Brian Parker

La semana pasada la Corte Constitucional del Ecuador, en un veredicto histórico, falló a favor de más de una docena de comunidades indígenas después de una batalla legal de ocho años, cambiando profundamente el panorama de los derechos indígenas, y estableciendo un nuevo precedente importante para muchas luchas en marcha.

Hace ocho años, las comunidades Kichwa y Siona que viven a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, la frontera natural entre Ecuador y Colombia, descubrió que el Ministerio del Ambiente había declarado unilateralmente sus territorios ancestrales como “Bosque Protector del Triángulo de Cuembí”, y había entregado el control de más de 100.000 hectáreas a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Con indignación y determinadas a mantener un control autónomo de sus territorios ancestrales, las comunidades indígenas presentaron una demanda ante la corte ecuatoriana de mayor jerarquía.

La semana pasada, al dictaminar que los actos del Ministerio del Ambiente violaron la Constitución, la Corte marcó un nuevo precedente sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la promulgación de nuevas leyes o regulaciones que los afecten; el derecho a limitar la actividad o presencia militar en sus territorios ancestrales; así como el derecho a poseer un título de propiedad formal sobre los mismos territorios ancestrales.

Los efectos de esta decisión trascienden la cuestión del Bosque Protector del Triángulo de Cuembí, y proveen poderosas herramientas legales para proteger los territorios selváticos indígenas, promover la autonomía indígena, y detener políticas del Gobierno potencialmente dañinas o destructivas. A continuación, viene un desglose de cómo este nuevo fallo de la Corte reforzará las luchas indígenas en el futuro:

1. El Gobierno ecuatoriano no puede aprobar leyes o regulaciones que impacten en los pueblos indígenas sin consultarles primero.

Históricamente excluidos de las decisiones estatales que transformaron y destruyeron su forma de vida y territorios ancestrales, la Constitución Ecuatoriana de 2008 y el derecho internacional otorgan a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados antes de que nuevas leyes o regulaciones que puedan impactarlos a ellos o sus territorios sean promulgadas. Se trata del mismo principio detrás del derecho más conocido de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que el Gobierno lleve adelante proyectos extractivos o de infraestructura que impacten en sus territorios. Sin embargo, por décadas, el Gobierno ecuatoriano ha sostenido que este derecho a ser consultado se aplica solamente a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, pero no a los decretos ejecutivos, actos administrativos o regulaciones ministeriales. Innumerables leyes, decretos y regulaciones que han tenido un efecto devastador sobre los pueblos indígenas han sido aprobados sin tan siquiera informarles, mucho menos consultándoles y buscando su consentimiento.

Esto se acabó. Con el veredicto de la semana pasada, la Corte Constitucional dejó completamente claro que los pueblos indígenas deben ser consultados acerca de cualquier ley, decreto, acto administrativo o regulación que los afecte, provenga del Congreso, el Poder Ejecutivo o el Gobierno local. El fallo asegura que los pueblos indígenas pueden expresar su opinión sobre las decisiones del Gobierno a cualquier nivel, desde la entrega de nuevas concesiones petroleras hasta las aprobaciones medioambientales de proyectos de infraestructura, como represas hidroeléctricas, hasta los decretos ministeriales que definan sus derechos adquiridos: los pueblos indígenas deben ser siempre consultados.

2. Docenas de leyes perjudiciales son ahora objeto justo de impugnaciones constitucionales, y el Reglamento sobre procesos de consulta previa para nuevos proyectos mineros, recientemente anunciado por el Ministerio de Energía, se encuentra en un punto muerto.

Mientras el Gobierno ecuatoriano busca redoblar la extracción de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, este veredicto no solo dará a las comunidades indígenas una poderosa herramienta para prevenir futuras leyes y políticas perjudiciales, sino también para invalidar leyes y políticas que nunca atravesaron el proceso de consulta previa. Dado que el Gobierno ecuatoriano malinterpretó su obligación de consultar a los pueblos indígenas por décadas, como está consagrado, primero, en los tratados internacionales y, luego, explícitamente en la Constitución de 2008, esta es una decisión monumental que pone a docenas de leyes perjudiciales, que van desde regulaciones de petróleo y minería, pasando por titulaciones de tierras indígenas, hasta leyes sobre educación intercultural y salud, en riesgo de ser declaradas inconstitucionales por las cortes.

Es más, el veredicto hace imposible que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables intente soluciones rápidas de ley, en forma de acuerdos ministeriales, que eludan tanto a los pueblos indígenas como a la Asamblea Nacional, para apurar políticas y regulaciones favorables a las industrias extractivas. Un nuevo Reglamento recientemente anunciado, que pretendía regular el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre proyectos de minería en su territorio, -que los pueblos indígenas y grupos de la sociedad civil incluido Amazon Frontlines estaban preparándose para impugnar- se ha vuelto claramente insostenible. Para el ministro de Energía, René Ortiz, quien recientemente declaró que el Ecuador estaba “sentado sobre Ferraris”, y necesitaba sacar hasta la última gota de petróleo y el último gramo de oro fuera de la tierra, este es un golpe mayor.

 

“La sentencia es un reconocimiento a la lucha de las comunidades que habitamos en esta zona. Este fallo le dice al gobierno que NO PUEDE tomar decisiones sobre nuestros territorios y nuestras formas de gobernanza sin considerar nuestra voz, que nuestros derechos ancestrales sobre la tierra deben ser garantizados aun cuando no tengamos un pedazo de papel formal que diga que es nuestra, y que tenemos el derecho de mantener nuestros territorios libres de militarización.”

– Alonso Aguinda, presidente de la comunidad de Sionas y Kichwas San José de Wisuya.

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser propietarios y a gozar de sus territorios, y ya no pueden ser considerados huéspedes en sus propias tierras ancestrales porque ha aparecido una reserva o parque nacional.

La historia de las comunidades Kichwa y Siona descubriendo, sin aviso, que las tierras habitadas por sus mayores y ancestros eran ahora un “parque”, y que ellos eran ahora solo visitantes, no es poco común ni nueva. En los últimos 50 años, el gobierno del Ecuador ha declarado unilateralmente por lo menos 1.4 millones de hectáreas de tierras ancestrales indígenas como parques nacionales o áreas protegidas, concediendo únicamente la propiedad Gobierno, con pocas excepciones. Mientras en ciertas áreas, y bajo ciertos marcos legales, territorios nacionalmente protegidos pueden proveer de un cuidado importante a esos ecosistemas frágiles, en Ecuador, en particular, existe una historia de control pobre sobre invasiones ilegales, explotación maderera y cazadores furtivos, que incluso ha permitido perforaciones petroleras y otras actividades de extracción en parques nacionales debido a lagunas en la ley. Por otra parte, recientes estudios demuestran que el control formal y la titularidad de la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios contribuye a la conservación de los bosques y tiene como resultado casi un 10% menos de deforestación que áreas naturales protegidas por fuera de los territorios indígenas.

Lo que la Corte ha dejado claro con esta sentencia es que el interés del gobierno de brindar una mayor protección ambiental a un área, aunque legítimo, no prevalece y no puede infringir el derecho de los pueblos indígenas a ocupar y tener la propiedad formal de sus territorios ancestrales. En este caso en particular, la declaración del Triángulo de Cuembí como Bosque Protector implicaba una prohibición de facto a la titulación de la propiedad de las comunidades indígenas en el área protegida. La Corte afirma que “la relación de los pueblos indígenas con la tierra no es solamente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual que debería se plenamente gozado, e incluye preservar su cultura y trasmitirla a las generaciones futuras”. Es más, “la falta de posesión y acceso a sus territorios tiene un impacto [sobre los pueblos indígenas] en el uso y gozo de los recursos naturales que necesitan para sobrevivir, tales como actividades tradicionales de agricultura, caza, pesca, de reunión, entre otras”. La Corte observó que, dado que la decisión del Estado de crear un parque podría afectar, reducir o extinguir los derechos indígenas a la propiedad colectiva de sus territorios, el Estado debía consultar y obtener el consentimiento de esos pueblos indígenas con anterioridad. Este precedente es esencial para que docenas de comunidades indígenas y naciones a lo largo del país puedan finalmente obtener los títulos de propiedad sobre sus tierras.

4. Los pueblos indígenas tienen el derecho a control y gobernar autónomamente sus territorios, y a limitar actividad y presencia militar no deseada.

En este caso en particular, había un evidente motivo ulterior detrás de la declaratoria, por parte del Ejecutivo, del Triángulo de Cuembí como bosque protegido. El río Putumayo es el sustento principal de las comunidades Kichwa y Siona que habitan en sus riberas, pero es también la frontera con Colombia. El Ministerio del Ambiente creó la reserva del Triángulo de Cuembí en 2010, justo en el momento más álgido del conflicto con las FARC y los grupos paramilitares. La región del Putumayo es una de las más activas de Colombia en la producción de hoja de coca, y el río Putumayo y sus afluentes son corredores de narcotráfico clave para los actores armados. Naciones indígenas, como la Siona, han sufrido la peor parte del conflicto armado y la narcoviolencia, pero también han peleado continuamente por el control autónomo de sus territorios, mediante sus propias Guardias indígenas, y afirman que la presencia militar infringe su autonomía y tan solo empeora las cosas.

En un movimiento sin precedentes, el mismo acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente que aprobó la creación del Bosque Protector del Triángulo de Cuembí, también otorgó al Ministerio de Defensa el papel de proteger y controlar el medioambiente y la biodiversidad de la reserva. En esencia, bajo el pretexto del cuidado medioambiental, el Gobierno militarizó las tierras ancestrales de los Kichwa y los Siona. Sobre este punto, la Corte asume un tono más vehemente al amonestar al Ministerio del Ambiente por tomar la absurda decisión de que los militares puedan y deban garantizar la protección medioambiental. Pero más importante, si bien la corte enfatizó la importancia del rol que los militares juegan en la seguridad de las fronteras, también aclaró que los pueblos indígenas tienen el derecho a limitar las actividades militares en sus territorios, y, en este caso, ese derecho fue violado por el acuerdo ministerial que “no fue aprobado por el Congreso y nunca pasó por el proceso de consulta previa o tuvo el consentimiento previo de las comunidades indígenas requerido para este tipo de actividades militares”. El fallo de la Corte reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y el autogobierno, especialmente para naciones indígenas transfronterizas en zonas de conflictos armados.

5. El fallo se basa en recientes victorias legales de los pueblos indígenas, y provee herramientas para una mayor batalla legal sobre el derecho al consentimiento previo, libre e informado, actualmente, ante la Corte.

Los pueblos indígenas han probado una y otra vez que son los mejores posicionados para pelear por sus derechos, sus territorios ancestrales y nuestro clima global. Con casi el 70% de la Amazonía Ecuatoriana en manos indígenas, el país es un campo de batalla clave para los pueblos indígenas del mundo y la lucha por proteger el bosque tropical más importante del planeta. El derecho a la consulta previa es una herramienta fundamental que las comunidades indígenas están utilizando para proteger sus tierras, bosques y formas de vida, de la embestida de las amenazas extractivas planificadas para sus territorios. A finales de 2018, los A´i Kofán de Sinangoe obtuvieron una victoria judicial que protegió más de 32.000 hectáreas de bosque tropical primario del impacto de la minería de oro, y obligó a las autoridades a tomar medidas de reparación en un área que ya había sido fuertemente impactada por las operaciones mineras. Después, en 2019, el pueblo Waorani ganó una sentencia, suspendiendo indefinidamente la licitación de su territorio a empresas petroleras, protegiendo de inmediato casi 200.000 hectareas de selva tropical, y perjudicando la licitación planificada de 16 bloques petroleros que cubrirían casi 3 millones de hectáreas de territorios indígenas. En ambos casos, la corte dictó que el gobierno había fallado en no consultar de forma adecuada con los pueblos indígenas.

A comienzos del 2020, la Corte Constitucional del Ecuador seleccionó, entre miles de casos, los fallos de los Sinangoe y Waorani para ser revisados, permitiendo la primera oportunidad real del país para una jurisprudencia nacional sobre la aplicación de los derechos indígenas a la consulta previa y la autodeterminación. El resultado determinará si estos derechos constitucionales existen solo en papel o son efectivamente aplicables en la práctica. Esta última sentencia, empero, es un viento poderoso en las velas de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, así como una señal de aviso al Gobierno de que los pueblos indígenas deben siempre participar en las decisiones que tengan un impacto sobre ellos.

Amazon Frontlines presentó un informe amicus curiae sobre este caso, y proporcionó acompañamiento legal a las comunidades Kichwa y Siona de San José de Wisuya. La organización de derechos humanos ecuatoriana INREDH proporcionó representación legal a las comunidades afectadas. Para saber más sobre nuestro trabajo con las comunidades Kichwa y Siona en el río Putumayo, por favor visita: https://www.amazonfrontlines.org/es/pervivencia-siona/

Last week, in an historic verdict, the Ecuadorian Constitutional Court ruled in favor of more than dozen Indigenous communities after an eight year legal battle, profoundly changing the landscape for indigenous rights and establishing important new precedent for many ongoing struggles.

Eight years ago, Kichwa and Siona Indigenous communities living along the Putumayo and San Miguel River, the natural borderline separating Ecuador and Colombia, found out that the Ministry of the Environment had unilaterally declared their ancestral territories as the “Triangle of Cuembi Forest Reserve” and then gave control of the 100,000 hectare area to the Ecuadorian military. Indignant and determined to keep autonomous control of their ancestral homelands, the Indigenous communities filed a lawsuit with the highest court of Ecuador.

Last week, in ruling that the Ministry of the Environment’s actions violated the Constitution, the Court set new landmark precedent on the Indigenous right to be consulted before enacting new laws or regulations that affect them, not just individual projects, the right to limit the activities or presence of military on their ancestral territories, and the right to possess and hold formal ownership of their ancestral territories.

The effects of this ruling go well beyond the Triangle of Cuembi Forest Reserve, and provide powerful legal tools to protect Indigenous rainforest territories, promote Indigenous autonomy and stop potentially damaging or destructive government policies. Here is a breakdown of how this new Court ruling will bolster Indigenous struggles in the years to come:

1. The Ecuadorian government can’t pass laws or regulations that impact Indigenous peoples without consulting them first.

Historically excluded from decisions by the State that transformed and devastated their way of life and ancestral territories, the 2008 Ecuadorian Constitution and international law give Indigenous peoples the right to be consulted before new laws or regulations that could impact them or their territories are enacted. It’s the same principle behind the more well known right of Indigenous peoples to be consulted before the government can carry out extractive or infrastructure projects that impact Indigenous territories. Yet for decades, the Ecuadorian government has held that this right to consultation only applies to laws enacted in Congress, but not to executive decrees, administrative acts or ministerial regulations. Countless laws, decrees and regulations that have devastating impacts on Indigenous peoples have been passed without so much as informing them, much less seeking consultation and consent. Oftentimes Indigenous communities didn’t know what hit them until years later.

Not anymore. In last week’s verdict, the Constitutional Court made it crystal clear that Indigenous peoples must be consulted on any law, decree, administrative act or regulation that affects them, whether from Congress, the executive branch or local government. The ruling ensures that Indigenous peoples have a say in government decisions at every level, from the granting of new oil concessions to the environmental approvals of infrastructure projects like hydroelectric dams to ministerial decrees that define their rights in practice, Indigenous peoples must always be consulted.

2. Dozens of bad laws are now fair game for constitutional challenges, and the Ministry of Energy’s recently announced draft regulation on prior consultation processes for new mining projects is dead in the water

As the Ecuadorian government looks to double-down on natural resource extraction and hydroelectric projects in the Amazon, this verdict will not only give Indigenous communities a powerful tool to prevent future bad laws and policies, but also to strike down laws and policies that never went through a prior consultation process. Since the Ecuadorian government misinterpreted their obligation to consult Indigenous peoples for decades, as enshrined first in international treaties and then explicitly in the 2008 Constitution, this is a monumental decision that puts dozens of bad laws on subjects ranging from oil and mining regulations, Indigenous land titling, and even laws on intercultural education and health at risk of being declared unconstitutional by the courts.

Moreover, the verdict makes it impossible for the Ministry of Energy and Non-Renewable Resources to sign into law quick fixes in the form of ministerial decrees to sidestep both Indigenous peoples and Congress in order to fastrack favorable policies and regulations for extractive industries. A recently announced draft ministerial decree aimed at regulating Indigenous peoples’ right to prior consultation on mining projects in their territory, which Indigenous peoples and civil society groups including Amazon Frontlines were preparing to challenge, is now made clearly untenable. For Minister of Energy René Ortiz, who recently said that Ecuador was “sitting on Ferraris” and needed to get every drop of oil and every gram of gold out of the ground, this is a major blow.

 

“This ruling is a recognition of our long fight for justice as communities living along the border. It tells that government that it CANNOT make decisions about our territories and our forms of self-government without considering our voice, that our ancestral land rights must be guaranteed even when we don’t have a formal piece of paper that says it is ours, and that we have the right to keep our territories free of militarization.”

– Alonso Aguinda, President of the Siona and Kichwa community of San José de Wisuya (pictured)

3. Indigenous peoples have the right to own and enjoy their territories, and can no longer be “parked out” of their ancestral lands to make room for a national park or reserve

The story of Kichwa and Siona Indigenous peoples finding out without warning that the rainforest lands inhabited by their elders and ancestors was now a “park”, and that they were now just visitors, is neither uncommon nor new. Over the last 50 years, the government of Ecuador has unilaterally declared at least 1.4 million hectares of ancestral Indigenous lands as national parks or protected areas, granting sole ownership to the government with few exceptions. While in certain areas and under certain legal frameworks nationally protected areas can provide important environmental protections to fragile ecosystems, Ecuador in particular has a poor history of controlling illegal invasions, logging and poachers and even allows for oil drilling and other extractive activities in national parks due to loopholes in the law. Moreover, recent studies show that formal control and ownership by Indigenous peoples of their land advances forest conservation and result in almost 10% less deforestation than protected natural areas outside of Indigenous territories.

What the Court makes clear in this verdict is that the government’s interest in providing increased environmental protection to an area, while legitimate, does not outweigh and cannot infringe upon Indigenous peoples’ right to occupy and have formal ownership of their ancestral territories. In this particular case, the declaration of the Triangle of Cuembi Forest Reserve implied a de facto prohibition on land-titling for Indigenous peoples in the reserve area. The Court notes that Indigenous peoples’ “relationship with the earth is not merely a question of possession and production, but rather a material and spiritual element that should be fully enjoyed, including to preserve their cultural identity and transmit it to future generations.” Moreover, “the lack of possession and access to their territories has an impact on [Indigenous peoples’] use and enjoyment of the natural resources they need to survive, such as traditional activities of agriculture, hunting, fishing and gathering, among others.” The Court observed that since the State’s decision to create the park could affect, reduce or extinguish Indigenous rights to collective property of their territories, the State needed to consult and obtain consent from those Indigenous peoples beforehand. For dozens of Indigenous communities and nations across the country, this precedent is essential to finally getting formal land title over their lands.

4. Indigenous peoples have the right to autonomously control and govern their territories, and limit unwanted military activities and presence

In this particular case, there was a clear ulterior motive behind the Ecuadorian executive branch’s declaration of the Triangle of Cuembi as a nationally protected forest reserve. The Putumayo river is the lifeline of the Kichwa and Siona communities who live along its banks, but it is also the border to Colombia. The Ministry of the Environment created the Triangle of Cuembi reserve in 2010, at the height of the armed conflict with the FARC, guerilla movement,and paramilitary groups. The Putumayo region is one of Colombia’s most active in coca leaf production, and the Putumayo river and its inlets are key narco-trafficking corridors for armed-actors. Indigenous nations like the Siona have borne the brunt of the armed-conflict and narco-violence, but have continuously fought for autonomous control of their territories through their own Indigenous land-patrols, saying that military presence infringes on their autonomy and only makes things worse.

In an unprecedented move, the same Ministry of the Environment decree that approved the Triangle of Cuembi Forest Reserve also granted the Ministry of Defense the role of protecting and controlling the environment and biodiversity of the reserve. In essence, under the pretext of environmental protection, the government militarized the ancestral homelands of the Kichwa and Siona. On this issue, the Court takes a more aggressive tone in admonishing the Ministry of the Environment for taking the absurd position that the military could and should take on the role of environmental protection. But more importantly, while the Court emphasized the important role the military plays in securing the border, it also clarified that Indigenous peoples have the right to limit military activities in their territories, and in this case that right was violated by a ministerial decree that “wasn’t passed by Congress and never went through a process of prior consultation nor had the prior consent of the Indigenous communities required for these types of military activities.” The Court’s ruling affirms Indigenous people’s rights to autonomy and self-governance, especially for trans-border Indigenous nations in conflict-zones.

5. The ruling builds on recent Indigenous legal victories in Ecuador, and provides momentum for a major court battle on the right to free, prior and informed consent currently before the Court.

Indigenous peoples have proven time and again that they are best-positioned to fight for their rights, their rainforest territories and our global climate. With nearly 70% of the Ecuadorian Amazon in Indigenous hands, the country is a key battleground for Indigenous peoples and the broader struggle to protect our planet’s most important rainforest. The right to prior consultation is a fundamental tool that Indigenous communities are exercising to protect their lands, forests and way of life from the onslaught of extractive threats planned for their territories. In late 2018, the A’i Kofán of Sinangoe won a court victory that protected more than 32,000 hectares of primary rainforest from the impacts of gold mining and forces authorities to set in place restoration measures in an area that had been already heavily impacted by the mining operations. Then in 2019 the Waorani won a verdict indefinitely suspending the auctioning of Waorani lands to oil companies, immediately protecting nearly 200,000 hectares of forest land and calling into question the planned auctioning of 16 oil blocks over nearly 3 million hectares of Indigenous territory. In both cases, the court ruled that the government failed to adequately consult Indigenous peoples.

In early 2020, the Constitutional Court of Ecuador selected the Sinangoe and Waorani rulings for review out of thousands of cases, setting up the country’s first real opportunity for national jurisprudence on the application of Indigenous rights to prior consultation and self-determination. The outcome will determine whether these constitutional rights exist only on paper or are actually applicable in practice. This most recent ruling is yet another powerful wind in the sails of Indigenous rights in Ecuador and a warning shot to the government that Indigenous peoples must always participate in the decisions that impact them.

Amazon Frontlines filed an amicus curiae brief in this case and provided legal accompaniment to the Siona and Kichwa community of San José de Wisuya. The Ecuadorian human rights organization INREDH provided legal representation of the impacted communities. To learn more about our work with the Siona and Kichwa communities along the Putumayo River, please visit: https://www.amazonfrontlines.org/sionasurvival/