02 de junio de 2020.- El 01 de junio, Eduardo Payaguage, de 59 años, uno de los primeros profesores siekopai falleció con diagnóstico de covid-19 tras varias semanas en terapia intensiva. Su salud se deterioró días después de la muerte de su padre, uno de nuestros ancianos fallecidos semanas atrás con sintomatología asociada al covid-19 sin haber recibido atención médica oportuna.

Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad, hace referencia a la importancia de quien fue maestro de muchos de nuestros niños y niñas durante 31 años:

“Se nos ha adelantado nuestro hermano, a pesar de sus dificultades económicas como todos nosotros, los Siekopai, Eduardo Payaguaje educó a niños y jóvenes. Hoy, nos deja un gran vacío y dolor en la familia Siekopai. Hemos hecho todo lo posible para salvar su vida y lo asumí personalmente y me duele mucho pensar que no lo pude lograr. Sin embargo, Eduardo es el ejemplo de lucha y perseverancia, sintió el golpe duro de perder a su padre hace unos días atrás. Hoy, se nos ha ido”.

El fallecimiento de este compañero duele profundamente, pero, sobre todo, indigna. Su muerte nos demuestra una vez más que al Estado ecuatoriano no le importan los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. No le importa nuestra pervivencia, pues hemos advertido de forma insistente que nuestro riesgo de extinción física y cultural es mayor, debido a que somos un pueblo de no más de 700 habitantes en Ecuador.

No obstante, estas alertas no significaron el mejoramiento de la gestión de esta emergencia ni la dotación de recursos económicos que prioricen la compra de medicinas, de pruebas PCR, de pruebas rápidas y de kits alimenticios para que nuestra población mantenga el confinamiento en condiciones dignas.

Ante la insuficiente acción del Estado central y seccional, ha sido nuestra propia autogestión y el apoyo de organizaciones aliadas aquello que nos ha permitido conseguir alimento para nuestros compañeros y pruebas para ser aplicadas en nuestras comunidades.

Hemos sido nosotros quienes desarrollamos nuestros propios protocolos e información preventiva en nuestro idioma. Ha sido la sabiduría ancestral transmitida por nuestros abuelos la que ha salvado a muchos de los siekopai que han enfermado y deben encarar un sistema de salud precario.

De nuestra primera denuncia pública ha pasado un mes. Llegaron varios ofrecimientos de las autoridades locales, pero no se cumplieron y hoy despedimos a un siekopai más. Por ello, al Estado, le decimos nuevamente que cualquier decisión tomada sin concertación, que no prevenga y ayude a controlar y atender la propagación del virus, exacerbando el inminente riesgo de exterminio físico y cultural de la Nacionalidad Siekopai en Ecuador, podría resultar en un etnocidio sobre el cual tendría absoluta responsabilidad.

Abrazamos a la familia de Eduardo Payaguage y a todos quienes lo lloran por la grandeza de su presencia que hoy trasciende para ser recibido por nuestra Diosa DEPAO y para juntarse a nuestros dos abuelos recientemente fallecidos, también a causa de la negligencia estatal.

Contactos: Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad +593 96 007 6746

La demanda de acción de protección con medidas cautelares presentada por accionantes individuales y comunitarios, organizaciones indígenas, de DDHH y eclesiales a favor de comunidades indígenas afectadas por el derrame de al menos 15.800 barriles de crudo y combustibles, ocurrido el pasado 7 de abril, se instaló el pasado martes 26 de mayo y debía continuar hoy, 1 de junio, con la presentación de la prueba de los accionados.

Lamentablemente, hoy, martes 1 de junio de 2020, el juez Jaime Oña dispuso la suspensión de la audiencia debido a problemas de salud en su equipo técnico. Se prevé que hasta este miércoles, 2 de junio, se informe sobre la continuación del proceso. Ante esto, expresamos nuestra solidaridad con las funcionarias y funcionarios de la judicatura y entendemos que su situación médica merece un tratamiento oportuno, adecuado y suficiente, como le corresponde a todo habitante de este país.

A la vez, recordamos a las autoridades la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran al menos 27 mil personas indígenas por el derrame de crudo y combustibles, quienes llevan más de dos meses sin acceso a fuentes de agua segura y suficiente, a alimento y a la debida atención médica integral, todo esto, en medio de la pandemia del COVID-19 y un creciente brote de dengue que azota a la Amazonía por la fuerte temporada invernal.

La defensa legal de las comunidades afectadas estableció en sus alegatos y con prueba documental aportada que la vulneración de derechos ocurrió antes, durante y después del derrame, de forma agravada, por la ocurrencia de varios elementos. El antes, por la falta de atención efectiva al riesgo inminente que corrían las tuberías, tras el colapso de la cascada de San Rafael, ocurrido el 2 de febrero, debido a que este evento exacerbó el proceso de erosión regresiva del río Coca, produciendo el derrumbe y rotura de los tubos el 7 de abril; el durante, por la falta de implementación de mecanismos de alerta oportuna y efectiva sobre el derrame por parte del Estado y empresas petroleras; y el después, por la tardía, insuficiente e inadecuada respuesta a los impactos negativos en los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación y soberanía alimentaria, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y derechos de la naturaleza.

Asimismo, se probó que el Estado ecuatoriano y las empresas EP Petroecuador y OCP no adoptaron medidas razonables frente al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato, faltando a su obligación de prevención y debida diligencia. Tampoco cumplieron con su función de regular, supervisar y fiscalizar las actividades como el establecimiento de planes de contingencia, medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.

Por ello, la parte accionante exige que las medidas de reparación integral respondan a los más altos estándares vigentes en un Estado garantista y que, tanto las instituciones estatales como las empresas operadoras, garanticen la no repetición de las múltiples vulneraciones a derechos de individuos, colectivos y la naturaleza evidenciadas en el caso.

Por su parte, la defensa técnica del Estado y las empresas respondieron a la demanda, alegando que estos hechos se produjeron como un evento fortuito o de fuerza mayor, con lo cual pretenden negar su conocimiento de la existencia de un riesgo potencial. En sus intervenciones, han minimizado los testimonios de expertos y de las víctimas, señalando que sus problemas de salud responden a “su propia negligencia”.

De esa forma, los juristas argumentaron que, una vez ocurridos los hechos, han actuado según sus protocolos; es decir, han entregado a la población kits de alimentos y agua, dando a entender que sus actuaciones se enmarcan en actos de beneficencia y no en las obligaciones derivadas de la responsabilidad generada por sus omisiones y actos.

En ese sentido, nos preocupa la independencia procesal en este caso, ya que hemos podido observar en estos cuatro días de audiencia que las y los abogados del Estado (Ministerios de Energía, Ambiente, Salud, y la Procuraduría del Estado) defienden abiertamente a las operadoras Petroecuador y OCP. Esto, por lo menos, contradice la necesaria independencia y distancia que los entes de control (Energía y Ambiente) deben guardar respecto de sus supuestas controladas.

Para estar presentes y dar su testimonio, representantes de al menos 16 comunidades ribereñas afectadas que pudieron llegar desde sus territorios hasta el Vicariato Apostólico de Aguarico, lugar de concentración para conectarse a la audiencia telemática, tuvieron que viajar, alrededor de seis horas, algunos por vía fluvial y otros por vía terrestre.

Estos representantes relataron al juez constitucional que no pueden bañarse en el río, ni pescar, ni consumir de él; es más, no pueden no pueden utilizar el agua para la elaboración de la chicha y guayusa, elementos fundamentales en la vida comunitaria kichwa. Afirmaron, además, que hay una fuerte pestilencia en las riberas y en las chacras.

Las dotaciones alimenticias son insuficientes para el grupo familiar al que están dirigidos, y resultan nutricionalmente inadecuadas y ajenas a la dieta kichwa. Por ejemplo, las operadoras afirman haber entregado 820 mil litros de agua para consumo humano; sin embargo, estos se encuentran por debajo de los mínimos diarios de 7.5 litros por persona al día, en contextos regulares y 15 litros, por la pandemia mundial, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay familias que indican haber recibido dos pacas de agua que equivaldrían a dos vasos por día para cada persona en familias con al menos 7 integrantes.

En cuanto a la alimentación, las comunidades afectadas consumen, en promedio, 25 pescados a la semana por familia. Las empresas les entregan un kit para un mes, que contiene una lata de atún o de sardina e insumos que alcanzarían únicamente para dos días. Además, persisten denuncias de que personas que se presentan como funcionarios de las empresas petroleras han visitado algunas comunidades para entregar kits alimenticios, y con eso, estarían obligando a las personas a renunciar, por escrito, a cualquier reclamo relacionado con la entrega de
alimentos.

También, las empresas afirman haber realizado “valoraciones médicas” a cerca de 2 mil habitantes cerca de las riberas; sin embargo, no hay evidencias de que estén monitoreando la salud de las personas, pese a que los estudios científicos alertan sobre impactos agudos y crónicos en personas expuestas a contaminación por petróleo. Estos incluirían, ansiedad, depresión, enfermedades de piel, alteraciones genéticas y hormonales que pueden llevar al cáncer, complicaciones en la salud sexual y reproductiva como abortos, cáncer de próstata y alteraciones hormonales.

La ingesta de pescado contaminado y el contacto con el río, en ausencia de fuentes de agua suficiente, sería la causa de la proliferación de afecciones en la piel, vómito, dolor de cabeza y ardor de los ojos, detectados en habitantes amazónicos afectados por contaminación por crudo, en otras ocasiones. De acuerdo con los testimonios, para la atención de alrededor 60 familias, por ejemplo, ha llegado sin previo aviso una brigada compuesta por dos personas, un médico y una enfermera, sin medicamentos apropiados, solo con paracetamol, jarabes de vitaminas y antiparasitarios, y el tiempo de atención a toda la comunidad ha sido de dos horas.

Las organizaciones indígenas, eclesiales, de derechos humanos y sociales que acompañamos como accionantes a las personas afectadas, y las defensoras y defensores de derechos humanos que asumimos su defensa técnica, reiteramos que los demandados cometieron una serie de actos y omisiones, vinculadas principalmente al hecho de que el Estado conocía del riesgo y omitió tomar medidas frente a la interrupción del flujo de agua en la cascada San Rafael y las advertencias de expertos y que sus actuaciones una vez ocurridos los hechos tampoco resultan eficientes, efectivas, oportunas, idóneas y pertinentes.

Por ello, en pro del respeto al debido proceso y a la pronta justicia, insistimos en la urgencia de que el juez de esta causa se pronuncie sobre la petición de medidas cautelares para preservar la vida, salud y alimentación de las víctimas, en riesgo desde el 7 de abril. La tardanza en su emisión desdice la naturaleza cautelar de esos instrumentos de protección y prevención.

Así también, exigimos el cese del hostigamiento a las comunidades que, valientemente, decidieron plantear esta demanda y al equipo de acompañamiento que acaba de sufrir un ataque digital anónimo durante la rueda de prensa convocada para informar sobre el proceso.

Contacto: Yuli Gaona – Comunicación Alianza por los Derechos Humanos- 0980916690

21 de mayo de 2020. Puyo, Ecuador – Somos guerreros, jaguares y guardianes milenarios de la selva, durante miles de años, vivimos libre de enfermedades. Después de contacto con el mundo occidental llegó la enfermedad, y con el tiempo, nuestros territorios han sido invadidos por petroleras y madereros que -en complicidad con el gobierno de turno- no sólo extraen nuestros recursos, sino nos dejan enfermedades, muerte y contaminación. Hoy, más de un año después de nuestra victoria histórica protegiendo 180,000 hectáreas de selva amazónica prístina contra la explotación petrolera en Pastaza, nos estamos organizando para luchar y superar esta crisis sanitaria en todo nuestro territorio. Crisis que exacerba las amenazas existentes contra nuestra existencia como pueblo.

Frente a la propagación ya confirmada en nuestro territorio con nueve casos covid-19 en Miwaguno y tres en las comunidades de la vía Auca, en la provincia de Orellana, y de varios sintomáticos relacionados con este virus en las comunidades de Toñampare, Meñepare, Obepare, Nemompare y Bataboro, en la provincia de Pastaza; Gareno, Konipare, en la provincia de Napo; Miwaguno, Yawepare, Guiyero y Dicaro, en la provincia de Orellana, denunciamos públicamente que el Estado ecuatoriano no ha actuado oportunamente a nuestras alertas y no ha establecido de manera concertada un protocolo de emergencia en nuestras comunidades. Al contrario, pese al riesgo que venimos advirtiendo desde el inicio de la emergencia las operaciones de las petroleras, la tala legal e ilegal de nuestros bosques ha continuado, lo cual nos pone en riesgo inminente de exterminio físico y cultural tanto a nuestra Nacionalidad como a los pueblos en aislamiento voluntario.

Asumimos también sus voces como nuestras y anunciamos que como NAWE, CONCONAWEP y organizaciones aliadas de la Alianza por los Derechos Humanos presentamos una acción de medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano, específicamente dirigidas hacia el Presidente Lenín Moreno y el Vicepresidente Otto Sonnenholzner, como responsables del COE Nacional, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Ambiente y del Agua.

En nuestra demanda, exigimos que se desarrollen acciones URGENTES, debidamente concertadas con nuestras Autoridades propias y coordinadas entre las referidas autoridades Nacionales y los COE seccionales. Estas deben estar encaminadas a atender y contener el covid-19; por tanto, a proteger nuestra vida y la de los pueblos en aislamiento voluntario. Pues, algunas comunidades que registran sospechosos de covid-19 están muy cercanas a los senderos de la zona intangible por donde transitan Tagaeri y Taromenane. Estos pueblos hermanos están en riesgo porque recorren también nuestros caminos, y, en ocasiones, se acercan a nuestros territorios a coger objetos, ollas, machetes.

Exigimos que se priorice nuestra atención, no sólo la atención de grandes ciudades; que se equipen los subcentros de salud, porque de nada sirve tener médicos que no cuentan con los instrumentos necesarios. De igual forma, pedimos testeo masivo en todas las comunidades waorani y paralización de las actividades extractivas en nuestro territorio, por el riesgo que han traído para nuestra salud.

Esta demanda tiene lugar, porque desde el inicio de la emergencia sanitaria, hace más de 60 días, como Autoridades de la Nacionalidad Waorani alertamos al Estado ecuatoriano del riesgo que enfrentamos como pueblo en reciente contacto debido a nuestro sistema inmunológico más frágil ante enfermedades nuevas. Alertas que se volvían insistentes al corroborar que las actividades extractivas (madereras y petroleras), pese a no ser actividades esenciales, continuaban desarrollándose en medio de nuestros territorio.

Además, enviamos varias comunicaciones a las autoridades locales, en las que evidenciamos nuestra profunda preocupación por la falta de concertación con nuestras Autoridades propias para desarrollar protocolos; pedíamos que se invierta el dinero del fondo común amazónico también con nuestra Nacionalidad tanto en dotaciones de kits de bioseguridad y en kits alimenticios que permita a nuestra gente quedarse en las comunidades. Insistimos en la necesidad de coordinar la aplicación de pruebas diagnósticas y de atención cuando nuestros hermanos empezaron a enfermar.

Pese a que el Ministerio de Salud, estableció canales de comunicación con nosotros, ha proporcionado respuestas poco efectivas, pero, en esencia, culturalmente poco aptas frente a la gravedad de la emergencia y al contexto en el que se desarrolla nuestra vida -territorio extendido en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana) y geográficamente distante-. En lugar de establecer un comité que  gestione la atención integral y multidimensional, nos pedían coordinar con distintos funcionarios en función de la provincia donde se iban reportando los sospechosos de contagio. Reiteramos que el Estado ecuatoriano poco o nada hace para garantizar nuestros derechos a la salud, a la vida, a la autodeterminación y a otros derechos fundamentales.

No obstante, ejerciendo nuestro derecho al autogobierno, desarrollamos nuestros propios protocolos, auto gestionamos ayudas humanitarias para nuestra población y usábamos nuestra medicina ancestral para incrementar nuestras defensas y curarnos cuando había indicios de enfermedad. Asimismo, establecimos un sistema de guardianía en diferentes puntos de nuestro  extenso territorio, misma que evita el ingreso de terceros que nos pone en riesgo.

Con los días, aumentaron los reportes de los dirigentes comunitarios sobre el deterioro de la salud de nuestros jóvenes y, lo más preocupante, de nuestros Pikenani (autoridades tradicionales, sabios) y, actualmente, lamentamos la muerte de uno de ellos, Carlos Bay Ima, quien murió tras 12 de estar enfermo y sin poder llegar al Hospital de El Coca. La muerte de este abuelo golpea a nuestra Nacionalidad, porque él era un defensor del territorio Waorani, siendo, incluso, detenido y acusado de terrorismo años atrás por ejercer su derecho a proteger la selva.

Nuestros Pikenani son vitales para nuestra cultura. Ellos sostienen nuestra vida como Nacionalidad, ellos nos enseñaron la medicina con la que hoy suplimos el olvido del Estado. Ellos protegen la selva, la cultivan; en cambio, el Estado, aparece solamente cuando necesita los recursos naturales que se encuentran en nuestro territorio, como el  petróleo y otros recursos. En estos tiempos oscuros, recordamos este canto de nuestros Pekinani, durante una grande asamblea de nuestras comunidades en 2015: “Nosotros somos la voz, nosotros somos la selva, nosotros somos el territorio, somos la vida”.

“Frente al crisis sanatorio que nos arriesga la vida a los pueblos originarios, el accionar del Gobierno Ecuatoriano está resultando inútil y contraproductiva, por el simple hecho que no están coordinando activamente con los líderes indígenas, y están dejando a nosotros en el abandono.  El virus ya está invadiendo en nuestro territorio, es una emergencia que requiere acción inmediata y contundente, pero el gobierno está atendiendo más a las personas de las ciudades, y dejando a las comunidades indígenas en la selva, como siempre, para defenderse por sí solos. Además están montando una burocracia tremenda que obstaculiza las respuesta positivas y no están brindando atención médica adecuada.  De hecho, sin herramientas y pruebas, el mismo ministerio de salud está diciendo a nuestras comunidades que solo tienen gripe simple nomas, cuando en la actualidad se trata del mismo coronavirus.”   

–        Gilberto Nenquimo, Presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE)

“Cómo es posible que durante una pandemia global que amenaza a la vida de los pueblos, el gobierno sigue extrayendo petróleo de los territorio indígenas, y así exponiendonos al coronavirus?  Pues, es claro que les  importa más el dinero que nuestras vidas.  Las primeras comunidades Waorani contagiadas con coronavirus están en las vías petroleras.  El petróleo contamina nuestros ríos y causa cambio climático, y ahora está trayendo más enfermedades a nuestro territorio. El gobierno tiene que respetar el derecho a la vida del pueblo Waorani, y también de nuestros hermanos y hermanas los Tagaeri y Taromenane. Deben parar todas las operaciones petroleras en nuestros territorios”. 

–        Nemonte Nenquimo, Presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – Pastaza (CONCONAWEP)

“La muerte de nuestros Pikenani es una perdida que nunca vamos a recuperar. Regresan espiritualmente a la selva, se convierten en jaguar, luego son defensores y siguen protegiendo desde otro mundo. Pero se van llevando el conocimiento de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra espiritualidad, nuestras medicinas – todo. Los Pikenani saben que siempre hemos enfrentando las amenazas que llegan a nuestro territorio, desde las invasiones hasta las empresas petroleras y las enfermedades. Hoy, no es diferente y vamos a seguir luchando, resistiendo y gobernando nuestro territorio. Veo que sin insistencia de nuestros líderes, no hay acciones del gobierno. Sin presión, no hay respuesta. Y la situación ha sido siempre, no es sólo para el tema de coronavirus. En la Amazonía, estamos unidos para defender un solo camino, para presionar a los gobiernos que vienen destruir nuestro territorio y nuestras vidas. Sólo unidos venceremos la enfermedad, y haremos respetar nuestros derechos”.

–        Oswando Nenquimo, Vocero Waorani de Pastaza 

CONTACTOS

Voceros: 

• Gilberto Nenquimo, Presidente de  NAWE –  +593 997 136 419
• Nemonte Nenquimo, Presidenta de CONCONAWEP – +593 979 709 411
• Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967 454 032
• María Espinosa, Defensora DDHH, Abogada de Amazon Frontlines & Asesora de la Nacionalidad – +593 986 338 495 (sólo whatsapp)

Para obtener más información, entrevistas o solicitudes de fotos/videos, comuníquese con:

• Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873
• Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867

La Organización de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza (CONCONAWEP), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); así como, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta expresamos nuestra preocupación debido a la confirmación de un caso Covid-19 de una mujer waorani, de aproximadamente 21 años, que vive en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Comunidad en la que el día de hoy ingresó un grupo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar acciones de verificación.

Este caso fue confirmado el jueves, 14 de mayo de 2020. Sin embargo, preocupa que, de acuerdo al permanente monitoreo de las autoridades políticas waorani, estamos frente a una posible propagación del virus en varias comunidades. Se han detectado a varios integrantes de la Nacionalidad con sintomatología asociada al COVID-19, específicamente, en las comunidades de Conipare y Gareno, en Napo; Miwaguno, en Orellana; y Toñampare, en Pastaza. Hasta la fecha, no se realizan pruebas diagnósticas para confirmar o descartar COVID-19, tampoco existe respuesta humanitaria, que aseguren que las personas y comunidades guarden aislamiento con garantías.

La Nacionalidad Waorani es un grupo de reciente contacto, aproximadamente, desde los años cincuenta. Por tanto, su memoria genética inmunológica es frágil y la propagación de este virus en su territorio localizado en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana) podría ser catastrófica y altamente letal. Los y las pikenani (abuelos de la Nacionalidad) no poseen defensas que les permita resistir y generar anti-cuerpos para combatir varias enfermedades, entre ellas este nuevo virus, al que incluso miles de personas mestizas e indígenas de mayor contacto con occidente no han podido sobrevivir. Una amenaza a la vida de los pikenanis es una amenaza a la cultura waorani, pues, en ellos y ellas, se encuentra la cultura viva, el gobierno, la cosmovisión, las tradiciones y el lenguaje de este pueblo.

La expansión de la pandemia en la nacionalidad waorani también pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Estos clanes suelen acercarse a las comunidades waoranis, en ocasiones, toman objetos o recorren la zona, por lo que el riesgo de su contagio de COVID-19 está latente. Así también, estos pueblos no disponen ningún tipo de defensas frente a las enfermedades de la sociedad que les rodea.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19, esta misma Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras organizaciones aliadas hemos advertido de manera reiterada al ejecutivo y a los COE Nacional y Provinciales sobre el riesgo de este virus para las poblaciones indígenas, que ya enfrentan situaciones de vulneración multidimensionales y sistemáticas. Las organizaciones indígenas, asimismo, se han comprometido públicamente en ser partícipes en las políticas para afrontar la pandemia, en participar, en una mesa técnica de alto nivel para crear protocolos, sin que este pedido haya sido tomado en cuenta.

Por otro lado, preocupa que en los cantones y provincias en donde hay presencia de la nacionalidad waorani ya se habla de cambios en la semaforización, entre ellas, los cantones de Arajuno y Aguarico. En estas zonas, inclusive, sus autoridades prevén reducir el nivel de riesgo implementando semáforo verde para sus actividades. Las discusiones del cambio de semaforización a nivel nacional no son distintas, las autoridades del gobierno nacional del Ecuador han hecho un llamado insistente a que la reactivación económica es un paso urgente a dar para recuperar las pérdidas económicas que ha sufrido nuestro país.

Ante la propuesta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de flexibilizar las medidas de movilidad manifestamos que los pueblos y nacionalidades de la Amazonía son doblemente vulnerables y, por tanto, deben ser protegidos ante la amenaza real del COVID-19. Insistimos en que estas decisiones no han sido concertadas y tampoco socializadas con las y los ciudadanos, mucho menos con las autoridades de la nacionalidad waorani.

Enfatizamos que esta circunstancia pone en grave riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos milenarios. Igualmente, estas decisiones tan sólo ahondan en inobservancias, mucho más cuando en estas últimas semanas se han confirmado varios casos dentro de poblaciones indígenas. Sin que esto haya derivado en atención integral a estas poblaciones.

Es importante recordar la advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud referente a que el levantamiento prematuro del confinamiento podría generar un rebrote de contagios con efectos mortales para la población, considerando que, al momento, no existen en los cantones servicios de salud preparados para enfrentar los casos graves ni suficientes camas de terapia intensiva a nivel nacional. Esto significa que, al momento, pocos casos podrían representar una catástrofe con consecuencias fatales. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha sido enfática al respecto advirtiendo que “si la reapertura de las sociedades se maneja mal, los sacrificios hechos durante el cierre inicial habrán sido en vano. Dejar que la política o la economía dirijan la respuesta de COVID19 a expensas de la salud y los Derechos Humanos costará vidas”.

Al ser los GAD responsables de garantizar el ejercicio de derechos, la toma de decisiones debe ajustarse a criterios técnicos que representan las condiciones reales del territorio; de lo contrario, la autoridad estaría poniendo en riesgo la salud y la vida de las comunidades locales que al momento sufren varias vulneraciones de derechos.

Recordamos que, dentro de los COE cantonales, la función de la instancia desconcentrada del MSP, en una emergencia de salud, es brindar las orientaciones técnicas que permitan gestionar la crisis de forma integral. No sólo en la mesa técnica 2 (salud, por ser competencia exclusiva del gobierno central), sino en todos los aspectos de la crisis, porque la salud es un derecho que exige la realización de otros derechos.

En ese sentido, llamamos a las autoridades seccionales a que la transición a efectuarse debería conllevar la adopción e implementación de medidas adecuadamente planificadas con los distintos niveles de gobierno, incluyendo a las autoridades políticas de la Nacionalidad, con el fin de desarrollar planes de respuesta tanto para mitigar los riesgos actuales de la pandemia como para enfrentar un eventual rebrote. Es crucial que el sistema de salud cuente con suficiente capacidad instalada, recursos humanos, insumos y demás medios ante un eventual incremento de los contagios derivado de un potencial levantamiento del confinamiento.

Así, le exigimos al gobierno ecuatoriano implementar atención urgente en salud, en tres niveles: prevención, contención y tratamiento para la población Waorani, considerando que ya existe contagio y sospecha de propagación en este territorio. Es elemental también considerar el contexto cultural del manejo de la pandemia, tales como el idioma y la ubicación geográfica, ya que las zonas en las que se encuentran varios miembros de la nacionalidad son puntos de difícil acceso. El Estado está obligado a garantizar el ingreso seguro, así como también la logística para las salidas que se presenten frente a posibles contagios y atención en casos de emergencia.

Reiteramos también en la necesidad de formalizar la participación de las autoridades políticas de la Nacionalidad Waorani en los COE, garantizando la protección y defensa de su derecho a la vida, a la salud y la alimentación.

A efectos de respuesta frente a los casos confirmados o los casos sospechosos, requerimos al Ministerio de Salud Pública y a los COE cantonales concernidos:

• En concertación con NAWE, AMWAE, CONCONAWEP, y a la brevedad posible, que los equipos del MSP ingresen a las comunidades en las que hay casos sospechosos, con el fin de realizar la búsqueda de personas con sintomatología asociada y brindar la atención que se requiere, según los protocolos que la misma nacionalidad ha elaborado.

• Realizar procesos de testeo con pruebas rápidas como mecanismo de tamizaje y con pruebas PCR para confirmación de casos.

• Establecer procesos de cerco epidemiológico y aislamiento con garantías humanitarias de acceso a alimentación y a elementos de bioseguridad, que guarden pertinencia cultural.

• Mantener la semaforización en ROJO en todos los cantones donde se encuentren comunidades de la Nacionalidad Waorani.

Datos de Contacto:

Gilberto Nenquimo, Presidente de NAWE – +593 997136419

Nemonte Nenquimo, Presidenta CONCONAWEP – +593 979709411

Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967454032

María Espinosa, Defensora DDHH, Asesora de la Nacionalidad – +593986338495 (sólo whatsapp)

1. Los Siekopai somos una nación transfronteriza entre Ecuador y Perú, con una escasa densidad demográfica. En la actualidad, estamos asentados en seis comunidades: San Pablo de Katëtsiaya, Wa’iya, Bellavista, Siekoya Remolino, Sewaya y Eno, dentro de los cantones Cuyabeno y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. En Ecuador, hemos sido despojados de más del 95% de nuestro territorio ancestral. 1 Según nuestro último censo comunitario, somos 184 familias, con una población de 744 personas.
2. Nuestro territorio actual se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos. Todo ello incrementa notablemente los riesgos asociados al COVID-19. A la situación de riesgo por la falta de provisiones y por la presión de terceros invasores, se suma el incremento de actividades ilegales que tienen lugar en nuestro territorio. Así, el pasado, 26 de marzo, a través de una denuncia pública, informamos que encontramos una cantidad importante de pescados envenenados en el río Shushufindi. Evidentemente, estos hechos no son nuevos, sino que se han exacerbado, y agravan más nuestra pervivencia alimentaria.
3. Nuestra nacionalidad vive una situación de especial vulnerabilidad con respecto al ejercicio de derechos humanos y colectivos, situación reforzada por nuestra baja densidad demográfica. Estamos expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actividades extractivas 2 o forestales generadoras de despojo. 3 Es decir, se trata de una población que está expuesta a problemas relacionados con la falta de infraestructura de salud, condiciones de abastecimiento alimentario, agua potable y bioseguridad.
4. Desde la última semana de Marzo, varias personas de la comunidad desarrollaron sintomatología asociada a COVID-19 (Fiebre, tos, dolor corporal, problemas respiratorios).
5. El 9 de abril del 2020, se atiende en Tarapoa una persona Siekopai del Centro Comunal de Waiya, quien es diagnosticado por médico familiar con un cuadro faringo amigdalar + neumonía bacteriana con afección del pulmón derecho, siendo tratado con antibióticos y medidas higiénicas sanitarias correspondientes; y es remitido a su domicilio. Ese mismo día, el personal del MSP visita el domicilio del paciente, encontrándose 2 adultos mayores con cuadro similar de afección pulmonar.
6. Estas personas reciben tratamientos farmacológicos en base a antibiótico y sin ninguna otra previsión relativa a COVID-19. No se practican pruebas rápidas o PCR a ninguna de estas personas ni a otros miembros de la comunidad.
7. El día 14 de abril, en la comunidad Bellavista, fallece una persona Siekopai adulta mayor con sintomatología coincidente con COVID-19: fiebre y tos tipo influenza. Algunas otras personas de su entorno familiar presentaban sintomatología similar. El 15 de abril se tomó una prueba PCR mediante hisopado nasofaríngeo a una persona del núcleo familiar.
8. La prueba fue remitida al INSPI, y tardó 14 días en entregar el resultado positivo.
9. El día 17 de abril, por pedido de algunos líderes comunitarios de la nacionalidad, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió una ALERTA, indicando que, en 15 días previos, al menos 20 personas de la comunidad presentaron síntomas asociados al COVID-19. Se hizo énfasis en la urgencia de la presencia del Ministerio de Salud para testeo masivo y las acciones INMEDIATAS del COE Nacional y de la Presidencia de la República.
10. Una vez emitida la alerta, personal del Distrito de Salud Cuyabeno tomó contacto con dirigentes de la nacionalidad, indicando que no tienen elementos de sospecha para pensar en casos COVID-19 y, por ello, no se han administrado procesos de testeo rápidos y PCR. Se señaló también que no hay disponibilidad de pruebas en el cantón, y que existe alguna reservada para ser usada si se considera indispensable.
11. Desde el día 19 de abril, se realiza el ingreso de personal médico de los distritos de Cuyabeno y Shushudinfi a las comunidades de San Pablo, Wa’iya, Bellavista, quienes toman contacto con varias de las personas sintomáticas, coincidentes con COVID-19. Ese día, se indicó que se trata de cuadros faringo amigdalar o neumonía, y no se tomaron pruebas.
12. El día 21 de abril, falleció otra persona adulta mayor de una comunidad Waiya, quien también presentó sintomatología coincidente con COVID-19: fiebre y tos tipo influenza. En este entorno familiar, tampoco se tomaron pruebas rápidas o PCR, a efectos de confirmar o descartar el referido virus.
13. El MSP del distrito Cuyabeno nos informó sobre la necesidad de conseguir vía donación pruebas rápidas y PCR, debido a que no cuenta con ellas. En una reunión de trabajo sostenida el día 19 de abril, se señaló que se habían solicitado donación de pruebas rápidas a dos empresas petroleras que operan en la zona. Mientras, por parte de PETROECUADOR, no recibieron respuesta alguna; en cambio, la empresa ANDES indicó no poder ayudar con la petición, pues la misma está fuera de sus protocolos.

Condenamos la respuesta de las petroleras, que se acercan a nuestra nacionalidad y muestran disposición de cooperar solo cuando el apoyo o respuesta comunitaria beneficia sus intereses económicos. 

14. La propia nacionalidad debió entonces buscar apoyo con aliados para conseguir 50 pruebas rápidas, mismas que fueron entregadas al MSP Distrito Cuyabeno, el día 24 de abril. Entre los días 27 y 29 de abril, el MSP practicó 44 pruebas rápidas, de las cuales 14 aplicadas en personas de la Nacionalidad resultaron positivas.
15. De las 44 pruebas rápidas tamizadas, 8 fueron usadas en personal del MSP, y 3 dieron positivo a COVID-19. Desconocemos hasta la fecha el protocolo que se siguió con el personal en mención.
16. De las 14 personas de la nacionalidad positivas en prueba rápida, se aplicaron 8 pruebas PCR mediante hisopado nasofaríngeo. A la fecha, seguimos a la espera de los resultados.

17. El día 30 de abril, se sostuvo una reunión entre dirigentes de la Nacionalidad y miembros del Distrito Cuyabeno del MSP. Durante la reunión, se informó a la comunidad sobre los resultados de pruebas rápidas y PCR. El personal del MSP se comprometió a desarrollar un plan de contingencia e intervención para ser socializado con la dirigencia.
18. Hasta el día de hoy, se desconoce el mencionado plan. No se han implementado acciones de ninguna naturaleza a efectos de generar cercos epidemiológicos, información, atención o búsqueda de casos en otras comunidades aledañas.
19. Adicionalmente, hemos advertido de la difícil situación alimentaria que atravesamos. Las actividades de cacería o pesca se han visto restringidas por la presión de terceros no indígenas y por la contaminación de fuentes de agua. Así mismo, por las restricciones de movilidad y aislamiento, nos hemos visto impedidos de realizar actividades de sustento económico y también de acceder con normalidad a centros poblados para la compra de víveres.
20. Desde el pasado 22 de abril, estamos a la espera de la llegada de 184 kits de alimentos comprometidos por el MIES gracias a la gestión realizada por la dirigencia de la Nacionalidad y defensores de DDHH.

21. En horas de la noche del 3 de mayo, se confirma un segundo caso positivo mediante prueba PCR.

REITERAMOS al Estado la obligación que tiene de aplicar perspectivas interseccionales, y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado que las medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19 generan sobre los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: Pueblos indígenas. Teniendo en particular consideración que, en el contexto de pandemia, por lo general, los cuidados de las personas enfermas o necesitadas de especial atención recaen fundamentalmente en las mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral, existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento social o económico para tales tareas de cuidado, que, en tiempo de pandemia, se vuelven aún más necesarios y exigentes. (CIDH – RESOLUCIÓN NO. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS – 10 de abril de 2020)

EXIGENCIAS: 

1. En concertación y coordinación con la dirigencia de la Nacionalidad Siekopai, el MSP debe emprender acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria, para evitar que el COVID-19 llegue a otras comunidades Siekopai y de otras nacionalidades; prevención secundaria, para la detección temprana de casos; y prevención terciaria, para la reducción de la mortalidad.
2. Que el MSP, de manera concertada con la dirigencia de la Nacionalidad, implemente El Protocolos y directrices generales para el manejo de la emergencia del COVID-19 en las comunidades y comunas indígenas del Ecuador, elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).
3. El MSP deberá de manera oficial y pública informar a todas las comunidades de los cantones Cuyabeno y Shushufindi del riesgo existente, y deberá realizar la identificación de todas las comunidades y/o personas que presenten sintomatología similar a la presentada en el caso de nuestra nacionalidad. En este sentido, se debe garantizar sin dilación, como en nuestro caso, el testeo y cerco epidemiológico correspondiente.
4. Se garantice de manera INMEDIATA la dotación suficiente de pruebas rápidas, pruebas PCR y equipos de bioseguridad (mascarillas, gel, trajes, etc.) en las comunidades de la Nacionalidad y en las comunidades indígenas y campesinas aledañas, a fin de establecer la existencia de casos COVID-19 positivos y actuar en consecuencia. La realización de pruebas masivas territorializadas permite la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas, y es una medida urgente para contener la expansión del virus.

Si el MSP no cuenta con las pruebas y equipos de bioseguridad exigimos lo admita de manera pública, y busque la cooperación con ONG Nacionales e Internacionales. Lo anterior encaminado a garantizar el derecho a la salud de manera prioritaria e idónea.

5. Que el MSP, de manera concertada con la dirigencia de la Nacionalidad, implemente el Protocolo y directrices generales para el manejo de la emergencia del COVID19 en las comunidades y comunas indígenas del Ecuador, elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE). Ningún otro protocolo o directriz ha sido creado con la participación y aporte de los Pueblos Indígenas y, por tanto, no existe garantía de que incorpore criterios de idoneidad y pertinencia.
6. Que el MIES garantice la provisión de alimentos ajustados a las necesidades y costumbre de la Nacionalidad, considerando, además, la composición multigeneracional de nuestras familias, siendo entre 7 a 9 personas por casa. De igual forma, se deberá establecer un cronograma de entrega de estos alimentos hasta que existan las condiciones para levantar el aislamiento y retornar a las actividades de autosustento.
7. Exigimos de los GADs y distritos de Salud del MSP de Cuyabeno y Shushufindi se transparente cuál fue el monto y en que se está invirtiendo el recurso designado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Así como, que, de manera emergente, se dispongan los recursos necesarios para la atención de la Nacionalidad Siekopai tanto en términos de contención y respuesta por los casos COVID-19 positivos como en términos humanitarios, pues con URGENCIA requerimos acceder a alimentos de manera suficiente y pertinente.
8. Que las instituciones correspondientes realicen la respectiva investigación, que establezca responsabilidades sobre la falta de actuación oportuna por parte del MSP ante las alertas de casos sintomáticos coincidentes con COVID-19, y se sancione a los responsables.
9. Se disponga la moratoria de actividades petroleras de manera inmediata; y que el COE Nacional y el Ejecutivo dispongan que, en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, las petroleras aporten con presupuesto al MSP y COE cantonales para la adquisición de pruebas rápidas, PCR e insumos de bioseguridad. Resulta absurdo que las Nacionalidades tengamos que buscar fondos propios y de aliados para la compra de pruebas, kits de bioseguridad y alimentos, mientras, de manera miserable, las Petroleras se niegan a dar apoyo al propio sistema de salud.

Justino Piaguaje

Presidente de la Nacionalidad Siekopai

1 Juan Carlos Franco Cortez. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA NACIONALIDAD SECOYA. Sustento etnohistórico y antropológico del territorio ancestral de la nacionalidad Secoya y los despojos territoriales acaecidos en el siglo XX en la amazonía ecuatoriana.

2 La implementación de la política minero-energética acelera el despojo y profundiza la crisis de acceso a servicios básicos, como el agua potable y alimentación, así como la capacidad de percibir ingresos derivados de la artesanía, la agricultura, las ventas ambulantes, el servicio doméstico, el pequeño come y otros oficios.

3 Asimismo, la destrucción de los ecosistemas producto de la extracción ilimitada de recursos naturales no renovables, la deforestación y el acaparamiento de tierras para el agronegocio, han sido elementos determinantes en la propagación de agentes patógenos.

Pobladores de San Francisco de Cononaco, Orellana, denuncian posible caso de Covid-19 en un trabajador del bloque petrolero 61, operado por Petroamazonas EP. La preocupación de la comunidad aumentó al conocer que este trabajador, a quien le habrían realizado dos pruebas con resultado positivos, realizó una fiesta en el sector, a la que asistió personal de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, territorio de pueblos indígenas en aislamiento.

Debemos recordar que la Nacionalidad Waorani, organizada a través de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana y la filial provincial en Pastaza (CONCONAWEP), en días pasados, advirtió del contagio de COVID-19 de trabajadores del bloque 16, en Pompeya, en la misma provincia.

Esta confirmación y la presente denuncia ratifican que las actividades extractivas, en este caso las petroleras, en la región Amazónica son un riesgo inminente para las comunidades indígenas y campesinas en el área de influencia de estos proyectos. Es más grave aún que este tipo de casos se den en zonas aledañas al territorio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, grupo poblacional que no cuenta con una memoria inmunológica para enfrentar el COVID-19.

La rotación de personas ajenas a las comunidades es constante y los protocolos de protección a la población indígena dentro de las comunidades en las que se encuentran bloques petroleros u otras empresas extractivas es inexistente. Esto, sumado a las insuficientes pruebas aplicadas en la región amazónica y a la saturación de los laboratorios en procesar las escasas pruebas de detección realizadas, reitera que no hay condiciones para pasar del aislamiento obligatorio al distanciamiento.

Adicionalmente, preocupa el manejo poco transparente del Estado en relación a los casos de COVID-19 presentados en campos petroleros. Lo cual nos permite deducir que se intenta proyectar una falsa imagen de estabilidad y seguridad dentro del sector petrolero, cuando, por el contrario, esta Alianza ha recibido denuncias por una nula aplicación de protocolos pertinentes encaminados a proteger a las poblaciones aledañas.

Así, como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos exigimos al Estado:

• Mantener la semaforización roja en la región Amazónica y establecer protocolos especiales en zonas sensibles como son los territorios indígenas, así como el respectivo control frente al sobre el ingreso de terceros para cometer ilícitos ambientales, tales como el tráfico de madera.

• Poner especial cuidado a la zona referida en esta denuncia, pues este lugar es un punto de tránsito de varias personas que pertenecen a la nacionalidad Waorani y de familias que se desplazan por el río Shiripuno hacia sus comunidades ubicadas en la Zona Intangible.

• Verificar de forma constante que las empresas REPSOL, PETROAMAZONAS, PETROECUADOR y otras empresas petroleras que están en la zona y sus contratistas hayan implementado y ejecuten protocolos de bioprotección relacionados con el COVID-19, especialmente respecto de sus trabajadores que realizan actividades rotativas.

• Establecer un mecanismo de comunicación directo y oportuno con la dirigencia de la Nacionalidad Waorani, con el fin de establecer en conjunto medidas de prevención de la propagación del COVID-19, así como la dotación de alimentos y servicios de salud.

29 de avril de 2020. Coca, Ecuador – Este miércoles 29 de abril de 2020, ​la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.

La demanda alega que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.

El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades – en su mayoría – de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente.

Debido a la pandemia del COVID-19 y a fuertes inundaciones en la zona, las comunidades están viviendo una triple-crisis, sin una respuesta estatal adecuada y sin alternativas para conseguir agua ni alimentos.

El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, la acción de protección aduce que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pone en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.

Las familias afectadas solicitan medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. También, dentro de la demanda, solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.

INTERVENCIONES:

Andrés Tapia, Dirigente CONFENIAE: ​”El derrame de crudo es muerte para la biodiversidad y la vida. El Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo. La explotación petrolera y otros minerales no son rentables sólo son contaminantes del medio ambiente y lo cual tiene rechazo rotundo del mundo entero. Esta pandemia le ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos”.

Lina María Espinosa, Amazon Frontlines, parte del equipo legal de los afectados: reconoce que ​“si bien la ruptura de los oleoductos, no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias que las autoridades y empresas demandadas, una de ellas fue no analizar el fenómeno de erosión regresiva que afectó la cascada de San Rafael, del cual fueron advertidos oportunamente. Su falta de reacción, implica que los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que está consagrado en el artículo 389 de nuestra Constitución; es decir, el Estado no actuó en prevención de riesgo, por lo que insistimos que tiene responsabilidad por omisión”​.

Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados​: ​“Ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”.

Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana: ​“La Iglesia está llamada a estar junto a los más pobres, a los más vulnerables y a visibilizar los daños que reciben los indígenas por las múltiples contaminaciones de sus ríos, de sus tierras. Como Iglesia Amazónica, como Vicariato de Orellana junto con el Vicariato de Sucumbíos, queremos que se reconozca el daño causado a nuestras comunidades indígenas, que las autoridades locales, provinciales y del país, más aún en este momento de pandemia, quieren taparlo, invisibilizarlo y por eso debemos levantar esta voz de indignación.”

Mons. Celmo Lazzari, Obispo de Sucumbíos: ​”Para las empresas del petróleo y para el Estado ecuatoriano, el derrame del día 7 de abril, provocó una gran pérdida económica en medio de una crisis más amplia: la del COVID 19. Pero para 35 mil personas de las provincias de Sucumbíos y Orellana y otras 100 mil que viven en las orillas del Río Coca y Napo, el derrame significa un grave riesgo de vida y, una vez más la naturaleza fue gravemente agredida.”​ Pronunciamiento oficial fuera de la Rueda de Prensa.

Contacto:​ Yuli Gaona, ​Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta Alerta expresamos nuestra preocupación por el incremento de los casos de COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos advierte que la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras han incrementado la situación de riesgo para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente a las entidades del Estado central y seccional por lo siguiente:

1. El aumento de contagios a pesar de la falta de pruebas de detección, situación que apenas en las principales ciudades del país se han logrado afrontar y que es aún más crítica en la Amazonía ecuatoriana. Esto corrobora un subregistro del número real de contagiados; por tanto, la población amazónica podría estar expuesta a contagios comunitarios, sin haber tomado medidas adecuadas para mitigar sus impactos.

El Ecuador es el segundo país de Sudamérica -después de Brasil-, con la mayor tasa de contagios y con una tasa de mortalidad del 3.8%, la más alta de la región por cada 100.000 habitantes.¹ En este contexto, implementar medidas de distanciamiento social desde el 4 de mayo es, sin duda, un riesgo para la población y una irresponsabilidad.

2. Este 21 de Abril, el titular de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTEA), Alex Hurtado, señaló que los fondos asignados a esta Secretaría Técnica para la atención de la emergencia se canalizarán a hospitales y distritos del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con los Comités de Operación de Emergencia (COE). Donde es importante mencionar que ningún Plan de Emergencia Provincial ha sido coordinado y concertado con los Pueblos y Nacionalidades indígenas amazónicas. A decir de la CTEA, la distribución del 40% del monto asignado se realizó en consideración al número de población total y población afectada por el virus, siendo los valores que han recibido los Gobiernos Autónomos Descentralizados los siguientes: Zamora Chinchipe $400.000,00; Morona Santiago $580.000,00; en Pastaza, Napo y Sucumbíos, las asignaciones se han realizado a cada GAD Municipal así: Arajuno $39.106,90; Santa Clara $39.106,90; Pastaza $270.635,99; Mera $51.150,20; Carlos Julio Arosemena Tola $32.815,10; Tena $164.257,68; Archidona $85.290,81; Quijos $44.082,49; Chaco $47,847,00; Cascales $66.968,95; Cuyabeno $51.520,02; Gonzalo Pizarro $56.569,95; Lago Agrio $250.543,57; Putumayo $67.365,44; Shushufindi $141.429,31; Sucumbíos $45.602,77. A diferencia de los anteriores, al GAD en Orellana la asignación se realizó al Ministerio de Salud Pública $ 460.000,00.

En este contexto, hacemos un llamado a las autoridades de la CTEA, para que parte de estos recursos se utilicen en la compra de pruebas y equipamiento de laboratorios para su procesamiento. Contamos con una denuncia por parte de un funcionario del Ministerio de Salud (quien pide reserva de su identidad por temor a represalias), en la que indica que todavía carecen de recursos económicos para la compra de pruebas PCR y pruebas rápidas, y que a pesar de llegar a tenerlas, no existe capacidad suficiente en los laboratorios públicos y privados para su procesamiento. Este funcionario también manifestó que la falta de recursos ha motivado que dirijan pedidos a dos empresas petroleras de la zona donde labora –pedido que fue negado-.

Adicionalmente, nos preocupa la forma de distribución de las asignaciones y la ausencia de información sobre el contenido de los planes de emergencia. Estos deben aplicar el principio de interculturalidad, y establecer planes diferenciados y culturalmente adecuados para las comunidades y nacionalidades indígenas. Varias comunidades indígenas han enviado insistentes pedidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para concertar el uso de asignaciones económicas por la CTEA, pero no han sido respondidos. Este hecho deja pocas certezas sobre cómo se están invirtiendo esos recursos, cuando las distintas comunidades indígenas y campesinas vinculadas a esta Alianza han reportado incluso desabastecimiento de alimentos.

3. En la región amazónica, las comunidades indígenas y campesinas son poblaciones vulnerables frente a la escalada de las cifras de contagio, esto se debe a la inexistente o distante infraestructura sanitaria, la as operaciones de empresas extractivas –mineras y petroleras- que no cesan, a la presión de actores armados –en el caso de los pueblos transfronterizos al norte del país- y a las persistentes condiciones de pobreza y desigualdad que caracterizan esta zona.

Esta Alianza ha recibido denuncias de población sobre la falta de información relacionada al COVID-19, lo que ha provocado que en las comunidades indígenas exista un miedo generalizado y otros efectos psicosociales (estrés, incertidumbre) derivados de la incertidumbre de no saber cómo responder a posibles síntomas, por la falta de cuidado y atención por el desconocimiento de la gravedad del virus. Por tanto, insistimos en la necesidad de establecer canales de coordinación con autoridades de Pueblos y Nacionalidades y comunidades campesinas y rurales para elaborar y socializar de protocolos para evitar la propagación del virus. Le recordamos al Ejecutivo que las acciones y políticas públicas que se efectúan sin indicadores claros o respeto a estándares de derechos humanos y colectivos, generan daño y resultan ineficaces.

4. Resulta preocupante que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de DDHH, insista en la promoción de un protocolo y medidas para estos pueblos que no cumplen con obligaciones de concertación, diálogo y coordinación con estructuras organizativas y de Gobernanza, y no cuentan con un enfoque de pertinencia cultural. Incluso, se ha ofrecido el material educomunicacional y protocolos de prevención/atención sobre COVID-19 creado por las Organizaciones Indígenas, sin contar con respuestas de ninguna naturaleza. Las acciones y políticas públicas que se efectúan sin indicadores claros o respeto a estándares de derechos humanos y colectivos, generan daño y resultan ineficaces.

5. Particularmente, sobre la producción petrolera y minera y el riesgo para las comunidades indígenas que deben coexistir con la explotación de sus territorios. Hacemos énfasis en que esta Alianza ha recibido varias denuncias sobre la nula aplicación de protocolos de prevención de contagio del COVID-19 por parte de las empresas subcontratistas [servicios de comida, seguridad, limpieza, entre otras]. Estas empresas tienen bajo su dependencia a cientos de trabajadores ajenos a las comunidades, quienes tienen rotación de turnos y pasan a través de las comunidades indígenas para ingresar a los campos petroleros o mineros.

Existe preocupación ante la detección de 2 casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del Bloque 16, operado bajo la responsabilidad de la empresa REPSOL YPF, que tiene sus actividades en el territorio Waorani. Así mismo, en el territorio comunitario de la Comuna Kichwa El Edén, en Orellana, donde opera Petroamazonas el Bloque petrolero Edén-Yuturi, se ha dado rotación de personal, a pesar de la falta de socialización de protocolos -y en el caso de las contratistas, ausencia de protocolos-. Por las advertencias de la comuna y el riesgo para los kichwas, los dirigentes han recibido presiones por parte de la empresa y sus contratistas, generando malestar en los socios de la comuna.

La comunidad shuar de Pachicutza en Zamora Chinchipe registró el primer contagio de una indígena shuar trabajadora de la minera Condor Maning, a través de una prueba aplicada por la empresa. La paciente, quien hasta la fecha es asintomática, había tenido contacto con la mayoría de las 80 familias de la comunidad. Con la detección del contagio, por lo que se decidió mantener a toda la comunidad en un cerco epidemiológico durante 15 días. No obstante, hasta el momento, la comunidad no ha sido dotada de implementos de bioseguridad, los kits de alimentos han sido insuficientes para el cumplimiento del cerco, así como tampoco han sido sometidos a pruebas PCR para confirmar o descartar la existencia de más casos. El riesgo es mayor porque el médico a cargo del caso decidió el 27 de abril que al cumplirse los 15 días de aislamiento, se levantará el cerco epidemiológico porque nadie ha presentado síntomas, sin tomar en cuenta que, como se refirió anteriormente, hay personas contagiadas que son asintomáticas.

Por todo lo expuesto anteriormente, las organizaciones que conformamos esta Alianza, insistimos en:

· Responsabilizar al Estado central y Gobiernos seccionales por las acciones de omisión, que dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones de garantizar los derechos a la vida digna, el acceso a la salud, a la alimentación y a la información, particularmente de la población indígena y campesina de la Amazonía, toda vez que el Estado ha sido alertado de forma insistente por organizaciones indígenas y no indígenas, nacionales e internacionales.

· Instamos a la aplicación masiva de pruebas de detección de COVID-19 en la región Amazónica, mismas que diluciden la realidad que la región amazónica enfrenta y, por tanto, la toma de decisiones en correspondencia con esta realidad. Asimismo, que las medidas de aislamiento no concluyan el 4 de mayo de 2020, sin certezas sobre esta situación.

· Insistimos al Estado en la necesidad de activar operaciones sanitarias, alimentarias, logísticas en consenso con Pueblos y Nacionalidades indígenas de la Amazonía, a través de sus organizaciones y aliados. Así también, que se difunda masivamente en las comunidades indígenas el material educomunicacional preparado por la CONAIE y CONFENIAE y avalado por la Organización Mundial de la Salud.

· Exigimos que se suspendan las actividades extractivas que ponen en riesgo la vida y la salud de miles de ciudadanos, pues, tal como se están desarrollando –sin protocolos concertados con la población ni avalados por la Organización Mundial de la Salud– podrían propiciar incluso el exterminio de pueblos indígenas y de comunidades campesinas.

Recordamos que la falta de acciones urgentes e inmediatas y las acciones inadecuadas, inoportunas y no concertadas están sujetas a control público en instancias nacionales e internacionales.

1^ https://www.covid19ecuador.org/

Territorio Transfronterizo Ziobain (Siona), 20 de abril de 2020​.- Con preocupación, informamos que el día 17 de abril, sin previa concertación con las Autoridades de la Comunidad Ancestral de Sionas y Kichwas de San José de Wisuya, el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Putumayo, Segundo Londoño, ingresó a nuestro territorio, con el fin de entregar kits de alimentos. Al respecto, ​denunciamos que la referida autoridad, sin explicación alguna, excluyo de ese beneficio a aproximadamente 22 familias indígenas Sionas y Kichwas​, así como tampoco informó si el abastecimiento de alimentos se iba a realizar de forma periódica. Cabe mencionar que ​los kits de alimentos se entregaron a menos de la mitad de las familias​, pues la mayoría desconocía del desarrollo de la actividad del Alcalde. ​Rechazamos esta acción discriminatoria y violatoria de sus obligaciones ​como autoridad, sujetas a permanente control público.

La ausencia de respuesta estatal, la falta de acceso a fuentes de información claras, eficientes y culturalmente adecuadas, el desabastecimiento alimentario y la inadecuada e inequitativa distribución de los pocos kits de alimentos por parte del Municipio han generado sentimientos de angustia y desasosiego en nuestras familias. Es conocido que la pandemia ha complicado la sobrevivencia de las poblaciones que enfrentamos desde años atrás el abandono estructural del Estado. En este sentido, enfatizamos que ​desde el inicio de esta crisis sanitaria hemos asumido con responsabilidad el aislamiento comunitario preventivo, activando a nuestros Cuiracua (Guardia Indígena) para la protección de nuestros comuneros y territorio; pese a ello, hasta la fecha no hemos contado con la ayuda humanitaria por parte del Estado central; y la autoridad local que llegó a San José de Wisuya (Ecuador) sin coordinación excluyó a varias de nuestras familias.

Si bien es cierto, las actividades de pesca nos han favorecido en nuestra subsistencia alimentaria, pero el incremento de la presencia de grupos armados irregulares y la presión que ejercen sobre nosotros y nuestros dirigentes limita también estas actividades y nos mantienen en condición de confinamiento​. A esto, se suma que el ingreso de alimentos complementarios a la dieta como arroz, aceite, azúcar, sal, fideos, enlatados es restringido. Si la grave crisis alimentaria que atravesamos persiste, debemos enfrentar el riesgo de salir a entornos urbanos a buscar alguna actividad remunerada para poder obtener provisiones alimenticias.

Estamos conscientes de que este hecho nos enfrentaría a la posibilidad de contagio y de extender la pandemia en nuestra nacionalidad, que, para el caso de Colombia, cuenta con Medidas Cautelares de la CIDH y está declarada por el Estado colombiano en riesgo de extinción física y cultural; situación que no es distinta en Ecuador. Sin embargo, ​no podemos quedarnos y exponer a nuestras familias a pasar hambre y a subsistir con un acceso precario a la alimentación y a elementos de bioseguridad​.

Nuestro contexto es complejo porque somos una comunidad transfronteriza que vive en medio de graves vulneraciones a derechos humanos, propiciadas por inconsultas actividades extractivas petroleras que se desarrollan del lado colombiano y ecuatoriano y por las actividades de grupos armados ilegales que, en el contexto actual de cuarentena sanitaria, no han cesado. Adicionalmente, la tasa de transmisibilidad del COVID- 19 pone en INMINENTE RIESGO nuestra pervivencia física, espiritual y cultural. De hecho, ​existe la alerta en nuestro territorio de un trabajador petrolero posiblemente contagiado​, por lo que nos hemos organizamos con las comunidades vecinas de Chíparo y El Palmar para hacer controles en la vía y evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, salvo concertación con las Autoridades Comunitarias.

DEMANDAMOS de las autoridades tanto las que representan al Ejecutivo en nuestro territorio como a los GAD’S de Sucumbíos, Putumayo y Santa Elena​:

● Medidas para prevenir contagios masivos por COVID-19 en Pueblos Indígenas que prioricen la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de nuestros dirigentes o nuestros asesores técnicos.
● La ​entrega inmediata de Kits alimenticios y elementos de bioseguridad (gel/alcohol, tapabocas, jabón), ​en especial para nuestra Guardia Indígena, que se encuentra en actividades de control territorial que aseguran el no ingreso de terceros a nuestro territorio y previenen la exacerbación de las actividades ilegales. Así también,​ garantizar la atención prioritaria de salud a nuestra Guardia​.
● La ​realización de pruebas masivas territorializadas ​que permitan la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas como medida urgente para contener la expansión del virus.
● El ​cese inmediato de las actividades petroleras​, por ser consideradas no esenciales y por ser un potencial foco para la expansión del virus. ​Tómese en cuenta la alerta zonal por el posible contagio de un trabajador de la empresa Petroamazonas​ en las instalaciones ubicadas en la vía el Palmar.
● No utilizar el ESTADO DE EXCEPCIÓN para militarizar, así como, para permitir el ingreso o incrementar la realización de actividades extractivas. ​Mucho menos para ingresar de forma violenta a nuestro territorio ni al de otros pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas.
● Que ​los controles militares y puestos policiales ubicados en zonas de fronteras y al ingreso de la comunidad El Palmar sean equipados con elementos de bioseguridad​, y ​se garantice que el personal militar ha sido sometido a pruebas de testeo rápido, PCR ​y a procesos de cuarentena antes de llegar a la zona para evitar que sean focos de contagio para nuestra comunidad.
● Que las instituciones que tienen compromisos con nuestra comunidad no utilicen la medida de teletrabajo para dilatar nuestros procesos. ​Por el contrario, que se atienda como prioridad los casos de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas.

Para coordinación de acciones en la comunidad, favor contactarse a​:
Dirigencia de la Comunidad ​+57 313 8729294 (Colombia) ​sionawisuya@gmail.com
Yasmín Calva – Asesora Jurídica​ +593 98 984 9212 (Ecuador)
DEMANDAMOS de las autoridades tanto las que representan al Ejecutivo en nuestro territorio como a los GAD’S de Sucumbíos, Putumayo y Santa Elena​:

“Nuestro objetivo e intención es de ir a este sitio estratégico para salvar nuestras vidas”.

Sucumbíos, 16 de abril de 2020.​ – La declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Estado les ha significado a las comunidades siekopai ansiedad extrema, sobre todo a nuestras autoridades tradicionales -los ancianos-. El Covid-19, la reciente contaminación del río Shushufindi y la consecuente muerte de peces, la presion de terceros no indigenas para caceria, la cantinuidad de actividades petroleras aumentaron las preocupaciones comunitarias por la sobrevivencia en esta cuarentena. Por ello, en tres canoas, 40 siekopai, entre ellos, nuestros abuelitos, decidieron refugiarse en Pë’këya (hoy, Lagartococha), centro del origen espiritual siekopai, con el fin de evitar el contagio de la actual pandemia.

Al respecto, el presidente de la nacionalidad Siekopai, Justino Piaguaje, señala:
“Estamos muy cerca de esta enfermedad. La intención es estar totalmente aislados. Esto nos hace pensar en los siglos anteriores; escapar, sobre todo, a ese sitio de mucha importancia cultural para nosotros y sitio estratégico. Para nosotros, será un tiempo de recordar el pasado, la historia de nuestros abuelos, pero sobre todo para salvar nuestras vidas en estas circunstancias, ya que no tenemos apoyo del gobierno local, ni nacional”.

Nuestros abuelos y abuelas recuerdan la historia de epidemias que enfrentaron sus antepasados y a las que muchos de sus ancestros, lamentablemente, no lograron sobrevivir. En un encuentro antes de incrementar las medidas de seguridad y confinamiento, nuestros ancianos recordaron, por ejemplo, enfermedades que fueron transportadas por misioneros, viajeros y por caucheros que llegaban a los territorios.

Ese día, rememoraron las historias de sus propios abuelos sobre una gripe a la que conocían como “tosferina”, la misma que produjo la muerte de una cantidad importante de Siekopai. En ese momento, la decisión fue adentrarse en las zonas más profundas de la selva, y protegerse durante esa emergencia sanitaria.

La diferencia con el actual contexto es la posesión territorial. En el pasado, nuestro territorio era extenso y Pë’këya siempre fue un territorio estratégico. Nuestros ancestros vivían en Pë’këya antes de inconsultas y arbitrarias decisiones que los gobiernos tomaron y que nos despojaron de ése, nuestro espacio de vida. Primero fue la guerra con Perú en la década del 40; luego, la declaración inconsulta de las áreas protegidas por parte del Estado Ecuatoriano, particularmente, la constitución de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y luego la inequitativa entrega de nuestro territorio mediante la figura de convenios a terceros.

De 30.000 o 40.000 siekopai que los cronistas indican, actualmente, sólo somos 700. Además, resistimos en un territorio extremadamente reducido y cercado por petroleras, palmicultores, que contaminan la selva.

Adicionalmente, desde el 2017, nuestro pedido de adjudicación no ha sido atendido por el Ministerio del Ambiente. De hecho, el proceso de definición del área protegida y los convenios de uso y manejo se suscribieron entre el Estado y comunidades no originarias, sin la participación de la Nacionalidad Siekopai y sin considerar sus reclamos territoriales.

De ahí que el viaje a Pë’këya es significativo, pues nuestros abuelos saben que en ese lugar sus familias estarán verdaderamente protegidas. Ahí, podrán subsistir y alejarse, de alguna manera, de la pandemia; asimismo, recordarán su pasado y revitalizarán el presente en conjunto con las y los más jóvenes.

En este sentido, Jimmy Piaguaje, joven comunicador siekopai, hace referencia a la importancia de la memoria y el vínculo con el territorio caminado por nuestros abuelitos, como parte central de la lucha que inició hace varios años:

“Creo que se está repitiendo la historia. Por adentrarse en la selva años atrás, algunos abuelos han sobrevivido y son los que tenemos con nosotros con vida ahora. Para nosotros, están dejando un mensaje importante: de que todavía la historia sigue ahí, todavía sigue la memoria, la fuerza de los abuelos. Todavía tienen esperanza de volver a ver a sus hijos crecer ahí y que sientan que son realmente siekopai. Cada vez que viajan cuentan una historia, sus recorridos, porque en esos recuerdos vive todavía la cultura. Es hora de unir las fuerzas con los abuelos y reclamar más fuerte por el territorio, porque vemos lo que está pasando en la actualidad en los territorios que tenemos; ya no hay cacería, ya no hay pesca, los abuelos se mueren y ahorita, con esto, se ponen más en peligro nuestros abuelitos, que son nuestras fuentes de sabiduría y de conocimiento. Creo que los abuelos tienen algo más que decir y todavía podemos hacer algo por ellos. Si logramos que ese territorio vuelva muchas décadas de resistencia, sería un momento histórico que puedan sentir el aire en P​ ë’këya​”.

En definitiva, con este viaje, le recordamos al Estado central y local, especialmente al Ministerio de Ambiente, al COE Provincial, al Ministerio de Salud y a los GADs que, ante la insuficiente actuación para garantizar la salud y la alimentación de nuestra Nacionalidad, decidimos ejercer nuestro derecho territorial y refugiarnos en Pë’këya (Lagartococha). Y lo haremos cada vez que sea necesario también como una forma de autocuidado.
Conminamos al MAE y a las FFAA a respetar esta determinación, pues es la ÚNICA ALTERNATIVA para proteger nuestra vida y la de nuestros abuelos y abuelas. EXIGIMOS garantías para que hechos de intimidación y amenaza que ya hemos sufrido no se repitan; nuestra vida depende de nuestro territorio ancestral.

Finalmente, hacemos hincapié en que la mayoría de familias siekopai continúan en el territorio que actualmente ocupamos, por las cuales exigimos actuación inmediata, urgente, concertada y culturalmente adecuada. Es obligación del Estado velar por su protección, salud y alimentación. De tal forma que responsabilizamos por las consecuencias de la falta de atención a las familias que decidieron no viajar en esta ocasión.

CONTACTOS​:
Jimmy Piaguaje​, comunicador siekopai: 096 701 5578 / ​Alejandra Yépez Jácome​, comunicadora: 099 271 3867

Actualización [18 de abril 2020]: En los últimos 15 días, al menos 20 personas de la nacionalidad Siekopai presentan sintomas asociados al COVID-19 y 1 persona adulta mayor con sintomatología falleció. Exigen al Ministerio de Salud un testeo masivo y acciones urgentes e inmediatas del COE Nacional y de la Presidencia de la República