Comunidades kichwa afectadas por el derrame de crudo enfrentan graves problemas de salud asociados al derrame, a un brote de dengue y al covid-19
Comunidades kichwa afectadas por el derrame de crudo enfrentan graves problemas de salud asociados al derrame, a un brote de dengue y al covid-19
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.
Las comunidades de las riberas de los ríos Coca y Napo afectadas denuncian que no han llegado brigadas médicas de especialistas como dermatólogos, pediatras, entre otros, que puedan brindar atención especializada, diferenciada y que responda a la necesidad urgente de tratar las manchas en el cuerpo, principalmente, de niñas y niños, las cuales fueron apareciendo semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.
De manera pública y en diversas oportunidades, dirigentes comunitarios y organizaciones locales han advertido del crecimiento de casos de personas con sintomatología asociada a COVID-19. Sin embargo, hasta la fecha no se realizan procesos masivos y territorializados de tamizaje y diagnóstico.
Recordamos al Estado ecuatoriano que TODAS las comunidades afectadas requieren con urgencia la atención integral, especializada y oportuna de salud, que responda y prevenga los efectos agudos y crónicos que genera el derrame de al menos 15.800 barriles de petróleo, ocurrido el pasado 7 de abril y que aún sigue siendo visible en al menos el 70% de comunidades afectadas. Estas comunidades sufren una especial situación de vulnerabilidad por situaciones multidimensionales de riesgo y empobrecimiento, a lo que debe sumarse el incremento de casos de dengue y otras afecciones a la salud relacionadas con la oleada invernal y que tampoco resultan atendidas.
En cuanto a la presencia de dengue en las comunidades, cabe resaltar que, en diversos momentos, organizaciones provinciales eclesiales, de derechos humanos e indígenas han requerido a las autoridades competentes el desarrollo de acciones, como la fumigación para el control del contagio de esta enfermedad. Pese a estas solicitudes, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de autoridades del Sistema de Salud o de los gobiernos autónomos descentralizados.
Tal como se ha venido denunciando desde la primera quincena de abril, debido al derrame de petróleo, las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para abastecimiento diario y, peor aún, para enfrentar los desafíos de una pandemia. Así, muchas familias de más de cinco miembros reciben cuatro botellones de agua por familia y por semana (24 litros), cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es que cada persona cuente con mínimo 15 litros de agua al día para consumo e higiene en contexto de pandemia (para una familia de 5 miembros significa 525 litros de agua a la semana). Varias comunidades se ven forzadas a utilizar agua del río para labores de lavado de ropa o, incluso, de aseo personal; ello, pese a conocer que el agua está contaminada. También han visto afectado su derecho a acceder a fuentes de alimentación seguras, suficientes y pertinentes culturalmente.
Reiteramos la exigencia al Estado ecuatoriano para que actúe de manera integral y urgente a favor de la protección de los derechos a la salud, agua y alimentación de todas las comunidades afectadas. Resulta FUNDAMENTAL realizar procesos de tamizaje y diagnóstico PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de COVID-19
Para el caso de comunidades afectadas por COVID-19, se requiere establecer procesos de cerco epidemiológico y aislamiento con garantías humanitarias de acceso a alimentación y a elementos de bioseguridad, que guarden pertinencia cultural. Es imprescindible que los COE cantonales y los Distritos de Salud convoquen a la dirigencia de las comunidades para que con su participación se elabore un Plan Integral de manejo de la pandemia, el dengue y los impactos multidimensionales del derrame.
En este sentido, toda la institucionalidad concernida del nivel central y local debe establecer mecanismos de diálogo eficientes, articulados y eficaces para elaborar una estrategia diferenciada. Se requiere a los COE cantonales pertinentes que se mantenga la semaforización roja y se establezca protocolos especiales en zonas sensibles, como son los territorios indígenas.
Resulta prioritario que se planifiquen visitas de diagnóstico y atención especializada en salud a todas las comunidades que enfrentan otros padecimientos a su salud, como dengue o enfermedades respiratorias y cutáneas. El equipo médico que deberá ingresar a territorio debe componerse de al menos un médico/a familiar, un dermatólogo/a, un epidemiólogo/a, un especialista en enfermedades respiratorias, un enfermero/a, un laboratorista, un promotor/a de salud o social Kichwa.
Si el Ministerio de Salud y los Distritos de Salud no cuentan con los recursos técnicos, humanos o financieros suficientes para cumplir con su obligación de atencion, protección y garantía deberá requerir la cooperación de universidades y organizaciones no gubernamentales que hemos hecho pública nuestra voluntad de coordinar y apoyar.
Requerimos que la Defensoría del Pueblo, en cumplimento de su mandato, EXHORTE al Estado a cumplir con sus obligaciones, elabore un informe de la situación de vulneración de los derechos a salud, alimentación y agua que afronta la población impactada por el derrame e informe de esta situación al Sistema de Naciones Unidas y al Sistema Interamericano.
Nuevo Triunfo Waorani
“Autoridades Nacionales, entre ellas Presidente y Vicepresidente de la República, no lograron demostrar que protegen del covid-19 a Nacionalidad Waorani y a Pueblos en Aislamiento Voluntario”.
18 de junio de 2020. Puyo, Ecuador – El 17 de junio de 2020, la jueza Delicia de los Ángeles Garcés Abad, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, resolvió aceptar parcialmente la demanda interpuesta por la Nacionalidad Waorani debido a “la falta por parte de las autoridades demandadas de una respuesta inmediata y atención prioritaria” frente al “peligro de contagio grave e inminente” que enfrentamos por propagación del covid-19 en nuestro territorio. En este riesgo, también están nuestros hermanos, los pueblos en aislamiento voluntario y podría suponer un etnocidio.
La resolución judicial llega 27 días después de haber interpuesto la petición de medidas, tras un proceso legal en que se evidenció la ineficacia y actuación tardía del sistema de justicia. Este fallo nos da la razón, pues las entidades demandadas actuaron de manera tardía, desarticulada, desconociendo nuestros sistemas de gobernanza, de manera ineficaz y sin criterios culturales pertinentes; y esa actuación ha incrementado notablemente los riesgos contra nuestra vida y nuestra salud.
Reconocemos la victoria mientras despedimos a un dirigente Waorani a causa del covid-19:
“Hoy día, la justicia ecuatoriana nos da la razón en nuestra petición de medidas cautelares frente al grave incumplimiento y la ausencia del Estado ecuatoriano durante la pandemia. El pueblo Waorani y nuestros hermanos y hermanas Tagaeri y Taromenane se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía, y lastimosamente, la respuesta del gobierno no se ha basado en una buena coordinación con nuestra dirigencia Waorani. Nosotros nos alegramos que la jueza ordenó medidas cautelares, pero seguiremos atentos. También, informo que mientras se reconoce nuestra exigencia, uno de nuestros compañeros Waorani, de la comunidad de Dikaro, en Yasuní, falleció por Covid-19. Esto nos parte nuestro corazón, y demuestra el grave riesgo que enfrentamos como pueblo Waorani” – Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad.
Si bien, esta sentencia no da paso a la moratoria o suspensión de las actividades extractivas (petroleras y madereras) y tampoco da respuesta a varios de nuestros pedidos, por ejemplo, al relacionado con la necesidad de que las entidades nos informen continuamente sobre la situación en nuestro territorio y cómo enfrentan la emergencia, es significativa porque hace hincapié en la obligación de coordinar cada una de las acciones con nuestras autoridades propias, lo cual reafirma la importancia de la autodeterminación y los sistemas de gobernanza propios. Así mismo, no dejamos de denunciar que esta sentencia se da en un contexto donde el riesgo se ha exacerbado, donde los contagios han aumentado y las muertes no han cesado. Precisamente, ayer, despedimos a Timpo Alejandro Omehuay, dirigente Waorani, tras estar grave durante casi un mes.
Finalmente, denunciamos que no sólo ha sido la justicia la que ha tardado, ha sido el Estado central y seccional el que ha omitido nuestras alertas y la insuficiente atención provista no ha sido debidamente articulada. En cambio, ya en audiencia, han sido los procuradores de las instituciones públicas y la empresa Petroecuador EP los que frente a la pantalla -que mediaba la diligencia- pidieron medidas cautelares para sí mismos por entrar a nuestro territorio, fueron ellos quienes con insistencia desvirtuaron todas nuestras preocupaciones, responsabilizaron de la propagación del covid-19 a nuestros hermanos waorani que viven precarizados en las ciudades y que debieron regresar a las comunidades en cuanto inició la emergencia sanitaria. Han sido ellos, a la cabeza la Vicepresidencia, quienes intentaron dilatar y truncar nuestra causa. Sin embargo, aquí seguimos, ¡luchando y resistiendo!
“Nosotros hemos luchado por miles de años para defender nuestro territorio y nuestras vidas contra diversas amenazas: los conquistadores, los caucheros, los madereros, los petroleros. Ahora, estamos enfrentando la amenaza de Covid-19 con nuestra sabiduría ancestral, nuestro conocimiento de las plantas medicinales y también con nuestros propios protocolos de salud. Pero el Estado está poniendo en riesgo a nuestros Pikenani (abuelos Waorani) y a los Taromenane y Tagaeri. No han respetado nuestra exigencia por una moratorio en las operaciones petroleras. Esto quiere decir que al Estado le importa más sacar petróleo de nuestro territorio, que nuestras propias vidas. Estamos contentos que hayamos ganado las medidas cautelares, pero hay mucho más que hacer para proteger nuestros pueblos. El Estado debe escucharnos y respetarnos” – Nemonte Nenquimo, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza.
Detalles de la sentencia:
La demanda de medidas cautelares fue interpuesta el 21 de mayo en contra del presidente y vicepresidente de la República, Lenín Moreno y Otto Sonnenholzner, respectivamente, como responsables del COE Nacional; los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos López; de Ambiente y de Agua, Paulo Proaño Andrade; la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón; y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Adicionalmente, a los gobernadores de Napo, Patricio Espíndola; de Orellana, Raquel Torres Merizalde; y de Pastaza, Carolina Valdivieso, como presidentes de los COE Provinciales.
En su fallo, la jueza incluyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, “por la calidad de delegada del Presidente de la República como delegado del Presidente de la República en el COE Nacional” (sic). Cabe mencionar que esta calidad no fue justificada ni en la audiencia ni en el fallo, pues la delegación del Vicepresidente como responsable del COE Nacional fue realizada a través del Decreto 707 de 26 de marzo de 2019 y no existe un decreto posterior que atribuya esa calidad a la ministra de Gobierno, quien estaría actuando en el COE Nacional sin delegación expresa.
Entre otras cosas, el fallo de obligatorio cumplimiento dictamina lo siguiente:
- El Ministerio de Salud Pública debe realizar una búsqueda de las personas con sintomatología relacionada al covid-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades Toñanpare, Meñepare, Obepare, Nemompare, Bataboro, Gareno, Conipare, Miwaguno, Yawerpare, Guiyero, Dicaro. Asimismo, se debe identificar las necesidades de salud y subsistencia básica de las comunidades visitadas; así como dotar a los Centros y Subcentros de Salud “de personal médico, equipos médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria”. Cada una de estas acciones deben cumplirse en ocho días.
- El Ministerio de Salud, en coordinación con líderes de las comunidades Waorani, están obligados a concienciar sobre derechos y obligaciones en salud y vulnerabilidad frente a la pandemia dentro nuestro territorio.
- En ocho días, los gobernadores de las Provincias del Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con nuestros dirigentes Waorani, deben abastecer de provisiones alimenticias suficientes y propias de las comunidades waoranis.
- En ocho días, la Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua están obligados a presentar “las acciones de vigilancia y control realizadas al personal que labora en las empresas, en especial las petroleras nacionales y extranjeras, que se movilizan” en nuestro territorio. Además, deben informar si se cumplen protocolos de salud necesarios para evitar contagios en esta población.
- En ocho días, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe presentar informe de las acciones de vigilancia realizadas durante la emergencia sanitaria, con respecto a las actividades de minería ilegal, narcotráfico, madereros ilegales, entre otras.
- La Defensoría del Pueblo debe cumplir su rol de dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas cautelares.
Criterio jurídico
“El contenido de la demanda de medidas cautelares a favor de la Nacionalidad Waorani y de los Pueblos en Aislamiento, lo dicho en nuestra intervención en audiencia, pero sobretodo los hechos ocurridos desde la interposición de la acción hasta hoy muestra, sin lugar a dudas, el riesgo que la respuesta tardía, desarticulada e ineficiente del Estado en el contexto de Covid-19 ha significado para ellos. Pero, también, y lamentablemente, ha dejado al descubierto la ineficacia de un sistema de justicia que parece no tener claro el criterio de gravedad y urgencia; que no tiene criterios interculturales claros para la interpretación de las causas y que se pierde y escuda en los pretextos del formalismo y el tecnicismo. El sistema que tenía que protegerlos con urgencia se puso en calidad de mero espectador, mientras los riesgos crecían. El mismo día que ese sistema finalmente actuó, como debió hacerlo 27 días antes, Timpo Omehuay muere, hay sospecha de Covid-19 en comunidades de la zona intangible, el número de contagios crece exponencialmente y el Estado sigue ausente”. – Lina Maria Espinosa, Defensora de DDHH, Abogada de los Waorani.
CONTACTOS
Voceros:
- Gilberto Nenquimo, Presidente de NAWE – +593 997 136 419
- Nemonte Nenquimo, Presidenta de CONCONAWEP – +593 979 709 411
- Oswaldo Nenquimo, Vocero Resistencia Waorani – +593 967 454 032
- María Espinosa, Defensora DDHH, Abogada de Amazon Frontlines & Asesora de la Nacionalidad – +593 986 338 495 (sólo whatsapp)
Para obtener más información, entrevistas o solicitudes de fotos/videos, comuníquese con:
- Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873
- Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867
Waorani Nation Wins COVID-19 Legal Victory Against Ecuadorian Government to Prevent Ethnocide in the Amazon
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June 18th 2020. Puyo, Ecuador – A little over one year after the Waorani People’s historic legal victory, which protected half-a-million acres of rainforest from oil drilling in the Ecuadorian Amazon, the indigenous nation has yet again triumphed in a new lawsuit aimed at securing protections for their communities, including uncontacted peoples, from an imminent risk of physical and cultural extinction owed to the acceleration of COVID-19 in their territory.
Yesterday, Judge Delicia de los Ángeles Garcés Abad from the Provincial Court of Pichincha ruled in favor of the Waorani people’s rights to health, life, and self-determination, and granted partial precautionary measures requiring the Ecuadorian government to take urgent actions to contain the virus in Waorani territory. The court ruling requires the Ministry of Health to coordinate with the Waorani leadership to conduct COVID-19 testing with the assistance of medical staff with intercultural experience in eleven affected and vulnerable communities across three provinces (Pastaza, Napo, Orellana) in Waorani territory; to provide adequate and sufficient medical supplies to local community health centres; and, to provide adequate and culturally relevant information to the Waorani throughout the pandemic. The resolution also requires provincial governors to coordinate with the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) to provide food and essential supplies to Waorani communities.
The lawsuit, filed on May 21st 2020, was directed at Ecuador’s President Lenín Moreno and Vice President Otto Sonnenholzner, as the legal representative and delegate, respectively, of the National Emergencies Operations Committee (COE), the Ministry of Health, the Secretariat of Human Rights,the Ministry of Environment and Water and the Attorney General. In a public statement at the time of filing the lawsuit, the Waorani emphasized that their actions were aimed first and foremost at protecting their elders or “Pekinani”, as well as their uncontacted relatives living in voluntary isolation within the Tagaeri Taromenane “Intangible” or Untouchable Zone (ZITT) in Yasuní National Park.
One of the Waorani’s key unanswered demands is an immediate moratorium on all extractive activities in their territory, due to the early appearance of COVID-19 infection in Waorani communities closest to oil roads and active operations. Despite increased risks to exposure since the onset of the pandemic, oil operations and legal and illegal logging within their territory have continued and have the potential to spread towards uncontacted peoples deeper within the territory. While the judge did not rule in favor of a moratorium, the ruling requires the Ministry of Environment and Water to send a report within eight days detailing its monitoring of illegal mining, logging and narco-trafficking in Waorani territory. The Ministry of Environment and Water and the Secretariat of Human Rights are also required to provide information on the COVID-19 protocols of companies, especially oil companies, operating within Waorani territory in order to establish whether adequate health and safety measures are in place to prevent further contagion in Waorani communities.
The Waorani nation, who number approximately five thousand, has registered at least 188 confirmed cases of COVID-19 to date and two Waorani people, including one elder, have already died. The Waorani have self-organized with the help of universities, indigenous coalitions and civil society allies to confront the health crisis in their territory.
With regards to the above developments, the President of the Waorani nation, Gilberto Nenquimo, issued the following statement:
“Today, Ecuadorian justice ruled in favor of our request for precautionary measures in the face of government inaction during this pandemic. The Waorani people and our uncontacted relatives are in great danger as the virus continues to spread rapidly across the Amazon. Unfortunately, the government’s response has been inadequate and they have not coordinated with our leadership. We are glad that the judge ordered precautionary measures, but we must remain vigilant. Although this is a positive step forward, we feel a deep sadness in our hearts as a Waorani leader from the Dikaro community in Yasuní died from COVID-19 yesterday. This demonstrates yet again, the grave risk we face as Waorani people.”
Waorani leader Nemonte Nenquimo, who helped to lead her people’s historic victory against oil companies last year, affirms: “We have fought for thousands of years to defend our territory and our lives against multiple threats: conquistadors, rubber tappers, loggers, and then the oil companies. Now, we are fighting against the threat of COVID-19 with our ancient wisdom, our knowledge of medicinal plants, and our own health protocols. But the State is putting the lives of our Pikenani (traditional authorities, wise people) and our uncontacted relatives at risk. Our demand for a moratorium on oil operations has not been respected. It’s obvious that the State is prioritizing resource extraction on our territory over saving our lives. We are happy to have won these precautionary measures but there is still a lot to do in order to protect our people. The State must listen to us and respect us.”
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Urge verificación y plan de contención del covid-19 en las comunidades waorani ubicadas en Zona Intangible Tagaeri Taromenane
El 15 de junio de 2020, la Organización Waorani del Ecuador (NAWE) alertó, a través de un oficio dirigido a las autoridades nacionales, sobre la posible propagación del covid-19 en varias comunidades Waorani, tales como Boanamo, Omere, Cononaco Chico, Omakaweno, Gemeneweno, Ñoneno y Bameno. Particularmente, preocupa el posible brote en Bameno, pues esta comunidad se encuentra localizada en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).
Las dinámicas de movilidad de la Nacionalidad Waorani y la territorialidad compartida entre su población y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario obligan al Estado ecuatoriano a tomar de forma urgente las medidas necesarias que garanticen la aplicación inmediata de pruebas PCR en las comunidades waorani señaladas. El diagnóstico oportuno posibilitará la contención del covid-19, el establecimiento de un cerco epidemiológico y la adopción de medidas humanitarias culturalmente apropiadas para un aislamiento y una consecuente subsistencia digna.
Como organizaciones firmantes, le recordamos al Estado que es su obligación asegurar el acceso universal, integral e intercultural a la salud. Por tanto, es su responsabilidad dialogar con esta Nacionalidad sobre las medidas a adoptarse. Es urgente dotar a los centros de salud cercanos a las comunidades waorani de los implementos necesarios para proveer servicios de salud adecuados.
Estos puestos de salud deben contar tanto con equipamiento de bioseguridad, termómetros, oxímetros de pulso, oxígeno y medicamentos relacionados para la atención de cuadros respiratorios como con promotores de salud Waorani, para facilitar la comunicación y la interacción comunitaria en idioma Wao Terero. Al mismo tiempo, enfatizamos que la mejor protección frente al covid-19 para los Pueblos indígenas en aislamiento voluntario es el respeto a su libre autodeterminación de mantenerse aislados de la sociedad envolvente.
Por otro lado, preocupa que, de acuerdo al último documento remitido por la Nacionalidad Waorani, todavía sus instancias de gobernanza no han sido involucradas en ningún COE cantonal ni provincial de manera formal, a pesar de que esta debería ser una de las garantías de un Estado Plurinacional. Más aún, en la situación actual, en la que se ha evidenciado el riesgo de exterminio al que tanto la población Waorani como los pueblos en aislamiento voluntario están expuestos.
En este sentido, instamos al Estado ecuatoriano a prestar especial atención a esta nueva alerta y tomar medidas urgentes de forma participativa y concertada con los representantes y líderes de la nacionalidad Waorani, entendiendo el riesgo inminente de contagio y exterminio si el covid-19 no se logra contener en esta zona. Asimismo, exhortamos a prohibir el ingreso a terceros a esta zona y que se asegure la intangibilidad de la ZITT.
De igual forma, hacemos un llamado a que se garantice la vida digna, la salud, la integridad física, el derecho al consentimiento previo, libre e informado y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios.
DEBIDO A INCIDENTE GENERADO POR LA VICEPRESIDENCIA JUEZA DECLARA NULIDAD DEL PROCESO WAORANI DE MEDIDAS CAUTELARES
“Me molesta mucho. No veo la imparcialidad de la justicia ecuatoriana. Hoy lo que se dispuso favoreció al sector público, hasta aplaudieron, hasta abrazaron entre ellos. Yo sí rechazo la actitud de la jueza. Primero colapsó salud, seguridad, ahora peor la justicia. Declara la nulidad del proceso; es decir, nos quedamos en cero, pero seguiré batallando porque estoy seguro del riesgo”
– Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador.
“Para mí, el presidente del COE sigue siendo Otto, no hay ningún decreto o resolución que ponga a María Paula Romo frente al COE Nacional. Además, vicepresidente fue notificado con tiempo de la demanda y recién hoy asomo con escrito a nuestra audiencia. Para mí, es mala fe de parte del Estado. Ellos saben el riesgo de nosotros los wao y también de los pueblos en aislamiento”
– Nemonte Nenquimo, presidenta de la Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – Pastaza.
“Ministerio de Salud no está haciendo nada, algunas instituciones encargadas del asunto del covid no están haciendo nada para la nacionalidad waorani. Entonces, nosotros estamos pidiendo urgente una acción de medidas cautelares tampoco tenemos respuesta oportuna que iba a dar hoy día (ayer). ¿A dónde vamos a dirigir los waorani? Aunque no haya medidas cautelares vamos a seguir exigiendo, exigiendo, exigiendo hasta que el Estado se canse. Venimos de un pueblo guerrero”
– Oswando Nenquimo, vocero Resistencia Waorani.
09 de junio de 2020, Puyo, Ecuador – La tarde de ayer, 08 de junio, debió reinstalarse la audiencia por las medidas cautelares interpuestas desde el 20 de mayo por la Nacionalidad Waorani en contra de varias entidades del Estado, entre ellas el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, como titulares del COE Nacional, debido al riesgo inminente que enfrentamos como pueblo de reciente contacto y nuestros hermanos, los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane frente a la propagación del covid-19 en nuestro territorio.
Una vez instalada la audiencia, la jueza de la Niñez y Adolescencia, Delicia de los Ángeles Garcés Abad, leyó una carta suscrita por Vismark Rafael Estacio, en calidad de abogado de Vicepresidencia, en la que señalaba que su representado no es quien lidera el COE Nacional y que, en su lugar, debe ser citada la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El oficio no fue acompañado de ningún Decreto Ejecutivo o resolución administrativa que derogue el decreto ejecutivo No. 707, del 26 de marzo de 2019, y legalice el mencionado encargo a Romo, siendo esto fundamental para no generar inseguridad jurídica. Sin embargo, la jueza anuló el proceso dándonos 24 horas para responder, sin que su explicación haya sido clara en audiencia. Preocupa que, hasta la fecha, no se ha emitido una notificación por escrito.
Para la jueza Garcés, lo que corresponde es citar a la funcionaria Romo a comparecer, pretendiendo reinstalar la audiencia unos días después para que se sumaran a la causa en el momento procesal en el que la misma se encontraba. Los accionantes le recordamos a la magistrada que de hacerlo así se estarían vulnerando de manera flagrante los derechos de todos al debido proceso; e hicimos hincapíe en la importancia de considerar la naturaleza y finalidad de las medidas cautelares, ahora, nuevamente dilatadas.
Reprochamos con profunda indignación este incidente injustificado y generado por la segunda autoridad más importante a nivel nacional, el vicepresidente, pues, parecería que su accionar tardío entre la primera notificación para instalar audiencia, el 29 de mayo de 2020, la dilación y la definitiva fecha en la que se desarrolló la primera parte de la diligencia, el 05 de junio, no tuvo otra finalidad que dañar el proceso actuando con mala fe. En el lapso de este tiempo, el vicepresidente tenía la obligación de notificar este tema particular a la jueza que preside el caso; al contrario, se ausentó el día viernes, 05 de junio, y envía el mencionado comunicado a pocas horas de reinstalar la audiencia, aproximadamente, a las 09h00, del 08 de junio.
Rechazamos, además, la falta de celeridad con la que hemos enfrentado este proceso. Si bien, la particularidad de las acciones constitucionales es la inmediatez, precisamente, por el riesgo a la vulneración de nuestros derechos y los de los pueblos en aislamiento voluntario a la vida, la salud, la autodeterminación, entre otros, el inicio tardó más de 15 días y ahora han pasado 20, lo cual desnaturaliza la finalidad y el alcance de una medida cautelar y la convierte en ineficaz. Con eso, adicionalmente, terminan también negándonos el derecho a la tutela judicial efectiva. Pues, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares pudieron ser dictadas aun sin audiencia.
En este tiempo ha sido evidente que los riesgos se incrementaron. En medio de la pandemia, puestos de salud fueron cerrados y otros tantos se encuentran sin abastecimiento de medicinas y oxígeno. Mientras se pide a nuestras familias quedarse en las comunidades, no se garantiza una alimentación saludable y culturalmente adecuada. De igual forma, ni la escasa entrega de los alimentos, ni el retorno de pacientes que han debido ser traslados a las ciudades por la gravedad de su estado de salud no han considerado los gastos de movilización hacia las profundidades de la selva, el lugar de ubicación de varios clanes waorani. Es decir, lo poco que ha hecho el Estado ecuatoriano han sido medidas desarticuladas, tardías, ineficaces e insuficientes, que no consideran ni la distancia geográfica ni nuestras particularidades como pueblo en reciente contacto.
Frente a la inoperancia del Ejecutivo y la demora de la Justicia, el paso del tiempo ha sido inclemente para nosotros y los contagios siguen aumentando, particularmente en Napo. Y esta situación crítica se vuelve aún más preocupante para nuestros hermanos los pueblos aislados y nuestros Pikenani (ancianos guerreros y sabios Waorani). Nuestra dirigente Nemonte Nenquimo señala:
“Mi hermana acaba de decir que está una señora enferma con síntomas de covid-19 y, en Meñepare, mi tío está también enfermando; el suegro de mi hermana en Gareno también. Estoy preocupada que mientras jueza, los ministerios encargados y las petroleras no entienden, la gente en nuestras comunidades se sigue contagiando, y las personas que no estaban enfermas (cuando pusimos la demanda de medidas cautelares) están hoy contagiadas”.
Este último incidente propiciado por la Vicepresencia se suma a una serie de eventos inaceptables desde la instalación de la audiencia. El Estado, en sus intervenciones, ha intentado desvirtuar todos nuestros pronunciamientos, justificándose con acciones que, reiteramos, no han sido oportunas ni adecuadas, y que si han ocurrido ha sido por nuestra propia insistencia y autogestión. Además, negando el riesgo de las actividades extractivas para nuestros derechos y los de los pueblos en situación de aislamiento, a pesar de que los primeros contagios se dieron en áreas cercanas a bloques petroleros y a zonas de influencia de nuestros hermanos aislados.
Finalmente, llamamos a las organizaciones sociales nacionales e internacionales y a la sociedad civil a sumarse a la vigilancia de este proceso, pues una sentencia negativa puede poner en riesgo nuestra pervivencia física y cultural, llevándonos inclusive al etnocidio.
Contactos:
Defensora de DDHH y abogada de los accionantes.- Lina María Espinosa +593 98 633 8495 (sólo whatsapp)
Comunicación.- Sophie Pinchetti +593 98 148 4873 (sólo whatsapp)
Alejandra Yépez Jácome +593 992 713 876
Explicación jurídica de la situación:
Lina Maria Espinosa, Defensora de DDHH y abogada de los accionantes: “La Nacionalidad Waorani y los Pueblos en Aislamiento enfrentan un grave y multidimensional riesgo por expansión de COVID-19; riesgo debidamente advertido a todas las entidades concernidas del nivel central y local. De esta manera, el Estado, de forma prioritaria, tiene la obligación de elaborar respuestas específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural. Su vida se encuentra en grave riesgo por la reciente memoria inmunológica al ser un pueblo de contacto reciente (60 años) y para el caso de los aislados resulta totalmente desconocido; riesgo que se exacerba debido al desarrollo de actividades extractivas que inciden directamente en el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. En cuanto al derecho a la salud, este pueblo enfrenta diversos obstáculos relacionados con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad, desabastecimiento de insumos básicos, dificultad de acceder a exámenes para el diagnóstico del COVID-19, la prestación de servicios que no son culturalmente adecuados y que desconoce las prácticas de la medicina tradicional y su realidad lingüística y cultural, protocolos elaborados sin la participación de representantes de las comunidades indígenas, etc. No se ha garantizado la participación de las autoridades comunitarias para la elaboración de hojas de ruta, planes de acción o intervención territorial, vulnerando el derecho de ejercer autogobierno y libre determinación. No se ha generado a tiempo información culturalmente adecuada, veraz y oportuna; y la que se ha generado de manera tardía no considera mecanismos oportunos de difusión de acuerdo a la realidad socio cultural, geográfica y de accesibilidad. No se han desarrollado respuestas de apoyo socioeconómico, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado para quienes habitan las comunidades o pare los Waorani en entornos urbanos. Los apoyos han resultado insuficientes, escasos, no pertinentes, inaccesibles e inadecuados para las formas de vida, cosmovisión y cultura. Y ahora el sistema de justicia les niega la tutela judicial efectiva y desnaturaleza el alcance, objeto y razón de ser de una garantía jurisdiccional que busca actuar frente a un riesgo inminente que de constituirse en vulneración resultará irreparable”.
Organización Indígena Alianza Ceibo De La Amazonía Ecuatoriana Gana Premio Ecuatorial 2020 de la ONU Para Soluciones Locales Innovadoras Para El Clima
5 de junio 2020. Lago Agrio, Ecuador – El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la asociación de la Iniciativa Ecuatorial anuncian hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, que la organización indígena ecuatoriana, Alianza Ceibo, ha sido elegida como uno de los 10 ganadores del Premio Ecuatorial 2020, como un ejemplo sobresaliente de una solución local basada en la naturaleza para el cambio climático y el desarrollo sostenible.
“Es un honor para nosotros contar con el reconocimiento de organizaciones internacionales de mucho prestigio como es la ONU. Nos sentimos muy agradecidos por este premio que honra nuestro trabajo y lucha que venimos realizando en favor de nuestras vidas, nuestra selva y de nuestras culturas”, afirma Alicia Salazar, Directora Ejecutiva de la Alianza Ceibo y miembro de la nacionalidad siona.
La Alianza Ceibo es una organización conformada por cuatro Nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana: Siona, A’i Kofan, Siekopai y Waorani. Decidimos juntarnos en una alianza para trabajar por nuestros territorios y para proteger nuestra selva y el planeta. En 2011, comenzamos a trabajar para proporcionar acceso seguro a agua limpia a todas las familias afectadas por la contaminación petrolera en la región. A raíz de esta experiencia, nos dimos cuenta de que existen más necesidades y mucho más trabajo que hacer.
Ahora, junto a las comunidades, creamos diferentes programas para ayudar a nuestras nacionalidades en la defensa del territorio, la supervivencia cultural y la construcción de soluciones viables alternativas que mejoren la calidad de vida en las comunidades, desde el mapeo y monitoreo ambiental de nuestros territorios ancestrales hasta la energía solar y formación de nuestros jóvenes comunicadores comunitarios y la creación de alternativas económicas para nuestras familias y las comunidades, a través de iniciativas como la sastrería, artesanía y productos como el ají negro, la panela y el chocolate.
Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, nos estamos organizando para luchar y superar esta crisis sanitaria en todo nuestro territorio y para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas. La pandemia del Covid-19 agrava las amenazas que enfrentamos como pueblos indígenas, y registramos alarmantes cifras de casos en nuestras nacionalidades siekopai y waorani. Lamentamos la pérdida de nuestros ancianos y denunciamos la insuficiente acción del Estado central y seccional. Hasta la fecha, no ha habido una respuesta adecuado del gobierno a los reclamos de nuestros pueblos. Por este motivo, hemos estado también acompañado acciones legales de comunidades afectadas por el reciente derrame en abril 2020 en la Amazonía ecuatoriana, además de una demanda de medidas cautelares de la nacionalidad waorani.
Durante los últimos años, hemos acompañado grandes victorias aquí en la Amazonía ecuatoriana que nos dan mucha fuerza y esperanza para seguir resistiendo contra el extractivismo y para la pervivencia de nuestras nacionalidades. En la región de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, a orillas del río Aguarico, la comunidad A’I Cofán de Sinangoe ganó una victoria contra la minería en 2018, con una sentencia que reconoció su derecho a la consulta previa, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente. En el centro-sur, en la región de Pastaza, comunidades Waorani triunfaron frente a las empresas petroleras, con un juicio histórico en 2019.
La Amazonía es vida para nuestro mundo. Para nosotras y nosotros, como pueblos indígenas, es nuestra casa. Pero cada día, las amenazas se vuelven más grandes. Las empresas petroleras, los mineros, los madereros, los ganaderos, los grupos armados están poniendo en peligro nuestras vidas y nuestros territorios; y los gobiernos siguen violando nuestros derechos. Quieren sacar la riqueza de nuestros territorios, desplazarnos y acabar con nosotras y nosotros. No quieren dejarnos vivir en paz y en armonía. Siguen contaminando nuestra Madre Tierra, nuestros ríos, nuestros animales y nuestros cuerpos. Y mientras se va destruyendo nuestra selva, nuestras culturas y nuestros conocimientos ancestrales están a punto de desaparecer para siempre.
Soñamos en un futuro donde nuestros nietos puedan gozar de la herencia de nuestras abuelas y abuelos. Por ello, hemos venido trabajando en soluciones y luchando. Y sabemos que no sólo estamos luchando por nuestros pueblos, sino por todo el mundo.
Los ganadores del Premio Ecuatorial 2020 serán reconocidos a través de un evento en septiembre de 2020 durante la Semana del Clima de Nueva York, en paralelo con la Asamblea General y la Cumbre de la Naturaleza de la ONU. La Alianza Ceibo se unirá a una prestigiosa red de 245 organizaciones líderes basadas en la comunidad de 81 países que han sido galardonados con el Premio Ecuatorial desde 2002. El Premio Ecuatorial de este año reconoce iniciativas innovadoras de las comunidades locales y los pueblos indígenas que demuestran logros excepcionales en el área de soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo local sostenible.
CONTACTOS: Sophie Pinchetti, Comunicadora – +593 98 148 4873
Alejandra Jacome, Comunicadora – +593 99 271 3867
Nueva vía petrolera abierta en el Parque Nacional Yasuní durante la pandemia pone en riesgo a pueblos en aislamiento voluntario y pueblos en reciente contacto
La actividad petrolera ha continuado pese al estado de emergencia por la Pandemia del covid-19. Esta actividad, por su flujo de personas y materiales, es una de las más riesgosas que pueden darse en el entorno de comunidades indígenas. Por ello, las empresas petroleras y el Estado que las regula, en un contexto de pandemia, debieran ser lo más responsables, y reducir al mínimo su actividad, especialmente en las áreas donde la actividad petrolera es la que más personas y materiales moviliza.
En el caso del área del Parque Nacional Yasuní, se trata además de la zona más frágil del país por la presencia de Pueblos Indígenas Aislados, como la nacionalidad waorani de reciente contacto y, así también, de comunas kichwa amazónicas y mestizas. En especial, los Pueblos Indígenas Aislados cuentan con una amplia protección en la Constitución del Ecuador, así como en las normas supranacionales que reconocen la autodeterminación territorial de estos pueblos. En su última visita al Ecuador, la Relatora de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, puso énfasis en la importancia de respetar los territorios de los pueblos aislados y de reciente contacto, e hizo un llamado a no invadirlos con actividades petroleras.
Lejos de guardar una responsabilidad con estos pueblos, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano han seguido sus actividades en el área del Yasuní. En el caso del Bloque 43, situado al este del Yasuní y que ocupa en su parte sur el área de los Pueblos Indígenas Aislados, las imágenes satelitales reportan la apertura de una nueva carretera de 2,2 km al sur de la Tambococha B, en el corazón del Parque Nacional Yasuní, y en dirección al área de Ishpingo, donde el Ministerio del Ambiente ha dado licencia a la empresa estatal Petroamazonas para la apertura de tres plataformas petroleras más.1
Una de ellas, Ishpingo B, generaría un impacto directo al área de protección de los Pueblos Indígenas Aislados, tal como muestran los propios Estudios de Impacto Ambiental de Petroamazonas.2 Las imágenes satelitales muestran de forma inequívoca la construcción de esta nueva carretera, que, desde el 15 de marzo, en la que aún no se generaba desbroce, hasta el 6 de mayo, ha provocado 2,2 km de penetración en la selva amazónica, lo que requiere una gran cantidad de movimiento de trabajadores y materiales, contrario a cualquier sentido común en este momento de pandemia.
En la Sesión de 1 de junio de 2020, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se ha sumado a la preocupación que se ha generado entre la sociedad civil, demandando la comparecencia de los Ministerios y Secretarías, encargadas de la protección del Parque Nacional Yasuní, en los siguientes términos: “Requerir las comparecencias virtuales del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ministro del Ambiente y Agua y de la Secretaria de Derechos Humanos, para que informen respecto de la denuncia de actividades de construcción de una nueva infraestructura vial dentro del Parque Nacional Yasuní, sin que la Comisión haya tenido conocimiento de este tema, a sabiendas de que este tipo de actividades ponen en riesgo la salud e integridad física de los habitantes de las comunidades indígenas residentes en esta área protegida, por la presencia del COVID-19”.
Las organizaciones firmantes demandamos al Estado ecuatoriano que:
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Mientras dure la situación de pandemia, paralice toda actividad petrolera que implique la movilidad de trabajadores o ponga en riesgo a los pueblos indígenas, en especial aquellos aislados o de reciente contacto.
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Dedique sus esfuerzos a poner en marcha medidas de atención a las comunidades del Yasuní.
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De forma urgente, el Estado ecuatoriano brinde la información oportuna sobre la operación en esta nueva carretera, y transparente la actividad, contratos y riesgos que ha supuesto esta nueva carretera.
1 Ver informe del MAAP “NUEVA CARRETERA PETROLERA HACIA LA ZONA INTANGIBLE (YASUNÍ, ECUADOR)”: https://maaproject.org/2020/itt/
2 Ver Estudio de Impacto Ambiental aprobado para las plataformas Ishpingo A y B y cómo impactarían de forma directa en el área de los PIAV en: https://geografiacriticaecuador.org/minkayasuni/
Amazonian Elders Under Threat During COVID-19 Pandemic
As Latin America hurtles toward its coronavirus peak, Amazonian indigenous peoples are warning that the untimely loss of their elders threatens their existence and cultures like never before. As if unrestrained resource extraction, colonization and globalization hadn’t generated a great enough crisis, the rapid propagation of COVID-19 into Amazonian indigenous territories now risks annihilating the last generation of community elders, the pillars of their cultures and guardians of ancestral wisdom.
In the absence of adequate government support and aid, indigenous nations in the Ecuadorian Amazon have been working tirelessly to self-organize and protect the health of their elders who are among their most vulnerable demographic. Tragically, at least four elders from the Waorani and Siekopai nations have already succumbed to the novel coronavirus over the past two months. Indigenous nations have repeatedly denounced government inaction and even filed a lawsuit to press for immediate measures to protect their peoples. Many global allies and institutions including the United Nations and Inter-American Commission on Human Rights are advocating for an urgent response and amplifying the indigenous movement’s just demands.
In the face of COVID-19, indigenous peoples fear a repeat of history. As Latin America underwent colonization, thousands of cultures were wiped out within the first century of contact, decimating an estimated 90% of the continent’s indigenous population. Yet the survival of hundreds of indigenous nations into the 21st century is also a stark testament to the spirit of resistance and resilience among Amazonian grandmothers and grandfathers, who have fought seemingly insurmountable odds, against wave upon wave of invasions and threats, from foreign diseases to rubber tappers and oil companies.
This photo-essay is a homage to these Amazonian elders, to whom we also owe our gratitude as a global community, and from whom we still have much to learn today. Thanks to their tireless struggle and knowledge, our world’s most important rainforest is still standing and sustaining life on our planet.
“COVID-19 could be fatal for all of our elders. Our elders are our warriors and they have always taught us how to care for nature. If our Pekinani (traditional authorities) disappear, we risk losing our ancestral knowledge and culture. We must protect them.”
– Waorani leader Nemonte Nenquimo
“Our elders, who are the source of our wisdom and knowledge, are in great danger. They still have a lot to say and share, and we must act quickly to save them from this virus.”
– Siekopai youth filmmaker Jimmy Piaguaje
“Our elders have always protected our forest and territory. They are strongly connected with our yagé (ayahuasca), they have seen what we will face in the future. They guide us and protect us on the path forward.”
– Siona leader Adiela Mera
FALLECE CON COVID-19 UNO DE LOS PRIMEROS MAESTROS SIEKOPAI
En nuestra cultura Siekopai, hay varias capas del mundo, pero hay una en especial a la que nuestro hermano Eduardo llegó. En ese lugar, la Diosa llamada “DEPAO” recibe a las personas que pasan a esa dimensión, les brinda la chicha de maíz negro, y luego les dirige hacia los clanes de los Piawajë o Payowajë. Ahí, se juntan con sus familiares y amigos, y empiezan su vida normal.
02 de junio de 2020.- El 01 de junio, Eduardo Payaguage, de 59 años, uno de los primeros profesores siekopai falleció con diagnóstico de covid-19 tras varias semanas en terapia intensiva. Su salud se deterioró días después de la muerte de su padre, uno de nuestros ancianos fallecidos semanas atrás con sintomatología asociada al covid-19 sin haber recibido atención médica oportuna.
Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad, hace referencia a la importancia de quien fue maestro de muchos de nuestros niños y niñas durante 31 años:
“Se nos ha adelantado nuestro hermano, a pesar de sus dificultades económicas como todos nosotros, los Siekopai, Eduardo Payaguaje educó a niños y jóvenes. Hoy, nos deja un gran vacío y dolor en la familia Siekopai. Hemos hecho todo lo posible para salvar su vida y lo asumí personalmente y me duele mucho pensar que no lo pude lograr. Sin embargo, Eduardo es el ejemplo de lucha y perseverancia, sintió el golpe duro de perder a su padre hace unos días atrás. Hoy, se nos ha ido”.
El fallecimiento de este compañero duele profundamente, pero, sobre todo, indigna. Su muerte nos demuestra una vez más que al Estado ecuatoriano no le importan los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. No le importa nuestra pervivencia, pues hemos advertido de forma insistente que nuestro riesgo de extinción física y cultural es mayor, debido a que somos un pueblo de no más de 700 habitantes en Ecuador.
No obstante, estas alertas no significaron el mejoramiento de la gestión de esta emergencia ni la dotación de recursos económicos que prioricen la compra de medicinas, de pruebas PCR, de pruebas rápidas y de kits alimenticios para que nuestra población mantenga el confinamiento en condiciones dignas.
Ante la insuficiente acción del Estado central y seccional, ha sido nuestra propia autogestión y el apoyo de organizaciones aliadas aquello que nos ha permitido conseguir alimento para nuestros compañeros y pruebas para ser aplicadas en nuestras comunidades.
Hemos sido nosotros quienes desarrollamos nuestros propios protocolos e información preventiva en nuestro idioma. Ha sido la sabiduría ancestral transmitida por nuestros abuelos la que ha salvado a muchos de los siekopai que han enfermado y deben encarar un sistema de salud precario.
De nuestra primera denuncia pública ha pasado un mes. Llegaron varios ofrecimientos de las autoridades locales, pero no se cumplieron y hoy despedimos a un siekopai más. Por ello, al Estado, le decimos nuevamente que cualquier decisión tomada sin concertación, que no prevenga y ayude a controlar y atender la propagación del virus, exacerbando el inminente riesgo de exterminio físico y cultural de la Nacionalidad Siekopai en Ecuador, podría resultar en un etnocidio sobre el cual tendría absoluta responsabilidad.
Abrazamos a la familia de Eduardo Payaguage y a todos quienes lo lloran por la grandeza de su presencia que hoy trasciende para ser recibido por nuestra Diosa DEPAO y para juntarse a nuestros dos abuelos recientemente fallecidos, también a causa de la negligencia estatal.
Contactos: Justino Piaguage, presidente de la Nacionalidad +593 96 007 6746
Audiencia Suspendida: Estado Y Empresas Ocp Y Petroecuador No Han probado Que Actuaron Debidamente Antes, Durante Ni Después Del Derrame De Crudo En La Amazonía
La demanda de acción de protección con medidas cautelares presentada por accionantes individuales y comunitarios, organizaciones indígenas, de DDHH y eclesiales a favor de comunidades indígenas afectadas por el derrame de al menos 15.800 barriles de crudo y combustibles, ocurrido el pasado 7 de abril, se instaló el pasado martes 26 de mayo y debía continuar hoy, 1 de junio, con la presentación de la prueba de los accionados.
Lamentablemente, hoy, martes 1 de junio de 2020, el juez Jaime Oña dispuso la suspensión de la audiencia debido a problemas de salud en su equipo técnico. Se prevé que hasta este miércoles, 2 de junio, se informe sobre la continuación del proceso. Ante esto, expresamos nuestra solidaridad con las funcionarias y funcionarios de la judicatura y entendemos que su situación médica merece un tratamiento oportuno, adecuado y suficiente, como le corresponde a todo habitante de este país.
A la vez, recordamos a las autoridades la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran al menos 27 mil personas indígenas por el derrame de crudo y combustibles, quienes llevan más de dos meses sin acceso a fuentes de agua segura y suficiente, a alimento y a la debida atención médica integral, todo esto, en medio de la pandemia del COVID-19 y un creciente brote de dengue que azota a la Amazonía por la fuerte temporada invernal.
La audiencia hasta el momento:
La defensa legal de las comunidades afectadas estableció en sus alegatos y con prueba documental aportada que la vulneración de derechos ocurrió antes, durante y después del derrame, de forma agravada, por la ocurrencia de varios elementos. El antes, por la falta de atención efectiva al riesgo inminente que corrían las tuberías, tras el colapso de la cascada de San Rafael, ocurrido el 2 de febrero, debido a que este evento exacerbó el proceso de erosión regresiva del río Coca, produciendo el derrumbe y rotura de los tubos el 7 de abril; el durante, por la falta de implementación de mecanismos de alerta oportuna y efectiva sobre el derrame por parte del Estado y empresas petroleras; y el después, por la tardía, insuficiente e inadecuada respuesta a los impactos negativos en los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación y soberanía alimentaria, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y derechos de la naturaleza.
Asimismo, se probó que el Estado ecuatoriano y las empresas EP Petroecuador y OCP no adoptaron medidas razonables frente al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato, faltando a su obligación de prevención y debida diligencia. Tampoco cumplieron con su función de regular, supervisar y fiscalizar las actividades como el establecimiento de planes de contingencia, medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.
Por ello, la parte accionante exige que las medidas de reparación integral respondan a los más altos estándares vigentes en un Estado garantista y que, tanto las instituciones estatales como las empresas operadoras, garanticen la no repetición de las múltiples vulneraciones a derechos de individuos, colectivos y la naturaleza evidenciadas en el caso.
Por su parte, la defensa técnica del Estado y las empresas respondieron a la demanda, alegando que estos hechos se produjeron como un evento fortuito o de fuerza mayor, con lo cual pretenden negar su conocimiento de la existencia de un riesgo potencial. En sus intervenciones, han minimizado los testimonios de expertos y de las víctimas, señalando que sus problemas de salud responden a “su propia negligencia”.
De esa forma, los juristas argumentaron que, una vez ocurridos los hechos, han actuado según sus protocolos; es decir, han entregado a la población kits de alimentos y agua, dando a entender que sus actuaciones se enmarcan en actos de beneficencia y no en las obligaciones derivadas de la responsabilidad generada por sus omisiones y actos.
En ese sentido, nos preocupa la independencia procesal en este caso, ya que hemos podido observar en estos cuatro días de audiencia que las y los abogados del Estado (Ministerios de Energía, Ambiente, Salud, y la Procuraduría del Estado) defienden abiertamente a las operadoras Petroecuador y OCP. Esto, por lo menos, contradice la necesaria independencia y distancia que los entes de control (Energía y Ambiente) deben guardar respecto de sus supuestas controladas.
La realidad de las comunidades se expuso en la audiencia:
Para estar presentes y dar su testimonio, representantes de al menos 16 comunidades ribereñas afectadas que pudieron llegar desde sus territorios hasta el Vicariato Apostólico de Aguarico, lugar de concentración para conectarse a la audiencia telemática, tuvieron que viajar, alrededor de seis horas, algunos por vía fluvial y otros por vía terrestre.
Estos representantes relataron al juez constitucional que no pueden bañarse en el río, ni pescar, ni consumir de él; es más, no pueden no pueden utilizar el agua para la elaboración de la chicha y guayusa, elementos fundamentales en la vida comunitaria kichwa. Afirmaron, además, que hay una fuerte pestilencia en las riberas y en las chacras.
Las dotaciones alimenticias son insuficientes para el grupo familiar al que están dirigidos, y resultan nutricionalmente inadecuadas y ajenas a la dieta kichwa. Por ejemplo, las operadoras afirman haber entregado 820 mil litros de agua para consumo humano; sin embargo, estos se encuentran por debajo de los mínimos diarios de 7.5 litros por persona al día, en contextos regulares y 15 litros, por la pandemia mundial, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay familias que indican haber recibido dos pacas de agua que equivaldrían a dos vasos por día para cada persona en familias con al menos 7 integrantes.
En cuanto a la alimentación, las comunidades afectadas consumen, en promedio, 25 pescados a la semana por familia. Las empresas les entregan un kit para un mes, que contiene una lata de atún o de sardina e insumos que alcanzarían únicamente para dos días. Además, persisten denuncias de que personas que se presentan como funcionarios de las empresas petroleras han visitado algunas comunidades para entregar kits alimenticios, y con eso, estarían obligando a las personas a renunciar, por escrito, a cualquier reclamo relacionado con la entrega de
alimentos.
También, las empresas afirman haber realizado “valoraciones médicas” a cerca de 2 mil habitantes cerca de las riberas; sin embargo, no hay evidencias de que estén monitoreando la salud de las personas, pese a que los estudios científicos alertan sobre impactos agudos y crónicos en personas expuestas a contaminación por petróleo. Estos incluirían, ansiedad, depresión, enfermedades de piel, alteraciones genéticas y hormonales que pueden llevar al cáncer, complicaciones en la salud sexual y reproductiva como abortos, cáncer de próstata y alteraciones hormonales.
La ingesta de pescado contaminado y el contacto con el río, en ausencia de fuentes de agua suficiente, sería la causa de la proliferación de afecciones en la piel, vómito, dolor de cabeza y ardor de los ojos, detectados en habitantes amazónicos afectados por contaminación por crudo, en otras ocasiones. De acuerdo con los testimonios, para la atención de alrededor 60 familias, por ejemplo, ha llegado sin previo aviso una brigada compuesta por dos personas, un médico y una enfermera, sin medicamentos apropiados, solo con paracetamol, jarabes de vitaminas y antiparasitarios, y el tiempo de atención a toda la comunidad ha sido de dos horas.
Nuestro pedido como organizaciones de acompañamiento:
Las organizaciones indígenas, eclesiales, de derechos humanos y sociales que acompañamos como accionantes a las personas afectadas, y las defensoras y defensores de derechos humanos que asumimos su defensa técnica, reiteramos que los demandados cometieron una serie de actos y omisiones, vinculadas principalmente al hecho de que el Estado conocía del riesgo y omitió tomar medidas frente a la interrupción del flujo de agua en la cascada San Rafael y las advertencias de expertos y que sus actuaciones una vez ocurridos los hechos tampoco resultan eficientes, efectivas, oportunas, idóneas y pertinentes.
Por ello, en pro del respeto al debido proceso y a la pronta justicia, insistimos en la urgencia de que el juez de esta causa se pronuncie sobre la petición de medidas cautelares para preservar la vida, salud y alimentación de las víctimas, en riesgo desde el 7 de abril. La tardanza en su emisión desdice la naturaleza cautelar de esos instrumentos de protección y prevención.
Así también, exigimos el cese del hostigamiento a las comunidades que, valientemente, decidieron plantear esta demanda y al equipo de acompañamiento que acaba de sufrir un ataque digital anónimo durante la rueda de prensa convocada para informar sobre el proceso.
Contacto: Yuli Gaona – Comunicación Alianza por los Derechos Humanos- 0980916690