturaleza, llegaron hasta la Corte Constitucional para entregar 365.515 mil firmas recogidas de todas partes del mundo, en favor de los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre el futuro de sus territorios ancestrales.
El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin la debida consulta. Esas victorias consiguieron la protección de más de ocho millones de hectáreas de selva tropical amazónica, un bosque esencial para preservar el equilibrio climático del planeta. Y hoy, a vísperas de la sesión del pleno donde se resolverá este caso en la Corte Constitucional, las comunidades consideran importante dar a conocer el respaldo internacional a la causa.
Las 365.515 firmas se obtuvieron a través de la campaña Quienes Deben Decidir y de otras campañas como Wao Resistencia y Stand With Sinangoe, protagonizada por las comunidades y organizaciones indígenas locales, regional y nacional: Comunidad Sinangoe, Organización Waorani de Pastaza (OWAP, antes CONCONAWEP), la Confederación de Nacionalidades Indígena de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONIAE) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con el apoyo de Alianza Ceibo y Amazon Frontlines.
La campaña recogió este respaldo nacional e internacional a través de una carta dirigida a los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, el tribunal más alto del país, para que escuchen a los pueblos indígenas y garanticen su derecho a decidir, respaldo que hoy fueron entregadas a sus destinatarios.
La Corte Constitucional, en 2020 escogió las sentencias de los casos Sinangoe y Waorani de Pastaza, para su análisis y generación de jurisprudencia sobre los derechos de la Naturaleza y derecho de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Hasta el momento, la Corte ha convocado a audiencia en el caso Sinangoe, la misma que fue celebrada por primera vez en la historia en territorio indígena, en el corazón de la Amazonía a la cuál asistieron líderes indígenas de todas los pueblos y nacionalidades indígenas de todo el país. Finalmente, la Corte notificó que el día miércoles, 19 de enero, durante la sesión del pleno, se discutirá el proyecto de sentencia elaborado para el caso Sinangoe, es decir, la resolución está cada vez más cerca.
Frente a la intención del gobierno de Guillermo Lasso de aplicar políticas petroleras y mineras que plantean la expansión de estas actividades, poniendo en riesgo a territorios indígenas de todo el país, en especial de la Amazonía, las comunidades no podían esperar más, por lo que se mantendrán vigilantes respecto a la resolución el día de mañana.
Declaraciones:
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE
El cambio climático es un problema real, una emergencia global producto del sistema de explotación capitalista, los pueblos indígenas con nuestras formas de vida hemos resistido históricamente contra ese voraz sistema de vida que destruye nuestra pachamama, ahora es el momento de unir esfuerzos y voluntades del mundo para frenar este problema esta forma de desarrollo criminal, CONAIE saluda y se une decididamente a la lucha por defender nuestra Pachamama y las distintas formas de vida.
Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE
“La audiencia realizada en territorio Ai Kofán de Sinangoe sentó un precedente jurídico fundamental para los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, principalmente nuestro derecho a ser consultados y dar su consentimiento sobre proyectos que amenazan los territorios indígenas. Es por esto que la Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de emitir un pronunciamiento favorable que garantice nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, hoy los jueces tienen esa gran oportunidad y esperamos que estén a la altura de este momento”.
Víctor Quenamá, presidente Comunidad A’i Cofán de Sinangoe
Como comunidad nosotros no queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación. Nosotros como Cofanes no queremos que haya ese daño dentro de nuestro territorio. Nosotros defendemos nuestro río, bosque y animales, porque ahí tenemos nuestro mercado y nuestra farmacia. Queremos que la Corte Constitucional atienda nuestro pedido para vivir tranquilos y con felicidad.
Silvana Nihua, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza – OWAP
Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia, queremos que la Corte Constitucional se pronuncie en favor de nuestro triunfo histórico en el Ecuador y que con nuestro caso, construya una jurisprudencia para todas las nacionalidades sobre consulta previa, libre e informada sobre petróleo y minería.
Kate Horner, Directora Adjunta, Amazon Frontlines
La lucha global contra el cambio climático depende de la protección continua de los pueblos indígenas amazónicas a sus territorios ancestrales, ahora y para las generaciones futuras. Más que 350.000 personas a nivel mundial tomaron acción colectiva para asegurar que la Corte Constitucional del Ecuador escucha claramente que el derecho de los pueblos y nacionalidades a decidir sobre el futuro de sus territorio nos impacta a todas y todos. El mundo está mirando para ver si esta Corte está a la altura del momento para garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informada y los Derechos de la Naturaleza.
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Comunidades Secoyas demandan al gobierno peruano por ley discriminatoria e inconstitucional que vulnera el derecho a propiedad de territorios ancestrales de comunidades nativas
El Estrecho, Putumayo, Perú, 16 de diciembre de 2021
Las comunidades Secoya presentaron hoy una demanda histórica contra el Ministerio de Agricultura de Perú y el Gobierno Regional de Loreto que tiene como objetivo garantizar de manera integral el derecho a la propiedad Secoya sobre cerca de 120.000 hectáreas de su territorio ancestral. La acción legal iniciada por las comunidades de San Martín de Porres, Mashunta, Vencedor (Wajoya) tiene el potencial de dejar un precedente que beneficie al menos a 2.000 comunidades nativas indígenas en Perú y podría catalizar reformas para garantizar la propiedad indígena formal de más de 10 millones de hectáreas de selva en la amazonía peruana y los consiguientes beneficios para la protección de esos megadiversos territorios.
Considerando que la mayoría de los territorios de las comunidades amazónicas tiene aptitud forestal, los contratos de cesión en uso son un mecanismo velado de despojo de la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, que a más de ser inconstitucional vulnera el Convenio sobre Pueblos Indígenas N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce como territorio “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
La demanda presentada por los Apus de Comunidades Nativas Secoyas, con acompañamiento jurídico y técnico del Instituto de Defensa Legal (IDL), Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, alega que el sistema nacional de titulación en Perú es discriminatorio, inconstitucional y contrario al derecho internacional porque excluye el área forestal y/o de protección del título de propiedad de las comunidades indígenas. La Constitución de Perú establece la entrega de la propiedad, sin embargo lo que las autoridades realizan es ceder en uso bajo una serie de requisitos y condiciones que de no cumplirse pueden revertirse, por la tanto despojar a las comunidades de sus territorios, acción que está expresamente prohibida por la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Las comunidades nativas Secoya que presentan esta demanda, cuentan con títulos de propiedad sobre apenas una parte de sus territorios ancestrales: la comunidad nativa San Martín de Porres, apenas tiene su título sobre el 39,71%; Mashunta apenas del 20,34% y Vencedor, solo del 38,90%. El resto de sus territorios, de carácter ancestral, habitados y protegidos de manera culturalmente idónea y eficiente representan cerca de 120 mil hectáreas de bosque que siguen siendo “propiedad” del Estado peruano, que ha “encargado” el cuidado a los pueblos indígenas a través de contratos de cesión de uso forestal, cuando son estos pueblos son los únicos y verdaderos dueños.
A partir de una serie de estudios antropológicos, botánicos y lingüísticos estas demandas sustentan y demuestran que el Pueblo Secoya existe desde hace más de dos mil años y que su territorio original se ubica en espacios que hoy están divididos por las fronteras entre Ecuador, Perú y Colombia. El Pueblo Secoya ha sobrevivido a la imposición de procesos de evangelización, enfermedades y guerras, sin embargo, los nombres de los ríos, el cultivo específico de ciertas plantas y raíces que forman parte de su conocimiento ancestral médico y espiritual, además de la identificación de estas comunidades, son testigos directos de la propiedad ancestral de las comunidades nativas sobre estos territorios.
El bosque es esencial para la subsistencia de las comunidades nativas, por lo que la restricción que representa las sesiones de uso, coarta sus derechos colectivos y pone en riesgo su supervivencia cultural y física. El marco legal actual de Perú ignora el creciente consenso de que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la Amazonía y la certeza científica de que la crisis climática mundial no se puede resolver sin proteger la Amazonía, y pone al país en grave riesgo de no cumplir con las obligaciones internacionales para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, como la Declaración de Glasgow, suscrita en noviembre de 2021.
Declaraciones:
Apu Roldan Yapedatsa Ankutere Wajokapi, Comunidad Nativa Vencedor (Wajoya)
“Nuestro territorio está ubicado en las riberas del Río Napo, ahí está nuestro pasado, nuestros sitios históricos y sagrados. Para quienes no conocen la Amazonía, esto es solo un bosque, pero para nosotros es donde están todos los espíritus a simple vista no se ven. Nuestros abuelos lucharon mucho por ese territorio, por eso se llama Wajoya, río de Guerreros. Nuestra exigencia es que se reconozca la integralidad del territorio”.
Apu Edgar Neyser Gañosa Mendoza, Comunidad Nativa Mashunta
“El 84% de Mashunta nos dan en cesión de uso y el resto como propiedad. Pedimos que nos den el 100% de la propiedad, para nosotros mismos cuidarle, manejarle y solventar nuestras necesidades. El territorio es un mercado y una botica para nosotros”.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Instituto de Defensa Legal, IDL
“La legislación nacional no se ha adecuado a los estándares internacionales de los derechos humanos. La forma de titular los territorios de las comunidades nada tiene que ver con la relación material que los pueblos indígenas tienen con sus territorios que han ocupado tradicionalmente y de los que son propietarios. A través de la figura de la cesión en uso, lo que existe en realidad es un acto de despojo del territorio de las comunidades nativas”
Jorge Acero, Amazon Frontlines.
“Las comunidades nativas tienen una relación esencial con el territorio, su fuente de supervivencia física y cultural y al que además, han cuidado y mantenido en equilibrio a lo largo de cientos de años. Los gobiernos, con políticas de desconocen la autodeterminación e incentivan la deforestación, el extractivismo o la agroindustria han despojado y desalojado a los indígenas de sus territorios, han acabado con la selva y con ello han afectado a la globalidad de las personas y la naturaleza. Los derechos de la naturaleza y los de los pueblos indígenas están íntimamente ligados y de ellos depende la sostenibilidad en el mundo. El gobierno de Perú debe hacer un cambio radical y reconocer y garantizar a los pueblos como los legítimos propietarios.”
Contactos de prensa:
Luisana Aguilar, Amazon Frontlines: +593 99 924 0129
Gerardo Saravia, IDL: +51 997 574 695
Se puede ver la Rueda de Prensa aquí.
ANEXO: Información adicional sobre la demanda
Como es de conocimiento público, el artículo 11 del Decreto Ley 22175, Ley General de Comunidades Nativas, y el artículo 76 de la Ley Forestal No 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades nativas que tiene aptitud forestal, que son la gran mayoría de las tierras de la Amazonía, serán entregadas en cesión en uso, entregando solo en propiedad a las comunidades nativas, las tierras que tengan aptitud agrícola y ganadera.
“Artículo 11.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia”. (Subrayado nuestro)
Artículo 76. Características de la cesión en uso de tierras forestales y de protección en comunidades nativas.
Por la cesión en uso, el Estado reconoce el derecho real exclusivo, indefinido y no transferible de las comunidades nativas sobre las tierras comunales no agrícolas con el fin de asegurar los usos tradicionales y sus sistemas de vida. Les reconoce, en exclusividad, la posesión, acceso, uso, disfrute y aprovechamiento de las tierras de producción forestal y de protección, de sus recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas que en ellas se encuentran”. (Subrayado nuestro)
Esta regulación a juicio del pueblo Secoya, desconoce lo establecido en los artículos 2.16, 70 y 89 de la Constitución, de los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT y del párrafo 117 de la sentencia de la Corte IDH, del caso Xucuru vs Brasil.
“Artículo 14: Derecho de la propiedad sobre el territorio
- Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras (o territorios) que tradicionalmente ocupan. […]
- Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión […]”
La demanda es presentada por la Comunidad Nativa San Martin de Porres, debidamente representada por el Apu ANER MACANILLA LEVI; la Comunidad Nativa Mashunta, debidamente representada por el Apu EDGAR NEYSER GAÑOSA MENDOZA, y la Comunidad Nativa Vencedor (Wajoya), debidamente representada por el Apu ROLDAN YAPEDATSA ANKUTERE WAJOKAPI, con la defensa legal presentan la demanda de amparo.
La demanda ha sido presentada ante el Juez Mixto de El Estrecho, en la provincia Putumayo, región de Loreto. Lo que se cuestiona es el título de ampliación de propiedad de la comunidad San Martín de Porres, que sólo reconoce propiedad sobre 31.047 hectáreas, que representa el 39,71% del total del territorio reconocido y titulado efectivamente de la comunidad, excluyendo del mismo 47.142 hectáreas, las cuales son entregadas a través de contratos de cesión de uso forestal y/o protección. De igual manera, se cuestiona el título de ampliación de propiedad de la Comunidad nativa de Mashunta, que sólo reconoce propiedad sobre 7.043 hectáreas, que representa el 20,34% del total del territorio reconocido y titulado efectivamente de la comunidad, excluyendo del mismo 27.577 hectáreas, las cuales son entregadas a través de contratos de cesión de uso forestal y/o protección. Y finalmente, se cuestiona el título de ampliación de propiedad de la Comunidad nativa de Vencedor, que sólo reconoce propiedad sobre 31.806 hectáreas, que representa el 38,90% del total del territorio reconocido y titulado efectivamente de la comunidad, excluyendo del mismo 49.949 hectáreas, las cuales son entregadas a través de contratos de cesión de uso forestal y/o protección.
Lo que se pide a través de la demanda es que el juzgado se ordene a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Loreto, la INMEDIATA RECTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE AMPLIACION DE PROPIEDAD de las comunidades nativas de San Martín de Porres, Mashuna y Vencedor, a efectos de reconocer la propiedad de la integralidad del territorio ocupado tradicionalmente por la comunidad, incluyendo las tierras de aptitud forestal y/o de protección que fueron entregadas en cesión de uso.
Asimismo, se solicita al juez se ordene a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Loreto, que en virtud del segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución, inaplique por control difuso, en el caso de la titulación de las Comunidades nativas de San Martín de Porres, Mashunta y Vencedor el artículo 11 del Decreto Ley 22175 y el artículo 76 de la Ley Forestal No 29763, que aprobaron la Ley General de Comunidades Nativas y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que al permitir cesión de uso de suelos forestales y/o de protección, desnaturaliza y viola el derecho al territorio y a la propiedad de la mencionada comunidad, reconocidos en los 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.
Indigenous Communities Sue Peruvian Government Over Discriminatory Land-Title Law
El Estrecho, Peruvian Amazon – December 16th, 2021
Indigenous Secoya communities filed a landmark lawsuit today against the Peruvian Ministry of Agriculture and the Regional Government of Loreto Province that aims to guarantee Secoya ownership over 300,000 acres of ancestral lands currently held by the Peruvian government. The legal action, brought by the communities of San Martin de Porres, Mashunta, Vencedor (Wajoya), has the potential to benefit 2,000 Indigenous communities in Peru directly, and could catalyze much needed reforms to ensure formal Indigenous ownership of more than 10 million acres of rainforest territories.
The lawsuit alleges that the national titling system in Peru, which excludes intact forest area from Indigenous land title, is discriminatory, unconstitutional and contrary to international law. The national titling system, which relies on soil classifications instead of customary claims or historic use by Indigenous peoples, allocates forested land to the government, and grants to Indigneous peoples only temporary and revocable usage rights over the huge swaths of intact forest they depend on for their physical and cultural survival.
The Secoya communities filing the lawsuit hold property rights over only a small portion of their titled lands: the community of Mashunta owns only 20.34%, the community of San Martin de Porres only 39.71% and the community of Vencedor only 38.90%. That means that around 300,000 acres of their lands, inhabited and protected by the Secoya currently and historically, is legal property of the Peruvian state.
The lawsuit shows through a series of anthropological, botanical and linguistic studies that the Secoya have inhabited these lands for more than 2,000 years. The Secoya survived missionaries, Western plagues and war, yet the traditional names of rivers and the existence of milenarily cultivated plants and roots clearly show, as Secoya elders have testified, that the Secoya are the ancestral and rightful owners of these lands.
These forests are essential for the physical and cultural survival of the Secoya, and the current system that only allows Indigenous peoples to hold temporary use agreements over their intact forest lands puts their rights and their existence in jeopardy.
Peru’s current legal framework ignores the growing consensus that Indigenous peoples are the Amazon’s best guardians and scientific certainty that the world’s climate crisis cannot be solved without protecting the Amazon, and puts the country at grave risk of failing to comply with international obligations to title Indigenous lands and reduce both deforestation and greenhouse gas emissions.
Statements:
Roldan Yapedatsa Ankutere Wajokapi, Leader of Vencedor (Wajoya) Community
“Our territory is located along the banks of the River Napo. That is where we find our past, our historical and sacred sites. For those that don’t know the Amazon, they think this is just a forest, but for us it is where all of our spirits live. Our grandparents fought for this territory, which is why it is called Wajoya, river of warriors. Our demand is that our territory is recognized in full.”
Edgar Neyser Gañosa Mendoza, Leader of Mashunta Community
“84% of our community, Mashunta, is loaned to us by the government and the rest is our property. We want to own 100% of our land, so that we can take care of it, manage it, and meet our needs. This territory is a market and a pharmacy for us.”
Juan Carlos Ruiz Molleda, Instituto de Defensa Legal, IDL
“Peru’s national legislation does not meet international human rights standards. The current system of titling Indigenous territories is completely unaligned with the actual material relationship that Indigenous peoples have with their ancestral lands, of which they are the rightful owners. By only granting temporary usage rights, what actually exists is an act of forced dispossession of Indigenous lands by the Peruvian government.”
Jorge Acero, Senior Attorney, Amazon Frontlines.
“Indigenous communities have a special relationship with their territories, which are their source of physical and cultural survival and which they have protected and maintained in balance with nature for centuries. Governments, with policies favoring deforestation, extractivism and agroindustries, have dispossessed and displaced Indigenous peoples from their lands, and in doing so have led to the destruction of the Amazon, nature and our global climate. The rights of nature and the rights of Indigenous peoples are intimately connected, and the world depends on those rights being upheld. The government of Peru must make a drastic change and recognize Indigenous peoples as the legitimate owners of their lands.”
Press Contacts (Additional photos available upon request):
Brian Parker, Amazon Frontlines: +593 98 401 2463 / Brian@amazonfrontlines.org
Gerardo Saravia, IDL: +51 997 574 695
You can watch the recorded Press Conference here.
Report: Rights Defenders Under Threat in Ecuador
The Alliance for Human Rights in Ecuador released a report revealing the intensifying dangers that rights defenders face as part of their struggles to protect and defend their territories, autonomy, and identity, and shining a spotlight on government and industry complicity to undermine their vital work. It was delivered to government authorities and the Ombudsman’s Office on the critical situation of rights defenders in the country.
The report, published by a coalition of nineteen human rights organizations, including Amazon Watch, maps systematic rights violations against rights defenders including intimidation, threats, harassment, prosecution, persecution, and even assassinations, committed principally by the armed forces, national police, and public officials. Through the documentation of twenty-two emblematic cases from the Amazon to the Andes and the coast, the report exposes the experience of 449 rights defenders over the last decade. Three assassinations linked to the mining sector notably continue with impunity.
The work of human rights and environmental defenders in Ecuador, one of the world’s most biodiverse countries, is vital to the protection of critical natural ecosystems such as the Amazon rainforest and fundamental for the protection of democracy and the rule of law. Oil, mining, agribusiness, and the water sector are consistently the biggest drivers of attacks against rights defenders.
With Ecuador’s new government set to ramp up natural resource extraction in the context of the global economic crisis of the pandemic and the country’s crippling debt to China and the International Monetary Fund, this worrisome trend risks only intensifying.
Nuestro Territorio, Nuestra Decisión
15 de noviembre, Comunidad A’i Kofán de Sinangoe, Ecuador – Nosotros hacemos este comunicado desde nuestro territorio ancestral donde están enterrados los huesos de nuestros ancestros, donde habitan nuestros espíritus, y donde nosotros vivimos en armonía con la naturaleza – cosechando frutas de la selva, sembrando yuca y plátano en nuestras chacras, curandonos con plantas medicinales, y gozando y conviviendo con los ríos que salen desde las montañas selváticas que nosotros hemos venido protegiendo con lanzas por miles de años.
Hoy, es un día histórico para los pueblos indígenas del Ecuador porque es la primera vez que la Corte Constitucional ha cumplido su obligación de venir a nuestros territorios para entender nuestra forma de autodeterminación, nuestra cosmovisión, nuestra relación con el territorio, nuestra cultura, nuestra forma de tomar decisiones colectivas, y sentir el espíritu de nuestra lucha para defender la vida contra las amenazas imparables que vienen desde hace siglos, y que ahora se expresan en la minería, en el petróleo, las madereras y las hidroeléctricas. Este hecho no debe ser excepcional, acercarse a los territorios debe ser el actuar de las autoridades de justicia.
La audiencia que se mantuvo hoy día en nuestra comunidad se trata de dos cosas muy importantes: el derecho de los pueblos Indígenas de Ecuador de decidir sobre sus territorios, es decir nuestro derecho esencial a la autodeterminación y al Consentimiento Libre, Previo e Informado, un derecho reconocido a nivel internacional, pero todavía no reconocido, respetado ni aplicado en el Ecuador; y los derechos de la naturaleza, es decir, el derecho que tienen los ríos, los bosques, las montañas, las lagunas de existir sin amenaza, sin contaminación, sin destrucción.
Los jueces y juezas de la Corte Constitucional tienen una alta responsabilidad para decidir a partir de Sinangoe sobre nuestros derechos, se trata de la vida y la muerte, se trata de nuestro futuro o nuestra desaparición; después de haber escuchado docenas de testimonios de nuestros mayores, nuestros líderes, nuestros jóvenes, tienen en su manos la oportunidad y la obligación de pronunciarse con los más altos estándares sobre nuestro derecho a la autodeterminación, piedra angular para el ejercicio de nuestros derechos, e imprescindiblemente vinculados con el, nuestro derecho al territorio y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Estamos aquí con más de 300 representantes Indígenas de todo Ecuador, especialmente amazónicos, que han compartido la lucha por sus territorios y que hoy también tienen casos pendientes de resolver por la Corte Constitucional como los Waorani de Pastaza, Kichwas del cantón Santa Clara, Kichwas de Sarayaku, y otras nacionalidades, unidos por la misma petición, nuestro territorio es la base para nuestra existencia y como pueblos ancestrales nosotros tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro y el de nuestro territorio. E igualmente nuestro rol esencial para la protección de los derechos de la naturaleza.
Cinco de los nueve jueces de la Corte cruzaron el Río Aguarico en la madrugada y fueron recibidos por las autoridades indígenas para instalar la audiencia presencial y on line. De parte del estado, el Ministerio de Energía y Minas estuvo presente para defender la extracción minera y petrolera en territorios indígenas para promover “la riqueza y el progreso para todos”, mientras que otros entidades estatales como el Ministerio del Ambiente, Agua y la Transición Ecológica, la Agencia de Control y Regulación Minero, y la Procuraduría General del Estado, no vinieron a nuestro territorio y prefirieron participar a través de una pantalla, pretendiendo como siempre justificar su actuación omisa, lesiva y violatoria de derechos.
Recordamos que nuestro caso inició en el 2018 cuando Sinangoe descubrió que sin consulta ni consentimiento el estado otorgó 20 concesiones mineras y estaba en proceso para entregar 32 más en la cabecera del Río Aguarico. Nuestra comunidad A’i Kofán de Sinangoe inicio un proceso de demanda constitucional en contra de cuatro ministerios y agencias del estado y en octubre de 2018, los jueces provinciales de Sucumbios nos dieron definitivamente la razón y ordenaron la reversión de las 52 concesiones mineras; reconociendo la violación de nuestros derechos y el grave riesgo para la superviviencia de nuestra comunidad que esta minería suponía. Una victoria histórica para nuestra comunidad y para todos los pueblos indígenas del Ecuador. Ahora, la Corte Constitucional tiene en sus manos nuestro caso para dejar un precedente nacional de cumplimiento obligatorio para el estado en relación con todos los pueblos y nacionalidades indígenas del país.
Durante la audiencia, los jueces escucharon los testimonios de nuestros hombres, mujeres, niños y niñas de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe. Wider Guaraman, Coordinador de la Guardia Indigena de Sinangoe, explicó a los jueces que “Como ancestrales en estos territorios, como pueblos milenarios, tenemos ese derecho a ser consultados pero que sepan escuchar como último fin nuestro consentimiento. Si la comunidad dice sí, así será, y si decimos no, así será. La sentencia que ustedes escriban no solo va a servir para Sinangoe si no para muchos pueblos indígenas. Defendemos la vida. Defendemos nuestro territorio.”
Niños y niñas de la comunidad entregaron dibujos y cartas a los jueces. Tayra Narvaez, de 12 años, dijo, “Quisiera que me escuchen porque como niños en este territorio tenemos todo y estamos felices. Necesitamos que cuiden nuestro territorio y que podamos vivir sin minería y sin contaminación.”
Los A’i Kofán de Sinangoe somos un pueblo pescador, cazador y recolector, íntimamente relacionado con nuestro territorio, conocidos como grandes tomadores de yagé (ayahuasca). Nuestro territorio son 63,775 hectáreas de bosque primario, donde viven jaguares, osos anteojos y el tapir. Ahí viven nuestros espíritus y los que llamamos “la gente invisible”, ahí está nuestra identidad como pueblo y solo ahí es posible vivir, ser y pensar como A’i Kofán.
También intervinieron líderes de la nacionalidad Siekopai, la nacionalidad Sapara, el Pueblo Kichwa de Sarayaku, el Pueblo Kichwa de Santa Clara, el Pueblo Kichwa-Siona del Río Putumayo y organizaciones indígenas como la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de La Amazonia Ecuatoriana), CONCONAWEP (Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pastaza), PAKKIRU (Pastaza Kikin Kichwa Runakuna ), PSHA (Pueblo Shuar Arutam), y FENASH-P (Federacion de la Nacionalidad Shuar de Pastaza), entre otras, quienes presentaron sus amicus ante los jueces, manifestando las mismas vulneraciones a sus derechos. La reconocida lideresa Nemonte Nenquimo, cuya organización representa a los waorani de Pastaza cuyo caso también fue seleccionado por la Corte Constitucional, manifestó ante los jueces: “Ustedes jueces tienen una gran oportunidad. Queremos que hagan una consulta con consentimiento. No se puede engañar nuestro derecho a la vida, la consulta solamente lleva a la división y destrución. Como mujeres, exigimos que se respeten nuestros derechos. Vamos a estar de pie de lucha porque sabemos que llega una gran amenaza a nuestros territorios”. José Gualinga, ex-Presidente del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku explicó a los jueces, “Minar en nuestros territorios sagrados es como ir a minar las iglesias del vaticano en Roma o el Notre Dame en París.”
La resolución de este caso por la Corte Constitucional es urgente y de suma importancia por el momento que vive el Ecuador y el planeta. Ocurre días después de que líderes de todo el mundo firmaron acuerdos para enfrentar el cambio climático en la COP26 en Glasgow, y meses después de que el Presidente del Ecuador Guillermo Lasso ha decidido duplicar la explotación petrolera del país y rápidamente expandir la frontera minera en la Amazonía a través de los Decretos 95 y 151. Los pueblos indígenas cuidamos el 70% de la amazonia ecuatoriana, casi 7 millones de hectáreas del bosque más importante del planeta. La deforestación de una sola hectárea de nuestros territorios amazónicos representa la cantidad de carbón equivalente a 160 autos manejando durante un año entero. No es posible enfrentar el cambio climático sin la amazonia, y no es posible proteger la amazonía sin nosotros los pueblos indígenas y sin garantizar nuestros derechos.
La Corte deberá publicar una sentencia dentro de los próximos meses y será de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. La sentencia también dejará un precedente obligatorio para la Asamblea Nacional del Ecuador para la elaboración de una ley orgánica que regule el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado en el país. Dado el poco tiempo con el que contó la Corte para escucharnos y considerando que todos nuestros criterios y voces diversas son esenciales para alimentar su criterio una vez se retiraron, en ejercicio de nuestro derecho propio, nos declaramos en Asamblea Permanente y remitimos a la CCE un amicus suscrito por todos los Pueblos, Nacionalidades, comunidades campesino mestizas, organizaciones de DDHH y academia que acompañaron esta audiencia in situ, nos mantenemos vigilantes hasta la sentencia definitiva en este caso que afectará a todos los pueblos y nacionalidades del país.
ANEXO: CRONOLOGÍA DEL CASO SINANGOE
2017 Guardia indígena descubre actividades mineras.
Aunque la comunidad de Sinangoe viene resistiendo al ingreso de minería, madereros, colonización, petroleras y otras amenazas a su territorio ancestral, el 2017 crearon la Guardia Indígena, un grupo de 13 a 20 jóvenes integrantes de la comunidad que se internan en el bosque y realizan recorridos para identificar posibles amenazas.
De esta manera es que se encontraron con más de 50 mineros en actividades de búsqueda de oro con motobomba, canalón, tecle o draga en las orillas del Río Aguarico. Cuandose les exigió la salida de la zona a los mineros, estos amenazaron a varias personas de las comunidades
24 de julio: La comunidad levanta una Alerta Temprana ante las autoridades parroquiales, cantonales y nacionales.
El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Gonzalo Pizarro confirmó que las actividades mineras estaban perjudicando a la Comunidad A’i Kofán de Sinangoe. De la revisión del catastro minero existían 20 concesiones mineras para exploración y explotación minera de oro, y otras 32 se encontraban en trámite, en el Río Aguarico y sus cabeceras, Ríos Chingual y Cofanes, que además son utilizados por la comunidad para su alimentación. Además las concesiones mineras estaban en los límites del Parque Nacional Cayambe-Coca. Las concesiones se habían entregado sin consulta a la comunidad.
2018 Denuncia y proceso ante las autoridades
La comunidad con el apoyo jurídico de la Defensoría del Pueblo y de la organización Amazon Frontlines, interpone una Acción de Protección u solicitan Medidas Cautelares en contra de los Ministerios de Minería, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Ministerio de Ambiente, Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) y la Procuraduría General del Estado (PGE), por la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad a la Consulta Previa, Libre e Informada, al territorio y a la cultura, afectación a los derechos de la naturaleza y al medio ambiente sano, afectación a los derechos al agua, a la salud y a la alimentación.
19 de julio: Inicia la audiencia en el cantón Gonzalo Pizarro, pero se suspende para realizar visita in situ como prueba
20 de julio: Inspección in situ del Juez de Garantías Constitucionales
3 de agosto: Sentencia en primera instancia dentro del Juicio No: 21333201800266, en la que el juez constitucional acepta la acción de protección y reconoce la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de la Comunidad de Sinangoe. Las autoridades ministeriales apelaron la sentencia.
16 de noviembre: El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos rechazó la apelación interpuesta por los Ministerios e incorpora a la sentencia anterior el reconocimiento a la violación a los derechos “de la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y territorio, pues la minería destruye fuentes hídricas, constituyen un riesgo para la salud y el ambiente; pérdida de biodiversidad y erosión genética por intervención y destrucción de ecosistemas frágiles”.
2019 Selección de la Corte Constitucional
27 de febrero: La Defensoría del Pueblo ingresa la sentencia en la Corte Constitucional por considerar que el caso cumple con los criterios de selección para generar un pronunciamiento.
21 de octubre: La Corte Constitucional del Ecuador escoge la sentencia del caso Sinangoe, asignada como la Causa Nº. 273-19-JP, selección de sentencias de acción de protección para emisión de jurisprudencia vinculante. Es decir que la Corte, luego de analizar la sentencia y escuchar a las partes, podrá emitir criterios jurídicos para la aplicación de la consulta previa, libre e informada y que la respuesta de las comunidades sean vinculantes, es decir se respete el consentimiento.
2021 Audiencia
16 de octubre: Tras dos años de espera sin respuesta y luego de la emisión del Decreto Ejecutivo N° 151, de política minera y promueve la expansión de estas actividades; una delegación de la comunidad viajó hasta Quito para exigir a la Corte Constitucional convoque a audiencia e invitó a realizarla en el territorio, garantizando así el acceso a la justicia de las comunidades indígenas y principios de interculturalidad de la justicia.
Referencias:
https://sinangoe.amazonfrontlines.org/nuestra-lucha/#juridica
DPE, ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES PARA COMUNIDAD A’I KOFAN https://www.dpe.gob.ec/accion-de-proteccion-y-medidas-cautelares-para-comunidad-ai-cofan/
Caso A’i Kofan Sinangoe fue seleccionado por Corte Constitucional para generar jurisprudencia nacional
https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/cofan-ecuador-corte-constitucional/
Palabras finales: Nuestro derecho es a la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto o actividad que pueda afectar nuestras vidas y nuestros territorios y ante cualquier ley, decreto o acto administrativo que también nos afecte. Pero esa Consulta como simple trámite está incompleto, resulta vacío porque al final el Estado impone sus proyectos y siguen pensando que sus decisiones pesan más que las nuestras, por eso luchamos por consentimiento, por nuestro derecho a decir y para que esa decisión se vuelva vinculante, se respete, se garantice; ese consentimiento previo garantice nuestro derecho a la AUTODETERMINACIÓN, a decidir nuestras formas de gobernar y a buscar libremente el desarrollo económico, social y cultural, la sola consulta sin consentimiento representa una burla a nuestras formas de gobierno propio. La consulta sin consentimiento convertiría estos derechos constitucionales e internacionales en un mero trámite para justificar las actuaciones del gobierno y los intereses de las empresas. Para nosotros, la violación de nuestro derecho a la consulta significa la violación a nuestro derecho al agua, salud, cultura, territorio y medioambiente sano. Y es imposible garantizar los derechos de la Naturaleza en el Ecuador sin garantizar los derechos colectivos.
Our Territory, Our Decision
November 15, Community A’i Kofán de Sinangoe, Ecuador – We send this communication from our ancestral territory, where the bones of our ancestors are buried, where our spirits live, and where we live in harmony with nature – harvesting fruits from the forest, planting plantains and manioc, healing ourselves with medicinal plants, and bathing in the rivers born from the jungle mountains that with have been protecting with spears for thousands of years.
Today marks a historic day for Ecuadors Indigenous peoples,, as it is the first time in history that the Supreme Court of Ecuador (Corte Constitucional) has complied with its obligation to come to our territories to understand our forms of self-determination, our cosmovision, our relationship with our territories, our cultures, our decision-making processes, and to feel the energy and spirit of our fight to defend our lives against centuries of non-stop threats, that are now being expressed through metallic mining, oil, logging and hydroelectric dams.
Today’s hearing is principally about two important things: the right for Indigenous peoples in Ecuador to decide what happens in our territories, that is to say our essential right to self-determination and Free, Prior and Informed Consent, recognized internationally but not yet recognized, respected or applied in Ecuador; and the Rights of Nature, that is to say, the right of rivers, forests, mountains, and animals to exist without threats, contamination or destruction.
The judges of the Supreme Court have the heavy responsibility to make a decision regarding our rights. This is about life and death, about our future or our extinction. After hearing dozens of testimonies from our elders, our leaders and our youth, the judges hold in their hands opportunity and obligation to publish a ruling according to the highest standards around our right to self-determination and our right to Free, Prior and Informed Consent, which are inextricably linked.
We are here with more than 300 Indigenous representatives from all over Ecuador, especially the Amazon, who have shared their fights for their territories and today, many of which have cases pending before the Supreme Court like the Waorani of Pastaza, the Kichwa of Santa Clara, and the Kichwa of Sarayaku, amongst other nations, united with the same request, that our territory is the base of our very existence and as ancestral peoples we have the right to decide over our future and our territories. Equally important is our essential role in the protection of nature and the Rights of Nature.
Five of the nine judges of the Court crossed the Aguarico River in the heart of the Amazon early this morning and were welcomed by Indigenous leaders to begin the historic hearing. From the Ecuadorian state, the Ministry of Energy and Mining was present in Sinangoe to defend the extraction of metals and petroleum in Indigenous territories to promote “the wealth and progress of everyone.” Other state entities like the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition, the Agency for Control and Regulation of Mining, and the Attorney General did not come to our territory, as they preferred to participate online to attempt to justify their actions and omissions that have systematically and consistently violated the rights of Indigenous peoples and Nature.
This case began in 2018 when Sinangoe discovered that without consulting them and without their consent, the State had auctioned off 20 gold-mining concessions and was in process to hand over 32 more in the mega-biodiverse Aguarico headwaters. Our community of the A’i Kofán de Sinangoe sued four ministries of the government and in October of 2018 won a lower court ruling in their favor that resulted in the annulment of the 52 mining concessions. The sentence recognized the violation of our rights and the grave risk for the survival of our community in the face of widespread mining. It was a historic victory for our community and the Indigenous peoples of Ecuador. Now, the Supreme Court has our case in its hands and the opportunity to leave a national precedent that must be strictly followed by the State.
During the hearing, the judges heard testimonies from men, women, and children from the A’i Kofán de Sinangoe community. Wider Gauraman, Coordinator of the Indigenous Guard of Sinangoe, explained to the judges that “as ancestral peoples of these territories, as millenary peoples, we have the right to be consulted but also that our consent is the ultimate objective of that consultation. If we say yes, that’s how it will be, if we say no, then that means no. We defend life, we defend our territory.”
Children from the community handed in drawings and hand-written letters to the judges as evidence. Tayra Narvaez, a 12 year-old Kofán girl, told the judges, “I want you to listen to us because as children this territory gives us everything and we are happy. We need you to take care of our territory, so we can live without mining and without contamination.”
The A’i Kofán of Sinangoe are a fishing, hunting and gathering nation, intimately connected to our territory and known as great ayahuasca healers. Our territory is 63,775 hectares of primary forest, where jaguars, spectacled bears, and tapirs live. Our spirits and the “invisible people” live there too, it is where our identity as a People resides and only there is it possible to live, think and be A’i Kofán.
Leaders of the following Nations provided testimony to the Court: Siekopai, Sapara, Sarayaku, Kichwa of Santa Clara, as well as the Indigenous organizations CONAIE (Confederation of Indigenous Nations of Ecuador), CONFENIAE (Confederation of Indigenous Nations of the Ecuadorian Amazon), CONCONAWEP (Council of the Waorani Nation of Pastaza), PAKKIRU (Kikin Kichwa Runakuna of Pastaza), PSHA (People of Shuar Arutam), and FENASH-P (Federation of the Shuar Nation of Pastaza), among others, who presented amicus curiae briefs to the judges, explaining similar violations of their rights. Nemonte Nenquimo, the recognized leader, whose organization represents the Waorani of Pastaza and whose historic court case will also be heard by the Supreme Court shortly, said to the judges, “You have a great opportunity as judges. We want our right to say yes or no to extractive projects to be respected. What has happened up until now has only led to deceit, division and destruction. As women, we demand that our rights are respected. We will be at the frontlines of this fight because we know that a great threat to our territories is on the horizon.” Jose Gualinga, ex-President of Sarayaku explained to the judges that “mining in our sacred territories is like mining in the ancient ruins of Rome or the Notre Dame in Paris.”
The resolution of this case by the Supreme Court is urgent and extremely important for the moment that Ecuador, and the planet, currently finds itself in. The hearing took place days after world leaders signed agreements to face climate change at COP26 in Glasgow, and months after the President of Ecuador Guillermo Lasso promised to double oil extraction and rapidly expand mining in the Amazon, through Presidential Decrees 95 and 151. The Indigenous peoples take care of 70% of the Ecuadorian Amazon, almost 7 million hectares of the most important rainforest on the planet. Deforestation of just one hectare of our territories represents the equivalent carbon emissions of 160 cars for a whole year. It is not possible to face climate change without the Amazon, and it is not possible to protect the Amazon without us, Indigenous peoples, and without guaranteeing our rights.
The Court should publish a ruling within the next few months that will set national precedent. The ruling will also set obligatory precedent for Ecuador’s Congress which must elaborate a law that regulates the right to free, prior and informed consent nationally. Given the lack of time that Court had to listen to us, and considering that all our voices and criteria are important to contribute to their analysis, after they left, exercising our own autonomous rights, the Nations, farmer communities, civil society organizations and academics accompanying the hearing in Sinangoe, installed an assembly of Indigenous peoples on site to reiterate that expressed at the Court hearing, declare the Indigenous peoples of Ecuador in permanent assembly and vigilance until the Court publishes this important ruling for all Indigenous peoples in Ecuador.
For more information about Sinangoe, their territory and their historic case, please visit the community’s interactive map: https://sinangoe.amazonfrontlines.org/content/sinangoe-map/
Indigenous Kofan Community Battles for Title to Ancestral Lands Currently Blocked By Colonial & Inept Ecuadorian National Park System
After Historic 2018 Victory in Court Against Gold-Mining, A’i Kofán of Sinangoe Demand Ministry of Environment Grant Title to Ancestral Lands
Contact: Sophie Pinchetti, sophie@amazonfrontlines.org, Whatsapp: +593 98 148 4873
Photos and spokespeople available upon request.
Quito, Ecuador, 19 October 2021. — Over one hundred A’i Kofán traveled to Ecuador’s capital today to demand a meeting with the Minister of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE) and personally deliver their land claim for 63,775 hectares of ancestral territory.
The A’i Kofán have lived on and protected these lands continually for hundreds of years, yet after the government unilaterally declared Sinangoe’s ancestral homelands part of the Cayambe-Coca National Park in 1970 the law prohibited them from holding land-title. For decades, the A’i Kofán have been forced to renew five-ten year temporary land-use agreements at the government’s discretion. Recent legal reforms in Ecuador now allow Indigenous Peoples to obtain land-titles within national parks, but the MAATE has failed to act on the new laws.
For the past four years, the A’i Kofán community of Sinangoe has undertaken an extensive community mapping initiative of their land’s history, also demonstrating how A’i Kofán stewardship is necessary not only for the protection of this key biodiversity hotspot but also for the very survival of the A’i Kofán of Sinangoe as a people. Sinangoe’s Guardia Indigena, with support from the organizations Ceibo Alliance, Amazon Frontlines and Digital Democracy, collected over 5,000 GPS points of historical, spiritual, ecological or dietary importance. This evidence was presented to MAATE and is available online at Sinangoe’s new digital platform.
The A’i Kofán argue that not only is it their constitutional and international right to hold formal title over their lands, but that time and again they have proven to be the land’s best defenders and stewards. Despite the declaration of the Cayambe-Coca National Park as a protected-area, the government has shown little ability or interest in actually protecting it. Satellite imagery shows over 1,800 hectares deforested within the Park over the last twenty years, while Sinangoe’s land remains free of deforestation (images available upon request). The historic absence of budget-allocation, State-park-guard effectiveness or even minimal coordination with the A’i Kofán by MAATE was exacerbated in 2018 when the Sinangoe Guardia Indigena found heavy gold-mining machinery along the Aguarico river in their lands.
After discovering that the government had actually granted 20 mining concessions along the river without their knowledge or consent, and were about to grant another 32 concessions the same year, the A’i Kofán of Sinangoe sued and won a historic legal victory annulling the concessions. The Constitutional Court of Ecuador selected the case for review and has indicated it will hold its first-ever hearing in Indigenous territory in November of 2021 to set national precedent on Indigenous Peoples’ right to free, prior and informed consent. With President Guillermo Lasso promising to double oil production and rapidly expand mining in the Amazon, the Sinangoe case provides a historic opportunity to recognize Indigenous Peoples’ right to make the final decision on any extractive project that affects their territories.
For now though, Sinangoe is focused on permanent land-title and hopes to pave the way for other Indigenous nations in Ecuador trapped within the same colonial legal frameworks and lack of political will by MAATE, currently impacting at least 1.5 million hectares of Indigenous homelands within unilaterally declared protected-areas nationwide.
Discover Sinangoe’s territory through this interactive map: https://bit.ly/SinangoeEcuador
Declarations:
Viktor Quenama, President of the A’i Kofan community of Sinangoe:
“We are the owners of our ancestral territory and we need the Ecuadorian government to title our territory immediately. Even though our territory is in a protected area, the government does not help to protect it. We have cared for our territory for thousands of years. We protect our rivers, our forests, our animals, and our plant medicine. We have also organized our own community guardia to defend our territory from invasions. Once we have a land title, we will be able to protect our territory more effectively. It is time for the Ecuadorian government to respect our rights to our territory, because our territory belongs to us and our future generations.”
Jorge Acero, Lawyer from Amazon Frontlines:
“Today the Indigenous A’i Kofan community of Sinangoe is demanding respect for their right to a land title. This is particularly significant because the territory of Sinangoe is located within a protected area. The Ecuadorian government imposed protected areas over the ancestral territories of many Indigenous communities, without any consultation whatsoever. The Minister of the Environment has not given land titles to Indigenous communities, and this violates national and international law. It also suggests that the Ecuadorian government holds ownership over these biodiverse areas that Indigenous peoples have protected and stewarded for thousands of years. This is a deeply colonialist and centralist view. Indigenous peoples are the ancestral owners of their territories, and they have the right to their land title. The Ecuadorian government must respect their property and their own practices of land management.”
Tuntiak Khan, Vice Coordinator of COICA:
“The A’i Kofan people of Sinangoe have lived for millennia in their ancestral territory, and today, they are fighting to set an invaluable legal precedent. The Ecuadorian government must legally recognize their ancestral territory by giving them a land title – to not do so is a grave violation of Indigenous people’s collective rights and national and international treaties. Indigenous territories are of vital importance to Indigenous people’s way of life, spirituality, culture, and worldview. We at COICA urge the Ecuadorian government to respect Indigenous peoples’ right to territory and to title the land of the A’i Kofan of Sinangoe immediately.”