Alertamos a las organizaciones sociales y al Gobierno de Perú que la rotura del SOTE y del OCP afectan también a territorio peruano
8 de abril 2020. Quito, Ecuador – Las Organizaciones Sociales y de derechos humanos que suscribimos, ante la falta de información pública, oportuna y clara por parte del gobierno ecuatoriano, advertimos a las organizaciones peruanas: AIDESEP, ORPIO, ORKIWAN, ORGANIZACIÓN KICHWA WANKIRUNA DEL ALTO NAPO, Federación de comunidades nativas del alto y medio Río Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, OISPE, así como a las organizaciones eclesiásticas peruanas y del Vicariato de San José del Amazonas, que el día de ayer 7 de abril, en horas de la tarde, se produjo un derrame de crudo por una rotura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael ubicado en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).
A lo largo del día de hoy, varias comunidades que viven a las riberas de los ríos Coca y Napo han reportando que el derrame ha llegado hasta sus territorios generando graves afectaciones a, lo que para muchas de ellas es, su ÚNICA FUENTE de agua y alimentación.
Conocemos por redes sociales que el Municipio de Francisco de Orellana anunció la suspensión de la captación de agua desde el río Coca, a partir de las 21:00 del día de ayer. Además, el día de hoy, Juan Báez, director de Agua Potable del Municipio de Orellana, informó que han habilitado la planta de captación del río Payamino para el abastecimiento de residentes en zona urbana a efectos de evitar problemas de salud a la ciudadanía. Por su lado, Juan Carlos Orellana, alcalde del cantón Aguarico, en un comunicado, publicó también que se ha dejado de captar agua del río Napo, y que se buscará dotar a la ciudadanía del líquido vital. Sin embargo, ninguna de estas medidas garantizan el acceso al líquido vital para las comunidades indígenas y campesinas, asentadas en zonas rurales; así como tampoco su acceso a la alimentación a través de la pesca.
A pesar de que varias organizaciones de DD.HH. lo hemos solicitado, la empresa estatal de petróleos PETROECUADOR y los Ministerios ecuatorianos responsables NO han transparentado la información sobre la cantidad de crudo vertido, las medidas de contención tomadas y las alternativas para que las comunidades indígenas y campesinas afectadas garanticen sus derechos mínimos de subsistencia. Este hecho agrava mucho más la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan en el marco de la actual pandemia por el Covid-19.
La ÚNICA información proporcionada por el Estado ecuatoriano tiene que ver con los mecanismos para garantizar que el transporte de crudo no resulte afectado. Condenamos que no se genere la misma preocupación sobre la integridad, la salud y la alimentación de cientos de familias afectadas.
LLAMAMOS LA ATENCIÓN del gobierno peruano, a través de su Cancillería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Ambiente, para que exijan a su par ecuatoriano transparentar la información pública, oportuna y veraz sobre este hecho y sus implicaciones.
REQUERIMOS a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, de manera particular a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – REDESCA, realice un seguimiento exhaustivo de esta grave situación, y requieran de manera formal al Gobierno Ecuatoriano, en cabeza de Lenín Moreno, información detallada sobre los hechos acaecidos y las medidas tomadas en materia social y ambiental. Particularmente, de cara a la atención de la Pandemia.
DENUNCIA PÚBLICA: Violaciones de Derechos Humanos en el Putumayo Durante Estado de Emergencia Decretado por el COVID-19
Ante la persistencia de hechos de intimidación, amenazas, asesinatos, y violaciones a los derechos contra ciudadanos/as venezolanos/as, líderes, lideresas sociales, excombatientes y Pueblos Indígenas en el departamento de Putumayo en el marco del estado de emergencia decretado por el COVID-19
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO
Vicepresidenta de la República de Colombia
ALICIA ARANGO OLMOS
Ministra del Interior
CLAUDIA BLUM DE BARBERI
Ministra de Relaciones Exteriores
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Ministra de Justicia
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ
Ministro de Salud
RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
Ministro de Ambiente
EMILIO ARCHILA
Alto Consejero para la estabilización
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
Alta Consejera para los Asuntos Internacionales y Derechos Humanos
MIGUEL ANTONIO CEBALLOS
Alto Comisionado para la Paz
FRANCISCO BARBOSA
Fiscal General de la Nación
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor Nacional del Pueblo
Las organizaciones firmantes rechazamos el incremento de la violencia en Colombia en medio de la pandemia global por el Covid 19. Una vez más, llamamos a cesar todo tipo de violencia y apelamos al Estado a garantizar la vida e integridad de los habitantes del departamento de Putumayo quienes se encuentran en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento; recordándole la obligación reforzada en términos de especial protección para personas migrantes, defensores y defensoras de derechos humanos y Pueblos Indígenas.
Insistimos en las denuncias hechas desde el año pasado por las diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, así como los hechos de las últimas semanas:
1. El 19 de marzo de 2020 en fue asesinado MARCOS LEOPOLDO RIVADENEIRA ZABALA, representante legal de la asociación ASOPUERTOASÍS, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías. El señor Rivadeneira era reconocido por su liderazgo en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos, la defensa del territorio, la vida digna y los Acuerdos de Paz, sin que hasta el momento se conozcan investigaciones eficaces al respecto.
2. En la semana del 22 de marzo, 7 días después de la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica generada por el COVID-19, circuló por redes sociales un video que documentaba la atroz práctica de desmembramiento de cuatro cuerpos masculinos. Esta escena se difundió tras el asesinato cometido en el sector conocido como El Cedral ubicado a 20 minutos del centro urbano del municipio de Puerto Asís. Según lo manifestado por algunos habitantes del departamento, las víctimas eran de nacionalidad venezolana y algunos de ellos habían sido señalados como autores de hurtos en la región, por parte de grupos armados ilegales con presencia en la zona.
3. Desde el 23 de marzo y hasta la fecha en diversas carreteras del municipio de Puerto Asís se están presentando retenes y control armado por parte de estructuras del grupo autodenominado “La Mafia”. Grupos conformados entre cuatro y seis hombres de este grupo armado realizan retenes ilegales, e imponen control con rondas en motocicletas de alto cilindraje a pesar de la declaratoria de confinamiento y de acciones de con trol de FFAA y Fuerza Publica a raíz de la pandemia mundial por el COVID-19. Las acciones de intimidación, control y asesinatos por parte de estas estructuras armadas se realizan en una zona con fuerte presencia militar de la Brigada XXVII de Selva en Colombia, la Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur.
Adicionalmente, varias comunidades de la rivera del Putumayo denunciaron la presencia constante de actores armados irregulares pertenecientes a esta estructura, quienes de manera verbal han advertido a dirigentes y moradores que por disposición de los comandantes de dicha estructura “se la va a dar plomo cualquier persona que resulte sospechosa de contagio con COVID-19”, indicando que están en la obligación de informar al grupo de cualquier sospecha y de negarse se tomarán medidas contra las comunidades.
4. El 26 de marzo la Comisión Intereclesial informó del riesgo de ataque contra la lideresa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica JANI SILVA, ataques que se pueden desarrollar en los continuos movimientos que por su labor realiza la lideresa.
5. El 29 de marzo, según información difundida por medios de comunicación nacional y organizaciones de Derechos Humanos, fueron asesinados 3 personas en la vereda Brisas de Hong Kong, municipio de Puerto Asis (1). Las víctimas fueron identificadas como JOSÉ GREGORIO ÁLVAREZ BRITO, de 25 años, ÁNGEL GABRIEL FIGUERO CALDERÓN de 38 años, ambos de nacionalidad venezolana y EDITH NOHELIA CAICEDO de nacionalidad colombiana. Los hechos ocurrieron a tan solo tres minutos del casco urbano donde se ha ido posicionando la estructura armada “La Mafia”. La Red de Derechos Humanos de Putumayo, Piamonte, Cauca y Nariño manifestó que antes de estos hechos había informado a las autoridades locales sobre la circulación de panfletos amenazantes contra la población migrante, sin que hasta el momento se conozcan investigaciones eficaces al respecto.
Las amenazas, asesinatos y descuartizamientos se enmarcan dentro las acciones de control de la zona, por parte de actores armados ilegales que buscan difundir un mensaje de xenofobia y discriminación contra población venezolana que habita de manera itinerante en la porosa frontera entre Colombia y Ecuador o que busca establecerse en algún lugar, encontrándose en condición de extrema vulnerabilidad en medio de la emergencia del Covid19 y agravándose esta situación ante la estigmatización, el señalamiento y la impunidad.
El 31 de marzo fue exhumado el cuerpo de Juan Carlos Castillo, habitante del ETCR Heiler Mosquera. Juan Carlos habría sido asesinado y enterrado el pasado 27 de marzo, en límites del resguardo Nasa Kwisna Cxhab y la vereda Alto Lorenzo en el corregimiento La Carmelita del municipio de Puerto Asís.
7. El 05 de abril la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dio cuenta de once asesinatos en el departamento de Putumayo en medio de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, siete de estos casos han ocurrido en el municipio de Puerto Asís. (2)
Desde el mes de septiembre de 2019, mediante la Alerta temprana 040, la Defensoría del Pueblo señaló el elevado riesgo al que está expuesta la población civil del municipio de Puerto Asís y de algunos territorios colectivos de comunidades étnicas y Resguardos Indígenas, debido a la presencia y disputa por el control territorial de facciones ilegales de FARC – EP que no suscribieron el Acuerdo Final de Paz y la estructura armada ilegal autodenominada ‘La Mafia’, quienes han incrementado sus acciones de disputa armada durante los últimos días (3). Según información confirmada por varios líderes y lideresas de la región, los actores armados estarían amenazando con asesinar a quienes resulten con síntomas del Covid-19, como medida de control de la pandemia en el departamento del Putumayo.
Es inconcebible el control que estas estructuras armadas realizan e imponen a las comunidades en medio de las acciones y presencia constante tanto de la Brigada XXVII de Selva y la Fuerza Naval del Sur del Ejército y múltiples unidades de La Policía Nacional. Los asesinatos y amenazas contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, excombatientes, evidencia la crítica situación social por la que atraviesan las comunidades en el Putumayo, especialmente en el municipio de Puerto Asís, sin que el Estado colombiano garantice acciones de protección de manera integral.
Teniendo en cuenta los hechos sucedidos en el mes de marzo de 2020 contra la vida e integridad personal de líderes sociales, excombatientes y ciudadanos venezolanos, en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento de Putumayo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo, La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Washington Office on Latin America (WOLA) respaldamos las solicitudes de las organizaciones sociales y comunidades del Putumayo dirigidas a las autoridades municipales, departamentales y a las entidades del orden nacional, mediante las cuales se requiere de manera urgente:
(i) Acoger el Acuerdo Humanitario global por COVID-19 (4), propuesto por comunidades y organizaciones sociales de Putumayo y nivel nacional, el cual cuenta con el respaldo de distintos sectores sociales, académicos, ONG’s, y Organismos internacionales
(ii) La investigación, juzgamiento y sanción de los hechos que se presentan en un contexto de control territorial por parte de actores armados ilegales que difunden mensajes y acciones xenofóbicas y discriminatorias, mediante las amenazas y asesinatos contra ciudadanos venezolanos;
(iii) La investigación, juzgamiento y sanción de las amenazas y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y excombatientes en el departamento de Putumayo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final de Paz;
(iv) El fortalecimiento y cumplimiento de los protocolos de prevención, protección y garantías de no repetición a los habitantes del departamento, así como a los ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad para que se garanticen sus
derechos a la vida e integridad personal y no discriminación;
(v) Rechazar las actividades de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito realizadas
por el Ejército y la Policía Nacional aprovechándose de las limitaciones de movilidad y restricciones impuestas por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia, hasta que existan procesos de concertación directa con las comunidades y garantías de sustitución para las familias que derivan de allí su sustento;
(vi) La atención humanitaria urgente derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19 a la población vulnerable, que debe necesariamente incluir alimentos y medidas de bio-seguridad para las comunidades étnicas del departamento; así como la prevención de retornos a los territorios de las personas indígenas que habitan contextos urbanos a través de garantías de permanencia en sus lugares de ocupación
(vii) Exigir el fortalecimiento de los sistemas de salud intercultural para los pueblos indígenas, con inversión urgente y específica en transporte de equipos, insumos y material de capacitación para la prevención de la propagación del Covid-19 en los territorios.
(viii) Exigir a la Unidad Nacional de Protección, entrega de medios materiales idóneos y adecuados para los líderes y lideresas entre ellos Jani Silva, tales como garantizar cobertura de comunicación, embarcaciones fluviales, vehículos idóneos, chalecos.
GUSTAVO GALLÓN GIRALDO
Director
Comisión Colombiana de Juristas
DANILO RUEDA
Representante Legal
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
JAIME A. LEÓN
Director
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
FRANCISCO QUINTANA
Director del Programa para la Region Andina, Norteamérica y el Caribe
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
REINALDO VILLALBA VARGAS
Presidente
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
MARCO ROMERO SILVA
Director
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
LINA MARÍA ESPINOSA
Coordinadora Área Legal
Amazon Frontlines
GIMENA SÁNCHEZ – GARZOLI
Directora para los Andes
Washington Office on Latin America
Referencias
1. justiciaypazcolombia.com/asesinados-dos-venezolanos-y-una-mujer-colombiana/; y
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-asesinatos-no-paran-encuentran-tres-venezolanos-muertos- en-puerto-asis/660351
2. https://www.justiciaypazcolombia.com/oleada-de-19-asesinatos-por-presumible-responsabilidad-la- mayoria-del-grupo-llamado-la-mafia-en-zonas-de-operaciones-militares-y-policiales-continuidad-de- operaciones-de-erradicacion-forzosa-que-des/
3. Defensoría del Pueblo, Alerta temprana
4. No 040-19, de inminencia, debido a la situación de riesgo que enfrentan los habitantes del Corregimiento de Piñuña Blanco, Municipio Puerto Asís, departamento Putumayo. Septiembre de 2019.
https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-abierta-2-llamado-al-presidente-duque-maximo-comandante-ffmm/
Indigenous Peoples of the Amazon Launch Emergency Campaign Amidst Covid-19 Pandemic
6th April 2020. Puyo, Ecuador – In response to the global health crisis caused by the coronavirus pandemic, indigenous communities and organizations in Ecuador have officially launched an “Amazon Emergency Action Fund (COVID-19)” in order to raise urgent support internationally to help prevent the spread of the coronavirus into indigenous territories, and to guarantee Indigenous peoples’ survival.
As the COVID-19 pandemic sweeps across the far reaches of the globe, new cases have already been detected in frontier towns bordering indigenous lands in the Amazon, our world’s largest and most biodiverse rainforest. Ecuador has registered 3 646 cases of COVID-19 and 180 deaths to date, and is Latin America’s second hardest hit country after Brazil.
The Amazon Emergency Action Fund (COVID-19) has been launched as a response to the crisis, to finance and amplify the measures that eleven indigenous nations are leading on the ground to prevent the spread of the disease. As Ecuador struggles to grapple with the crisis in the country, nations across the region are blockading entrances to their territories, a preventative measure which has cut off many communities from access to basic food and supplies, and left some family members stranded outside their territories.
“The Ecuadorian government’s response so far has been negligent and irresponsible, and we are the most affected”, explains indigenous leader Jaime Vargas, President of Ecuador’s national indigenous organization CONAIE. In an effort to fill the void left by the government’s failure to plan for the protection and aid of indigenous peoples, indigenous nations and local non-profit organizations are now working together to execute a comprehensive emergency response plan, which integrates prevention, humanitarian aid and emergency assistance to meet communities’ essential needs. This includes providing food, supplies and medical attention, translating critical information into native languages, and lobbying before the government for better planning and resourcing of the country’s indigenous population.
In the wake of a tragic legacy of foreign pandemics decimating entire indigenous communities and even cultures, indigenous peoples— who have been protecting the Amazon for thousands of years— are one of our planet’s most vulnerable populations. Especially at risk are indigenous elders, the guardians of thousands of years of ancestral knowledge about the Amazon rainforest and how to protect it. The COVID-19 pandemic compounds the threats indigenous peoples face to their cultural and physical survival, exacerbating existing inequalities and systematic rights violations, such as invasions from illegal loggers, poachers and miners and the destructive impacts of fossil fuel extraction and big agriculture.
“The COVID-19 pandemic is a grave threat to us as indigenous nations because the State has never guaranteed our fundamental rights, such as our right to health”, affirms Alicia Salazar, Siona leader and Director of indigenous non-profit organization Ceibo Alliance. In late March, indigenous and human rights organizations in Ecuador sent a letter of concern urging the government to implement concrete, culturally adequate and effective protection measures in order to guarantee the fulfillment of Indigenous Peoples’ rights to life, integrity, access to health and self-determination during this health emergency. In many communities, key services, such as water, are chronically underfunded, and their geographical isolation makes swift access to basic health-care services a challenge, if not an impossibility. To date, there has been no response from the government to indigenous peoples’ concerns.
All of the proceeds raised through the campaign will go towards supporting indigenous efforts in the Amazon to contain the potentially devastating threat of coronavirus at a time when our world’s most important rainforest and indigenous cultures have never been under greater risk of annihilation. While deforestation and biodiversity loss accelerate, the current pandemic is symptomatic of a much deeper crisis in the world, edging us closer to climate chaos and an irreversible tipping point. As the ancestral guardians of millions of acres of pristine rainforest, indigenous peoples are key leaders of the just climate solutions our planet needs right now.
“Amazon Emergency Action Fund (COVID-19)” is a joint effort between Ecuador’s national indigenous organization CONAIE, regional indigenous organization of the Ecuadorian Amazon CONFENIAE, local indigenous non-profit organization Ceibo Alliance, and international non-profit organization Amazon Frontlines.
Visit the Campaign Website: www.bit.ly/covidactionfund
Declarations
“The Amazon’s Indigenous Peoples keep the rest of the world safe year-round by guarding and protecting the rainforest from destructive logging, drilling, mining and other illegal activity in their territories. Now we urgently need the global community to rally behind them, as they try to protect themselves from this invasive disease threatening their physical and cultural survival. Thousands of lives and the very health of our climate depend on what we do now to help.”
– Mitch Anderson, Executive Director of Amazon Frontlines
“We Indigenous Peoples don’t have guarantees for our lives in the midst of this nationwide and global crisis. If this pandemic reaches our communities, it will be the end of us as indigenous peoples. There are no hospitals near our communities, we don’t have access to information or basic services, and the geographic isolation of our territories means that this pandemic could be fatal for our people.”
– Jaime Vargas, President of the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE)
“The magnitude of this pandemic threatens our very survival as Amazonian indigenous peoples. If we don’t take action now, an outbreak could spread throughout our territories. This puts our very existence as indigenous nations at risk. We must organize to protect and guarantee our life, and we must act now.”
– Marlon Vargas, Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE)
“As a Siona woman, I feel deeply concerned by this global pandemic and the threat it poses for our people. Our elders and children are most vulnerable. Our elders hold all of our cultural knowledge. This is why we are launching this campaign, we want to protect and ensure our physical, cultural and spiritual survival for our future generations”.
– Alicia Salazar, Director of Ceibo Alliance
For more information, for media requests and to coordinate actions, please contact:
sophie@amazonfrontlines.org
+593 98 148 4873
Organizaciones llamamos la atención sobre la situación en provincias fronterizas
1 de abril 2020. Quito, Ecuador – Ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, hacemos un llamado de atención especial sobre la situación de las provincias fronterizas, donde los índices de pobreza y la falta de infraestructura sanitaria ponen en grave riesgo a la población. Esta situación prevalece también en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, zona en la que hemos registrado lo siguiente:
• Al menos 11 miembros del personal sanitario fueron contagiados. Este grupo de trabajadores de la salud realizó en días pasados continuas denuncias sobre la falta de equipamiento adecuado para la atención a pacientes. Preocupa que el personal positivo a COVID-19 laboró durante varios días hasta su aislamiento, convirtiendo al hospital provincial en centro de potencial contagio masivo. Ante la falta de pruebas, en este momento, se desconoce el alcance real de la enfermedad en la provincia.
• En la provincia, no se están realizando tomas de muestras para detección del COVID-19 por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), tampoco existen laboratorios privados acreditados. En este sentido, el municipio de Lago Agrio ha contratado de manera temporal los servicios de un laboratorio para la toma de muestras en el hospital Marco Vinicio Iza, el cual inició sus servicios el día de hoy. Este hecho permite establecer que el registro de casos de contagio podría ser mucho mayor al número reportado oficialmente, esto es, 27 personas.
• Con Memorando Nro. MSP-CZONAL1-2020-3459-M, la coordinación de Salud del MSP pidió al Hospital de Lago Agrio en préstamo dos ventiladores mecánicos para abastecer a la Casa de Salud en Carchi.
• El sistema de saneamiento ambiental tiene déficits y, en algunas zonas de la provincia, incluso es inexistente.
• Una de las zonas de contagio (Cuyabeno) es el ingreso a territorio indígena Siona, colocando en riesgo a miembros de las diferentes comunidades.
• Debido al aislamiento, varias comunidades indígenas y campesino-mestizas empiezan a denunciar desabastecimiento de alimentos esenciales, y reclama con urgencia la garantía de ayudas gubernamentales.
Esta realidad demuestra los gravísimos impactos del avance de la pandemia en esta zona y la falta de condiciones idóneas en materia de salud y políticas públicas existentes. Siendo estas contrarias a los estándares internacionales, que señalan que el derecho a la salud implica, además del goce y ejercicio de otros derechos, la disponibilidad, accesibilidad (sin discriminación, física, económica, acceso a la información), aceptabilidad y calidad; criterios que no están garantizados en zonas fronterizas.
En conocimiento de estos hechos, el COE Nacional debe, en coordinación con autoridades locales y sociedad civil, activar los mecanismos necesarios y urgentes, para fortalecer los sistemas de atención y respuesta antes de que la pandemia avance y sus impactos resulten irreversibles.
Acción Urgente Para Proteger A Los Pueblos Indígenas de COVID-19 en Ecuador
27 de marzo 2020. Quito, Ecuador – Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, ayer
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribieron una Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas.
Hasta la fecha, el país ha registrado 1.595 casos y 36 fallecidos. Se han confirmado varios casos en ciudades fronterizas en la Amazonia. Ecuador es actualmente la segunda nación más afectada en América Latina, precedida por Brasil.
En el documento adjunto, encontraran un detalle de los hechos que causan nuestra preocupación y una serie de medidas que deberán ser analizadas en implementadas de manera emergente por parte del los entes gubernamentales competentes a efectos de garantizar nuestra integridad y pervivencia.
ACCIÓN URGENTE
Ecuador, 26 de marzo de 2020
Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador
Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestion de Riesgos
Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador
Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos
Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, laConfederaciónde Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de lascomunidades campesinas.
a) Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al igual que comunidades rurales, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente al azote de la pandemia debido a la persistencia de condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a los bienes y servicios de la sociedad, así como por las condiciones de relativo aislamiento geográficode sus territorios -sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.
b) En particular, la situación de salud de varios Pueblos Indígenas y comunidades rurales ya es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles, a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud. En el actual contexto, la gravedad se exacerba por laausencia de medidas decontención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades, que consideren la movilidad entre y hacia los territorios; la ausencia de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, en idiomas propios y por canales eficientes a los que pueda acceder la población geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica.
c) Recordamos que mientras miles de personas tienen la posibilidad, de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19, también en la región Sierra, indígenas y campesinxs que dependen del trabajo diario, se ven obligados a salir y arriesgar sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad, en auge inclusive cientos de indígenas y campesinxs se han quedado varados en la ciudad sin alternativas de trabajo.
d) Esos criterios de vulnerabilidad resultan mucho más sensibles entre las poblaciones indígenas de reciente contacto y aquellas que permanecen en aislamiento voluntario en la amazonía ecuatoriana, debido a la condición inmunológica que suponen ambas situaciones; al tener menor diversidad genética son más susceptibles a cualquier enfermedad. Existen registros históricos de la especial vulnerabilidad de las poblaciones indígenas frente a las epidemias y esta podría no sería la excepción. Enfrentamos la posibilidad de altas tasas de mortalidad y morbilidad en estas poblaciones e incluso el riesgo de desaparición de los grupos que se mantienen en aislamiento voluntario en caso de que la pandemia alcance sus territorios.
e) Los últimos eventos debidos a la crecida de los ríos de la cuenca del Bobonoza, en las comunidades de la Parroquia Sarayaku, Provincia de Pastaza han desnudado unainsuficiente y poco efectiva cobertura del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y arrojan importantes lecciones sobre la necesidad de optimizar la coordinación entre las autoridades estatales de los diversos niveles y las autoridades de los Cabildos, federaciones y comunidades indígenas a fin de hacer frente a la emergencia optimizando los tiempos de respuesta y articulando iniciativas conjuntas en bien de la población indígena y campesina.
f) Los territorios indígenas, afros y campesinos siguen enfrentando graves amenazas y presiones en sus territorios debido a la persistencia de actividades extractivas “legales” e ilegales (tala de madera, minería ilegal, etc.) sin que se ejecuten garantías estatales para preservar los territorios indígenas, afros y campesinos. Así mismo aquellas actividades extractivas nohan cesado pese a la cuarentena y a la necesidad de observar protocolos de caución y seguridad sanitaria en relación a las poblaciones de estos territorios.
g) Las situaciones descritas en párrafos anteriores también corresponde a otras partes del territorio nacional donde se asientan Pueblos y Nacionalidades, de manera particular llamamos la atención sobre hechos denunciados por el Presidente de la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador -FNAE, quien indica que en la comunidad de Gualpí Bajo,Parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi, hay una niña de 14 años mordida por una serpiente venenosa que desde el pasado 23 de marzo y quien hasta la fecha no ha logrado recibir asistencia médica por no contar con medios de transporte y por el miedo de contagio con COVID-19 debido a la falta suficiente, oportuna y culturalmente adecuada de información y asistencia -algo que aqueja a la nacionalidad Awá hace mucho tiempo.. Esta comunidad queda a 12 horas de camino del primer centro poblado donde existe presencia del MSP.
h) La posible militarización de los territorios en nombre de la estrategia contra la pandemia, asistencia humanitaria o la “protección de los sectores estratégicos” es una seria amenaza adicional a las comunidades que hasta ahora se han podido mantener libres de contagio porque se han aislado voluntariamente. Lo cual en términos epidemiológicos es lo más conveniente, considerando que muchas de estas comunidades indígenas y rurales, por los problemas antes mencionados, tienen altas tasas de desnutrición lo que afecta directamente a su sistema inmune y las hace más vulnerables a diversas enfermedades -incluyendo este virus.
i) Aún nos encontramos a tiempo de contener una expansión vertiginosa de la pandemia dentro de los territorios indígenas y rurales, cuyas consecuencias podrían alcanzar magnitudes catastróficas en términos de pérdidas de vidas humanas y debilitamiento e incluso extinción de culturas milenarias. Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas. Hasta el momento han sido las propias organizaciones indígenas quienes han adoptado medidas preventivas y han exigido apoyo para que se impida la entrada y salida de actores externos a sus territorios.
Por ello, los abajo firmantes exhortamos al Gobierno Nacional a adoptar, con el carácter de urgente, las siguientes medidas sanitarias y de coordinación con los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a fin de evitar una crisis sanitaria de incalculables proporciones en las poblaciones y asentamientos indígenas y campesinos del territorio ecuatoriano, incluidos aquellos pueblos que tienen carácter transfronterizo y sobre los cuales el Gobierno tienen obligaciones contraídas
1. Requerimos que el Gobierno Nacional reconozca de manera pública quelos Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como comunidades rurales del país, son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia -como los adultos mayores y personas con inmunidad deprimida-y, en consulta con los mecanismos de autoridad y representación; tome todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen.
2. La garantía de vida y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario se entienda como un altísimo deber de resultados y no sólo de intenciones: no únicamente deben abstenerse de seguir autorizando actividades que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca. Una de estas medidas debe ser un efectivo cerco sanitario en coordinación con las poblaciones vecinas a sus territorios vecinos.
3. Instamos a las instituciones que están canalizando la ayuda, tanto al COE Nacional y a los COE municipales, se incluya en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino.Personas indígenas y campesinos que viven en las ciudades sin posibilidad de trabajo formal, ni diario, (consecuencia de la pandemia) como por ejemplo a quienes se desempeñan como cargadores, vendedores transeúntes, ya que la crisis los ha dejado en estado de vulnerabilidad. Además de proteger a las y los agricultores indígenas y campesinos que están trabajando para abastecer a las y los ecuatorianos.
4. El COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, de manera INDISPENSABLE, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños.
Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, y las organizaciones y dirigencias Indígenas y campesinas de los niveles nacional, regional y comunitario para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral). La improvisación mata y en los casos de comunidades indígenas, diezma y extermina, como ya nos ha demostrado la historia.
5. Así mismo, urge que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones para quese atienda sus necesidades y se den las facilidades logísticas para que le ayuda que las propias comunidades han gestionado llegue de manera urgente, poniendo interés especial en la situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
6. La garantía de alimentación durante la emergencia ya decretada incluya que se respete y proteja la economía de pervivencia de las comunidades productoras, lo cual no necesariamente requiere la provisión de productos sino la revisión de las medidas de movilidad restringida por la emergencia. Las comunidades deben continuar con la producción de bienes y regresar a sus territorios, en condiciones de seguridad. Así mismo se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.
7. La garantía de salud integral asuma como condiciones previas
a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Abastezca a las unidades de salud, que prestan asistencia a los indígenas y campesinos, con la cantidad necesaria de insumospara protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.
c) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando y hacer sistemas enlos lugares donde aún no existan.
d) Estar preparados para el caso en que sea necesario ofrecer apoyo alimentario en caso de epidemias en comunidades/territorios indígenas y campesinxs.
8. El movimiento indígena, como cooperación ante la emergencia sanitaria,ha generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades, por tanto es obligación del estado la difusión de los contenidos interculturales generados, más aún si se habla de un estado Plurinacional; el Gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.
9. El gobierno intensifique las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de lascomunidades.
Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos.
10. Que se tenga particular atención a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la frontera norte, zona históricamente desatendida y con afectaciones exacerbadas por la persistencia de conflicto y la presion que ejercen sobre las comunidades actores armados regulares e irregulares.
11. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas ensus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.
Para mayor informacion o coordinacion favoir comun icarse a traves de las siguientes cuentas de correo::
comunicacion@conaie.org / comunicacionconfeniae@gmail.com / maria@amazonfrontlines.org / jose@landislife.org
Suscriben:
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador – CONFENIAE
Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador – FNAE
Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE
Nacionalidad Siekopai de Ecuador – NASEPAI
Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza CONCONAWEP
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por:
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”
Comision Ecumenica de Derechos Humanos – CEDHU
Idea Dignidad
Fundacion Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH
Amazon Frontlines
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador. – OMASNE
Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas -REDCONE
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Land is Life
Amazon Watch
Acción Urgente Para Proteger A Los Pueblos Indígenas de COVID-19 en Ecuador
27 de marzo 2020. Quito, Ecuador – Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribieron una Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas.
Hasta la fecha, el país ha registrado 1.595 casos y 36 fallecidos. Se han confirmado varios casos en ciudades fronterizas en la Amazonia. Ecuador es actualmente la segunda nación más afectada en América Latina, precedida por Brasil.
En el documento adjunto, encontraran un detalle de los hechos que causan nuestra preocupación y una serie de medidas que deberán ser analizadas en implementadas de manera emergente por parte del los entes gubernamentales competentes a efectos de garantizar nuestra integridad y pervivencia.
ACCIÓN URGENTE
Ecuador, 26 de marzo de 2020
Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador
Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestion de Riesgos
Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador
Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos
Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, laConfederaciónde Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de lascomunidades campesinas.
a) Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al igual que comunidades rurales, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente al azote de la pandemia debido a la persistencia de condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a los bienes y servicios de la sociedad, así como por las condiciones de relativo aislamiento geográficode sus territorios -sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.
b) En particular, la situación de salud de varios Pueblos Indígenas y comunidades rurales ya es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles, a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud. En el actual contexto, la gravedad se exacerba por laausencia de medidas decontención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades, que consideren la movilidad entre y hacia los territorios; la ausencia de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, en idiomas propios y por canales eficientes a los que pueda acceder la población geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica.
c) Recordamos que mientras miles de personas tienen la posibilidad, de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19, también en la región Sierra, indígenas y campesinxs que dependen del trabajo diario, se ven obligados a salir y arriesgar sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad, en auge inclusive cientos de indígenas y campesinxs se han quedado varados en la ciudad sin alternativas de trabajo.
d) Esos criterios de vulnerabilidad resultan mucho más sensibles entre las poblaciones indígenas de reciente contacto y aquellas que permanecen en aislamiento voluntario en la amazonía ecuatoriana, debido a la condición inmunológica que suponen ambas situaciones; al tener menor diversidad genética son más susceptibles a cualquier enfermedad. Existen registros históricos de la especial vulnerabilidad de las poblaciones indígenas frente a las epidemias y esta podría no sería la excepción. Enfrentamos la posibilidad de altas tasas de mortalidad y morbilidad en estas poblaciones e incluso el riesgo de desaparición de los grupos que se mantienen en aislamiento voluntario en caso de que la pandemia alcance sus territorios.
e) Los últimos eventos debidos a la crecida de los ríos de la cuenca del Bobonoza, en las comunidades de la Parroquia Sarayaku, Provincia de Pastaza han desnudado unainsuficiente y poco efectiva cobertura del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y arrojan importantes lecciones sobre la necesidad de optimizar la coordinación entre las autoridades estatales de los diversos niveles y las autoridades de los Cabildos, federaciones y comunidades indígenas a fin de hacer frente a la emergencia optimizando los tiempos de respuesta y articulando iniciativas conjuntas en bien de la población indígena y campesina.
f) Los territorios indígenas, afros y campesinos siguen enfrentando graves amenazas y presiones en sus territorios debido a la persistencia de actividades extractivas “legales” e ilegales (tala de madera, minería ilegal, etc.) sin que se ejecuten garantías estatales para preservar los territorios indígenas, afros y campesinos. Así mismo aquellas actividades extractivas nohan cesado pese a la cuarentena y a la necesidad de observar protocolos de caución y seguridad sanitaria en relación a las poblaciones de estos territorios.
g) Las situaciones descritas en párrafos anteriores también corresponde a otras partes del territorio nacional donde se asientan Pueblos y Nacionalidades, de manera particular llamamos la atención sobre hechos denunciados por el Presidente de la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador -FNAE, quien indica que en la comunidad de Gualpí Bajo,Parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi, hay una niña de 14 años mordida por una serpiente venenosa que desde el pasado 23 de marzo y quien hasta la fecha no ha logrado recibir asistencia médica por no contar con medios de transporte y por el miedo de contagio con COVID-19 debido a la falta suficiente, oportuna y culturalmente adecuada de información y asistencia -algo que aqueja a la nacionalidad Awá hace mucho tiempo.. Esta comunidad queda a 12 horas de camino del primer centro poblado donde existe presencia del MSP.
h) La posible militarización de los territorios en nombre de la estrategia contra la pandemia, asistencia humanitaria o la “protección de los sectores estratégicos” es una seria amenaza adicional a las comunidades que hasta ahora se han podido mantener libres de contagio porque se han aislado voluntariamente. Lo cual en términos epidemiológicos es lo más conveniente, considerando que muchas de estas comunidades indígenas y rurales, por los problemas antes mencionados, tienen altas tasas de desnutrición lo que afecta directamente a su sistema inmune y las hace más vulnerables a diversas enfermedades -incluyendo este virus.
i) Aún nos encontramos a tiempo de contener una expansión vertiginosa de la pandemia dentro de los territorios indígenas y rurales, cuyas consecuencias podrían alcanzar magnitudes catastróficas en términos de pérdidas de vidas humanas y debilitamiento e incluso extinción de culturas milenarias. Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas. Hasta el momento han sido las propias organizaciones indígenas quienes han adoptado medidas preventivas y han exigido apoyo para que se impida la entrada y salida de actores externos a sus territorios.
Por ello, los abajo firmantes exhortamos al Gobierno Nacional a adoptar, con el carácter de urgente, las siguientes medidas sanitarias y de coordinación con los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a fin de evitar una crisis sanitaria de incalculables proporciones en las poblaciones y asentamientos indígenas y campesinos del territorio ecuatoriano, incluidos aquellos pueblos que tienen carácter transfronterizo y sobre los cuales el Gobierno tienen obligaciones contraídas
1. Requerimos que el Gobierno Nacional reconozca de manera pública quelos Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como comunidades rurales del país, son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia -como los adultos mayores y personas con inmunidad deprimida-y, en consulta con los mecanismos de autoridad y representación; tome todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen.
2. La garantía de vida y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario se entienda como un altísimo deber de resultados y no sólo de intenciones: no únicamente deben abstenerse de seguir autorizando actividades que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca. Una de estas medidas debe ser un efectivo cerco sanitario en coordinación con las poblaciones vecinas a sus territorios vecinos.
3. Instamos a las instituciones que están canalizando la ayuda, tanto al COE Nacional y a los COE municipales, se incluya en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino.Personas indígenas y campesinos que viven en las ciudades sin posibilidad de trabajo formal, ni diario, (consecuencia de la pandemia) como por ejemplo a quienes se desempeñan como cargadores, vendedores transeúntes, ya que la crisis los ha dejado en estado de vulnerabilidad. Además de proteger a las y los agricultores indígenas y campesinos que están trabajando para abastecer a las y los ecuatorianos.
4. El COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, de manera INDISPENSABLE, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños.
Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, y las organizaciones y dirigencias Indígenas y campesinas de los niveles nacional, regional y comunitario para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral). La improvisación mata y en los casos de comunidades indígenas, diezma y extermina, como ya nos ha demostrado la historia.
5. Así mismo, urge que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones para quese atienda sus necesidades y se den las facilidades logísticas para que le ayuda que las propias comunidades han gestionado llegue de manera urgente, poniendo interés especial en la situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
6. La garantía de alimentación durante la emergencia ya decretada incluya que se respete y proteja la economía de pervivencia de las comunidades productoras, lo cual no necesariamente requiere la provisión de productos sino la revisión de las medidas de movilidad restringida por la emergencia. Las comunidades deben continuar con la producción de bienes y regresar a sus territorios, en condiciones de seguridad. Así mismo se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.
7. La garantía de salud integral asuma como condiciones previas
a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Abastezca a las unidades de salud, que prestan asistencia a los indígenas y campesinos, con la cantidad necesaria de insumospara protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.
c) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando y hacer sistemas enlos lugares donde aún no existan.
d) Estar preparados para el caso en que sea necesario ofrecer apoyo alimentario en caso de epidemias en comunidades/territorios indígenas y campesinxs.
8. El movimiento indígena, como cooperación ante la emergencia sanitaria,ha generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades, por tanto es obligación del estado la difusión de los contenidos interculturales generados, más aún si se habla de un estado Plurinacional; el Gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.
9. El gobierno intensifique las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de lascomunidades.
Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos.
10. Que se tenga particular atención a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la frontera norte, zona históricamente desatendida y con afectaciones exacerbadas por la persistencia de conflicto y la presion que ejercen sobre las comunidades actores armados regulares e irregulares.
11. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas ensus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.
Para mayor informacion o coordinacion favoir comun icarse a traves de las siguientes cuentas de correo::
comunicacion@conaie.org / comunicacionconfeniae@gmail.com / maria@amazonfrontlines.org / jose@landislife.org
Suscriben:
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador – CONFENIAE
Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador – FNAE
Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE
Nacionalidad Siekopai de Ecuador – NASEPAI
Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza CONCONAWEP
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por:
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”
Comision Ecumenica de Derechos Humanos – CEDHU
Idea Dignidad
Fundacion Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH
Amazon Frontlines
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador. – OMASNE
Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas -REDCONE
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Land is Life
Amazon Watch
Urgent Action Needed To Protect Indigenous Peoples From COVID-19 In Ecuador
March 27 2020. Quito, Ecuador – In response to the global health crisis related to the coronavirus pandemic, yesterday indigenous and human rights organizations in Ecuador sent a letter of concern urging the government to implement concrete, culturally adequate and effective protection measures in order to guarantee the fulfillment of Indigenous Peoples’ rights to life, integrity, access to health and self-determination during this health emergency, as well as for rural communities. To date, the country has registered 1 595 cases of covid-19 and 36 deaths. Several cases have been confirmed in frontier towns in the Amazon. Ecuador is currently the second most affected nation in Latin America, preceded by Brazil.
The letter, presented below, outlines the collective concerns of Indigenous Peoples in the face of this national state of emergency, and puts forward a series of measures which should be analyzed and implemented by the government’s corresponding institutions in order to guarantee Indigenous Peoples’ integrity and survival.
Letter: Urgent Action Needed
Ecuador, March 26, 2020
Mr. Lenin Moreno
President of the Republic of Ecuador
Mrs. Alexandra Ocles
Risk Management Secretary
Mr. Juan Carlos Zevallos López
Minister of Public Health in Ecuador
National and International Human Rights Organizations
Due to the health crisis the world is facing during the COVID-19 pandemic, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), the Confederation of Indigenous Nationalities of the Amazon of Ecuador (CONFENIAE), the Federation of Awá Nationality Ecuador (FNAE), the Alliance of Human Rights Organizations, Non-Governmental Organizations and civil society sign this Urgent Action demanding that the Ecuadorian National Government provide urgent, appropriate and culturally appropriate public health resources in the face of this health emergency, and the fulfillment of the rights to life, safety, access to health and self-determination of Indigenous peoples and nationalities, as well as rural communities.
a) Indigenous people of Ecuador, as well as its rural communities, are particularly vulnerable to the scourge of the pandemic due to persistent inequality, exclusion and discrimination in general access to public services, as well as the relative geographic isolation of their territories to those services – especially in the case of indigenous Amazonian and coastal populations.
b) The health of several indigenous people and rural communities is already compromised due to their lack of built up immunity and the introduction of infectious and contagious diseases and chronic non-communicable diseases. Additionally, their socio-economic statuses, and poor access to medical services place them at risk. In the current context, the severity of this pandemic is exacerbated by unrealistic physical distancing advice that fails to acknowledge the geographical and cultural realities of these communities, nor the necessary mobility between and to their territories. There is also an absence of culturally appropriate communication and information strategies readily available in diverse languages and through effective channels that can be accessed by people in remote villages without cellphones, telephones, internet, television, or electricity.
c) While thousands of people have the privilege of staying at home to prevent the spread of COVID-19, in the mountain region indigenous people who depend on commuting daily for work, are forced to go out and risk their lives and health. Many travel to provide food to the city. Hundreds of indigenous people have lost employment due to the pandemic and have been stranded in the city without employment alternatives.
d) Recently contacted indigenous populations and those that remain in voluntary isolation in the Ecuadorian Amazon, are most at risk during this pandemic due to their low immunity; having less genetic diversity, they are more susceptible to any disease. There are historical records of the special vulnerability of indigenous populations to epidemics and this pandemic is not likely to be the exception. There is a possibility of high mortality rates of isolated indigenous populations and we risk the disappearance of groups that remain in voluntary isolation if the pandemic reaches their territories.
e) The latest natural disaster, the flooding of the rivers of the Bobonoza basin, in the communities of the Sarayaku region, of the Pastaza Province, have exposed insufficient and ineffective coverage of the National Risk Management Service and shed important lessons on the need to optimize coordination between the state authorities at various levels and the authorities of the communities, federations and indigenous communities in emergency situations. There is an urgent need to optimize response times and coordinate joint initiatives for the safety of the indigenous and rural population.
f) Indigenous and Afro-Ecuadorian territories, as well as small-scale farmers, continue to face serious threats and pressure due to the persistence of “legal” and illegal extractive activities (logging, illegal mining, etc.) without enforcement by state authorities to preserve indigenous territories. Unfortunately, those extractive activities have not ceased despite the quarantine. The state must guarantee that people affiliated with these activities observe security protocols and sanitary recommendations to protect the indigenous populations in these territories.
g) The situations described in the preceding paragraphs also correspond to other parts of the national territory where indigenous peoples live, in particular we call attention to events denounced by the President of the Federation of the Awá Nationality of Ecuador – FNAE. FNAE had indicated that in the Gualpí Bajo community, parroquia of Chical, county of Tulcan, there is a 14-year-old girl that was bitten by a snake on March 23 and who to this day has not been able to receive medical assistance due to lack of transportation and the fear of COVID-19. This is because information and assistance in relation to the novel coronavirus is not sufficient, timely or culturally relevant. This particular community is 12 hours away from the first populated village where there is medical assistance.
h) The possible militarization of indigenous territories in the name of “the strategy against the pandemic,” to provide humanitarian assistance or for the “protection of the extractive industries” is an additional serious threat to the communities that until now have been able to remain free of contagion because they have voluntarily isolated themselves. Which in epidemiological terms is ideal, considering that many of these indigenous and rural communities, due to the aforementioned problems, have high rates of malnutrition, which directly affects their immune system and makes them more vulnerable to various diseases – including this virus.
i) We still have time to contain a spiralling expansion of the pandemic within indigenous and rural territories, the consequences of which could reach catastrophic proportions in terms of loss of life and the weakening and even extinction of ancient cultures. We note that, so far, the Ministry of Health, the Risk Secretariat and the Emergency Operation Committees at the National and Provincial levels have not deployed coordination mechanisms with organizations of indigenous peoples and nationalities, let alone implemented preventive actions. Until now, it has been the indigenous organizations themselves that have adopted preventive measures and have demanded support to prevent the entry and exit of external actors to their territories.
Therefore, we, the undersigned, urge the National Government to adopt, as an urgent matter, the following health measures and coordination with Indigenous Peoples and Nationalities, in order to avoid a health crisis of incalculable proportions in indigenous and farmer populations and settlements of the Ecuadorian territory, including those towns that have a cross-border nature and on which the Government has stricter obligations.
1. We require the National Government to publicly acknowledge that Indigenous Peoples and Nationalities are a population especially vulnerable to the pandemic – such as older adults and people with decreased immunity – and, in consultation with their mechanisms of authority and representation, take all necessary, culturally appropriate and effective measures to protect the communities and territories on which they depend.
2. The guarantee to life and self-determination of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation is understood as a very high duty of results and not only of intentions: not only must the Government refrain from continuing to authorize activities that increase the probability of contact, but also measures must be taken to ensure that this does not occur. One of these measures should be an effective health buffer-zone in coordination with the populations inhabiting the neighboring territories of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation.
3. We urge the institutions that are channeling aid, both to the National COE and to the municipal COEs, to include the indigenous people in their contingency plan. Indigenous people living in the cities without the possibility of formal or daily work (as a consequence of the pandemic), such as those who work as shippers and ambulatory vendors, since the crisis has left them in a state of vulnerability, in addition to protecting indigenous farmers who are working to supply Ecuadorians.
4. The National COE IMMEDIATELY establish a high-level technical working group, which includes the participation of professionals specialized in health and safety and which, in an INDISPENSABLE manner, receives permanent advice from Indigenous and Non-Indigenous Organizations with expertise in working with Indigenous Peoples in order to guarantee the appropriateness of their intervention and to minimize potential damages.
This space must guarantee agile and effective coordination between the National COE, the Ministry of Health, the Risk Secretariat, the Police and the Armed Forces, and the organizations and indigenous leaders of the national, regional and community levels to maintain the communities free of contagion and insured of their vital basic needs (food and comprehensive health). Improvisation in these matters kills and, in the cases of indigenous communities, decimates and exterminates, as history has already shown us.
5. Likewise, it is urgent that these institutions coordinate with the indigenous organizations that represent the Bobonaza river communities affected by the floods so that their needs are met and logistical help is provided so that the communities themselves can manage to arrive urgently, putting special interest in the situation of women, girls, boys and adolescents.
6. The food guarantee during the emergency already nationally decreed includes respecting and protecting the survival economy of the producing communities, which does not necessarily require the provision of products but rather the review of mobility measures restricted by the emergency. Communities must continue to produce goods and return to their territories, in safety. Likewise, it must be ensured that the communities have access to their own food sources supplied through fishing, hunting and gathering practices, ensuring that they are not contaminated or affected by non-indigenous third parties, including companies or those who carry out “legal” or illegal mining and forestry activities.
7. The comprehensive health guarantee assumes as preconditions:
a) In agreement and coordination with the organizations and authority systems of the communities and council, culturally appropriate actions are taken of primary prevention (to prevent Covid-19 from reaching the communities), secondary prevention (for early detection of cases) and tertiary prevention (to reduce mortality).
b) Supply the health units, which provide assistance to indigenous people, with the necessary quantity of supplies for individual protection, symptomatic medications, personal hygiene products and to guarantee adequate replacement flow.
c) Repair water supply systems in communities where they are not working and build systems in places where they do not yet exist.
d) Be prepared in case it is necessary to offer food aid in case of epidemics in indigenous and farmer communities / territories.
8. The indigenous movement, in cooperation with the health emergency, has generated an informative and preventive campaign in languages of indigenous peoples and nationalities, therefore it is the State’s obligation to disseminate the generated intercultural content, even more so in a Plurinational state; the Government must guarantee and arrange the wide and permanent dissemination of these contents through all public and private channels, and in all formats: radio, television, written press and digital platforms.
9. That the government intensify surveillance and protection actions for territories invaded by illegal miners, drug traffickers, loggers, settlers, missionaries, tourists, etc. This in agreement and coordination with the authorities and systems of governance and territorial protection of the communities.
Neither the emergency, nor a punitive and military notion of “national security” can give rise to the unwarranted militarization of territories, which is expressly rejected by international and Ecuadorian constitutional law on the rights of indigenous peoples.
10. That particular attention be paid to the indigenous and farmer communities that inhabit the northern border with Colombia, an area historically neglected and affected by the persistence of conflict and the pressure exerted on the communities by regular and irregular armed actors.
11. That the government prioritize the rights to dignified life, health, physical integrity, consent and self-determination of Indigenous Peoples over extractive activities in their territories. The incompatibility between these and the rights of peoples must always be resolved in their favor, particularly in cases where historical experience and the precautionary principle require stopping activities and / or establishing moratoriums so as not to risk the survival of human groups especially vulnerable. Likewise, in protection of indigenous peoples and their rights.
For more information or to coordinate actions, please contact:
sophie@amazonfrontlines.org
Signed:
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador – CONFENIAE
Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador – FNAE
Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE
Nacionalidad Siekopai de Ecuador – NASEPAI
Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza CONCONAWEP
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por:
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”
Comision Ecumenica de Derechos Humanos – CEDHU
Idea Dignidad
Fundacion Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH
Amazon Frontlines
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador. – OMASNE
Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas -REDCONE
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Land is Life
Amazon Watch
ALERTA: Derecho A La Salud En Estado De Emergencia Por El Covid-19
24 de marzo 2020, Quito, Ecuador – Las organizaciones que conformamos esta Alianza manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, especialmente del derecho a la salud, durante la emergencia suscitada por el covid-19. De acuerdo con lo reconocido en el artículo 32 de la Constitución “la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.
La Alianza recuerda al Estado ecuatoriano que el derecho a la salud implica, además del goce y ejercicio de otros derechos, también los siguientes elementos: disponibilidad, accesibilidad (sin discriminación, física, económica, acceso a la información), aceptabilidad y calidad. Para la concreción de estos elementos, se requiere contar con condiciones sanitarias adecuadas: que los sectores más vulnerables y marginados de la población tengan acceso físico a los establecimientos, a los tratamientos, a la información sobre salud; a contar con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario, aprobados y en buen estado, agua limpia potable, entre otros requerimientos mínimos.
El Estado ecuatoriano tiene que cumplir obligaciones básicas con respecto del derecho a la salud. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), son las siguientes: a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; b) asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y que garantice que nadie padezca hambre; c) garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable; d) facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; e) velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; f) adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población (…)
Tanto con relación al derecho a la salud como a los derechos vinculados con éste, el Estado tiene obligaciones de respeto, protección y realización (esto es, de cumplir o facilitar). En circunstancias como las actuales, estas obligaciones suponen también adoptar inmediatamente medidas deliberadas y concretas dirigidas al pleno ejercicio de los derechos.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales, a las organizaciones que conformamos la Alianza nos preocupa profundamente la denuncia reiterada de las y los profesionales de la salud durante los días de emergencia sanitaria sobre la falta de implementos de seguridad en los hospitales necesarios, para cumplir con su trabajo sin riesgo de contagio. Este hecho ha sido reconocido por el propio Vicepresidente de la República al disponer, recién el 20 de marzo, que las autoridades cumplan con esta obligación básica, indispensable para garantizar los derechos humanos de los profesionales de la salud, de sus familias y de toda la población. Demandamos, en este sentido, al Estado ecuatoriano cumplir con sus obligaciones y facilitar todos los insumos para precautelar la salud y, por consiguiente, garantizar los derechos de las y los trabajadores de la salud como los de toda la población. Las organizaciones que conformamos la Alianza estaremos vigilantes de su concreción.
Asimismo, demandamos al Estado ecuatoriano cumplir con sus obligaciones básicas con relación al acceso a alimentos de los sectores más vulnerables de la población, considerando las últimas cifras oficiales y públicas de desempleo, subempleo, pobreza, pobreza extrema y de feminización de la pobreza. En tal sentido, exhortamos a las autoridades centrales y seccionales a proporcionar líneas de información que efectivamente permitan, a quienes lo requieran, acceder de manera segura a alimentación suficiente. Hecho que debe estar encaminado también a disminuir un estado de angustia que supondría el aislamiento, pero, principalmente, la falta de acceso a una actividad laboral diaria de la que dependen varias familias.
Hacemos esta alerta, pues, pese a los anuncios de entrega de alimentos, hasta la fecha, ha sido imposible acceder a canales oficiales de información adecuados, que permitan a todas personas en situación de vulnerabilidad tener garantizado su derecho a contar con alimentos en esta emergencia; esto, tomando en consideración que el decreto de estado de excepción por calamidad pública tiene fecha de 16 de marzo. Recordamos al Estado y a sus autoridades que todas las personas tienen derecho a ser protegidas contra el hambre; y que el derecho a la alimentación adecuada, de acuerdo con el Comité DESC, implica que “(…) cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole”.
Asimismo, alertamos al Estado ecuatoriano sobre la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades indígenas y campesinas, especialmente, aquellas que se encuentran más distantes en la geografía; así como, aisladas del sistema nacional de salud y de información actualizada sobre lo que está ocurriendo en el país, los síntomas de la infección viral covid-19 y los protocolos a seguir. Es en estos lugares donde no existen procesos claros sobre ingreso y salida de personas. De igual forma, alertamos del riesgo que corren estas poblaciones, especialmente las indígenas, cuya situación de salud por enfermedades infecto-contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y al deficiente servicio de salud.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, más del 50 % de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas —como el paludismo y la tuberculosis.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos le reiterera al Estado ecuatoriano la preocupación, que ya fue señalada por el Relator Especial de la Onu al final de su visita al Ecuador en septiembre de 2019, sobre los recursos destinados a hacer efectivo el derecho a la salud: “He sido informado sobre las medidas de austeridad anunciadas a principios de este año. Dichas restricciones financieras pueden ser perjudiciales para la efectividad y sostenibilidad del sistema de atención médica y pueden agregar una tensión adicional a un sistema que ya está sobrecargado con recursos humanos y financieros limitados. Aunque todavía no está claro cómo se aplicarán los recortes presupuestarios, parece que la muy necesaria experticia médica y técnica en el sistema de salud corre el riesgo de ser suprimida. Recomiendo firmemente aumentar las inversiones en el sistema de salud y alcanzar el 4% del PIB tal como se establece en la Constitución”.
De esta manera, y ante la emergencia, demandamos al Estado articular los medios necesarios y constitucionales, a fin de garantizar el derecho a la salud de la población, por ejemplo, posponiendo el pago de la deuda externa, ordenando las requisiciones pertinentes o la recaudación anticipada de tributos especialmente a los grandes grupos empresariales y, sobre todo, disponiendo el cobro de deudas firmes a dichas empresas, deudas firmes que, de acuerdo con el SRI, significarían más de 1400 millones de dólares en relación con 500 deudores. Ya el Comité DESC, en su último informe al país, instó al Estado “a garantizar los recursos financieros y humanos necesarios para mantener los niveles de acceso a servicios de salud y remediar los desequilibrios que afectan a los grupos más desfavorecidos”.
Es indispensable que se realicen campañas de información y difusión, con enfoques diferenciados y culturalmente pertinentes; así como, establecer protocolos claros de atención en favor de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que resulten mas vulnerables por su ubicación geográfica o sus condiciones de acceso a servicios de salud. El COE deberá, además de recibir asesoría de profesionales especializados en salud y seguridad, buscar asesoría de personas y organizaciones con experticia en trabajo con Pueblos Indígenas, Campesinos y Afrodescendientes a efectos de garantizar la pertinencia de su intervencion y minimizar de potenciales daños.
También le recordamos al Estado ecuatoriano que, de acuerdo con dicho Comité, “Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas (…) Cabe señalar sin embargo que un Estado Parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas (…) que son inderogables”.
Finalmente, hacemos hincapié en que el Estado ecuatoriano es el responsable de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular, la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
Fuentes
1. Observación general 12 : El derecho a una alimentación adecuada. Naciones Unidas.Consejo económico y social. Comité de derechos económicos, sociales y culturales (1999).
2. Observación general 14: El derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud. Naciones Unidas.Consejo económico y social. Comité de derechos económicos, sociales y culturales (2000).
3. Ranking de deudas a 23 de marzo de 2020. Recuperado de: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriPagosWeb/ConsultaRankingDeudas/Consultas/mostrarRankingDeudas
4. Visita País a Ecuador, 17-26 de septiembre de 2019 por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Sr. Dainius Pūras. Observaciones preliminares. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25061&LangID=s
Indigenous Knowledge Keeps Forests Standing
Indigenous peoples have been protecting the Amazon, our world’s largest rainforest, for thousands of years. Today, in the face of our climate crisis, biodiversity loss and a global pandemic, we celebrate the forests which give life to our world. It is thanks to indigenous peoples that our world’s last wild forests are still standing.
In these uncertain times, we stand strong with our indigenous partners in their struggle to continue defending the Amazon against all odds: their knowledge and wisdom is essential in paving a path forward towards a balanced planet and to restore harmony with the natural world. They know that our future is irreconcilably intertwined with the fate of the Amazon.
Watch and share this video on World Forests Day to show your support and help grow the movement!
The Water Protectors Of The Amazon
As our planet’s mightiest river, the Amazon and its tributaries form the most intricate and biodiverse water system in the world. Without it, we would lose over one fifth of our planet’s freshwater supplies and our largest rainforest – the lungs of the world – would cease to exist. In the face of escalating pressures and threats from the industrialized world, indigenous peoples are at the forefront of movements to protect water and the rivers that are the lifelines to their ancestral rainforest territories.
Rivers are essential for the daily life of thousands of indigenous communities across the region, and have sustained their cultures, their livelihoods, and ways of life for thousands of years. Yet the health of the Amazon’s rivers is increasingly at risk. Unprecedented rates of deforestation and the advance of the extractive frontier are pushing the Amazon rainforest towards a dangerous tipping point, which could be less than thirty years away. Scientists affirm that at the current rate of deforestation, the Amazon’s rainfall will soon be drastically reduced, drying up rivers and the rainforest, and dramatically altering our planet’s climate, health, and freshwater resources.
Indigenous peoples are on the frontlines taking action and building solutions to defend rivers and their biodiversity for their peoples and the planet. In the following photo-essay, we take a snapshot journey through the Amazon’s rivers, and into the lives and struggles of the Amazon’s indigenous water protectors who are winning remarkable victories for rivers and the rights of nature despite all the odds.
“When our rivers become contaminated, the spirits are affected just like we are. The spirits of the river and the forest leave us, and everything else we have – in our territory and as a people – gets lost.”
– Kofan leader Alex Lucitante
Indigenous people's fight for clean water
“These rainwater harvesting systems that will provide families with clean drinking water are the result of our hard work. We built these systems. We will take care of them. Together we can improve the quality of life for our own communities.”
– Kofan leader Emergildo Criollo
Major Victories For Rivers
“We need to unite in the struggle because the fight is not only for indigenous people but for all of humanity. We have to sustain our planet. That is what we have to do: Unite to save our planet.”
– Waorani leader Nemonte Nenquimo
