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Gerente general de EP Petroecuador, Pablo Flores, minimiza el impacto del derrame de crudo en los ríos Coca y Napo por la ruptura del SOTE/OCP/Poliducto a 7 comunidades

Quito, Ecuador. 16 de abril 2020 – El 14 de abril de 2020, en la emisión estelar de Teleamazonas, a propósito de la ruptura del SOTE y OCP que ocasionó el derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, afirmó que “se siente muy optimista de que se culmine la reparación antes de la fecha estimada” y “que están realizando paralelamente trabajos de contención y remediación del crudo derramado”. Precisó, además, que “se han identificado al menos 7 comunidades que tienen afectación por este derrame”.

Ante estas declaraciones, las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, organizaciones sociales y eclesiales manifestamos que:

1. Existe evidencia de que se emitieron múltiples advertencias sobre el riesgo creado por la erosión regresiva que interrumpió el flujo de la antigua cascada San Rafael. Lamentablemente, parece que el Estado, y para este caso particular EP PETROECUADOR y OCP, ignoraron las advertencias y no hicieron nada frente a este fenómeno. Con esto, omitieron su deber constitucional de proteger a las personas, a las colectividades y a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, minimizando así la condición de vulnerabilidad.

2. No existe a la fecha evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”. Una revisión de la línea de tiempo entre el anuncio en redes realizado por OCP y el realizado horas después por EP PETROECUADOR muestra que las medidas fueron insuficientes. Esto se agrava con el hecho de que el Ejecutivo tardó muchas horas más en reconocer que hubo un derrame de crudo; sin que a la fecha tengamos certeza de la dimensión del mismo y ni de las medidas de contención que, según señala Pablo Flores, existieron. Esta injustificada demora y la falta de transparencia en la información exacerba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones ribereñas que continuaron realizando sus actividades de subsistencia en el río. Se han compartido imágenes que muestran a pobladores, incluyendo niños y niñas que fueron cubiertos por el hidrocarburo.

3. Llama la atención que se afirme que el Estado está implementado medidas de “contención y remediación”, cuando los reportes de las comunidades confirman manchas de hidrocarburo en el río Napo. Hasta la mañana del 14 de abril, la comunidad de Pañacocha, ubicada a unos 200 km de distancia, aguas abajo del sitio de la ruptura del oleoducto, mediante videos seguía reportando la presencia de petróleo en el río Napo. Por lo tanto, las medidas de las que habla el Gerente de EP PETROECUADOR no han sido oportunas y continúan siendo insuficientes.

4. Es lamentable que se trate de minimizar el impacto a “al menos 7 comunidades”. Información recopilada por organizaciones sociales e indígenas, y registradas por medios de comunicación, muestran afectaciones en al menos a 150 comunidades ribereñas de los río Coca y río Napo que, tal como se ha mencionado, dependen de manera directa del río para su subsistencia. Inclusive, a partir de este derrame, la ciudad de El Coca no se está abasteciendo del río porque éste se encuentra altamente contaminado (El Comercio, 8 de abril de 2020). Instituciones y organizaciones del Perú mencionan que “según la información facilitada desde las comunidades kichwas del Napo, a responsables del Vicariato de San José del Amazonas, la afectación ya es una realidad. El crudo ya llegó a territorio peruano” (CAAP, 8 de abril de 2020).

5. La aseveración sobre la afectación a sólo 7 comunidades, aproximadamente, evidencia la falta de información pública transparente y oportuna sobre este desastre y su magnitud; por lo cual exigimos a EP PETROECUADOR que publique datos y cifras exactas, transparente la magnitud de la contaminación y tome medidas reales de remediación y reparación, en especial para aquellas comunidades indígenas y campesinas cuyos ríos son la única fuente de agua. Insistimos en que la subsistencia de centenares de familias indígenas y campesinas depende directamente de los ríos de la Amazonía.

6. Recordamos el deber primordial del Estado de garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos humanos “en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” (Constitución art. 3), y que estos derechos no pueden ser suspendidos ni limitados durante la vigencia del Estado de Excepción.

7. De manera particular, en el contexto de medidas excepcionales por el Coronavirus, el Estado debe tomar medidas URGENTES para la atención de la población que resulta más vulnerable, como es el caso de Pueblos Indígenas, y evitar que otros factores externos, evitables y derivados de actividades no esenciales representen un riesgo mayor.

CONDOLENCIA

Territorio transfronterizo Ziobain. 14 de abril 2020 – Con profunda tristeza, desde el Resguardo Siona de Buenavista y la Comunidad Ancestral de Sionas – Kichwas de San José de Wisuya informamos que nuestra Mayora, Rosa Yaiguaje, falleció a pocos días de haber cumplido 84 años. Con su partida, la Nacionalidad transfronteriza Ziobain pierde no sólo una de sus guías, sino también a una de las últimas memorias de la cultura siona.

Durante su vida, acompañó la lucha por la pervivencia de este Pueblo; conocía y amaba su territorio. En conjunto con los demás Taitas y las Mayoras, iba al frente de la organización por la defensa del territorio. Ella era la oralidad viva que caminaba y revitalizaba este proceso. Lamentablemente, partió sin gozar de un territorio completamente limpio de explotación petrolera y la consecuente contaminación; y sin poder ver a su Pueblo libre del hostigamiento por parte de las petroleras Amerisur PLC y Petroamazonas EP y de la intimidación y amenazas de los grupos armados.

Ella se fue sin ver en el territorio un hecho distinto al absoluto abandono estatal de los gobiernos colombiano y ecuatoriano. No pudo presenciar la aplicación de las medidas cautelares de la CIDH en la zona colombiana; mientras del lado ecuatoriano, no encontró ni siquiera el reconocimiento formal del riesgo de extinción física y cultural de su Pueblo, mucho menos las medidas necesarias para su protección.

Así mismo, no pudo presenciar la construcción de las Casas de Pensamiento para que niños, niñas y jóvenes sionas puedan seguir el camino de los Taitas y Mayoras. Su palabra se apagó sin poder compartirnos más historias y cuentos siona; sin poder enseñarnos el idioma que poco a poco se va diluyendo entre nosotras y nosotros.

Nuestra Mayora Rosita nos dejó en un momento cada vez más complejo para quienes habitamos el Putumayo; un momento en el que el paramilitarismo y otros grupos irregulares armados asesinan a diario a nuestros hermanos dirigentes sociales de otros pueblos. Sin embargo, su imagen se junta a la de nuestros Taitas y Mayoras que han trascendido, y estamos seguros que seguirá siendo una referencia importante para nuestra lucha, que es la lucha por la pervivencia del Pueblo Ziobain.

Que la muerte de la Mayora Rosita suponga el reconocimiento estatal del riesgo al que se enfrenta nuestro Pueblo. Las voces, las memorias de Taitas y Mayoras se están perdiendo en medio de omisión, de silencio e inacción.

Finalmente, decimos en su honor:

No quiero
Que mis muertos descansen en paz
Tienen la obligación
De estar presentes
Vivientes en cada flor que me robo
A escondidas
Al filo de la medianoche
Cuando los vivos al borde del insomnio
Juegan a los dados
Y enhebran su amargura.

Los conmino a estar presentes
En cada pensamiento que desvelo

No quiero que los míos
Se me olviden bajo tierra
Los que allí los acostaron
No resolvieron la eternidad

No quiero
Que mis muertos me los hundan
Me los ignoren
Me los hagan olvidar
Aquí o allá
En cualquier hemisferio

Los obligo a mis muertos
En su día
Los descubro, los trasplanto
Los desnudo
Los llevo a la superficie
A flor de tierra
Donde está esperándolos
El nido de la acústica.

DOS DE NOVIEMBRE
Stella Díaz Varín, La Colorina

ACCIÓN URGENTE

#SOSPuebloShuarArutam
LLAMADO URGENTE AL COE NACIONAL Y AL MINISTERIO DE SALUD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Mayaik, 13 de abril de 2020

Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador

Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestión de Riesgos

Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador

Srs. Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)

Sr. Arnaud Peral
Coordinador Residente ONU Ecuador

En su despacho:

Entre el 1 y 4 de marzo de este año, en Toronto – Canadá, se desarrolló la “Convención de Exploración y Minería de Primer Nivel”, ignorando varias sugerencias de que ésta debía cancelarse por la expansión del COVID-19 que ya generaba alarma en varios países europeos, del sudeste asiático y Canadá. Entre los participantes de esta Convención estuvieron siete personas de los centros shuar Warints y Yawi, Asociación Nunkui del cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, invitadas por la empresa canadiense Solaris Resources/Equinox Gold y su subsidiaria en Ecuador, Lowell Copper Holdings. Es de conocimiento público que varios de los participantes se contagiaron de COVID-19, entre ellos el Ministro de Minas de Burkina Faso en África Occidental, luego de lo cual otras 146 personas habrían resultado contagiadas en ese país.

El Consejo de Gobierno del PSHA, conjuntamente con la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), CONFENIAE y CONAIE ante la declaración de Estado de Excepción por la Emergencia Sanitaria en Ecuador, activamos nuestros protocolos de protección y restricción de la circulación de personas, así como el monitoreo permanente de nuestros territorios.

El 2 de abril pasado, la Presidenta del Consejo de Gobierno del PSHA, Josefina Tunki, comunicó esta situación al Gobernador de Morona Santiago, al Defensor del Pueblo y al Coordinador del Área de Salud Zonal 6 y solicitó que, en coordinación con el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, implementen las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para impedir y contener el contagio del virus en la nacionalidad Shuar. Se solicitó determinar si el deceso de la madre de uno de los viajeros, ocurrido tras su regreso de Canadá, se debe al COVID-19.

Ante esto, el Gobernador de Morona, Juan León Pilco, a través del medio de comunicación Exprésate Morona, respondió que “los protocolos fueron cumplidos eficazmente, esta compañía de extracción minera cumplió a satisfacción” y afirmó, sin ofrecer evidencia alguna, que la muerte reportada en Warints “no tiene nada que ver con las personas que viajaron a Canadá”. Además, censuró la actuación de la Presidenta del PSHA.

El pasado 10 de abril, falleció el padre de otro de los participantes de la mencionada Convención y en los últimos días, desde los centros shuar Warints y Yawi nos han reportado los nombres de más personas que se sienten enfermas.

A lo anterior hay que sumar que la movilización de militares a los territorios no se ha detenido y se conduce sin las debidas precauciones contra el COVID-19. Personal de las Brigadas de Selva continúan rotando sin tomar ninguna precaución, como sucede en el cantón Tiwintza donde ya se confirmó un caso del COVID-19. Actualmente el campamento militar está en cuarentena.

Los Pueblos Indígenas conservamos prácticas ancestrales de protección frente a emergencias de este tipo,incluido el manejo territorial; sin embargo, estas son vulneradas por las acciones y omisiones de las autoridades. Es inexplicable que el Decreto de Estado de Excepción por la Emergencia Sanitaria, dictado el 16 demarzo, haya exceptuado a las actividades extractivas de la restricción de movilidad necesaria para impediry contener a la pandemia. La constante rotación de personal ajeno a las regiones donde se desarrollan esasactividades constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para las todas las comunidadeslocales, indígenas o no. El beneficio directo que esa excepción injustificada representa para las operadoras mineras en la zona, las empresas Lowell Mineral, Solgold/Cruz del Sol, Aurania Resources/Ecuasolidus, Luminex Resources-BHP/Proyectmin, Explorcobres, Ecuacorrientes, entre otras, incrementa la vulnerabilidad de Warints, Yawi y otros centros y asociaciones miembros del Pueblo Shuar Arutam.

El gobierno ecuatoriano tiene la obligación dar una respuesta urgente, culturalmente adecuada, que priorice el derecho a la vida y a la integridad cultural, tal como lo plantea el numeral 57 de la Resolución 1/2020, adoptada por la CIDH el 10 de abril de 2020, sobre Pandemia y DDHH en las Américas que manda a:

Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

Por lo anterior EXIGIMOS:

1. Que el COE Nacional y Provincial así como el Ministerio de Salud Pública implementen acciones de respuesta efectiva frente a las muertes registradas en Warints, en aplicación del principio de precaución ante la sospecha de que esas muertes se hayan debido al Covid-19. En coordinación con el PSHA y siempre en observación del principio del consentimiento, previo, libre e informado, se deben aplicar las pruebas para determinar posibles contagios en el entorno de los viajeros a la cita minera en Canadá; establecer un cerco epidemiológico efectivo que incluye la provisión de los míni- mos necesarios de alimentación y pervivencia para que se pueda cumplir la cuarentena en dignidad; y brindar la atención y tratamiento oportuno, acordes al derecho a la Salud Integral (Constitución Política 2008), incluidos los medicamentos y cuidados paliativos necesarios, a las personas que estu- vieran contagiadas.

2. Que el MSP realice pruebas masivas en el territorio del PSHA que permitan la identificación de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas como medida urgente para contener la expan- sión del virus, priorizando la toma de muestras en los centros shuar aquí señalados.

3. Que el COE Nacional y Provincial establezcan de manera inmediata, y en coordinación con el Con- sejo de Gobierno del PSHA, la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la CONFENIAE, la CONAIE, acciones conjuntas y coordinadas para la implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la Pandemia.

4. Que el COE Nacional, Provincial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados entreguen de manera urgente y efectiva ayuda humanitaria como alimentos (para garantizar de manera especial la nutrición de nuestros niños, niñas, adolescentes y ancianos), medicinas, kits de limpieza y de desinfección en todos los centros del Pueblo Shuar Arutam.

5. Que la Defensoría del Pueblo nacional y provincial activen su rol de garantes de derechos para que el Ministerio de Salud y el COE Provincial asuman sus obligaciones de manera directa y trans- parenten la información a las estructuras de gobierno propio del Pueblo Shuar Arutam, sus Asocia- ciones y Centros y, garanticen la pertinencia cultural en todas sus acciones.

6. Que el Ejecutivo y el COE Nacional prioricen los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación del Pueblo Shuar Arutam por sobre las actividades extractivas en su territorio. La incompatibilidad de actividades extractivas mineras y los derechos de los Pueblos se deberá resolver siempre a favor nuestro, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución obligan a detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar nuestras vidas. Los Pueblos Indígenas amazónicos, históricamente hemos sido altamente vulnerables a enfermedades y epidemias occidentales. Entendiendo además que el mantener estas actividades impiden el cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento requeridos para evitar y contener la pandemia, corresponde la inmediata salida del territorio del PSHA de personal de las empresas extractivas y de personal de las fuerzas armadas y policía destinados a su protección.

Para mayor información:
Josefina Tunki
Presidenta del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 096 203 2831
Correo electrónico: josefinatunki1962@hotmail.com

Galo Chup
Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 098 505 3816
Correo electrónico: kurich2015@hotmail.com

Marcelo Unkuch
Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 096 183 9233
Correo electrónico: marcelounkuchp@hotmail.com

Amazonía del Ecuador, 09 de abril 2020 – La nacionalidad Waorani, organizada a través de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía ecuatoriana, (AMWAE), y las filiales provinciales: CONCONAWEP en Pastaza, ONWO en Orellana, y ONWAN en Napo, queremos recordarle al Estado que, a varias semanas de declarada la emergencia sanitaria debido a la pandemia del covid-19, las poblaciones waorani –cerca de 4.000 personas- continuamos enfrentando una situación humanitaria grave. Tanto quienes han decidido permanecer en las comunidades como aquellos que viven en las ciudades y han decidido proteger a sus familias manteniéndose fuera de sus comunidades.

Los primeros están sufriendo por falta de alimentos como sal, arroz, fideos que complementan la dieta alimenticia, además, no cuentan con medicamentos que provienen de farmacias, hay escasez de insumos como fósforos y jabón. Los segundos, más de 150 familias que se encuentran en la parte urbana en la Shell, Coca y Tena, están afectados por no poder ingresar a sus comunidades semanalmente a proveerse de alimentos de sus chacras como el plátano, la yuca y las carnes de monte.

Como Nacionalidad Indígena en reciente contacto, con una historia de enfermedades introducidas a través delos procesos de colonización y con un sistema inmune menos resistente a nuevas enfermedades; así mismo,con territorios habitados también por Pueblos Indígenas en situación de no contacto con el mundo global yaltamente vulnerables, nos preocupa particularmente que las autoridades sanitarias continúan sin emitir ningún protocolo específico y concertado con las organizaciones indígenas nacionales, con sus aliados, odirectamente con nuestras organizaciones.

Esto, pese al exhorto de la Secretaría General de la OEA, con fecha 3 de abril de 2020, de trabajar “(…) de manera coordinada con protocolos específicos que apunten a resguardar la salud y bienestar de su población indígena desde un enfoque intercultural (…)”.1 Así como, pese al riesgo que implica la presencia de extraños en nuestros territorios, la actividad extractiva no ha cesado. Por tanto, exigimos del Estado ecuatoriano lo siguiente:

1. Establecimiento de manera INMEDIATA de una mesa técnica de alto nivel, dentro de los COE provinciales de Pastaza, Orellana y Napo, que incluya la participación del presidente de la NAWE con el apoyo de sus Organizaciones filiales y sus equipos técnicos con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios.
2. Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre los COE Provinciales el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, con las organizaciones y dirigencias Waorani, para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral).
3. Se debe crear bajo el esquema de coordinación ya descrito, el acceso a las canastas básicas (Kits alimenticios) y elementos de bioseguridad (gel, tapabocas) tanto para las familias que permanecen en las ciudades o sectores rurales como para las familias que permanecen en territorio, con distintos alimentos de acuerdo con el lugar de vida.
4. Se debe asegurar que las comunidades que permanecen adentro tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección, vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros.

5. Sobre la garantía de salud integral proponemos:

a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Realizar pruebas masivas territorializadas que permitan la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas. De manera INMEDIATA, se deberá realizar toma de muestras de confirmación en las comunidades Waorani que presentan altos índices de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
c) Aplicación de test a personal de petroleras y personal estatal antes del ingreso a los territorios para evitar el contagio involuntario.
d) Coordinación de acciones conjuntas entre los gobiernos y las autoridades indígenas y la implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la pandemia.
e) Abastecimiento de las unidades de salud, que prestan asistencia en los territorios de PPII o aledaños, con la cantidad necesaria de insumos para protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal, garantizando el flujo de reposición adecuado.
f) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando e implementar sistemas en los lugares donde aún no existan.
g) Un plan de aislamiento en las comunidades para aquellas familias o grupos de familias contagiadas, que incluye un Protocolo con buena información, conocido por cada comunidad, la provisión de carpas y utensilios de cocina y víveres suficiente para cumplir el aislamiento.
h) En el caso de presentarse emergencias graves y se decida por la comunidad la evacuación de las personas que están en esta situación de salud, el COE, en coordinación con la NAWE, debe asegurar de manera obligatoria el uso de avionetas para sacar a los pacientes graves y el traslado inmediato hacia el hospital más cercano, que esté en capacidad real de atender la emergencia, que cuente con un espacio asignado y un respirador (Hospitales públicos adecuados como el Hospital Eugenio Espejo).

6. Es obligación del Estado Plurinacional ecuatoriano la difusión de contenidos interculturales. En este sentido, el movimiento indígena, la NAWE y sus organizacioneshan generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades. El gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos.

7. El gobierno debe intensificar las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello, en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de las comunidades.

8. Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos y nacionalidades.

9. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, el consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.

10. De no ser factible esta participación solicitamos que se realice una asignación presupuestaria, misma que será manejada por la NAWE, en base al esquema de problemática y necesidades que se ha presentado.

Finalmente, reiteramos que mientras el tiempo transcurra las acciones urgentes que se tomen serán un factor determinante en los impactos que esta pandemia cause en nuestra gente.

8 de abril 2020. Quito, Ecuador – Las Organizaciones Sociales y de derechos humanos que suscribimos, ante la falta de información pública, oportuna y clara por parte del gobierno ecuatoriano, advertimos a las organizaciones peruanas: AIDESEP, ORPIO, ORKIWAN, ORGANIZACIÓN KICHWA WANKIRUNA DEL ALTO NAPO, Federación de comunidades nativas del alto y medio Río Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, OISPE, así como a las organizaciones eclesiásticas peruanas y del Vicariato de San José del Amazonas, que el día de ayer 7 de abril, en horas de la tarde, se produjo un derrame de crudo por una rotura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael ubicado en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

A lo largo del día de hoy, varias comunidades que viven a las riberas de los ríos Coca y Napo han reportando que el derrame ha llegado hasta sus territorios generando graves afectaciones a, lo que para muchas de ellas es, su ÚNICA FUENTE de agua y alimentación.

Conocemos por redes sociales que el Municipio de Francisco de Orellana anunció la suspensión de la captación de agua desde el río Coca, a partir de las 21:00 del día de ayer. Además, el día de hoy, Juan Báez, director de Agua Potable del Municipio de Orellana, informó que han habilitado la planta de captación del río Payamino para el abastecimiento de residentes en zona urbana a efectos de evitar problemas de salud a la ciudadanía. Por su lado, Juan Carlos Orellana, alcalde del cantón Aguarico, en un comunicado, publicó también que se ha dejado de captar agua del río Napo, y que se buscará dotar a la ciudadanía del líquido vital. Sin embargo, ninguna de estas medidas garantizan el acceso al líquido vital para las comunidades indígenas y campesinas, asentadas en zonas rurales; así como tampoco su acceso a la alimentación a través de la pesca.

A pesar de que varias organizaciones de DD.HH. lo hemos solicitado, la empresa estatal de petróleos PETROECUADOR y los Ministerios ecuatorianos responsables NO han transparentado la información sobre la cantidad de crudo vertido, las medidas de contención tomadas y las alternativas para que las comunidades indígenas y campesinas afectadas garanticen sus derechos mínimos de subsistencia. Este hecho agrava mucho más la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan en el marco de la actual pandemia por el Covid-19.

La ÚNICA información proporcionada por el Estado ecuatoriano tiene que ver con los mecanismos para garantizar que el transporte de crudo no resulte afectado. Condenamos que no se genere la misma preocupación sobre la integridad, la salud y la alimentación de cientos de familias afectadas.

LLAMAMOS LA ATENCIÓN del gobierno peruano, a través de su Cancillería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Ambiente, para que exijan a su par ecuatoriano transparentar la información pública, oportuna y veraz sobre este hecho y sus implicaciones.

REQUERIMOS a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, de manera particular a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – REDESCA, realice un seguimiento exhaustivo de esta grave situación, y requieran de manera formal al Gobierno Ecuatoriano, en cabeza de Lenín Moreno, información detallada sobre los hechos acaecidos y las medidas tomadas en materia social y ambiental. Particularmente, de cara a la atención de la Pandemia.

1 de abril 2020. Quito, Ecuador – Ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, hacemos un llamado de atención especial sobre la situación de las provincias fronterizas, donde los índices de pobreza y la falta de infraestructura sanitaria ponen en grave riesgo a la población. Esta situación prevalece también en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, zona en la que hemos registrado lo siguiente:

• Al menos 11 miembros del personal sanitario fueron contagiados. Este grupo de trabajadores de la salud realizó en días pasados continuas denuncias sobre la falta de equipamiento adecuado para la atención a pacientes. Preocupa que el personal positivo a COVID-19 laboró durante varios días hasta su aislamiento, convirtiendo al hospital provincial en centro de potencial contagio masivo. Ante la falta de pruebas, en este momento, se desconoce el alcance real de la enfermedad en la provincia.

• En la provincia, no se están realizando tomas de muestras para detección del COVID-19 por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), tampoco existen laboratorios privados acreditados. En este sentido, el municipio de Lago Agrio ha contratado de manera temporal los servicios de un laboratorio para la toma de muestras en el hospital Marco Vinicio Iza, el cual inició sus servicios el día de hoy. Este hecho permite establecer que el registro de casos de contagio podría ser mucho mayor al número reportado oficialmente, esto es, 27 personas.

• Con Memorando Nro. MSP-CZONAL1-2020-3459-M, la coordinación de Salud del MSP pidió al Hospital de Lago Agrio en préstamo dos ventiladores mecánicos para abastecer a la Casa de Salud en Carchi.

• El sistema de saneamiento ambiental tiene déficits y, en algunas zonas de la provincia, incluso es inexistente.

• Una de las zonas de contagio (Cuyabeno) es el ingreso a territorio indígena Siona, colocando en riesgo a miembros de las diferentes comunidades.

• Debido al aislamiento, varias comunidades indígenas y campesino-mestizas empiezan a denunciar desabastecimiento de alimentos esenciales, y reclama con urgencia la garantía de ayudas gubernamentales.

Esta realidad demuestra los gravísimos impactos del avance de la pandemia en esta zona y la falta de condiciones idóneas en materia de salud y políticas públicas existentes. Siendo estas contrarias a los estándares internacionales, que señalan que el derecho a la salud implica, además del goce y ejercicio de otros derechos, la disponibilidad, accesibilidad (sin discriminación, física, económica, acceso a la información), aceptabilidad y calidad; criterios que no están garantizados en zonas fronterizas.

En conocimiento de estos hechos, el COE Nacional debe, en coordinación con autoridades locales y sociedad civil, activar los mecanismos necesarios y urgentes, para fortalecer los sistemas de atención y respuesta antes de que la pandemia avance y sus impactos resulten irreversibles.

27 de marzo 2020. Quito, Ecuador – Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, ayer
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribieron una Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas.

Hasta la fecha, el país ha registrado 1.595 casos y 36 fallecidos. Se han confirmado varios casos en ciudades fronterizas en la Amazonia. Ecuador es actualmente la segunda nación más afectada en América Latina, precedida por Brasil.

En el documento adjunto, encontraran un detalle de los hechos que causan nuestra preocupación y una serie de medidas que deberán ser analizadas en implementadas de manera emergente por parte del los entes gubernamentales competentes a efectos de garantizar nuestra integridad y pervivencia.

ACCIÓN URGENTE

Ecuador, 26 de marzo de 2020

Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador

Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestion de Riesgos

Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador

Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos

Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, laConfederaciónde Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de lascomunidades campesinas.

a) Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al igual que comunidades rurales, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente al azote de la pandemia debido a la persistencia de condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a los bienes y servicios de la sociedad, así como por las condiciones de relativo aislamiento geográficode sus territorios -sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.

b) En particular, la situación de salud de varios Pueblos Indígenas y comunidades rurales ya es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles, a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud. En el actual contexto, la gravedad se exacerba por laausencia de medidas decontención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades, que consideren la movilidad entre y hacia los territorios; la ausencia de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, en idiomas propios y por canales eficientes a los que pueda acceder la población geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica.

c) Recordamos que mientras miles de personas tienen la posibilidad, de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19, también en la región Sierra, indígenas y campesinxs que dependen del trabajo diario, se ven obligados a salir y arriesgar sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad, en auge inclusive cientos de indígenas y campesinxs se han quedado varados en la ciudad sin alternativas de trabajo.

d) Esos criterios de vulnerabilidad resultan mucho más sensibles entre las poblaciones indígenas de reciente contacto y aquellas que permanecen en aislamiento voluntario en la amazonía ecuatoriana, debido a la condición inmunológica que suponen ambas situaciones; al tener menor diversidad genética son más susceptibles a cualquier enfermedad. Existen registros históricos de la especial vulnerabilidad de las poblaciones indígenas frente a las epidemias y esta podría no sería la excepción. Enfrentamos la posibilidad de altas tasas de mortalidad y morbilidad en estas poblaciones e incluso el riesgo de desaparición de los grupos que se mantienen en aislamiento voluntario en caso de que la pandemia alcance sus territorios.

e) Los últimos eventos debidos a la crecida de los ríos de la cuenca del Bobonoza, en las comunidades de la Parroquia Sarayaku, Provincia de Pastaza han desnudado unainsuficiente y poco efectiva cobertura del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y arrojan importantes lecciones sobre la necesidad de optimizar la coordinación entre las autoridades estatales de los diversos niveles y las autoridades de los Cabildos, federaciones y comunidades indígenas a fin de hacer frente a la emergencia optimizando los tiempos de respuesta y articulando iniciativas conjuntas en bien de la población indígena y campesina.

f) Los territorios indígenas, afros y campesinos siguen enfrentando graves amenazas y presiones en sus territorios debido a la persistencia de actividades extractivas “legales” e ilegales (tala de madera, minería ilegal, etc.) sin que se ejecuten garantías estatales para preservar los territorios indígenas, afros y campesinos. Así mismo aquellas actividades extractivas nohan cesado pese a la cuarentena y a la necesidad de observar protocolos de caución y seguridad sanitaria en relación a las poblaciones de estos territorios.

g) Las situaciones descritas en párrafos anteriores también corresponde a otras partes del territorio nacional donde se asientan Pueblos y Nacionalidades, de manera particular llamamos la atención sobre hechos denunciados por el Presidente de la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador -FNAE, quien indica que en la comunidad de Gualpí Bajo,Parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi, hay una niña de 14 años mordida por una serpiente venenosa que desde el pasado 23 de marzo y quien hasta la fecha no ha logrado recibir asistencia médica por no contar con medios de transporte y por el miedo de contagio con COVID-19 debido a la falta suficiente, oportuna y culturalmente adecuada de información y asistencia -algo que aqueja a la nacionalidad Awá hace mucho tiempo.. Esta comunidad queda a 12 horas de camino del primer centro poblado donde existe presencia del MSP.

h) La posible militarización de los territorios en nombre de la estrategia contra la pandemia, asistencia humanitaria o la “protección de los sectores estratégicos” es una seria amenaza adicional a las comunidades que hasta ahora se han podido mantener libres de contagio porque se han aislado voluntariamente. Lo cual en términos epidemiológicos es lo más conveniente, considerando que muchas de estas comunidades indígenas y rurales, por los problemas antes mencionados, tienen altas tasas de desnutrición lo que afecta directamente a su sistema inmune y las hace más vulnerables a diversas enfermedades -incluyendo este virus.

i) Aún nos encontramos a tiempo de contener una expansión vertiginosa de la pandemia dentro de los territorios indígenas y rurales, cuyas consecuencias podrían alcanzar magnitudes catastróficas en términos de pérdidas de vidas humanas y debilitamiento e incluso extinción de culturas milenarias. Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas. Hasta el momento han sido las propias organizaciones indígenas quienes han adoptado medidas preventivas y han exigido apoyo para que se impida la entrada y salida de actores externos a sus territorios.

Por ello, los abajo firmantes exhortamos al Gobierno Nacional a adoptar, con el carácter de urgente, las siguientes medidas sanitarias y de coordinación con los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a fin de evitar una crisis sanitaria de incalculables proporciones en las poblaciones y asentamientos indígenas y campesinos del territorio ecuatoriano, incluidos aquellos pueblos que tienen carácter transfronterizo y sobre los cuales el Gobierno tienen obligaciones contraídas

1. Requerimos que el Gobierno Nacional reconozca de manera pública quelos Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como comunidades rurales del país, son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia -como los adultos mayores y personas con inmunidad deprimida-y, en consulta con los mecanismos de autoridad y representación; tome todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen.

2. La garantía de vida y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario se entienda como un altísimo deber de resultados y no sólo de intenciones: no únicamente deben abstenerse de seguir autorizando actividades que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca. Una de estas medidas debe ser un efectivo cerco sanitario en coordinación con las poblaciones vecinas a sus territorios vecinos.

3. Instamos a las instituciones que están canalizando la ayuda, tanto al COE Nacional y a los COE municipales, se incluya en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino.Personas indígenas y campesinos que viven en las ciudades sin posibilidad de trabajo formal, ni diario, (consecuencia de la pandemia) como por ejemplo a quienes se desempeñan como cargadores, vendedores transeúntes, ya que la crisis los ha dejado en estado de vulnerabilidad. Además de proteger a las y los agricultores indígenas y campesinos que están trabajando para abastecer a las y los ecuatorianos.

4. El COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, de manera INDISPENSABLE, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños.

Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, y las organizaciones y dirigencias Indígenas y campesinas de los niveles nacional, regional y comunitario para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral). La improvisación mata y en los casos de comunidades indígenas, diezma y extermina, como ya nos ha demostrado la historia.

5. Así mismo, urge que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones para quese atienda sus necesidades y se den las facilidades logísticas para que le ayuda que las propias comunidades han gestionado llegue de manera urgente, poniendo interés especial en la situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

6. La garantía de alimentación durante la emergencia ya decretada incluya que se respete y proteja la economía de pervivencia de las comunidades productoras, lo cual no necesariamente requiere la provisión de productos sino la revisión de las medidas de movilidad restringida por la emergencia. Las comunidades deben continuar con la producción de bienes y regresar a sus territorios, en condiciones de seguridad. Así mismo se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.

7. La garantía de salud integral asuma como condiciones previas
a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Abastezca a las unidades de salud, que prestan asistencia a los indígenas y campesinos, con la cantidad necesaria de insumospara protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.
c) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando y hacer sistemas enlos lugares donde aún no existan.
d) Estar preparados para el caso en que sea necesario ofrecer apoyo alimentario en caso de epidemias en comunidades/territorios indígenas y campesinxs.

8. El movimiento indígena, como cooperación ante la emergencia sanitaria,ha generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades, por tanto es obligación del estado la difusión de los contenidos interculturales generados, más aún si se habla de un estado Plurinacional; el Gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.

9. El gobierno intensifique las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de lascomunidades.

Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos.

10. Que se tenga particular atención a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la frontera norte, zona históricamente desatendida y con afectaciones exacerbadas por la persistencia de conflicto y la presion que ejercen sobre las comunidades actores armados regulares e irregulares.

11. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas ensus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.

Para mayor informacion o coordinacion favoir comun icarse a traves de las siguientes cuentas de correo::
comunicacion@conaie.org / comunicacionconfeniae@gmail.com / maria@amazonfrontlines.org / jose@landislife.org

Suscriben:

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador – CONFENIAE
Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador – FNAE
Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE
Nacionalidad Siekopai de Ecuador – NASEPAI
Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza CONCONAWEP
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por:
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”
Comision Ecumenica de Derechos Humanos – CEDHU
Idea Dignidad
Fundacion Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH
Amazon Frontlines
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador. – OMASNE
Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas -REDCONE
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Land is Life
Amazon Watch

27 de marzo 2020. Quito, Ecuador – Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribieron una Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas.

Hasta la fecha, el país ha registrado 1.595 casos y 36 fallecidos. Se han confirmado varios casos en ciudades fronterizas en la Amazonia. Ecuador es actualmente la segunda nación más afectada en América Latina, precedida por Brasil.

En el documento adjunto, encontraran un detalle de los hechos que causan nuestra preocupación y una serie de medidas que deberán ser analizadas en implementadas de manera emergente por parte del los entes gubernamentales competentes a efectos de garantizar nuestra integridad y pervivencia.

ACCIÓN URGENTE

Ecuador, 26 de marzo de 2020

Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador

Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestion de Riesgos

Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador

Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos

Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, laConfederaciónde Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de lascomunidades campesinas.

a) Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al igual que comunidades rurales, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente al azote de la pandemia debido a la persistencia de condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a los bienes y servicios de la sociedad, así como por las condiciones de relativo aislamiento geográficode sus territorios -sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.

b) En particular, la situación de salud de varios Pueblos Indígenas y comunidades rurales ya es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles, a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud. En el actual contexto, la gravedad se exacerba por laausencia de medidas decontención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades, que consideren la movilidad entre y hacia los territorios; la ausencia de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, en idiomas propios y por canales eficientes a los que pueda acceder la población geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica.

c) Recordamos que mientras miles de personas tienen la posibilidad, de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19, también en la región Sierra, indígenas y campesinxs que dependen del trabajo diario, se ven obligados a salir y arriesgar sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad, en auge inclusive cientos de indígenas y campesinxs se han quedado varados en la ciudad sin alternativas de trabajo.

d) Esos criterios de vulnerabilidad resultan mucho más sensibles entre las poblaciones indígenas de reciente contacto y aquellas que permanecen en aislamiento voluntario en la amazonía ecuatoriana, debido a la condición inmunológica que suponen ambas situaciones; al tener menor diversidad genética son más susceptibles a cualquier enfermedad. Existen registros históricos de la especial vulnerabilidad de las poblaciones indígenas frente a las epidemias y esta podría no sería la excepción. Enfrentamos la posibilidad de altas tasas de mortalidad y morbilidad en estas poblaciones e incluso el riesgo de desaparición de los grupos que se mantienen en aislamiento voluntario en caso de que la pandemia alcance sus territorios.

e) Los últimos eventos debidos a la crecida de los ríos de la cuenca del Bobonoza, en las comunidades de la Parroquia Sarayaku, Provincia de Pastaza han desnudado unainsuficiente y poco efectiva cobertura del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y arrojan importantes lecciones sobre la necesidad de optimizar la coordinación entre las autoridades estatales de los diversos niveles y las autoridades de los Cabildos, federaciones y comunidades indígenas a fin de hacer frente a la emergencia optimizando los tiempos de respuesta y articulando iniciativas conjuntas en bien de la población indígena y campesina.

f) Los territorios indígenas, afros y campesinos siguen enfrentando graves amenazas y presiones en sus territorios debido a la persistencia de actividades extractivas “legales” e ilegales (tala de madera, minería ilegal, etc.) sin que se ejecuten garantías estatales para preservar los territorios indígenas, afros y campesinos. Así mismo aquellas actividades extractivas nohan cesado pese a la cuarentena y a la necesidad de observar protocolos de caución y seguridad sanitaria en relación a las poblaciones de estos territorios.

g) Las situaciones descritas en párrafos anteriores también corresponde a otras partes del territorio nacional donde se asientan Pueblos y Nacionalidades, de manera particular llamamos la atención sobre hechos denunciados por el Presidente de la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador -FNAE, quien indica que en la comunidad de Gualpí Bajo,Parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi, hay una niña de 14 años mordida por una serpiente venenosa que desde el pasado 23 de marzo y quien hasta la fecha no ha logrado recibir asistencia médica por no contar con medios de transporte y por el miedo de contagio con COVID-19 debido a la falta suficiente, oportuna y culturalmente adecuada de información y asistencia -algo que aqueja a la nacionalidad Awá hace mucho tiempo.. Esta comunidad queda a 12 horas de camino del primer centro poblado donde existe presencia del MSP.

h) La posible militarización de los territorios en nombre de la estrategia contra la pandemia, asistencia humanitaria o la “protección de los sectores estratégicos” es una seria amenaza adicional a las comunidades que hasta ahora se han podido mantener libres de contagio porque se han aislado voluntariamente. Lo cual en términos epidemiológicos es lo más conveniente, considerando que muchas de estas comunidades indígenas y rurales, por los problemas antes mencionados, tienen altas tasas de desnutrición lo que afecta directamente a su sistema inmune y las hace más vulnerables a diversas enfermedades -incluyendo este virus.

i) Aún nos encontramos a tiempo de contener una expansión vertiginosa de la pandemia dentro de los territorios indígenas y rurales, cuyas consecuencias podrían alcanzar magnitudes catastróficas en términos de pérdidas de vidas humanas y debilitamiento e incluso extinción de culturas milenarias. Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas. Hasta el momento han sido las propias organizaciones indígenas quienes han adoptado medidas preventivas y han exigido apoyo para que se impida la entrada y salida de actores externos a sus territorios.

Por ello, los abajo firmantes exhortamos al Gobierno Nacional a adoptar, con el carácter de urgente, las siguientes medidas sanitarias y de coordinación con los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a fin de evitar una crisis sanitaria de incalculables proporciones en las poblaciones y asentamientos indígenas y campesinos del territorio ecuatoriano, incluidos aquellos pueblos que tienen carácter transfronterizo y sobre los cuales el Gobierno tienen obligaciones contraídas

1. Requerimos que el Gobierno Nacional reconozca de manera pública quelos Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como comunidades rurales del país, son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia -como los adultos mayores y personas con inmunidad deprimida-y, en consulta con los mecanismos de autoridad y representación; tome todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen.

2. La garantía de vida y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario se entienda como un altísimo deber de resultados y no sólo de intenciones: no únicamente deben abstenerse de seguir autorizando actividades que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca. Una de estas medidas debe ser un efectivo cerco sanitario en coordinación con las poblaciones vecinas a sus territorios vecinos.

3. Instamos a las instituciones que están canalizando la ayuda, tanto al COE Nacional y a los COE municipales, se incluya en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino.Personas indígenas y campesinos que viven en las ciudades sin posibilidad de trabajo formal, ni diario, (consecuencia de la pandemia) como por ejemplo a quienes se desempeñan como cargadores, vendedores transeúntes, ya que la crisis los ha dejado en estado de vulnerabilidad. Además de proteger a las y los agricultores indígenas y campesinos que están trabajando para abastecer a las y los ecuatorianos.

4. El COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, de manera INDISPENSABLE, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños.

Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, y las organizaciones y dirigencias Indígenas y campesinas de los niveles nacional, regional y comunitario para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral). La improvisación mata y en los casos de comunidades indígenas, diezma y extermina, como ya nos ha demostrado la historia.

5. Así mismo, urge que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones para quese atienda sus necesidades y se den las facilidades logísticas para que le ayuda que las propias comunidades han gestionado llegue de manera urgente, poniendo interés especial en la situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

6. La garantía de alimentación durante la emergencia ya decretada incluya que se respete y proteja la economía de pervivencia de las comunidades productoras, lo cual no necesariamente requiere la provisión de productos sino la revisión de las medidas de movilidad restringida por la emergencia. Las comunidades deben continuar con la producción de bienes y regresar a sus territorios, en condiciones de seguridad. Así mismo se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.

7. La garantía de salud integral asuma como condiciones previas
a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Abastezca a las unidades de salud, que prestan asistencia a los indígenas y campesinos, con la cantidad necesaria de insumospara protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.
c) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando y hacer sistemas enlos lugares donde aún no existan.
d) Estar preparados para el caso en que sea necesario ofrecer apoyo alimentario en caso de epidemias en comunidades/territorios indígenas y campesinxs.

8. El movimiento indígena, como cooperación ante la emergencia sanitaria,ha generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades, por tanto es obligación del estado la difusión de los contenidos interculturales generados, más aún si se habla de un estado Plurinacional; el Gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.

9. El gobierno intensifique las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de lascomunidades.

Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos.

10. Que se tenga particular atención a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la frontera norte, zona históricamente desatendida y con afectaciones exacerbadas por la persistencia de conflicto y la presion que ejercen sobre las comunidades actores armados regulares e irregulares.

11. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas ensus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.

Para mayor informacion o coordinacion favoir comun icarse a traves de las siguientes cuentas de correo::
comunicacion@conaie.org / comunicacionconfeniae@gmail.com / maria@amazonfrontlines.org / jose@landislife.org

Suscriben:

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador – CONFENIAE
Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador – FNAE
Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE
Nacionalidad Siekopai de Ecuador – NASEPAI
Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza CONCONAWEP
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por:
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”
Comision Ecumenica de Derechos Humanos – CEDHU
Idea Dignidad
Fundacion Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH
Amazon Frontlines
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador. – OMASNE
Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas -REDCONE
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Land is Life
Amazon Watch

24 de marzo 2020, Quito, Ecuador – Las organizaciones que conformamos esta Alianza manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, especialmente del derecho a la salud, durante la emergencia suscitada por el covid-19. De acuerdo con lo reconocido en el artículo 32 de la Constitución “la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.

La Alianza recuerda al Estado ecuatoriano que el derecho a la salud implica, además del goce y ejercicio de otros derechos, también los siguientes elementos: disponibilidad, accesibilidad (sin discriminación, física, económica, acceso a la información), aceptabilidad y calidad. Para la concreción de estos elementos, se requiere contar con condiciones sanitarias adecuadas: que los sectores más vulnerables y marginados de la población tengan acceso físico a los establecimientos, a los tratamientos, a la información sobre salud; a contar con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario, aprobados y en buen estado, agua limpia potable, entre otros requerimientos mínimos.

El Estado ecuatoriano tiene que cumplir obligaciones básicas con respecto del derecho a la salud. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), son las siguientes: a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; b) asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y que garantice que nadie padezca hambre; c) garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable; d) facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; e) velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; f) adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población (…)

Tanto con relación al derecho a la salud como a los derechos vinculados con éste, el Estado tiene obligaciones de respeto, protección y realización (esto es, de cumplir o facilitar). En circunstancias como las actuales, estas obligaciones suponen también adoptar inmediatamente medidas deliberadas y concretas dirigidas al pleno ejercicio de los derechos.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales, a las organizaciones que conformamos la Alianza nos preocupa profundamente la denuncia reiterada de las y los profesionales de la salud durante los días de emergencia sanitaria sobre la falta de implementos de seguridad en los hospitales necesarios, para cumplir con su trabajo sin riesgo de contagio. Este hecho ha sido reconocido por el propio Vicepresidente de la República al disponer, recién el 20 de marzo, que las autoridades cumplan con esta obligación básica, indispensable para garantizar los derechos humanos de los profesionales de la salud, de sus familias y de toda la población. Demandamos, en este sentido, al Estado ecuatoriano cumplir con sus obligaciones y facilitar todos los insumos para precautelar la salud y, por consiguiente, garantizar los derechos de las y los trabajadores de la salud como los de toda la población. Las organizaciones que conformamos la Alianza estaremos vigilantes de su concreción.

Asimismo, demandamos al Estado ecuatoriano cumplir con sus obligaciones básicas con relación al acceso a alimentos de los sectores más vulnerables de la población, considerando las últimas cifras oficiales y públicas de desempleo, subempleo, pobreza, pobreza extrema y de feminización de la pobreza. En tal sentido, exhortamos a las autoridades centrales y seccionales a proporcionar líneas de información que efectivamente permitan, a quienes lo requieran, acceder de manera segura a alimentación suficiente. Hecho que debe estar encaminado también a disminuir un estado de angustia que supondría el aislamiento, pero, principalmente, la falta de acceso a una actividad laboral diaria de la que dependen varias familias.

Hacemos esta alerta, pues, pese a los anuncios de entrega de alimentos, hasta la fecha, ha sido imposible acceder a canales oficiales de información adecuados, que permitan a todas personas en situación de vulnerabilidad tener garantizado su derecho a contar con alimentos en esta emergencia; esto, tomando en consideración que el decreto de estado de excepción por calamidad pública tiene fecha de 16 de marzo. Recordamos al Estado y a sus autoridades que todas las personas tienen derecho a ser protegidas contra el hambre; y que el derecho a la alimentación adecuada, de acuerdo con el Comité DESC, implica que “(…) cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole”.

Asimismo, alertamos al Estado ecuatoriano sobre la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades indígenas y campesinas, especialmente, aquellas que se encuentran más distantes en la geografía; así como, aisladas del sistema nacional de salud y de información actualizada sobre lo que está ocurriendo en el país, los síntomas de la infección viral covid-19 y los protocolos a seguir. Es en estos lugares donde no existen procesos claros sobre ingreso y salida de personas. De igual forma, alertamos del riesgo que corren estas poblaciones, especialmente las indígenas, cuya situación de salud por enfermedades infecto-contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y al deficiente servicio de salud.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, más del 50 % de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas —como el paludismo y la tuberculosis.

La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos le reiterera al Estado ecuatoriano la preocupación, que ya fue señalada por el Relator Especial de la Onu al final de su visita al Ecuador en septiembre de 2019, sobre los recursos destinados a hacer efectivo el derecho a la salud: “He sido informado sobre las medidas de austeridad anunciadas a principios de este año. Dichas restricciones financieras pueden ser perjudiciales para la efectividad y sostenibilidad del sistema de atención médica y pueden agregar una tensión adicional a un sistema que ya está sobrecargado con recursos humanos y financieros limitados. Aunque todavía no está claro cómo se aplicarán los recortes presupuestarios, parece que la muy necesaria experticia médica y técnica en el sistema de salud corre el riesgo de ser suprimida. Recomiendo firmemente aumentar las inversiones en el sistema de salud y alcanzar el 4% del PIB tal como se establece en la Constitución”.

De esta manera, y ante la emergencia, demandamos al Estado articular los medios necesarios y constitucionales, a fin de garantizar el derecho a la salud de la población, por ejemplo, posponiendo el pago de la deuda externa, ordenando las requisiciones pertinentes o la recaudación anticipada de tributos especialmente a los grandes grupos empresariales y, sobre todo, disponiendo el cobro de deudas firmes a dichas empresas, deudas firmes que, de acuerdo con el SRI, significarían más de 1400 millones de dólares en relación con 500 deudores. Ya el Comité DESC, en su último informe al país, instó al Estado “a garantizar los recursos financieros y humanos necesarios para mantener los niveles de acceso a servicios de salud y remediar los desequilibrios que afectan a los grupos más desfavorecidos”.

Es indispensable que se realicen campañas de información y difusión, con enfoques diferenciados y culturalmente pertinentes; así como, establecer protocolos claros de atención en favor de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que resulten mas vulnerables por su ubicación geográfica o sus condiciones de acceso a servicios de salud. El COE deberá, además de recibir asesoría de profesionales especializados en salud y seguridad, buscar asesoría de personas y organizaciones con experticia en trabajo con Pueblos Indígenas, Campesinos y Afrodescendientes a efectos de garantizar la pertinencia de su intervencion y minimizar de potenciales daños.

También le recordamos al Estado ecuatoriano que, de acuerdo con dicho Comité, “Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas (…) Cabe señalar sin embargo que un Estado Parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas (…) que son inderogables”.

Finalmente, hacemos hincapié en que el Estado ecuatoriano es el responsable de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular, la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

1. Observación general 12 : El derecho a una alimentación adecuada. Naciones Unidas.Consejo económico y social. Comité de derechos económicos, sociales y culturales (1999).

2. Observación general 14: El derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud. Naciones Unidas.Consejo económico y social. Comité de derechos económicos, sociales y culturales (2000).

3. Ranking de deudas a 23 de marzo de 2020. Recuperado de: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriPagosWeb/ConsultaRankingDeudas/Consultas/mostrarRankingDeudas

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