Lasso, sus planes extractivistas y la vulneración de derechos individuales, colectivos y de la naturaleza

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME REALIZADO POR EL EQUIPO LEGAL DE AMAZON FRONTLINES

INTRODUCCIÓN

Este es un resumen del análisis jurídico y de derechos humanos que recoge los principales puntos que demuestran cómo la política pública extractivista impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso, a partir de la expedición del Decreto 95 sobre política petrolera del 07 de julio  y el Decreto 151 sobre política minera del 05 de agosto de 2021, constituyen una grave amenaza para los derechos constitucionales, derechos humanos y colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y de la naturaleza, así como el incumplimiento de compromisos internacionales  vinculados al cambio climático, entre ellos, la firma del Acuerdo de París, y las recomendaciones emitidas en 2019 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

El pretendido objetivo de estos decretos es incrementar los ingresos del Estado mediante un muy agresivo incremento de la extracción de recursos petroleros, con el incremento de la producción petrolera de 500 mil a un millón de barriles diarios; y mineros, con proyección de intervención de 72% del territorio nacional en busca de estos recursos minerales. Sin embargo, las consecuencias reales de estas normas son:  a) asegurar e incrementar la tasa de ganancia del capital privado, nacional y extranjero, dedicado a la búsqueda de lucro propio mediante las actividades extractivas; b)  convertir a las instituciones estatales en “meros tramitadores legales” para legalizar el despojo territorial y sometimiento de las poblaciones vulnerables, históricamente afectadas por las empresas extractivas; c) graves impactos y violaciones a  derechos humanos y colectivos, de pueblos indígenas y de la naturaleza, abandonando la obligación estatal de promoción, protección y respeto de los más débiles, y desmantelando el Estado garante de esos derechos.

PRINCIPALES HALLAZGOS

A) Incrementar ganancia del capital privado, nacional y extranjero

El incremento de la extracción petrolera y minera planteado por los decretos 95 y 151, implica una fuerte inversión que pretende obtenerse de capitales privados.  Para ello, los Ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y otras entidades públicas, se encuentran generando un entorno favorable y atractivo para la inversión privada.

De acuerdo al informativo “Decreto 95 ¡A tiempo!”, se requiere una inversión de 10.000 millones de dólares para conseguir que se duplique la producción de crudo de 500 mil a un millón de barriles diarios, tal como lo propone el Decreto 95 – política petrolera -. El plan para conseguir esta meta incluye:

  • Reformas a la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento (En ejecución)
  • Revisión prioritaria de procesos de permisos y licencias ambientales pendientes para que se resuelvan en un plazo máximo de 90 días,
  • Celebración de contratos de participación con cláusulas de estabilidad económica que trasladan al Estado el costo de los riesgos, incluso de factores exógenos.

Estas acciones desconocen la Constitución del Ecuador, que en su Art. 316 ordena que “el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”. El cambio de normativa propone que la cesión a la iniciativa privada deje de ser excepcional. El decreto 95 también se va en contra del artículo 408 de la Constitución que garantiza la participación del Estado en los beneficios y aprovechamiento de los recursos de forma equitativa, porque en este caso, el Estado asumirá los riesgos de la inversión, otorgando de esta manera, mayores beneficios al inversor.

Similar situación ocurre con el Decreto 151 – política minera que viabiliza el Plan Nacional de Desarrollo Minero – busca posicionar una concepción sesgada de seguridad jurídica para proteger los “derechos preexistentes como son los contratos”. El Art 4 del Decreto encarga a la Empresa Nacional Minera, ENAMI, hacer que el capital privado participe en 17 proyectos a su cargo, que representan más de 97 mil hectáreas en concesiones.

B) Instituciones estatales convertidas en “meros tramitadores legales”

En el punto anterior quedó evidenciado cómo el Decreto 95 convierte al MAATE en agilizador de procesos ambientales en materia petrolera. Sin embargo, este argumento cobra mayor fuerza en el Decreto 151, que dispone que esta cartera de Estado agilice los permisos de agua y que se elabore un acuerdo ministerial que priorice los permisos de agua para minería, demostrando una clara intención de extender las actividades mineras incluso en cuencas de agua y fuentes de recursos hídricos, desconociendo la prohibición Constitucional y atentando contra el derecho al acceso al agua y todos los derechos conexos e interrelacionados.

El decreto minero, en su Art. 4 también ordena al MERNNR, “difundir las condiciones en las que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país”, entre otras cosas, sobre los aparentes beneficios a las comunidades y los tributos que provienen de la minería. Así, la cartera de Estado se convierte en una entidad de promoción de la minería tanto a nivel internacional para obtener inversiones del capital privado, como a nivel interno para promover la minería.

A nivel interno, estos actos de publicidad de las actividades mineras pasan por encima de los procesos organizativos de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia, generando conflictos y divisiones entre comunidades, orientadas a lograr la aceptación de las actividades mineras en los territorios, promoviendo enfrentamientos e incremento de la violencia.

También se determinan sanciones para aquellos que atenten contra los contenidos de los contratos de concesión minera y contra aquellos que no agilicen los procesos de concesión, queda evidenciado que para el gobierno nacional, el rol del funcionario público es viabilizar la minería a como dé lugar y no la garantía de los derechos ciudadanos.

El decreto propone además, la creación de un “Consejo Consultivo Minero Público-Privado” que desnaturaliza la función pública. Ellos serán los encargados de elaborar la política pública y de asesorar, pero no serán personas que se sometan a la vigilancia y contraloría pública.

C) Afectación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Las metas propuestas por los decretos 95 y 151 implican no solo aumentar las actividades de perforación y optimización de los bloques petrolero, y la extracción de minerales en las concesiones existentes que ya están ubicados sobre territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, sino que además, esta actividades eventualmente se extenderán a otros territorios, como se evidencia en el siguiente mapa:

En el ámbito petrolero, estas son solo dos de una serie de acciones que ya se han planificado y anunciado: aumento de presión para perforar los pozos Moretecocha, Jimpikit y Oglán en el Bloque 10, a cargo de Pluspetrol, en el Parque Nacional Yasuní, que es territorio Waorani, y de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La segunda es que se insistirá en la licitación de los bloques de la Ronda Sur Oriente (RSO) a pesar de que no existen reservas rentables y a la resistencia de los pueblos. El 93% del territorio ocupado por los campos son indígenas, las nacionalidades Achuar, Anda, Sapara y Shiwiar tienen el 100% de su territorio amenazado.

En el ámbito minero, el Plan de Desarrollo Minero prevé una afectación para 2030 del 72% del territorio nacional que será intervenido como parte de la búsqueda de recursos minerales. De acuerdo al estudio realizado por Paola Maldonado, Jaime Robles, Verónica Potes, se establece que luego de 15 años de consolidación del modelo extractivista, “aproximadamente el 37,5 % del territorio nacional continental y más del 60 % de los territorios de pueblos y nacionalidades están concesionados a actividades de minería y petróleo”.

Ninguno de los dos decretos cumplieron con el mandato constitucional contenido en el artículo 57 numerales 7 y 17, que ordenan la realización de una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas cuyos territorios y/o derechos pudieran verse afectados, antes de tomar cualquier medida administrativa que les pueda afectar. A pesar de que el Estado ecuatoriano ha sido declarado en varias ocasiones responsable en cortes nacionales y a nivel internacional por vulneración del derecho a la consulta previa, piedra angular para la garantía de los derechos colectivos. Tampoco contemplan la garantía de los derechos de la Naturaleza.

La demagogia de la política petrolera

Además del riesgo de vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, las faltas a la Constitución y tratados y convenios internacionales, es necesario señalar la propuesta demagógica del Decreto 95, de crear el “fondo de sostenibilidad petrolera” para programas de desnutrición infantil, en particular de las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera.

En casi 50 años de explotación petrolera en la Amazonía, no han mejorado las condiciones de vida de los pobladores de esta zona del país, por el contrario, es la región con los porcentajes más altos de pobreza, pobreza extrema, desigualdad y también de desnutrición infantil como consecuencia de la contaminación, según la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU 2018.

Adicionalmente, el fondo que se pretende crear será administrado por un Comité Técnico entre los que se incluyen “tres independientes” que no serán funcionarios o servidores públicos susceptibles de ser responsabilizados por el mal uso de fondos públicos. Se vuelve a desnaturalizar la administración pública y se excluye a los administradores de ese fondo de las obligaciones que les corresponde cumplir como funcionarios públicos.

CONCLUSIÓN

La política extractivista de Guillermo Lasso pone a los intereses del capital privado por encima de los derechos de las personas, colectividades y de la naturaleza, desconoce sus obligaciones estatales de garante de derechos. Esta política representa una seria amenaza a los territorios Amazónicos y a quienes los habitan, zonas de donde se ha extraído petróleo hace más de medio siglo dejando contaminación, destrucción y violaciones de derechos humanos y colectivos. Ahora se pretende duplicarlo, lo que implica profundizar los daños y extenderse sobre otros territorios de otros pueblos y nacionalidades indígenas, e ir en contra de toda iniciativa de lucha contra el cambio climático, que depende en gran medida de la protección de la Amazonía.

Las obligaciones contenidas en los decretos 95 y 151 son abiertamente inconstitucionales porque desmantelan el Estado Constitucional de Derechos, por ello deberían suspenderse y expulsarse del ordenamiento jurídico para evitar y prevenir que se vulneren derechos como la consulta y consentimiento previo, libre e informado, las garantías territoriales que tienen los pueblos indígenas, el derecho al agua y a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el 18 de octubre de 2021, la Organización Indígena Nacional de Ecuador – CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Federación Indígena Amazónica – CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la Organización política Waorani de Pastaza – CONCONAWEP (Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza), Amazon Frontlines y la Alianza de Organización es de DDHH entregaron una demanda contra el Decreto Ejecutivo 95. La demanda contra el decreto ejecutivo 151 será presentada en las próximas semanas por la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA).


From the Heart of the Amazon: A Supreme Court Battle Over Who Decides the Future of the Rivers and Forests

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Indigenous Kofan Community Battles for Title to Ancestral Lands Currently Blocked By Colonial & Inept Ecuadorian National Park System

After Historic 2018 Victory in Court Against Gold-Mining, A’i Kofán of Sinangoe Demand Ministry of Environment Grant Title to Ancestral Lands

Contact: Sophie Pinchetti, sophie@amazonfrontlines.org, Whatsapp: +593 98 148 4873
Photos and spokespeople available upon request.

Quito, Ecuador, 19 October 2021. — Over one hundred A’i Kofán traveled to Ecuador’s capital today to demand a meeting with the Minister of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE) and personally deliver their land claim for 63,775 hectares of ancestral territory.

The A’i Kofán have lived on and protected these lands continually for hundreds of years, yet after the government unilaterally declared Sinangoe’s ancestral homelands part of the Cayambe-Coca National Park in 1970 the law prohibited them from holding land-title. For decades, the A’i Kofán have been forced to renew five-ten year temporary land-use agreements at the government’s discretion. Recent legal reforms in Ecuador now allow Indigenous Peoples to obtain land-titles within national parks, but the MAATE has failed to act on the new laws.

For the past four years, the A’i Kofán community of Sinangoe has undertaken an extensive community mapping initiative of their land’s history, also demonstrating how A’i Kofán stewardship is necessary not only for the protection of this key biodiversity hotspot but also for the very survival of the A’i Kofán of Sinangoe as a people. Sinangoe’s Guardia Indigena, with support from the organizations Ceibo Alliance, Amazon Frontlines and Digital Democracy, collected over 5,000 GPS points of historical, spiritual, ecological or dietary importance. This evidence was presented to MAATE and is available online at Sinangoe’s new digital platform. 

The A’i Kofán argue that not only is it their constitutional and international right to hold formal title over their lands, but that time and again they have proven to be the land’s best defenders and stewards. Despite the declaration of the Cayambe-Coca National Park as a protected-area, the government has shown little ability or interest in actually protecting it. Satellite imagery shows over 1,800 hectares deforested within the Park over the last twenty years, while Sinangoe’s land remains free of deforestation (images available upon request). The historic absence of budget-allocation, State-park-guard effectiveness or even minimal coordination with the A’i Kofán by MAATE was exacerbated in 2018 when the Sinangoe Guardia Indigena found heavy gold-mining machinery along the Aguarico river in their lands.

After discovering that the government had actually granted 20 mining concessions along the river without their knowledge or consent, and were about to grant another 32 concessions the same year, the A’i Kofán of Sinangoe sued and won a historic legal victory annulling the concessions. The Constitutional Court of Ecuador selected the case for review and has indicated it will hold its first-ever hearing in Indigenous territory in November of 2021 to set national precedent on Indigenous Peoples’ right to free, prior and informed consent. With President Guillermo Lasso promising to double oil production and rapidly expand mining in the Amazon, the Sinangoe case provides a historic opportunity to recognize Indigenous Peoples’ right to make the final decision on any extractive project that affects their territories.

For now though, Sinangoe is focused on permanent land-title and hopes to pave the way for other Indigenous nations in Ecuador trapped within the same colonial legal frameworks and lack of political will by MAATE, currently impacting at least 1.5 million hectares of Indigenous homelands within unilaterally declared protected-areas nationwide.

Discover Sinangoe’s territory through this interactive map: https://bit.ly/SinangoeEcuador 

 

Declarations: 

Viktor Quenama, President of the A’i Kofan community of Sinangoe:

“We are the owners of our ancestral territory and we need the Ecuadorian government to title our territory immediately. Even though our territory is in a protected area, the government does not help to protect it. We have cared for our territory for thousands of years. We protect our rivers, our forests, our animals, and our plant medicine. We have also organized our own community guardia to defend our territory from invasions. Once we have a land title, we will be able to protect our territory more effectively. It is time for the Ecuadorian government to respect our rights to our territory, because our territory belongs to us and our future generations.”

Jorge Acero, Lawyer from Amazon Frontlines: 

“Today the Indigenous A’i Kofan community of Sinangoe is demanding respect for their right to a land title. This is particularly significant because the territory of Sinangoe is located within a protected area. The Ecuadorian government imposed protected areas over the ancestral territories of many Indigenous communities, without any consultation whatsoever. The Minister of the Environment has not given land titles to Indigenous communities, and this violates national and international law. It also suggests that the Ecuadorian government holds ownership over these biodiverse areas that Indigenous peoples have protected and stewarded for thousands of years. This is a deeply colonialist and centralist view. Indigenous peoples are the ancestral owners of their territories, and they have the right to their land title. The Ecuadorian government must respect their property and their own practices of land management.”

Tuntiak Khan, Vice Coordinator of COICA:  

“The A’i Kofan people of Sinangoe have lived for millennia in their ancestral territory, and today, they are fighting to set an invaluable legal precedent. The Ecuadorian government must legally recognize their ancestral territory by giving them a land title – to not do so is a grave violation of Indigenous people’s collective rights and national and international treaties. Indigenous territories are of vital importance to Indigenous people’s way of life, spirituality, culture, and worldview. We at COICA urge the Ecuadorian government to respect Indigenous peoples’ right to territory and to title the land of the A’i Kofan of Sinangoe immediately.”


La Comunidad A’i Cofán de Sinangoe lucha por el título de su territorio ancestral en la Amazonía ecuatoriana actualmente bloqueado por el sistema colonial de Parques nacionales ecuatorianos

Después de la histórica victoria de 2018 en un tribunal contra la minería de oro, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe exige al gobierno ecuatoriano que otorgue el título de propiedad de tierras ancestrales

Quito, Ecuador, 19 de octubre de 2021. – Más de cien miembros de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe viajaron hoy a la capital de Ecuador para mantener una reunión con el Ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y entregar personalmente su solicitud de adjudicación de 63.775 hectáreas de su territorio ancestral, además de explicar su historia milenaria en el territorio en el que ha vivido sus antepasados.

Los A’i Cofán han vivido y protegido este territorio continuamente durante cientos de años, sin embargo, después de que el gobierno declarara unilateralmente el territorio ancestral de Sinangoe como parte del Parque Nacional Cayambe-Coca en 1970, la ley les prohibió poseer título de propiedad. Durante décadas, los A’i Cofán se han visto obligados a renovar acuerdos temporales de uso y manejo de la tierra de cinco a diez años a discreción del gobierno sobre una pequeña parte de su territorio ancestral. Las recientes reformas legales en Ecuador ahora permiten a los pueblos indígenas obtener títulos de propiedad dentro de los parques nacionales y áreas protegidas, pese a que la Constitución ya establecia este derecho desde hace años. Y a pesar de ello el Ministerio de Ambiente no ha cumplido sus obligaciones en este sentido.

Durante los últimos cuatro años, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe ha llevado a cabo una extensa iniciativa de mapeo comunitario para plasmar en mapas la historia, la espiritualidad y los usos históricos y actuales de su territorio, demostrando su propiedad y facilitando la comprensión de la misma a las autoridades estatales, que deben entregar el título de propiedad, para garantizar, además de cumplir su obligación, la supervivencia física y cultural y la seguridad  jurídica a Sinangoe y proteger, igualmente. En esta labor la guardia indigena de Sinangoe, con el apoyo de las organizaciones Alianza Ceibo, Amazon Frontlines y Digital Democracy, recopiló más de 5,000 puntos GPS de importancia histórica, espiritual, ecológica o alimenticia. Esta evidencia se presentó al MAATE y está disponible en línea en la nueva plataforma digital de Sinangoe.

Los A’i Cofán argumentan que no solo es su derecho constitucional e internacional tener título formal sobre su territorio, sino que una y otra vez han demostrado ser los mejores defensores y cuidadores de su territorio. A pesar de la declaración del Parque Nacional Cayambe-Coca como área protegida, el gobierno ha mostrado poca capacidad o interés en protegerlo. Las imágenes satelitales muestran más de 1.800 hectáreas deforestadas dentro del Parque durante los últimos veinte años, mientras que el territorio de Sinangoe permanece libre de deforestación (imágenes disponibles a pedido). La ausencia histórica de asignación presupuestaria, efectividad de los guardaparques estatales o incluso una mínima coordinación con los A’i Cofán por parte del MAATE se exacerbó en 2018 cuando la Guardia Indigena de Sinangoe encontró maquinaria pesada para la extracción de oro a lo largo del río Aguarico, esencial para la vida de Sinangoe..

Después de descubrir que el gobierno había otorgado 20 concesiones mineras a lo largo del río sin su conocimiento ni consentimiento, y estaba a punto de otorgar otras 32 concesiones el mismo año, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe demandó al Estado y obtuvo una histórica victoria legal anulando las concesiones. La Corte Constitucional de Ecuador seleccionó el caso para su revisión y ha indicado que en noviembre de 2021 celebrará la primera audiencia en territorio indígena en la historia de la Corte, siendo el objetivo de Sinangoe y los pueblos y nacionalidades que se desarrolle criterio constitucional sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Con el presidente Guillermo Lasso prometiendo duplicar la producción de petróleo y expandir rápidamente la minería en la Amazonía, el caso Sinangoe brinda una oportunidad histórica para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tomar la decisión final sobre cualquier proyecto extractivo que afecte sus territorios y su forma de vida, respetando su autodeterminación.

Hoy Sinangoe ha exigido la garantía de su derecho a obtener un título de propiedad sobre sus tierras ancestrales, buscando también que este sea un paso importante para otras muchas comunidades amazónicas que se encuentran en su misma situación, atrapadas dentro de marcos legales coloniales y que actualmente impactan en al menos 1.5 millones de hectáreas de tierras indígenas dentro de áreas protegidas declaradas unilateralmente a nivel nacional. Esperamos que el MAATE cumpla su compromiso y cumpla de forma urgente sus obligaciones, y ello con la participación activa de la comunidad.

Declaraciones:

Viktor Quenama, Presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe:

“Nosotros somos los dueños de nuestro territorio ancestral y necesitamos que el gobierno ecuatoriano adjudique ya nuestro territorio. A pesar de que nuestro territorio está en un área protegida, el gobierno no nos está ayudando a proteger nuestro territorio. Nosotros cuidamos nuestro territorio desde hace miles de años. Hemos organizado nuestra guardia comunitaria y hacemos recorridos para defender nuestro territorio de invasores. Con un título de propiedad, vamos a poder proteger nuestro territorio más eficazmente. Cuidamos nuestros ríos, nuestros bosques primarios, los animales, y nuestra medicina natural. Es hora que el gobierno respeta a nuestros derechos sobre nuestro territorio, por que es de nosotros y de nuestras futuras generaciones.”

Jorge Acero, Abogado de Amazon Frontlines: 

“Hoy la comunidad de A’i Cofán de Sinangoe está exigiendo que se respete su derecho a tener un título de propiedad sobre un territorio ancestral. Es significativo y aún más porque el territorio ancestral de Sinangoe se encuentra en un área protegida y hasta hoy no se ha titulado. En Ecuador, las áreas protegidas fueron inconsultamente impuestas dejando dentro de la extensión del área a muchos territorios ancestrales de comunidades indígenas. El Ministro del Ambiente no ha dado el título a ninguna comunidad indígena o pueblo sobre su territorio ancestral, lo cual significa que el MAATE está violando el derecho y además, estaría planteando a estas zonas biodiversas como propiedad del Estado, que son biodiversas precisamente porque hay comunidades indígenas quienes las han cuidado. Eso es una visión colonialista y centralista totalmente de parte del Estado. Los pueblos indígenas son los dueños ancestrales de sus territorios y tienen el derecho al título y tienen el derecho a que efectivamente el Estado respete la propiedad ancestral y sus prácticas propias de manejo del territorio.”

Tuntiak Khan, Vice Coordinador de COICA:  

El pueblo A’i Cofán, específicamente la comunidad Sinangoe, han vivido milenariamente en ese sector, donde han desarrollado su estilo de vida, espiritualidad, cultura y cosmovisión. Que el Estado entregue el reconocimiento legal y título que, de manera justa, el pueblo A’i Cofán de la Sinangoe está proponiendo, sería un hecho inédito y sin precedente a nivel nacional e internacional. Por el contrario, no entregar la propiedad territorial, sería atentar contra la pervivencia del pueblo A’i Cofán, ir en contra de sus derechos y sus demandas naturales basados en los tratados de Derecho nacional e internacional. Desde COICA, exhortamos que de manera inmediata y oportuna se entregue el derecho de propiedad territorial de manera colectiva, para el pueblo A’i Cofán de Sinangoe.”

 

Para más información, póngase en contacto con:
Nixon Andy – Comunidad Sinangoe – +593 98 152 4084
Luisana Aguilar – Amazon Frontlines – +593 99 9240 129
Sophie Pinchetti – Amazon Frontlines – +593 93 991 8899


Pueblos indígenas presentan ante la Corte Constitucional una demanda en contra del presidente de Ecuador por la emisión de los decretos que pretenden expandir la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana

Para más información, póngase en contacto con:

Sophie Pinchetti +593 93 991 8899 sophie@amazonfrontlines.org

Luisana Aguilar +593 99 924029 luisana@amazonfrontlines.org

Alejandra Yépez Jácome +593 99 271 3867 ayepez@amazonwatch.org

Quito, Ecuador – El 18 de octubre de 2021, cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a Quito después de haber viajado desde sus comunidades en lo profundo de la selva amazónica, para presentar la primera de una serie de demandas contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de derecha. Las acciones presentadas ante la Corte Constitucional, la instancia judicial más alta del país, pretenden desbaratar sus planes de ampliación de las extracciones petrolíferas y mineras. Estas amenazan millones de hectáreas de selva tropical prístina y de supervivencia física y cultural indígena.

La primera demanda, presentada hoy por organizaciones indígenas, alega que el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados fue violado por el Decreto Ejecutivo 95. Este documento pretende duplicar la producción de petróleo del país hasta un millón de barriles diarios mediante la desregulación de los procesos operativos de la industria del petróleo y el gas.

En las siguientes semanas, las organizaciones y comunidades indígenas también presentarán una segunda demanda contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los

controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía. Ello, pese a la firme decisión de los pueblos indígenas de mantener sus territorios libres de minería. Los pueblos indígenas potencialmente afectados reconocen no haber sido consultados ni tampoco haber dado su consentimiento a ninguno de los dos decretos, tal y como exige la legislación nacional e internacional; por tanto, exigen a la Corte Constitucional que los declare inconstitucionales y nulos.

LosDecretosEjecutivos95y151formanpartedelaestrategiadepolíticapúblicadelanuevaadministraciónpresidencialparahacerfrentealaparalizadaeconomíadelanaciónsudamericana y a su colosal deuda externa, redoblando el extractivismo y la explotación delanaturaleza. Sinembargo, estos documentos firmados enlos primeros ciendías delgobierno de Lasso, el 7 de julio y el 5 de agosto, respectivamente, pretenden transformarradicalmente las políticas gubernamentales sobre petróleo y minería, favoreciendo a laindustria yatrayendola inversiónextranjera.

Ambos decretos formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras. Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas.

Los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos denuncian que la decisión del Presidente demuestra un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y colectivos y de los derechos de la naturaleza. Así, refuerza una larga historia de abusos de los derechos humanos y conflictos socioambientales en la Amazonía, vinculados a los sectores del petróleo, el gas y la minería.

En este sentido, la propuesta de expansión de la frontera extractiva tiene como objetivo nuevas franjas remotas de la selva tropical, que alberga algunos de los niveles más altos de biodiversidad del planeta y los territorios de las naciones Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoa, Sápara y A’i Cofan, que han montado una feroz resistencia contra los intereses petroleros y mineros en los últimos años.

En medio de la crisis climática mundial, las demandas de los pueblos indígenas y las estrategias de organización sobre el terreno tienen como objetivo proteger los últimos bastiones de la selva, fundamentales para la estabilidad climática. La decisión de Lasso de favorecer los intereses de la industria por encima de la protección de la selva amazónica amenaza los compromisos adquiridos por el gobierno ecuatoriano en el Acuerdo de París. Además, es incompatible con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de poner fin a toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles, y de disminuir los motores de la deforestación y las fuentes de contaminación, como la minería.

En tanto, la industria financiera se enfrenta a las amenazas a los derechos humanos, la biodiversidad y el clima que suponen las nuevas extracciones de petróleo en el Amazonas, así como a los riesgos para su reputación. Algunos de los principales bancos europeos, como BNP Paribas Group, Credit Suisse e ING -responsables en conjunto de más del 50% de la financiación proporcionada en la última década- se han comprometido a excluir inmediatamente de sus actividades comerciales el nuevo petróleo de la Amazonía ecuatoriana. Este hecho ocurre debido al deficiente historial medioambiental y de derechos de los indígenas del país, así como al doble rasero que supone promover los compromisos

de sostenibilidad de las empresas mientras se comercializa un petróleo amazónico que contribuye al cambio climático.

Lospueblosindígenasesperanqueestasdemandasreafirmenyamplíenun precedente legal pionero establecido en julio de 2020, el cual reconoce el derecho colectivo a la consulta y consentimiento prelegislativo – previo a la promulgación de leyes o reglamentos por parte del poder legislativo o ejecutivo. El derecho a decidir sobre los proyectos extractivos que afectan a sus territorios se ha convertido en una de las herramientas legales más poderosas de las que disponen hoy los pueblos indígenas para proteger sus territorios y su supervivencia cultural frente a la acelerada explotación de las tierras indígenas y, como consecuencia, el avance de nuestra crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. Los tribunales ecuatorianos han jugado un enorme papel históricamente en la región en torno a este derecho, incluyendo los triunfos legales de los A’i Cofan y Waorani, en 2018 y 2019, respectivamente, que protegieron con éxito miles de hectáreas de selva tropical de los impactos destructivos del petróleo y la minería.

La presentación de las demandas contra los decretos de Lasso se produce a pocas semanas de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente, tal y como revelaron los Papeles de Pandora a principios de este mes. Asimismo, mientras el movimiento indígena se prepara para la primera audiencia de la Corte Constitucional en territorio indígena como parte del caso histórico de los A’i Cofan de Sinangoe sobre el derecho a decidir de los pueblos indígenas.

La demanda contra el Decreto Ejecutivo 95 fue presentada por la Organización Indígena Nacional de Ecuador CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Federación Indígena Amazónica CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la Organización política Waorani de Pastaza CONCONAWEP (Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza). La demanda contra el decreto ejecutivo 151 será presentada a finales de este mes por la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA).

Declaraciones

Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE:

“Los territorios de los pueblos y nacionalidades están en peligro. Estos territorios permiten equilibrar la vida y los ecosistemas. Por ello, por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena, que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada pero de manera vinculante; que exista consentimiento y esto debería ser reconocido por la Corte Constitucional.”

Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE:

“Desde la organización indígena de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE) rechazamos los decretos que promueven ampliar la frontera extractiva petrolera y minera. A través de ellos, el gobierno de Guillermo Lasso busca violar todos los derechos colectivos dentro de los territorios indígenas, derechos que son reconocidos no solo por la Constitución ecuatoriana, sino por los tratados internacionales. Por ello, alertamos a todas las nacionalidades. Defenderemos nuestros derechos y nuestros territorios, porque son nuestros espacios de vida”.

Nemonte Nenquimo, Lideresa Waorani & Presidenta de la CONCONAWEP:

“Nosotros, pueblos indígenas, hemos defendido nuestros territorios y la naturaleza durante miles de años. Protegemos nuestra Madre Tierra porque da vida a nuestro planeta y nuestro

clima. El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano de respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura ”.

Viktor Quenama, Presidente de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe:

“Nosotros defendemos nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros animales. Sin bosque, sin agua, no podemos vivir. No queremos minería en nuestro

territorio y no queremos que se explote, que se dañe o que se contamine el Río Aguarico o esteros. Toda la comunidad, mayores, mujeres, jóvenes, tenemos un solo pensamiento y queremos cuidar nuestro territorio para que las futuras generaciones puedan seguir viviendo bien. El gobierno tiene que respetar nuestros derechos y dejarnos vivir libremente.”

Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA):

“Para nosotros, el decreto 151 significa que nuestros territorios están amenazados por la minería a gran escala. Nos damos cuenta que esto no está bien, ¿a quién le consultó Guillermo Lasso, con quién socializó los impactos positivos y negativos de la minería? Con nadie, porque a nosotros no nos consultaron. Todos en las bases comunitarias deben opinar, pero ni él ni sus asesores ni siquiera conocen nuestras comunidades. Asimismo, todo el Pueblo Shuar Arutam ha sido concesionado sin respetar el derecho que tenemos a decir no a estas actividades. La tierra no tiene un precio, la tierra no necesita inversión, la tierra es eterna si la respetamos. Por eso, estos decretos son una violación terrible a nuestros derechos. ¡Vamos a denunciar cada acción del gobierno que no respete nuestros derechos y nuestros principios de autodeterminación! ¡Somos posesionarios milenarios de estos territorios y la ley, la Constitución y los derechos humanos nos protegen!”.

Maria Espinosa, Abogada de Amazon Frontlines:

“Estamos presentando demandas de acción pública de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 95 y 151 por que consideramos que estos han sido elaborados en clara violación a los derechos de consulta previa y consulta pre-legislativa y favorecen la expansión acelerada de actividades extractivas, petroleras y mineras, que generan gravísimos y en su mayoría irreparables impactos contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas. De manera particular el incremento de actividad hidrocarburífera se proyecta en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente de la Amazonía. Con el pretexto de garantizar recursos para el país, Lasso pretende imponer una agenda extractiva y sacrificar la vida de miles de familias indígenas, valiéndose de procedimientos administrativos inconsultos.”

Carlos Mazabanda, Amazon Watch, Coordinador Ecuador:

“Con la emisión de los Decretos 95 y 151, el actual gobierno quiere dar un impulso sin precedentes al desarrollo de proyectos petroleros y mineros, particularmente en la Amazonía, territorios de 11 nacionalidades indígenas. Esta fórmula de sustentar nuestra economía en la extracción de recursos no renovables, que lleva 50 décadas, no ha traído desarrollo económico ni social al país. ¡Esto es real! Así como el cambio climático está afectando la vida de toda la sociedad. Es urgente cuidar los remanentes de los bosques tropicales, que es donde se pretende desarrollar la industria petrolera y minera. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos, principalmente el consentimiento previo, libre e informado, sistemáticamente violado por el Estado ecuatoriano”.


Indigenous Peoples File Lawsuit Against Ecuador’s President To Halt New Extractive Conquest in the Amazon, Threatening Indigenous Sovereignty & Our Climate

For more information, contact:​

Sophie Pinchetti at +593 98 148 4873 sophie@amazonfrontlines.org

Quito, Ecuador – On October 18th, 2021, hundreds of Indigenous elders, youth, and leaders arrived in the capital city of Quito, having journeyed from their communities deep in the Amazon rainforest, to file the first in a series of lawsuits against Ecuador’s President, Guillermo Lasso, a right-wing former banker. The lawsuits filed at Ecuador’s highest court aim to derail his plans for a major expansion of new oil and mining extraction that threatens millions of acres of pristine rainforest and the physical and cultural survival of Indigenous nations.

The first lawsuit, filed by Indigenous organizations today, alleges that Indigenous peoples’ internationally recognized right to free, prior and informed consultation and consent was violated by Executive Decree 95, which seeks to double the country’s oil production to one million barrels per day by deregulating the operational processes in the oil and gas industry. In the following weeks, Indigenous organizations and communities will also be filing a second lawsuit against Executive Decree 151, which aims to relax environmental controls to fast-track the entrance of foreign mining companies in the Amazon, despite Indigenous peoples’ firm decision to keep their territories mining-free. As the potentially affected Indigenous Peoples were not consulted nor gave their consent to either Decree as required by national and international law, plaintiffs demand the Constitutional Court declare them both unconstitutional and void.

The decrees are part of the new Presidential administration’s public policy strategy to address the South American nation’s crippled economy and its colossal foreign debt by doubling down on extractivism and the exploitation of nature. Executive Decrees 95 and 151, signed in Lasso’s first hundred days in office on July 7th and August 5th respectively, aim to radically transform the government’s policies on oil and mining to favor industry and attract foreign investment. Both decrees formalize the mechanisms for government institutions such as the Ministry of Energy and Non-Renewable Resources and the Ministry of Environment, Water, and Ecological Transition to swiftly grant environmental licenses to oil and mining industries, while evading international laws and obligations, and the country’s constitutional framework that was designed to guarantee rights and sovereignty of Indigenous nations.

Indigenous peoples and human rights organizations denounce that the President’s decision demonstrates grave setbacks in the guarantee of human and collective rights and the rights of nature, and reinforces a long history of human rights abuses and socio-environmental conflicts in the Amazon linked to the oil, gas, and mining sectors. The proposed expansion of the extractive frontier targets new remote swathes of the rainforest, home to some of the highest levels of biodiversity on the planet and the territories of the Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoa, Sápara, and A’i Kofan nations, who have mounted a fierce resistance against oil and mining interests in recent years.

Amid the global climate crisis, Indigenous peoples’ lawsuits and on-the-ground organizing strategies aim to protect the last bastions of standing wild forest that are critical for climate stability. Lasso’s decision to favor industry interests over the protection of the Amazon rainforest threatens the commitments made by the Ecuadorian government in the Paris Agreement and is incompatible with recommendations from the Intergovernmental Panel on Climate Change and the International Energy Agency (IEA) to end all new fossil fuel exploration and production, and decrease deforestation drivers and sources of contamination, such as mining.

Meanwhile, the financial industry is coming to grips with threats to human rights, biodiversity, and the climate posed by new oil extraction in the Amazon, and its reputational risks. Top European banks including BNP Paribas Group, Credit Suisse, and ING–collectively responsible for over 50% of financing provided in the last decade–have committed to the immediate exclusion of new Ecuadorian Amazon oil from their trading activities because of the country’s poor environmental and Indigenous rights record, along with the double standard of promoting corporate sustainability commitments while trading Amazon oil that contributes to climate change.

Indigenous peoples expect these lawsuits to reaffirm and expand on a groundbreaking legal precedent set in July of 2020 that recognizes their collective right to free, prior, and informed consultation and, in some cases consent, before the legislative or executive branch enact new laws or regulations that affect them. The right to decide over extractive projects that affect their territories has become one of the most powerful legal tools available today for Indigenous peoples to protect their rainforest territories and cultural survival in the face of the accelerating exploitation of Indigenous lands and, as a result, the advance of our climate crisis, biodiversity loss, and species extinction. Ecuadorian courts have played a huge role historically in the region around this right, including the A’i Kofan and Waorani’s legal triumphs in 2018 and 2019 respectively, which successfully protected millions of acres of rainforest from the destructive impacts of oil and mining.

The filing of the lawsuits against Lasso’s decrees come just weeks after Ecuador’s parliament approved an investigation into the President’s potential financial crimes, as uncovered by the Pandora Papers earlier this month, and as the Indigenous movement prepares for the first-ever Constitutional Court hearing in Indigenous territory as part of the A’i Kofan of Sinangoe’s historic case around Indigenous Peoples’ right to decide.

The lawsuit against Executive Decree 95 was filed by Ecuador’s national Indigenous organization CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador), the Amazon-wide Indigenous federation CONFENIAE (Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon) and the Waorani political organization of Pastaza CONCONAWEP (Coordinating Council of the Waorani Nationality of Ecuador-Pastaza). The lawsuit against executive decree 151 will be filed later this month by CONAIE, CONFENIAE, the A’i Kofan community of Sinangoe and the Shuar Arutam People (PSHA)

 

Declarations

Leonidas Iza, President of CONAIE:

“The territories of Indigenous peoples and nations are gravely threatened by the entry or expansion of oil and mining activities. Indigenous territories are vital to preserve the balance of life and critical ecosystems. We need our right to prior, free and informed consultation to be guaranteed, but in a binding manner so there is consent, and this must be recognized by the Constitutional Court.”

Marlon Vargas, President of CONFENIAE:

“We reject these decrees because they promote the expansion of the oil and mining frontiers in our territories. Through these decrees, the government of Guillermo Lasso intends to violate the collective rights of Indigenous peoples that are recognized by international treaties and the Ecuadorian Constitution. We, Indigenous peoples, will defend our rights and our territories because they are our living spaces.”

Nemonte Nenquimo, Waorani Leader & President of CONCONAWEP:

“We, Indigenous peoples, have defended our rainforest territories and nature for thousands of years. We protect our Mother Earth because it is vital for our planet and our climate. But the Ecuadorian government only cares about its interests and the resources in our territories. We demand the Ecuadorian government respect our decision to keep our territories free from oil and mining. We decide in favor of our territories, and we will never let oil or mining companies enter and destroy our home and kill our culture.”

Viktor Quenama, President of the A’i Kofan community of Sinangoe:

“We are fighting to defend our territory, our rivers, our forest, our fish, and our animals. Without our forest and without water, we cannot live. We have made a firm decision to keep our territory free from mining. We don’t want the Aguarico River and its tributaries to be exploited and contaminated. Our elders, youth, men, and women are all united in this struggle. We want to care for our territory so that future generations can live well. The Ecuadorian government must respect our rights and let us live freely.”

Josefina Tunki, President of the Shuar Arutam People (PSHA):

“Executive Decree 151 threatens Indigenous territories with large-scale mining. As Indigenous peoples, we have the right to decide over what happens in our territories, but neither Lasso nor his advisors consulted with us. The Ecuadorian government granted mining concessions in our territory without respecting our decision to keep our territory mining-free. The land cannot be sold, the land is eternal if we respect it, and that is why these decrees are a terrible violation of our rights. We are going to denounce every action of the Ecuadorian government that doesn’t respect our rights and the principle of self-determination! We are the owners of our territories; the law, the Constitution, and human rights protect us!”

María Espinosa, Lawyer from Amazon Frontlines:

“We are presenting these lawsuits against Executive Decrees 95 and 151 because we consider that these decrees are in clear violation of Indigenous people’s rights to prior consent and pre-legislative consultation. These decrees seek to accelerate extractive activities such as oil and mining, which generate grave and irreparable impacts against the physical and cultural survival of Indigenous peoples. The increase of hydrocarbon activity is being planned in the territories of Indigenous peoples, particularly in the Amazon. Through unconsulted administrative procedures and the pretext of economic development, President Guillermo Lasso intends to impose an extractive agenda and sacrifice the lives of thousands of Indigenous families who inhabit these territories.”

Carlos Mazabanda, Amazon Watch, Ecuador Field Coordinator:

“With the issuance of the Decrees 95 and 151, the current government wants to give an unprecedented boost to the development of oil and mining projects, particularly in the Amazon, the eleven Nationalities Indigenous’ land. This formula of sustaining our economy in the extraction of non-renewable resources, which has been going on for 50 decades, has not brought economic or social development to the country. This is real! It is urgent to care for the remnants of the tropical forests, which is where the oil and mining industry in the country is intended to develop. The Constitutional Court has the responsibility for guaranteeing these rights, including free, prior and informed consent, that have been systematically violated by the Ecuadorian state.”


Demandamos anulación de Decretos Ejecutivos inconstitucionales que buscan intensificar la política extractiva hidrocarburífera y minera en Ecuador

PRONUNCIAMIENTO

El presidente Guillermo Lasso emitió los decretos ejecutivos 95 y 151 -el 07 de julio y el 5 de agosto de 2021, respectivamente-, los cuales oficializan la entrada en vigencia de los planes de acción inmediata para generar transformaciones profundas de la política petrolera y minera en Ecuador. Estos documentos han despertado nuestra preocupación por la vulneración de nuestros derechos esenciales de participación en las decisiones que puedan afectarnos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva al no tomar en cuenta los conflictos sociales existentes, así como las sentencias y directrices previas que han declarado al Estado ecuatoriano como responsable por la afectación de los derechos colectivos tanto en el sistema de justicia nacional como en organismos multilaterales con quienes este país mantiene compromisos y obligaciones, tales como el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos.

El Decreto 95, con una narrativa maniquea, protege los intereses del sector privado y las entidades financieras, y propone una “transición” en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasan de las manos del Estado a las empresas transnacionales. Este traspaso implica que el Ejecutivo revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación y/o concesión de bloques petroleros, y viabiliza varios cambios normativos que evaden el marco constitucional en la garantía de derechos y la soberanía en la administración de los recursos. Asimismo, observamos con gran preocupación que el decreto que está en marcha implica una grave afectación a los ingresos fiscales del Estado, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Además, impone un modelo de contratos de participación que aseguran las ganancias a las empresas, y traslada el costo de los riesgos al Estado y, por supuesto, a nosotros: quienes habitamos estos territorios.

El Decreto 151, por su parte, pretende de manera engañosa, posicionar al país como un atractivo de inversión minera. En el mismo sentido, se establece una narrativa que promociona la minería como el camino hacia el desarrollo y la alternativa para la superación de la crisis económica que estamos atravesando. Esto nos preocupa sobre manera, porque varias de nuestras organizaciones de base han declarado sus territorios libres de minería. No queremos que está nueva intención de la política minera sea un justificativo para incrementar los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera. Asimismo, este documento propone la revisión y la aceleración de los procesos en curso de licencias ambientales y sociales de concesiones mineras y cambios de las condiciones contractuales entre las partes, que debilitan la posición del Estado, y extiende facilidades para que las empresas puedan operar libremente.

Ambos decretos habilitan los canales institucionales para expandir el extractivismo, y se omite explicar la forma en la que se van a garantizar los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de los pueblos indígenas y de defensores y defensoras ambientales que actualmente están criminalizados. De allí que los compromisos ambientales firmados por Lasso en la campaña política constituyen una mentira más para los pueblos indígenas. A través de estos documentos, el Estado incumple sus compromisos, ante sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que entró recientemente en vigencia.

Señor Guillermo Lasso, le recordamos que los ministerios no deben ser mediaciones institucionales que estén al servicio de las empresas de extracción petrolera y minera. Todo lo contrario, el aparataje estatal debe estar abocado a la protección de los intereses colectivos de la población, los derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza.

Actualmente, tanto los bloques petroleros como el catastro minero afectan a la mayoría de nuestros territorios. Así, la afectación será mayor de existir una ampliación. Estos vulneran tanto el derecho a decidir nuestros procesos de desarrollo económico, social y cultural como la relación esencial con nuestros territorios ancestrales, sobre la cual se basa nuestra supervivencia física y cultural. Esto nunca ha sido comprendido ni respetado por ningún gobierno ecuatoriano y afecta nuestra forma de vida y el futuro de nuestros Pueblos y Nacionalidades. Con ello, el anuncio de aumentar la producción petrolera y minera implica la continuidad y profundización de estas prácticas. Por tanto, recae bajo la responsabilidad del señor Guillermo Lasso y su gabinete la decisión de promover el etnocidio y exterminio de los pueblos indígenas que habitan en Ecuador.

En ese mismo sentido, la emisión de los decretos vulnera nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier decisión, normativa o administrativa, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución de 2008, en el artículo 57 numerales 7 y 17; y ratificados por la Corte Constitucional del Ecuador. Asimismo, recordamos que el Estado ecuatoriano ha sido declarado responsable tanto por los tribunales nacionales (Cortes Provinciales y Corte Constitucional) como por los tribunales internacionales (Corte Interamericana) por vulnerar ese derecho fundamental, piedra angular para el ejercicio del resto de nuestros derechos, especialmente la libre determinación, la decisión propia sobre nuestros procesos de desarrollo y la participación en procesos o decisiones estatales de cualquier tipo que puedan afectarnos. Además, incumplen con sus obligaciones internacionales derivadas de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y los múltiples instrumentos en materia de derechos humanos, que llaman a suspender las actividades extractivas para combatir el cambio climático, cuyos efectos son irreversibles.

Por tanto, es incompresible cómo el actual Gobierno impulsa estos decretos, más aún cuando la Agencia Internacional de Energía planteó en su último reporte la urgencia de detener la producción de materiales fósiles en la Amazonía, dado que nos encontramos en un punto de inflexión que define el destino de la humanidad. Este tipo de políticas son tan descabelladas frente a los hallazgos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que declaró que la emergencia climática sólo puede mitigarse si se toman decisiones urgentes desde los Estados para detener el calentamiento global, entre ellas, la más urgente es el abandono rápido de la producción de combustibles fósiles y los vectores de deforestación y contaminación, como la minería.

Denunciamos que la intención del régimen es impulsar la estrategia de las empresas petroleras y mineras, quienes buscan contar con facilidades para realizar intromisiones arbitrarias en nuestros territorios. Con la emisión de dichos decretos, retornamos a la apertura neoliberal de los años 70´s y 80´s, mismas que dejaron graves afectaciones en los territorios, como en el caso Chevron-Texaco (evidentes hasta la fecha). Desde entonces, se ha promovido la falsa promesa de desarrollo basada en el extractivismo, pero que, hasta el momento, no ha llegado. Son nuestras poblaciones amazónicas las más pobres del país, con los índices más bajos de satisfacción de necesidades y acceso a servicios básicos. No obstante, ante estos crímenes ambientales y sociales, producto de los abusos corporativos, el Gobierno insiste en violar la Constitución y cambiar las reglas del juego sobre los mecanismos de resolución de conflictos y controversias, admitiendo la inclusión del país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros mecanismos de arbitraje internacional.

Además, frente a la intención de generar una normativa específica que regule las obligaciones estatales para garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, le recordamos y demandamos al Presidente de la República y a su gabinete acogerse a las Resoluciones de CONFENIAE sobre garantías en el ejercicio del Derecho de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado de los Pueblos y Nacionalidades Amazónicos, construida desde un proceso participativo entre los pueblos amazónicos, el pasado 6 de abril de 2021.

En base a ello, cobijados en el principio de unidad, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento rechazamos las intenciones del gobierno nacional y estamos dispuestos a continuar con las acciones de lucha, resistencia, gobernanza y control territorial. Acciones que históricamente hemos ejercido, y que son necesarias para proteger la vida y la integridad de nuestros territorios.

Esta declaración se publicó el 19 de agosto de 2021.


We demand the annulment of the unconstitutional Executive Decrees that favor policies intensifying fossil fuel extraction and mining in Ecuador

President Guillermo Lasso issued executive decree 95 on July 7, 2021 and executive decree 151 on August 5, 2021. These two executive decrees formalize and clear the way for immediate enactment of plans to bring about profound transformations in the Ecuadorian government’s policies on oil and mining. These documents have aroused our grave concern due to the violation of our essential right to participate in decisions that affect us. The planned policy shifts raise the risk of serious and irreparable damage resulting from the expansion of resource extraction activities. Furthermore, they turn a blind eye to existing social conflicts, as well as previous legal judgments and directives that have declared the Ecuadorian State to be responsible for the violation of collective rights. Such legal determinations have been rendered both in the national justice system and under the purview of multilateral organizations with which Ecuador has commitments and obligations, such as the Inter-American System and the United Nations’ Universal Human Rights System.

Decree 95, based on a limited, black-and-white narrative, protects the interests of the private sector and financial entities. It proposes a “transition” in which control and management of strategic sectors pass from the hands of the State to transnational companies. This transfer will mean that the Executive reviews, accelerates, and facilitates several enabling processes to authorize the bidding and/or concession of oil fields. It also allows for various regulatory changes to evade the constitutional framework that was designed to guarantee rights and sovereignty with regard to the administration of resources. Moreover, we note with great concern that the decree – which is already moving forward – will have a serious impact on the State’s tax revenues, to the detriment of the economic, social, and cultural rights of the population. In addition, it imposes a model of participation contracts that ensure profits to corporations while transferring the cost of risks to the State and, of course, to us: those of us who inhabit the affected territories.

Decree 151, meanwhile, misleadingly seeks to position Ecuador as an attractive mining investment. It follows a narrative that seeks to promote mining as the path to development and the best alternative for overcoming the current economic crisis. This is of great concern to us because several of our local grassroots organizations have declared their territories to be free of mining. We do not want this new mining policy to be used as a justification for increased attacks and stigmatization of people who oppose mining. Decree 151 proposes revisions and acceleration of the processes for environmental and social licenses that are a required part of mining concessions. Likewise, it changes the contractual conditions between the parties to weaken the position of the State and to facilitate unfettered operations undertaken by corporations.

Both decrees create institutional channels to expand resource extraction. They fail to include any guarantees for human rights, the collective rights of indigenous peoples, the rights of environmental defenders whose work is currently criminalized, and the rights of nature. Hence, for indigenous peoples, it is becoming clear that the environmental commitments signed by Lasso during his political campaign constitute yet another lie. In issuing these decrees, the State is failing to comply with its commitments and its international human rights obligations, including the Escazú Agreement, which recently entered into force.

Mr. Guillermo Lasso, we remind you that government ministries should not be institutional channels to serve the resource extraction interests of oil and mining companies. On the contrary, the State apparatus must be dedicated to the protection of the collective interests of the population, human rights, collective rights, and nature.

Currently, both the oil fields and the mining industry affect the majority of our territories. The impact will be even greater if there is an expansion in extractive activities. These extractive activities violate both our right to determine our own processes of economic, social, and cultural development as well as our right to maintain the essential relationship with our ancestral territories on which our physical and cultural survival is based. These rights and this essential relationship with our territories has never been understood or respected by any Ecuadorian government; as a result, our way of life and the future of our Peoples and Nationalities are gravely affected. The announcement of increased oil and mining production signals the continuation and deepening of these detrimental practices. Therefore, the decision to promote the ethnocide and extermination of the Indigenous Peoples who inhabit Ecuador falls squarely under the responsibility of Mr. Guillermo Lasso and his cabinet.

The issuance of the decrees violates our right to prior, free, and informed consultation and consent in the face of any decision, whether normative or administrative, that affects us[A1] . This right has been recognized in ILO Convention 169 as well as in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and in article 57 numerals 7 and 17 of the Ecuadorian Constitution of 2008, which was ratified by the Constitutional Court of Ecuador. We further note that the Ecuadorian State has been found responsible both by the national courts (Provincial Courts and the Constitutional Court) as well as by international courts (the Inter-American Court) for violating the right of prior, free, and informed consultation and consent. This fundamental right is a cornerstone for the exercise of the rest of our rights, especially the right of self-determination, the right to determine our own decisions about our development processes, and the right to participate in processes or State decisions of any kind that may affect us. In addition, the State has failed to comply with its international obligations derived from commitments made as part of the Paris Agreement, as well as the multiple instruments on human rights which call for the suspension of resource extraction activities in order to combat climate change – the effects of which are irreversible.

It is incomprehensible that the current government has issued these decrees, particularly in light of the most recent report by the International Energy Agency (IEA), highlighting the urgency of halting fossil fuel production in the Amazon. The report recognizes that we are at a turning point that will define the fate of humanity. Policies favoring resource extraction are all the more outrageous in the wake of findings by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which declared that the climate emergency can be mitigated only if urgent decisions are taken at the highest levels of government to halt global warming. The most urgent priority is the elimination of fossil fuel production as well as the cessation of activities that cause widespread deforestation and pollution, such as mining.

We denounce that the intention of the policies put forth in Decrees 95 and 151 is to promote the strategic interests of oil and mining companies, who seek free reign and access to carry out their activities within our territories. With the issuance of these decrees, the government is returning to the neoliberal free-for-all of the 70’s and 80’s. The policies of those times resulted in devastating effects on our territories that are still apparent today, as evidenced in the Chevron-Texaco case. The false promise of development based on resource extraction has been promoted for decades and has never materialized. Our Amazonian populations are the poorest in the Ecuador, with the lowest rates of satisfaction of basic needs and the least amount of access to basic services. Despite the long history of environmental and social crimes resulting from corporate abuses, President Guillermo Lasso insists on violating the Constitution and changing the rules of the game with respect to mechanisms for resolving conflicts and controversies, by pushing for Ecuador’s inclusion in the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and other mechanisms of international arbitration that are skewed in favor of corporate interests.

Moreover, regarding plans to promulgate specific regulations modifying the State’s obligation to respect the right to prior consultation and consent, we demand that the President of the Republic and his cabinet adhere to the Confederation of Indigenous Amazonians (CONFENIAE)’s Resolutions on legal requirements guaranteeing the Right to Consultation and Prior, Free, and Informed Consent on the part of Amazonian Peoples and Nationalities. The CONFENIAE Resolutions of April 6, 2021 are based on a participatory process that took place among the Amazonian peoples.

The organizations that have signed on to this pronouncement have come together in unity to reject the policy changes planned by the national government. We will continue to take action, to struggle, to resist, to practice self-governance, and to exert territorial control. This is what we have done throughout our history due to the ongoing necessity to protect our lives and the integrity of our territories.

This declaration was originally published on Puyo, August 19, 2021. Click here to read the Spanish version.


PUBLIC COMPLAINT

The Alliance of Organizations for Human Rights and the Caminantes anti-mining Collective, we are deeply concerned about recent events reported by the Governing Council of the Shuar Arutam People (PSHA) and the “Collective of Organized Women of the Shuar Center of Maikiuants” (organization linked to the PSHA), associated with the start of infrastructure works and mining facilities at the Warintza Project. There is an escalation of territorial conflict between the community centers and the associations that make up PSHA against the concessionary mining companies operating illegally and illegally in their territory. Since the early hours of September 8, due to the insistence of the mining companies to occupy their territory, there has been an escalation of tension and violence that puts the physical integrity of the communities at risk, particularly the Maikiuants community. At the moment, there is a well-founded fear in the residents of possible, arbitrary and unnecessary police and/or military intervention that, as in previous opportunities, could generate serious violations of human and collective rights of the population displaying a biased action by the Public Force and Armed Forces in favour of the particular interest of the company, transferring its obligation to protect the civilian population and to be guarantors of constitutional rights, including their right to resistance.

This situation is not new. PSHA has been resisting for 16 years mining activities in its ancestral territory and the intervention of transnational companies that have implemented strategies such as dividing their organizational structures by co-opting leaders who have yielded to pressure and manipulation and disregarding Shuar communities who have already decided to oppose extractive activities in their territory.

60% of the territory of the Shuar Arutam People has been concessioned to transnational mining companies without respecting their right to free, prior, and informed consent and in a context of systematic human rights violations. Some of these companies include Solaris Resources (Canada), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A., EXSA (a subsidiary of Chinese-owned, Canada-based Corriente Resources). The Ecuadorian State, through various institutions and officials, has attempted to pressure, subdue and/or impose extractive activities in the Collective territory of the Shuar Arutam People. All this has created an escalation of conflict.

It should be noted that the Shuar Arutam People, in exercise of their right to self-determination and in defense of their collective rights, has repeatedly resolved since 2019 that it does not authorize mining activities in their territories and has insistently communicated these decisions to state authorities. The following are some of the most current demands:

  1. On August 17, 2021, an Extraordinary Assembly of the PSHA Governing Council was held in the Maikiuants community, in which the Governor of the Morona Santiago province, Freddy Villamagua, participated. During the Assembly,  PSHA concluded: i) to reject the development of mining works or facilities such as the construction of the Warintza-Yawi highway, which purpose is to blackmail the population and militarized their ancestral territory for the benefit of the interests of the mining companies; ii) ratify the Governing Council of the Shuar Arutam People, as the highest authority which is composed of 47 communities (12,000 inhabitants), and their decision to reject  large-scale mining projects in their territory given the lack of compliance and violations to their territorial rights and the collective right, including their right to free, prior and informed consent. At the same meeting, PSHA informed the Governor of the Province of Morona Santiago that according to their collective rights, they had established an Indigenous Guard to monitor incursions of illegal loggers, assist communities during health emergencies and environmental monitoring in our territory.
  2. On August 20, 2021, the PSHA made public three official letters addressed to Federico Velásquez, manager of Solaris Resources Inc; Fernando Kayuk, Trustee of the Shuar de Warints Center; and, Nazareno Antun, Trustee of the Yawi Shuar Center, in which, given the disregard of the Governing Council of the PSHA’s resolutions – the legitimate organization that governs its ancestral territory – regarding the agreements between the company Solaris Resources SA, its subsidiary in Ecuador, and leaders of the Warints and Yawi community centers, who are victims of the company’s community division strategies and manipulation. Likewise, PSHA announced its public opposition to the Warints-Yawi road project and in order to carry out adequate territorial control, they requested copies of the project’s Environmental Study Plan and the Environmental Management Plan, which should be duly approved by the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition.
  3. On August 29, 2021, and based on the resolutions adopted by the PSHA, the Maikiuants community made a public statement in which it informed that in defence of their territorial rights and self-determination, they will deny the entry of machinery for the construction of the Warintz-Yawi highway project. Likewise, the Maikiuants community requested the presidency of the PSHA Governing Council to inform the Provincial, National and International levels about their decision to establish territorial control, in exercise of their collective rights enshrined in ILO Convention 169.
  4.   On September 5, 2021, the PSHA Governing Council issued a statement informing about an Ordinary Assembly of women from the Maikiaunts community held that day. They took this opportunity to denounce the entry of machinery as an act that disregards their decision to keep their territory free from mining. It also informs that the company will be held responsible if there’s an incident or conflict in their territory by asserting Maikiaunts’s “right to self-determination and self-government…we request that our issues are raised at the Provincial, National and International levels”.

The decisions adopted by PSHA to address the systematic violation of their rights have not been respected by  transnational companies such as Solaris Resources Inc and SolGold nor by the Ecuadorian State. Thus, on September 5, the Warints and Yawi communities announced through their social networks that within the framework of the Strategic Alliance they have with Solaris Resources, the Ministry of Government was promoting  self-defense courses and training of Private Security Guards to confront the population. Faced with this situation, we denounce the  Ecuadorian State, through the Ministry of Government, for committing very serious acts aimed at dividing the Shuar Arutam People, promoting violence between the communities and increasing the risks against the integrity and even the lives of the communities.

Likewise, despite the decisions of the Shuar Arutam People, they were officially warned several times in the early hours of September 8  (at about 5:15 am) that loading platform carrying a backhoe arrived in the territory of the Shuar Tserem community,  a territory of the Shuar Arutam People, heading  to the “Maka Naink” mountain range where Solaris Resources Inc. operates and passing by  the community of Warints and Yawi: an attempt that the women of Maikiuants rejected in accordance to their resolutions.

In this regard, and due to the events described, the use of public and private force to benefit corporate interests would have three main objectives: i) guaranteeing access to territories by companies so that they can carry out their activities; ii) build territorial control by co-opting local communities, fomenting community division, surveillance, repression and criminalization to guarantee business activity; and iii) silencing, control, and elimination of criticism and resistance to extractive activity, voiced by residents and defenders of human and territorial rights.

Additionally, it should be noted that these acts occur in the context of the expansion and deepening of the mining policy by the National Government. In effect, Decree 151 establishes the conditions for companies to establish this type of practice with impunity in indigenous territories. In addition, the powers of the ministerial authorities are reduced to facilitating entry into the territories without any type of control, ignoring their obligations to guarantee rights without discrimination and protecting vulnerable populations.

Previous complaints regarding Solaris Resources Inc’s violations in Shuar territory

As noted, the collective rights of the Shuar Arutam People have been systematically violated, especially by the mining company Solaris Resources Inc., which has created community division and created dangerous environments for human rights defenders. Complaints that remain without being investigated.

The Canadian company Solaris Resources Inc. arrived in PSHA’s territory in 2019, after acquiring the Warintza project through its subsidiary in Ecuador Lowell Mineral Exploration, in order to exploit the copper and molybdenum deposits. In light of the reactivation of the project, which was suspended for 16 years, PSHA demonstrated against mining in their  territory, reiterating their  right to self-determination. As a result of this, PSHA, together with its national and international allies, declared itself as “a territory of life” (TICCA)” and launched an international campaign: “PSHA Have Decided: No to Mining, We Do Not Want to Be Consulted.”

Due to all the violations to our tangible and intangible rights, on January 29, 2021, PSHA’s Governing Council, together with the Public Services International (PSI), filed a complaint with the ILO against the Ecuadorian State for violation of ILO Convention 169 and for violating our collective rights and not consulting us on projects being carried out on our territory.

Likewise, as the Alliance of Human Rights Organizations in Ecuador,  we recently publish a report on the Situation of collective, land and human rights defenders in Ecuador to highlight the severity of the situation faced by the PSHA, noting that it does not exist currently institutional guarantees to exercise the right to defend human, collective and nature rights, and that we are especially concerned about the physical and psychological integrity of colleagues who are being intimidated, persecuted, harassed and even targeted with death threats, such is the case of Josefina Tunki, president of the Shuar Arutam People.

The push for extractive projects in the area is leading to a violent rupture of the local social fabric, migration of foreigners and  greater availability of certain resources, including the aforementioned security training “offers”, which generate a logic of conflict and violence in the territory, penetrating all social relations, and exacerbating internal conflicts and contributing to a social fabric marked by conflict and mistrust. All of the above is the direct responsibility of the State,given that the operation of these mining companies should be understood as ILLEGAL since licenses, agreements and contracts have been carried out without guaranteeing, among other rights, PSHA’s right to prior, free and informed consultation.

In light of these events, the Alliance of Organizations for Human Rights and the Caminantes Anti-mining Collective remind the State that:

  • Its main duty is to guarantee human, collective and natural rights over any economic actor that commits any of the reported violations. In addition, it must generate processes that lead to the investigation of those responsible for these acts and punish companies for non-compliance with the Constitution and international treaties.
  • We demand that the Minister of Government and Vice Minister of the Interior investigate and make a statement about the creation of a “private guard”, which, according to the posts by the Warints and Yawi residents, would have the Government Ministry’s endorsement and would be funded by Solaris Resources Inc. This, without a doubt, contravenes the provisions of article 30, numeral 1 of the ILO Declaration, which states: Military activities shall not take place in the lands or territories of Indigenous Peoples.”
  • We demand that the Office of the Ombudsman of Ecuador prepare a report on the situation of the Shuar Arutam People regarding the events reported and urgently activate the protection mechanisms for the Shuar leaders.
  • We alert the State Attorney General’s Office about the current risk of the right of Indigenous Peoples and nationalities to defend their territory, resistance. We recall that these rights should not be criminalized -as it is currently happening- leaving the Prosecutor’s Office as an instrument of criminalization, used by companies and the State against peoples and nationalities.
  • Finally, we remind the Canadian Embassy in Ecuador that in compliance with its extraterritorial obligations as a State party to the universal human rights system of the United Nations and in accordance with Canada’s guidelines on supporting human rights defenders abroad (Voices at Risk), responds to PSHA’s request to take action to prevent threats and incidents of intimidation against land defenders perpetrated by companies based in Canada, and demands corporate responsibility to respect human rights.

As human rights organizations, we will remain vigilant to ensure that PSHA’s collective rights are respected, including their right to self-determination and to prevent the militarization of territories and communities of Indigenous Peoples.

TRUTH, JUSTICE AND REPARATION!

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