Conoce a Siete Mujeres Indígenas que Luchan por su Cultura y Territorio en la Amazonía
A lo largo de la Amazonía, las mujeres indígenas están luchando por proteger su cultura, sus tierras y la vida. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, celebramos el poder de las mujeres Indígenas como líderes poderosas en la construcción de soluciones justas y sustentables ante las crisis simultáneas de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Te invitamos a que conozcas a estas siete inspiradoras mujeres, defensoras de las naciones Kofán, Siona, Siekopani y Waorani.
Al trabajar de cerca con nuestra organización hermana, Alianza Ceibo -la primera alianza indígena interétnica en el Ecuador, Perú y Colombia- estas mujeres están protegiendo más de dos millones de hectáreas de selva de la extracción de los recursos naturales y de la invasión industrial. En un esfuerzo coordinado con las comunidades, estas mujeres avanzan con el empoderamiento y liderazgo femenino, con la construcción de su movimiento, la organización desde las bases, el mapeo territorial y el fomento de iniciativas de monitoreo.
Ellas también están generando emprendimientos manejados por la comunidad y por asociaciones de mujeres, las cuales se concentran en la generación de ingresos provenientes de proyectos socio-agrícolas, así como en la recuperación de las plantas medicinales y procesos tradicionales de curación, brindando alternativas económicas sustentables para las mujeres indígenas, sus familias y la comunidad.
Alicia Salazar
Alicia Salazar es una Líder Siona y Directora de Alianza Ceibo. Nació a orillas del Río Putumayo, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el territorio ancestral de la comunidad Siona. Alicia Salazar surgió como líder en su comunidad por su resistencia contra la depredación de las compañías petroleras.
Como Directora de Alianza Ceibo, Alicia trabaja en el desarrollo de programas para la defensa de territorios Indígenas en el occidente de la Amazonía, y motiva a otras mujeres para que sean protagonistas en los movimientos de resistencia. En el año 2020, Alianza Ceibo fue galardonada con el prestigioso Premio Ecuador de las Naciones Unidas, en honor a sus estrategias integrales para proteger los derechos indígenas y los derechos de la Amazonía, así como las innovadoras ideas para hacer frente al cambio climático.
Nemonte Nenquimo
Nemonte Nenquimo está a la vanguardia del movimiento indígena en la Amazonía, y es mundialmente reconocida por su defensa de la cultura y del territorio Waorani ante la amenaza de la extracción de recursos. Ella es miembro, fundadora y visionaria de la organización indígena Alianza Ceibo.
En el año 2019, Nemonte fue elegida como la primera mujer Presidenta de la organización Waorani de la provincia de Pastaza. Nemonte lideró a su gente en la histórica victoria legal en contra del gobierno ecuatoriano, logrando la protección de más de 200 mil hectáreas de selva primaria en la Amazonía, sentando un precedente para los Derechos Indígenas a lo largo de la región.
Su trabajo ha sido reconocido alrededor del mundo: ella fue ganadora del Premio Ambiental Goldman en el 2020 para Centro América y Sudamérica, ganó el reconocimiento de los Campeones de la Tierra de las Naciones Unidas, fue parte de las 100 Mujeres del 2020 de BBC y de las 100 personas más influyentes en el mundo de TIME.
Leorvis Payaguaje
Leorvis Payaguaje, nació en la comunidad de Siekopai de San Pablo, a orillas del poderoso Río Aguarico. Es la Presidenta de la Asociación Siekopai de mujeres “ASOPROASIENW”, cuyo trabajo es promover el liderazgo de mujeres para la generación de alternativas económicas a través de la comercialización del producto emblemático de la gastronomía Siekopai: Nea’pia, una salsa de ají negra. Su abuelo, abuela y su suegro, son curanderos de la comunidad Siekopai, portadores del conocimiento ancestral.
Leorvis creció aprendiendo de sus abuelos cuáles son las prácticas tradicionales de su pueblo, pero al mismo tiempo, observaba la influencia de la cultura occidental en su gente y su cultura. Esta evidencia motivó a Leorvis para trabajar en Alianza Ceibo, en conjunto con otras mujeres de la comunidad Siekopai, en iniciativas para compartir el conocimiento y prácticas ancestrales, como la cerámica tradicional, el tejido de hamacas y la cocina tradicional, con las nuevas generaciones de mujeres -jóvenes y niñas-.
Gladyz Vargas
Gladyz Vargas es activista de la comunidad de A’i Cofán, miembro de Alianza Ceibo, y artista fundadora de la asociación A’i Cofán de mujeres, Suku. Gladyz tiene una visión para el bienestar de su gente en un territorio saludable, donde las familias puedan obtener ingresos mientras preservan su cultura y resisten a las incursiones de las industrias extractivas.
Nació en la comunidad A’i Cofán de Dovuno, y ahora vive en la comunidad de Dureno al norte de la Amazonía ecuatoriana. Gladyz cree que con el trabajo con y para mujeres, ella puede ayudar a fortalecer su cultura, lenguaje y el conocimiento ancestral.
Gladyz está liderando iniciativas para brindar a las comunidades aisladas de A’i Cofán alternativas económicas al petróleo, incluyendo el diseño de vestimenta tradicional y talleres de costura, la producción y comercialización de artesanías a través de la asociación de mujeres A’i Cofán Suku, el cultivo tradicional de chacras y la participación en ferias locales y regionales.
Cuando el COVID-19 llegó a la Amazonía, las mujeres de Suku re-direccionaron sus esfuerzos hacia la producción de mascarillas, llenando el crítico vacío que tienen los indígenas para acceder a los suministros médicos en la región.
Adiela Jineth Mera Paz
Adiela Jineth Mera Paz es una defensora del pueblo Siona (Ziobain) del río Putumayo, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Nació y creció en la comunidad de Buenavista, y es su primera Vicepresidenta mujer.
Su voz y liderazgo fue fundamental en la decisión tomada por la comunidad en 2014 de rechazar las ofertas económicas hechas por la British Oil Company Amerisur, e iniciar una lucha por la salud y la supervivencia de su territorio amazónico. Ha representado a los Siona en negociaciones gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en otros espacios, hablando sobre las complejas amenazas que viven las comunidades indígenas a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia, incluidas la extracción petrolera y la violencia nacida de los conflictos armados y el narcotráfico.
Junto a su rol de líder comunitaria, Adiela ha trabajado con un operador para el Alto Comisionado para la Paz en la remoción de minas anti-personales plantadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los militares colombianos en el territorio Siona a lo largo de la década pasada. Su valiente trabajo está retratado en este inspirador video-retrato de The New Yorker por el cineasta Tom Laffay.
Alexandra Narvaez
“Hoy por hoy, como mujeres, estamos también en la primera línea de batalla, ya no son solo los hombres. Nuestro territorio es nuestra vida, es nuestro cuerpo.”
- Alexandra Narvaez, líder A’i Cofán y Miembro de la Guardia de Sinangoe
Alexandra Narvaez es una joven A’i Cofán y defensora de los derechos de los pueblos indígenas de la comunidad de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Su comunidad está ubicada en la cabecera del río Aguarico, uno de los más grandes e importantes de Ecuador.
En 2018 la comunidad de Alexandra ganó una batalla fundamental contra la minería de oro cuya consecuencia es la protección de más de 30.000 hectáreas de bosque primario mega-diverso. A lo largo de la pandemia, la comunidad de Sinangoe ha continuado su lucha contra la minería ilegal, pero también contra las amenazas de caza y tala ilegal de árboles, así como por el cumplimiento efectivo de la victoria judicial de 2018.
Dado que su caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para sentar jurisprudencia a nivel nacional sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, la comunidad A’i Cofán regresará a la Corte este año con la meta de expandir el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en toda la región.
Ene Nenquimo (Norma)
Ene Nenquimo (Norma) nació en la comunidad Waorani de Toñampare, en las orillas del río Curaray. De niña, su madre y abuela le enseñaron cómo vivir con buena salud y en armonía con la selva. Mientras crecía se fue dando cuenta de los cambios ocurridos en el territorio de su pueblo con la creciente llegada de misioneros evangélicos y compañías petroleras.
Ella fue testigo de la devastación medioambiental y cultural provocada por la explotación petrolera cuando visitaba a otras comunidades Waoranis. De 34 años, Norma es una respetada líder entre los Waoranis, y es también parte del Directorio de Alianza Ceibo. Trabaja en la organización de su gente y apoya la formación de mujeres para que lideren iniciativas comunitarias y asuman roles como líderes. Ella también apoya una gran cantidad de estrategias que buscan proteger el territorio y la cultura de su pueblo, desde la construcción de su propio sistema educativo, hasta el monitoreo territorial y estrategias legales que buscan que el Gobierno cumpla con la histórica victoria legal contra la explotación petrolera en la Amazonía.
Juez rechaza la acción de protección y medidas cautelares a favor de comunidades indígenas afectadas tras derrame de crudo
El Coca, 1 de septiembre de 2020.- El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana en Ecuador, negó la demanda constitucional presentada por comunidades Kichwas y organizaciones de derechos humanos contra el Estado ecuatoriano y las compañías petroleras responsables del derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, considerado uno de los peores en los últimos 15 años.
La audiencia pública que se reinstaló este martes, 1 de septiembre de 2020, a las 10:30, una hora más tarde de lo previsto debido a la ausencia de un/a traductor/a kichwa dado que el Consejo de la Judicatura de Orellana nombró un traductor oficial Waorani en una audiencia donde la población afectada es Kichwa, irrespetando así los principios constitucionales de interculturalidad y plurinacionalidad.
En la lectura de la sentencia, el juez Oña reconoció que “es innegable que se produjo un derrame de crudo por la ruptura de los oleoductos y que se produce un derrame de petróleo que ha originado afectaciones en las poblaciones de los ríos Coca y Napo”, sin embargo, al final de su intervención, señaló que no se ha logrado demostrar la vulneración en los alegatos de los accionantes; por lo tanto, “la acción planteada no cumple con lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional porque la sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”.
Además, alegó que de dar paso a la acción de protección por la justicia constitucional, pasaría a asumir potestades que no le corresponden, afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos y desvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado. Y que las acciones por daño ambiental y derechos deben plantearse ante las vías civil, penal o administrativa. También negó las medidas cautelares “al no haber justificado la gravedad como la inminencia de las vulneraciones de los derechos constitucionales, que son materia de la pretensión, y al no cumplirse con los requisitos”.
Frente a la decisión del juez, Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE, sostuvo que continuarán con esta lucha y piden respeto a la nacionalidad Kichwa porque “nosotros somos del territorio, hacemos un llamado a unirnos y mantener esta unidad para decir basta de saqueos y mantenernos en la pobreza”.
Para María Espinosa, parte del equipo jurídico que representa a las víctimas, “el juez omite pronunciarse acerca de la vulneración a la vida digna, agua, salud, alimentación, derechos de la naturaleza; omite, además, los derechos colectivos vulnerados”. Así mismo, la jurista sostuvo que seguirán agotando todas las instancias que correspondan en el derecho interno y, de ser necesario, en el ámbito internacional.
Al finalizar la audiencia telemática, los demandantes no pudieron hacer conocer su decisión de apelar la decisión del juez porque él, abruptamente, cerró la transmisión. Los demandantes potenciarán su campaña global “Amazonía Sin Extracción” exigiendo una suspensión de toda actividad extractiva en la Amazonía.
Con estas garantías jurisdiccionales solicitadas se buscaba reparar los derechos vulnerados como al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades de las 27 mil personas afectadas directamente por el derrame de al menos 15.800 barriles de crudo vertidos en los ríos Coca y Napo, así como a los derechos de la naturaleza.
Contexto
Durante el proceso judicial, se presentaron alrededor de 12 testigos, habitantes de las comunidades afectadas, quienes detallaron que se enteraron del derrame cuando entraron al río sin saber que ya estaba contaminado, relataron, además, que desde abril, no pueden usar el río ni obtener agua ni alimentos porque éstos apestan a petróleo. También se presentaron 17 amicus curiae (amigos de la Corte), expertas/os científicos, quienes describieron las omisiones y la negligencia ante un hecho natural pero previsible; y 60 pruebas documentales, conformadas por informes oficiales, peritajes antropológicos, videos, entre otros.
Los abogados del Estado y OCP argumentaron que el derrame de petróleo fue un “caso fortuito de fuerza mayor” y que habían dotado comida suficiente, adecuada y agua a las comunidades. Sin embargo, sus propias pruebas demostraron que conocían el riesgo de derrame desde días atrás y que su respuesta fue tardía, insuficiente e inadecuada. Además, por testimonios de las víctimas, se supo que relacionistas comunitarios les advirtieron que no iban a recibir las provisiones alimenticias a menos que renunciaran a demandar a las compañías petroleras.
Juicio ético popular
Ante la preocupación por la dilación del proceso judicial, las más de 105 comunidades indígenas kichwa afectadas solicitaron la realización de un Tribunal Ético Popular, conformado por Alejandro Ponce, Eugenio Arellano, Gina Benavides, Marco Navas y Mariana Yumbay.
Luego de más de 5 horas de recolección de testimonios de las comunidades y de los alegatos de ambas partes procesales, la presidenta del tribunal popular, Gina Benavides, dio a conocer la decisión unánime: «Hubo vulneración debido a la omisión del Estado y las empresas demandadas, que generó afectaciones en varios niveles: derechos de la naturaleza, colectivos, a la información, a la organización, al debido proceso, entre otros”.
Acerca del derrame de petróleo
Los oleoductos SOTE y OCP se rompieron en abril de este año como resultado de la negligencia en atender la anunciada erosión regresiva en los ríos Coca y Napo. Respaldadas por organizaciones de derechos humanos, las comunidades indígenas presentaron el 29 de abril una demanda pidiendo la reparación, resarcimiento y el fin de la impunidad de las compañías petroleras en nombre de 27.000 indígenas de 105 comunidades que se vieron afectadas por el derrame de petróleo. La diligencia fue suspendida por 75 días, por problemas de salud del juez, mientras la incesante erosión y deslaves masivos amenazaban con un segundo derrame de petróleo.
El 4 de agosto, las comunidades que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo presentaron decenas de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana, con el fin de exigir la suspensión del flujo de petróleo en el área de la ex-cascada de San Rafael . Esto, debido al avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, amenaza que continúa luego de casi cinco meses de la ruptura de los principales oleoductos del Ecuador.
El riesgo de otro evento catastrófico pudo apreciarse en el periodo previo a la sentencia. En junio, los nuevos trazados estuvieron en peligro por la erosión del río Montana; en julio, los derrumbes represaron el río Coca en varias ocasiones; y el 22 de agosto, en una parte de la carretera en la misma sección del río colapsó debido a la erosión de la tierra y a la falta de respuesta oportuna por parte del Estado.
Contactos:
Sophie Pinchetti, Amazon Frontlines, +593 98 148 4873
Yuli Gaona, Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, 0980916690
Líderes de la iglesia católica de varios países emiten una declaración de apoyo para las comunidades indígenas que demandan al Estado y a las compañías petroleras en Ecuador
117 cardenales, arzobispos, obispos y otros oficiales eclesiásticos de 16 países presentan esta declaración a medida que se reanuda la audiencia.
Contactos:
Alejandra Yépez-Jácome, alejayepezjacome@gmail.com, +593 99 271 3867
Julio Caldeira, comunicaciones@redamazonica.org, +593 98 1227445
Orellana, Ecuador, 13 Agosto 2020 — Al reanudarse la demanda presentada por las comunidades indígenas que buscan justicia por el derrame de petróleo que contaminó sus territorios el 7 de abril en el Ecuador, 117 líderes religiosos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, República Democrática del Congo, Kenya y Burkina Faso emitieron una declaración en apoyo a la solicitud de protección y reparación de los demandantes.
La carta, inspirada por el grito de los pueblos y animada por el espíritu del Sínodo sobre Amazonía y el Documento de la Querida Amazonía, coordinada por la Red Eclesial Panamazónica Ecuador (REPAM) y liderada por los dos obispos ecuatorianos que también son demandantes en la causa, fue firmada por un cardenal, dos arzobispos, 42 obispos y docenas de otros partidarios, incluyendo superiores, presidentes, directores, coordinadores y laicos de una amplia variedad de congregaciones religiosas, jurisdicciones eclesiásticas, conferencias episcopales, pastorales e instituciones religiosas. La declaración será presentada hoy, 13 de agosto, al juez a cargo de la audiencia como un informe de amicus curiae oficial.
Los oleoductos Transecuatoriano SOTE y de Crudos Pesados OCP se rompieron como resultado de la falta de previsión y negligencia en el tratamiento de la erosión regresiva en los ríos Coca y Napo. Las comunidades indígenas afectadas por el derrame de petróleo presentaron de inmediato una demanda de acción de protección y medidas cautelares, cuya pretensión es que se declaren violados sus derechos humanos: al agua, a la vida, a la alimentación, a vivir en un medio ambiente sano, al territorio; así como, los derechos de la naturaleza. Además, que el Estado cumpla con las medidas de reparación integral y no repetición a favor de las comunidades indígenas y la naturaleza afectadas.
Una vez iniciado el proceso judicial, este fue suspendido por 72 días por causas de salud del personal de la sala judicial, sin que el sistema judicial haya respondido de manera consecuente con la emergencia que atraviesan las comunidades. Mientras tanto, la erosión regresiva y los deslizamientos de tierra masivos amenazan con un segundo derrame de petróleo, que afectaría nuevamente a miles de pueblos indígenas y contaminaría los ríos que fluyen hacia el Perú y el Brasil, para desembocar en el gran Amazonas.
Las comunidades indígenas buscan que estos hechos no queden en la impunidad y que se declare la responsabilidad de las empresas petroleras y del Estado. Es así que, ante la falta de respuesta, el 4 de agosto las comunidades indígenas decidieron presentar diversas medidas cautelares, e insistir frente a un sistema judicial que no ha dado respuestas oportunas. Esta vez, esperan ser escuchados; que el riesgo inminente de la erosión regresiva del río pueda ser atendido de forma inmediata; y que se tomen medidas respecto a la actividad petrolera en la zona.
Respaldando a los pueblos indígenas, el texto de la Declaración de Apoyo para las Comunidades Indígenas Afectadas por el Derrame de Petróleo del 7 de Abril en la Amazonía Ecuatoriana dice lo siguiente:
“Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres,
de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada
y su dignidad sea promovida.” (QA – 07)
Como personas de fe, llamamos la atención sobre una de las cuestiones morales más urgentes que enfrentamos actualmente en la región amazónica de América Latina, ejemplo de la historia vivida y sufrida por los Pueblos amazónicos y nuestra madre tierra durante décadas.
El pasado 7 de abril se produjo un grave derrame de petróleo, que contaminó dos de los principales ríos amazónicos del Ecuador, afectando los ecosistemas amazónicos, a 105 comunidades que vivían en las riberas y a aproximadamente 120.000 personas; llegando incluso al vecino país de Perú. Este es trágicamente uno de los últimos ejemplos en la Amazonía de una larga historia de crisis ecológicas y de salud humana como resultado de la extracción y explotación desenfrenadas de los recursos naturales.
Hoy nos hemos comprometido a hacer realidad las palabras del Documento Final del Sínodo especial para la Amazonia: “Defender y promover los derechos humanos como una tarea no solo social, sino como una exigencia de fe; Denunciar la violación de los derechos humanos y la destrucción extractiva” (DF -70); “La Iglesia debe atender de forma primordial a las comunidades afectadas por daños socio-ambientales” (DF -75); e “Incentivar a los Estados a que cumplan con sus obligaciones constitucionales sobre estos asuntos, incluyendo el derecho de acceso al agua” (DF – 78).
Por este motivo firmamos esta declaración y solicitamos que se haga justicia en el caso presentado contra el Estado y las empresas petroleras. Pedimos la implementación de medidas completas y urgentes para la reparación integral de las comunidades y ecosistemas vitales afectados por el derrame de petróleo.
Y finalmente reclamamos medidas para asegurar que graves hechos como este no vuelvan a ocurrir en Ecuador o en cualquier otro país de la Amazonía inspirados en el mensaje de Jesús: «El Evangelio propone la caridad divina que brota del Corazón de Cristo y genera una búsqueda de justicia que es inseparablemente un canto de fraternidad y solidaridad, un estímulo para la cultura del encuentro» (QA – 22).
LINK A LA DECLARACIÓN Y LISTA COMPLETA DE FIRMANTES
Sobre REPAM
La REPAM Ecuador es la articulación eclesial que consolida la iniciativa del trabajo en red en la región Amazónica y constituye la presencia misionera de los 6 Vicariatos Apostólicos, Conferencia de Religiosos/as del Ecuador, Misioneras Lauritas, Pastoral Indígena y Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador – SICNIE, Pastoral Social Cáritas Ecuador y Secretaría de REPAM. Con el fin de unir esfuerzos en el anuncio del Evangelio y la denuncia de las situaciones que ocasionan muerte y amenazan a las poblaciones de la Amazonía del Ecuador.
Los Pueblos Indígenas Presentan Acciones Legales Que Exigen La Suspensión Inmediata De Los Principales Oleoductos De Ecuador
4 de agosto 2020. Coca, Ecuador – La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos realizaron el lanzamiento oficial de la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, mediante una rueda de prensa virtual, este martes 4 de agosto. La iniciativa busca fortalecer la agenda de las organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios de vida, y promover acciones estratégicas, como exigir la suspensión del flujo de petróleo a través de las principales tuberías de Ecuador.
Como primera acción estratégica y legal, en el marco de esta iniciativa, las comunidades que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo presentan decenas de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana, lugar donde representantes de las comunidades acuden desde la mañana de este martes, con las medidas de bioseguridad, para ingresar su pedido y respaldar esta acción legal. Estas demandas masivas se dan debido al avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, que representa un peligro inminente al pleno goce de sus derechos a vivir en un ambiente sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia. Se prevé ingresar alrededor de 100 demandas de medidas cautelares.
Esta amenaza continúa luego de casi cuatro meses de la ruptura de los principales oleoductos del Ecuador (el SOTE y OCP), que afectó a más de 100 comunidades indígenas con una población de al menos 27.000 personas de la Nacionalidad Kichwa; ruptura que se dio por la negligencia de las empresas y de las entidades públicas ya que las acciones preventivas fueron insuficientes, por no decir nulas, pese a las advertencias de expertas y expertos sobre el fenómeno de erosión regresiva de los ríos Coca y Napo y, luego, del hundimiento de la cascada de San Rafael, ocurrida en febrero del año en curso.
Ahora, esta erosión regresiva avanza aceleradamente, amenazando con liberar grandes cantidades de sedimentos, inundaciones, destruir cientos de comunidades ribereñas y ocasionar un nuevo derrame de petróleo. Ante esto, las comunidades exigen medidas cautelares que incluyan la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de las tres tuberías; el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, atención y reparación ante posibles inundaciones y otros daños; la provisión de agua y proteína animal de manera estable, constante y duradera hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad, entre otras.
Esta campaña internacional nace de la preocupación de Pueblos y Nacionalidades indígenas del Ecuador y del mundo ante la situación de riesgo en la que permanecen las comunidades indígenas, tanto por la histórica explotación petrolera como la reciente amenaza de la pandemia de COVID-19. Respecto a esto último, según la Organización Panamericana de la Salud, el virus ha infectado al menos a 20,000 personas en las comunidades indígenas de la Amazonía. Ante esta preocupación, organizaciones indígenas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam convocaron a la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, dada entre el 18 y 19 de julio, donde pidieron una moratoria sobre las actividades extractivas en sus territorios para enfrentar la contaminación tóxica, los incendios furiosos, la pérdida de territorio y biodiversidad, cambio climático y, ahora, la propagación del COVID-19.
Las comunidades ahora afectadas por la erosión regresiva del río Coca también fueron contaminadas por el derrame de crudo del 7 de abril, por lo cual presentaron una demanda de acción de protección y medidas cautelares, debido la gravedad de las afectaciones que este hecho ocasionó en sus comunidades, sin embargo, la audiencia continúa suspendida desde junio y, hasta ahora, las comunidades no cuentan con medios de vida dignos para sobrevivir a la pandemia y para protegerse de los impactos de la contaminación del río.
¡El extractivismo debe parar!
CONTACTOS PRENSA:
Nacional: Yuli Gaona – +593 98 091 6690
Internacional: Sophie Pinchetti – Whatsapp +593 98 148 4873
LINK DEL SITIO DE LA CAMPAÑA:
https://bit.ly/ExtractivismoAmazonia
Anexos: Declaraciones de panelistas en rueda de prensa virtual
Gregorio Mirabal, Coordinador General de COICA: «Este es un Grito de la Selva de la cuenca amazónica que hace un llamado a parar el extractivismo en amazonia que hoy se encuentra en punto de no retorno. Exigimos al mundo a que vea el derrame petrolero en la amazonía ecuatoriana como una catástrofe ambiental que condena al etnocidio y a la muerte de los pueblos indígenas.Los derrames de petróleo y el veneno en nuestros ríos son causados por las corporaciones que saquean y se llenan los bolsillos y los estados que promueven la explotación de los recursos de la Cuenca Amazónica. Cuando nuestros hermanos y hermanas indígenas están amenazados por estas razones, todos estamos amenazados. Y todos nos uniremos para luchar. El derrame ocurrido el 7 de abril en las riveras de los ríos Napo y Coca es un claro ejemplo y hoy 2000 familias indígenas se encuentran en riesgo. Nosotros, cómo organización internacional de pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica no les vamos a dejar solos. Estamos aquí para luchar unidos por nuestros derechos.”
Andres Tapia, Dirigente de Comunicación de la Confeniae: “La Amazonía es vida. Cuidarla y defenderla es nuestra obligación. El Movimiento Indígena Ecuatoriano está ganando fuerzas y se está uniendo a nuestros aliados internacionales para enfrentar la extracción en nuestros territorios, empezando por los peligrosos e inestables oleoductos SOTE y OCP.”
Jaime Vargas, Presidente de CONAIE: “En medio de una pandemia que no ha sido manejada adecuadamente y un derrame de petróleo que agregó una segunda crisis para que la enfrentemos, estamos enviando un mensaje al gobierno y a los intereses extractivistas de que basta ya. Nuestra resistencia siempre ha estado en las calles, y seguiremos defendiéndonos cada vez que nuestro derecho a la vida y al territorio se vea amenazado.”
Carlos Jipa, Presidente de FCUNAE: “Hoy, el pueblo Kichwa está enviando un mensaje al gobierno, a las compañías petroleras y a la corte ecuatoriana de que no nos quedaremos callados mientras nuestras tierras siguen contaminados por el petróleo y amenazados por otro derrame. Estamos intensificando nuestro llamado a la justicia y no nos detendremos hasta que se haga esa justicia.”
Lina María Espinosa, Defensora DDHH y abogada de Amazon Frontlines y la Alianza de Derechos Humanos: “El estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y colectivos de Pueblos Indígenas privilegiando los intereses corporativos y extractivos durante décadas. En el caso del derrame de petróleo del 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana, las autoridades estatales, compañías como EP Petroecuador y OCP e incluso el sistema judicial no han cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación, por el contrario, han condenado a 27 mil personas a lo largo del río Coca y Napo en un contexto de pandemia a sobrevivir sin fuentes de agua y alimento seguras y en precarias condiciones de salud agua, sin alimento y sin salud. Hoy, el movimiento indígena de Ecuador, la COICA y las organizaciones de derechos humanos nos unimos una vez más para exigir que los derechos de los Pueblos Indígenas y de la Naturaleza sean respetados y garantizados.»
Comunidades indígenas alertan sobre la presencia de crudo y otros derivados en el río Coca; su situación de riesgo y vulnerabilidad se agudiza
Sr. Hernán Salgado, Presidente Corte Constitucional
Sra. María del Carmen Maldonado, Presidenta Consejo de la Judicatura
Sr. Freddy Carrión, Defensor del Pueblo
Sr. René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Sr. Paulo Arturo Proaño Andrade, Ministro del Ambiente (E)
Sr. Juan Carlos Zevallos López, Ministro de Salud Pública
Sr. Alberto Zambrano, Presidente de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional
Sra. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos
Sr. Rommel Salazar Cedeño, Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
La tarde del 22 de junio, comuneros reportaron un fuerte olor de diésel y manchas de hidrocarburos en el río, cerca de la comunidad de Sardinas y San Pedro del Río Coca, en la provincia de Orellana. Adicionalmente, en el puente ubicado a la altura de San Sebastián del Coca, se evidenció un inusual movimiento de trabajadores en el río, quienes colocaban barreras de contención.
A las 17:00, los comuneros que trabajan en la empresa CORENA informaron a sus familias que debían quedarse trabajando durante la noche “por una emergencia ocurrida”. Tal como ocurrió el 7 de abril pasado, una vez más las empresas petroleras OMITIERON la obligación de alertar de manera urgente a las comunidades sobre UN DERRAME DE CONTAMINANTES AL RÍO. Una vez más, los comuneros se enteraron cuando vieron pasar frente a sus comunidades una mancha de crudo y aceites en el río.
Entre las 19:00 y las 23:00, las comunidades San Pedro del Río Coca, Sardinas, San Pablo, Lumucha y Toyuca registraron el avance de crudo y aceites a la altura de sus comunidades, como se puede ver en las siguientes imágenes:
Apenas a las 21:20, Petroecuador, a través de su cuenta de twitter, y, en respuesta a múltiples mensajes por esa misma red social que habíamos hecho llegar defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunció indicando que se trataría de “trazas remanentes estancadas del evento del 07 de abril, en sitios inaccesibles por la geografía de San Rafael, que a consecuencia de las intensas lluvias, fueron removidas por la corriente del río”.1 Este pronunciamiento es inadecuado y no resulta ser el mejor medio para informar a comunidades remotas en la Amazonía ecuatoriana. Pues, hasta el momento, no hay evidencias de información entregada de manera adecuada a las comunidades afectadas ni de la alerta necesaria sobre el estado del río.
En cualquier caso, el tamaño y la cantidad de manchas observadas por los comuneros y la orden dada a los trabajadores de las empresas de limpieza, es muy poco probable que se trate de un remanente del derrame del 7 de abril, como pretende hacer pasar la empresa EP Petroecuador. Recordamos que en los días siguientes al 7 de abril, las empresas operadoras y las autoridades minimizaron el derrame a “unos cuatro mil barriles” y luego tuvieron que admitir, por lo menos 15.800. Asimismo, la semana pasada, el 18 de junio, se reportó un derrame de combustibles por rotura del poliducto en la misma zona de San Rafael. Entonces, como ahora, Petroecuador y el Ministerio de Recursos y Energía sólo “reconocieron” la rotura por sus cuentas de Twitter ante la denuncia pública de un ciudadano, y no proporcionaron la información debida sobre causas, magnitud, contención ni remediación.
Desde el 7 de abril, las comunidades ribereñas enfrentan graves vulneraciones a sus derechos a VIDA ÍNTEGRA, AGUA, ALIMENTACIÓN, MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUD y viven enfrentadas a que estos hechos se repitan como ha sucedido en estos días. El caso es que las vulneraciones por contaminación a derechos colectivos y de la naturaleza se están convirtiendo en vulneraciones sistemáticas y sistemáticamente IMPUNES con consecuencias irreversibles e irreparables.
Los hechos ocurridos evidencian que el riesgo que enfrentan las comunidades es persistente.
Por lo anterior, una vez más, EXIGIMOS al CONSEJO DE LA JUDICATURA cumplir con su obligación de protección y tutela judicial a través de la emisión URGENTE de las MEDIDAS CAUTELARES que hemos solicitado insistente y motivadamente desde el 29 de abril. Exigimos, a la vez, que activen los mecanismos necesarios para que se reanude la audiencia de la acción de protección, suspendida desde hace YA CASI UN MES. Está en sus manos cesar la sostenida violación de derechos y riesgos que enfrentan al menos 27 mil personas indígenas y las comunidades mestizas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.
SOLICITAMOS que la Corte Constitucional se PRONUNCIE. No es ético que se guarde silencio cuando la vida de al menos 27 mil personas corre grave riesgo. Es imperativo que la Corte les recuerde a los servidores judiciales su obligación constitucional y legal de actuar apegados a los principios de la tutela judicial efectiva y la debida diligencia. Una acción de protección y unas medidas cautelares planteadas desde el 27 de abril siguen sin la respuesta oportuna, idónea y eficaz para la protección, restitución y reparación integral de los derechos de las víctimas.
EXIGIMOS que Petroecuador EP, OCP Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, y Ministerio de Ambiente transparenten los hechos ocurridos ayer (22 de junio) y el pasado 18 de junio, den información completa detallada sobre las roturas y derrames, causas, magnitud y las medidas que han tomado. Que informen, a cabalidad, de manera georeferenciada y minuciosa sobre cada uno de los lugares donde existen las denominadas trazas y remanentes de crudo y combustible de los derrames ocurridos desde el 7 de abril. Es evidente que los derrames siguen ocurriendo y la información completa, veraz y confiables es la única forma de evaluar si las medidas de atención y contención que dicen tomar son efectivas. La existencia de trazas remanentes evidencia que 75 días luego de ocurrido el derrame del 7 de abril, los trabajos de limpieza son ineficaces y confirman que el riesgo letal de las comunidades al consumir agua y peces contaminados. Las entidades estatales concernidas (Ministerio de Salud, Ambiente, Secretaría de DDHH, Secretaría de Riesgos) tienen el deber de ejecutar medidas de atención, protección y restitución URGENTES, EFICACES y PERTINENTES.
SOLICITAMOS a la Defensoría del Pueblo que requiera a las instituciones competentes la información detallada sobre los hechos ocurridos el día de ayer, su naturaleza, alcance, hora y lugar donde se produjo, y detallen las medidas de contención inmediata que tomaron y de reparación que están tomando y sus respectivos resultados. Si la mancha avanzó a las comunidades es evidente que la contención no funciona -como no funcionó el 7 de abril cuando a las 48 horas ya había recorrido al menos 300 kilómetros-. Así mismo, que las instituciones informen en detalle cuándo y cómo alertaron a las comunidades río abajo. Si las comunidades se enteran cuando ven pasar la mancha por sus comunidades es evidente que no hay un plan efectivo de información inmediata. Todo esto es fundamental saber, pues autoridades y operadoras petroleras conocen sobradamente que las comunidades están gravemente impactadas por el derrame del 7 de abril y que su vida íntegra y su salud están gravemente comprometidas. Sin información oportuna y clara sobre cualquier hecho que agrave su seria situación, la misma operación petrolera -sin derrames siquiera- es ya un riesgo sostenido para las comunidades. Si no pueden operar con cuidado y si no pueden responder inmediata y efectivamente por los daños que causan y los riesgos de vida a los que exponen a poblaciones enteras, entonces, no deberían seguir operando.
SOLICITAMOS a la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional que cumpla su rol de fiscalización y solicite toda la información a las instituciones involucradas en el derrame de petróleo del día 07 de abril de 2020, las medidas que se han tomado, las alertas, la situación de las comunidades indígenas afectadas. También, que solicite al Consejo de la Judicatura información respecto a la administración de justicia en el proceso constitucional planteado por víctimas del derrame, la falta de respuesta a las medidas cautelares planteadas, las dilaciones injustificadas desde el 27 de abril y la suspensión indefinida del juicio desde el 1 de junio.
Las organizaciones firmantes denunciamos la sistemática violación de derechos de esta población que hoy enfrentaría, además, los impactos del brote de dengue y del covid-19; así como, la impunidad tras 75 días del derrame ocurrido el 7 de abril de 2020. Y replicamos las palabras de Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE:
Nuevamente hemos sido víctimas de esto, de este mal que nos está causando cada día. No sé hasta cuándo vamos a continuar con este derrame, esta contaminación de nuestro río Coca. Necesitamos que las empresas responsables reconozcan. OCP y PETROECUADOR deben reconocer que hubo un derrame. No estamos mintiendo, nosotros tenemos testigos dentro de nuestras territorios, de nuestras comunas de esto que ocurrió anoche.
Suscribimos:
Marlon Vargas – Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE
Carlos Jipa – Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana – FCUNAE
Monseñor José Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo Vicariato de Aguarico
Monseñor Celmo Lazzari, Obispo del Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos
Lina María Espinosa – Amazon Frontlines
Alicia Celinda Salazar Medina – Fundación Alianza Ceibo·
Sylvia Bonilla Bolaños – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Alexandra Almeida – Corporación Acción Ecológica·
Paola Maldonado – Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Luis Xavier Solís – Asesor Legal de Fundación Alejandro Labaka
Ana Cristina Vera – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA
Michelle Erazo Cárdenas – Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Carlos Mazabanda – Amazon Watch
Francis Andrade Navarrete – Red Eclesial Panamazónica Ecuador
Verónica Potes – profesora, Universidad Central del Ecuador
Alianza por los Derechos Humanos – Ecuador
1 https://twitter.com/EPPETROECUADOR/status/1275260542618402818
75 días después de ocurrido el derrame de OCP y EP Petroecuador, las empresas, ministerios, ni el sistema de justicia atienden y protegen a las víctimas
Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.
A pesar de transcurridos 75 días del derrame de al menos 15,800 barriles de petróleo y que múltiples organizaciones comunitarias, eclesiales y esta Alianza, interpusimos una demanda de acción de protección con medidas cautelares a favor de todas las comunidades y personas indígenas afectadas, el proceso no avanza. La audiencia inició el 26 de mayo y permanece suspendida desde el 1 de junio, por presunta enfermedad del juez a cargo de la diligencia; y hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal y escrita sobre la reinstalación o las medidas que tomará la Judicatura para que las víctimas no continúen en indefensión.
La situación de las comunidades impactadas no solo es alarmante, sino crítica, especialmente en la salud de niñas y niños. Varios presentan manchas, sarpullido o laceraciones en el cuerpo, que aparecieron semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.
La presencia de problemas dérmicos, un brote de dengue y casos con sintomatología asociada a COVID-19, son cada vez más frecuentes. Estos efectos agudos generados por el derrame y la pandemia, son visibles en al menos el 70% de las comunidades impactadas por las sustancias contaminantes de los combustibles.
Las comunidades afectadas denuncian que no se ha brindado atención humanitaria adecuada, inmediata y especializada del sistema de salud pública; las personas enfermas han recibido medicamentos como ibuprofeno o ácido fusidico, sin consideración de su grupo etario, patologías e historial clínico. Medicamentos que deben usarse cuidadosamente porque no son adecuadas para tratar cuadros de COVID-19, Dengue, Zika, entre otros. Además, los medicamentos para uso tópico entregados por las brigadas médicas ayudan a la inflamación, pero no son la respuesta a un tratamiento periódico y evaluativo.
Según criterios de expertos, los daños en la piel son propios de personas que han estado expuestas al contacto con el agua del río contaminado; la gravedad de estas afecciones se puede intensificar si el ambiente, – sea el suelo, agua, alimentación -, continúa contaminado.
Las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para enfrentar los desafíos de una pandemia; varias se ven forzadas a utilizar agua del río para alimentación, labores limpieza y aseo personal. Además, se conoce, por parte de los dirigentes comunitarios y las organizaciones locales, que los casos con sintomatología asociada a COVID-19, va en aumento. Se requiere de forma urgente realizar pruebas PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de casos positivos.
En este cuadro crítico, además, se dio un nuevo derrame de gasolina el pasado 18 de junio en el sector de San Rafael, del cual se desconoce la magnitud de sus impactos. No obstante, el patrón se repite. Con este nuevo derrame las comunidades no fueron informadas y tampoco alertadas.
Por este motivo, alrededor de 27 mil personas indígenas afectadas por este derrame y las organizaciones de la Alianza, exigimos al Estado garantizar sus derechos colectivos y evitar que la negligencia del sistema de justicia no les permita acceder al agua segura, a una alimentación y ambiente sano, a medidas de protección efectivas y a una reparación integral.
Intervenciones:
Verónica Potes – Experta en Derechos Humanos y Ambientales:
“Vemos con mucha preocupación este juicio, porque revela total falta de justicia a la que están sometidas comunidades que han sido afectadas desde el 07 de abril por un derrame de crudo, que pudo haber sido previsto y no lo fue; que pudo haber sido comunicado inmediatamente cuando ocurrió y no lo fue; y que debería ser remediado. (…) Desde mayo, no tenemos información oficial por parte de la justicia de este país y, mientras tanto, las comunidades siguen afectadas, los problemas se van agudizando. En este momento, tenemos una situación de limbo jurídico; es decir, las comunidades están ahí a la espera de que la administración de justicia decida qué hace ante una situación de salud del mismo juzgado, en el que por esa situación está pendiente un juicio, que se supone que tiene que ser ágil; un juicio en el que se han pedido medidas cautelares, precisamente para prevenir que se sigan violando derechos que están siendo violados desde abril”.
Carlos Jipa – Presidente FCUNAE:
«El agua del río sigue contaminada y las comunidades la siguen consumiendo, debido a la falta de otro medio. El agua segura no ha llegado a todas las comunidades. Quienes han recibido los botellones de agua nos dicen que el sabor del agua es distinto, las personas han tenido diarrea y dolor de estómago. No hemos sido escuchados por las autoridades competentes. El tiempo que lleva esta audiencia no es favorable para los kichwas. Estamos muy indignados».
Alexandra Almeida – Directora Área de Petróleo Acción Ecológica:
«La situación en las comunidades después del derrame de crudo del 07 de abril es peor, hay fracciones de hidrocarburos que son solubles en el agua y son éstos los que dan mayor toxicidad al río, las comunidades están utilizando esta agua, no tienen otra opción. En los últimos días, llegó información sobre la ruptura del poliducto en la misma zona”.
Verónica Gefa – Presidenta Comunidad Toyuca:
“El trato que nos están dando lo hacen ver como ayuda, pero no es ayuda. Estamos en el derecho de reclamar. No podemos sentir sabor y olor, esos son síntomas de Covid19, pero no han llegado a las comunidades a hacernos pruebas rápidas. No hemos tenido respuesta. Seguimos esperando justicia».
Mons Adalberto Jiménez – Obispo Vicariato de Aguarico : » Las las comunidades están viviendo 4 daños a la vez: la contaminación por el derrame, el #COVID19, el dengue y las inundaciones.Hay un abandono del Estado. Las autoridades fueron elegidas para que nos defiendan (…)Hago un llamado a OCP Ecuador y PETROECUADOR para que cumplan su obligación de responder a las comunidades por este daño ambiental y social, y al Consejo de la Judicatura de Orellana, llevamos 2 MESES sin que se resuelva el caso. Está bien preocuparse por la salud del juez, pero es necesario que se vele por la salud de las comunidades».
Contacto de prensa: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690
DENUNCIA PUBLICA: ADVERTENCIA A EMPRESA PETROLERA GEOPARK
El pueblo Siona del Resguardo Buenavista advierte a la empresa multinacional GeoPark, posible compradora de Amerisur Resources, que no permitiremos actividades extractivas en nuestro territorio y al adquirir los activos de Amerisur adquiere también sus responsabilidades por la violación de derechos humanos y colectivos contra nuestro pueblo y nuestro territorio.
Teniendo en consideración recientes publicaciones en prensa que dan cuenta de la apuesta de la multinacional Geopark para posicionarse como líder de operaciones hidrocarburíferas en Colombia, específicamente con una inversión de $311 millones de USD orientada a la compra de Amerisur Resources que tiene como objetivo aumentar la producción de barriles de crudo en los bloques concesionados en la cuenca del río Putumayo, queremos ADVERTIR a Geopark y al mundo, que el negocio societario incluye las obligaciones y responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos, pasivos socio-ambientales y demás afectaciones pendientes de reparación ocasionadas por Amerisur al Pueblo Siona.
Se reitera que la Empresa Amerisur es OPOSITORA dentro de un proceso judicial de restitución de derechos territoriales instaurado por el Resguardo Buenavista en el marco de la justicia transicional de atención a las víctimas del conflicto armado interno que se encuentra en curso; que se ha documentado extensamente la modalidad de despojo de nuestros recursos naturales como consecuencia del accionar ilegal y amañado de la petrolera, quien ha mentido sistemáticamente a la comunidad y con engaños pretendió hacer valer una consulta previa sobre el Bloque Put-12 que culminó con una PROTOCOLIZACIÓN SIN ACUERDOS.
Adicionalmente, en virtud de una Medida Cautelar otorgada en el año 2018 dentro del proceso de restitución de tierras, se encuentran protegidas 56.529 Hectáreas de territorio ancestral y resguardado, con una prohibición expresa de adelantar actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales que se encuentra en firme. Desde el año 2009 el Pueblo Siona fue reconocido por la Corte Constitucional, máximo Tribunal de protección de derechos fundamentales en Colombia, en riesgo inminente de exterminio físico y cultural por el accionar directo de la guerra, pero también por presiones indebidas de lo que consideró factores subyacentes del conflicto armado, tales como los intereses extractivos y megaproyectos que pretenden ser establecidos en los territorios indígenas.
La urgencia manifiesta, el irrespeto a la autonomía y autodeterminación del Pueblo Siona del Resguardo Buenavista, motivaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la decisión MC-395-18 otorgara medidas cautelares de protección obligando al Estado Colombiano a concertar rutas de protección culturalmente adecuadas para salvaguardar la vida, libertad e integridad de las autoridades indígenas, las comunidades y su territorio.
Insistimos que, en virtud del Derecho propio, amparados en nuestra ley de origen y ratificados en las Resoluciones 001, 002, 003 y 004 emitidas en 2016 y 2017 por nuestras autoridades tradicionales y políticas, el Pueblo Siona del Resguardo Buenavista rechaza de manera contundente la realización de actividades de exploración y explotación de petróleo dentro de nuestro territorio ancestral y resguardado.
Dado que la expansión de la actividad extractiva en el Departamento del Putumayo, con todas sus implicaciones y actores, ha sido causante de graves violaciones a nuestros derechos humanos y colectivos y supone una grave amenaza para la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo; y, que, de no frenar su intervención en nuestro territorio, puede seguir siendo responsable de otras múltiples violaciones y ya que la vida y pervivencia del Pueblo ZioBain (Siona) del Resguardo de Buenavista depende de la conservación y protección a nuestro territorio advertimos a GeoPark que al comprar todos los activos de la empresa AMERISUR también esta adquiriendo todas las obligaciones por las violaciones a derechos humanos que la empresa Británica ha ocasionado y que han incrementado el riesgo de exterminio que enfrenta nuestro Pueblo, así mismo REITERAMOS nuestra determinación de mantener nuestro territorio libre de actividades extractivas por el grave riesgo que representan por la emisión de vertidos tóxicos, las afectaciones a nuestras practicas espirituales y los conflictos comunitarios generados desde el inicio de operaciones de Amerisur que incluyen la exacerbación de conflictos generados por la presencia de actores armados regulares e irregulares en nuestro territorio.
Resistimos, Luchamos, Permaneceremos firmes en la defensa de la vida, de nuestro territorio milenario, en la preservación de la sabiduría ancestral del Pueblo ZioBain.
Somos un pueblo grande de corazón y pensamiento.
SANDRO PIAGUAJE
Gobernador
Resguardo Siona Buenavista
gobernadorbuenavista@gmail.com
Audiencia Suspendida: Estado Y Empresas Ocp Y Petroecuador No Han probado Que Actuaron Debidamente Antes, Durante Ni Después Del Derrame De Crudo En La Amazonía
La demanda de acción de protección con medidas cautelares presentada por accionantes individuales y comunitarios, organizaciones indígenas, de DDHH y eclesiales a favor de comunidades indígenas afectadas por el derrame de al menos 15.800 barriles de crudo y combustibles, ocurrido el pasado 7 de abril, se instaló el pasado martes 26 de mayo y debía continuar hoy, 1 de junio, con la presentación de la prueba de los accionados.
Lamentablemente, hoy, martes 1 de junio de 2020, el juez Jaime Oña dispuso la suspensión de la audiencia debido a problemas de salud en su equipo técnico. Se prevé que hasta este miércoles, 2 de junio, se informe sobre la continuación del proceso. Ante esto, expresamos nuestra solidaridad con las funcionarias y funcionarios de la judicatura y entendemos que su situación médica merece un tratamiento oportuno, adecuado y suficiente, como le corresponde a todo habitante de este país.
A la vez, recordamos a las autoridades la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran al menos 27 mil personas indígenas por el derrame de crudo y combustibles, quienes llevan más de dos meses sin acceso a fuentes de agua segura y suficiente, a alimento y a la debida atención médica integral, todo esto, en medio de la pandemia del COVID-19 y un creciente brote de dengue que azota a la Amazonía por la fuerte temporada invernal.
La audiencia hasta el momento:
La defensa legal de las comunidades afectadas estableció en sus alegatos y con prueba documental aportada que la vulneración de derechos ocurrió antes, durante y después del derrame, de forma agravada, por la ocurrencia de varios elementos. El antes, por la falta de atención efectiva al riesgo inminente que corrían las tuberías, tras el colapso de la cascada de San Rafael, ocurrido el 2 de febrero, debido a que este evento exacerbó el proceso de erosión regresiva del río Coca, produciendo el derrumbe y rotura de los tubos el 7 de abril; el durante, por la falta de implementación de mecanismos de alerta oportuna y efectiva sobre el derrame por parte del Estado y empresas petroleras; y el después, por la tardía, insuficiente e inadecuada respuesta a los impactos negativos en los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación y soberanía alimentaria, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y derechos de la naturaleza.
Asimismo, se probó que el Estado ecuatoriano y las empresas EP Petroecuador y OCP no adoptaron medidas razonables frente al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato, faltando a su obligación de prevención y debida diligencia. Tampoco cumplieron con su función de regular, supervisar y fiscalizar las actividades como el establecimiento de planes de contingencia, medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.
Por ello, la parte accionante exige que las medidas de reparación integral respondan a los más altos estándares vigentes en un Estado garantista y que, tanto las instituciones estatales como las empresas operadoras, garanticen la no repetición de las múltiples vulneraciones a derechos de individuos, colectivos y la naturaleza evidenciadas en el caso.
Por su parte, la defensa técnica del Estado y las empresas respondieron a la demanda, alegando que estos hechos se produjeron como un evento fortuito o de fuerza mayor, con lo cual pretenden negar su conocimiento de la existencia de un riesgo potencial. En sus intervenciones, han minimizado los testimonios de expertos y de las víctimas, señalando que sus problemas de salud responden a “su propia negligencia”.
De esa forma, los juristas argumentaron que, una vez ocurridos los hechos, han actuado según sus protocolos; es decir, han entregado a la población kits de alimentos y agua, dando a entender que sus actuaciones se enmarcan en actos de beneficencia y no en las obligaciones derivadas de la responsabilidad generada por sus omisiones y actos.
En ese sentido, nos preocupa la independencia procesal en este caso, ya que hemos podido observar en estos cuatro días de audiencia que las y los abogados del Estado (Ministerios de Energía, Ambiente, Salud, y la Procuraduría del Estado) defienden abiertamente a las operadoras Petroecuador y OCP. Esto, por lo menos, contradice la necesaria independencia y distancia que los entes de control (Energía y Ambiente) deben guardar respecto de sus supuestas controladas.
La realidad de las comunidades se expuso en la audiencia:
Para estar presentes y dar su testimonio, representantes de al menos 16 comunidades ribereñas afectadas que pudieron llegar desde sus territorios hasta el Vicariato Apostólico de Aguarico, lugar de concentración para conectarse a la audiencia telemática, tuvieron que viajar, alrededor de seis horas, algunos por vía fluvial y otros por vía terrestre.
Estos representantes relataron al juez constitucional que no pueden bañarse en el río, ni pescar, ni consumir de él; es más, no pueden no pueden utilizar el agua para la elaboración de la chicha y guayusa, elementos fundamentales en la vida comunitaria kichwa. Afirmaron, además, que hay una fuerte pestilencia en las riberas y en las chacras.
Las dotaciones alimenticias son insuficientes para el grupo familiar al que están dirigidos, y resultan nutricionalmente inadecuadas y ajenas a la dieta kichwa. Por ejemplo, las operadoras afirman haber entregado 820 mil litros de agua para consumo humano; sin embargo, estos se encuentran por debajo de los mínimos diarios de 7.5 litros por persona al día, en contextos regulares y 15 litros, por la pandemia mundial, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay familias que indican haber recibido dos pacas de agua que equivaldrían a dos vasos por día para cada persona en familias con al menos 7 integrantes.
En cuanto a la alimentación, las comunidades afectadas consumen, en promedio, 25 pescados a la semana por familia. Las empresas les entregan un kit para un mes, que contiene una lata de atún o de sardina e insumos que alcanzarían únicamente para dos días. Además, persisten denuncias de que personas que se presentan como funcionarios de las empresas petroleras han visitado algunas comunidades para entregar kits alimenticios, y con eso, estarían obligando a las personas a renunciar, por escrito, a cualquier reclamo relacionado con la entrega de
alimentos.
También, las empresas afirman haber realizado “valoraciones médicas” a cerca de 2 mil habitantes cerca de las riberas; sin embargo, no hay evidencias de que estén monitoreando la salud de las personas, pese a que los estudios científicos alertan sobre impactos agudos y crónicos en personas expuestas a contaminación por petróleo. Estos incluirían, ansiedad, depresión, enfermedades de piel, alteraciones genéticas y hormonales que pueden llevar al cáncer, complicaciones en la salud sexual y reproductiva como abortos, cáncer de próstata y alteraciones hormonales.
La ingesta de pescado contaminado y el contacto con el río, en ausencia de fuentes de agua suficiente, sería la causa de la proliferación de afecciones en la piel, vómito, dolor de cabeza y ardor de los ojos, detectados en habitantes amazónicos afectados por contaminación por crudo, en otras ocasiones. De acuerdo con los testimonios, para la atención de alrededor 60 familias, por ejemplo, ha llegado sin previo aviso una brigada compuesta por dos personas, un médico y una enfermera, sin medicamentos apropiados, solo con paracetamol, jarabes de vitaminas y antiparasitarios, y el tiempo de atención a toda la comunidad ha sido de dos horas.
Nuestro pedido como organizaciones de acompañamiento:
Las organizaciones indígenas, eclesiales, de derechos humanos y sociales que acompañamos como accionantes a las personas afectadas, y las defensoras y defensores de derechos humanos que asumimos su defensa técnica, reiteramos que los demandados cometieron una serie de actos y omisiones, vinculadas principalmente al hecho de que el Estado conocía del riesgo y omitió tomar medidas frente a la interrupción del flujo de agua en la cascada San Rafael y las advertencias de expertos y que sus actuaciones una vez ocurridos los hechos tampoco resultan eficientes, efectivas, oportunas, idóneas y pertinentes.
Por ello, en pro del respeto al debido proceso y a la pronta justicia, insistimos en la urgencia de que el juez de esta causa se pronuncie sobre la petición de medidas cautelares para preservar la vida, salud y alimentación de las víctimas, en riesgo desde el 7 de abril. La tardanza en su emisión desdice la naturaleza cautelar de esos instrumentos de protección y prevención.
Así también, exigimos el cese del hostigamiento a las comunidades que, valientemente, decidieron plantear esta demanda y al equipo de acompañamiento que acaba de sufrir un ataque digital anónimo durante la rueda de prensa convocada para informar sobre el proceso.
Contacto: Yuli Gaona – Comunicación Alianza por los Derechos Humanos- 0980916690
ORGANIZACIONES INDÍGENAS, RELIGIOSAS Y DE DERECHOS HUMANOS PRESENTAN ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO Y EMPRESAS PETROLERAS POR DERRAME DE PETRÓLEO
Este miércoles 29 de abril de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas.
La demanda alega que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.
El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades – en su mayoría – de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente.
Debido a la pandemia del COVID-19 y a fuertes inundaciones en la zona, las comunidades están viviendo una triple-crisis, sin una respuesta estatal adecuada y sin alternativas para conseguir agua ni alimentos.El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, la acción de protección aduce que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pone en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.
Las familias afectadas solicitan medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. También, dentro de la demanda, solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.
INTERVENCIONES:
Andrés Tapia, Dirigente CONFENIAE: «El derrame de crudo es muerte para la biodiversidad y la vida. El Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo.La explotación petrolera y otros minerales no son rentables sólo son contaminantes del medio ambiente y lo cual tiene rechazo rotundo del mundo entero. Esta pandemia le ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos».
Lina María Espinosa, Amazon Frontlines, parte del equipo legal de los afectados: “Si bien la ruptura de los oleoductos, no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias que las autoridades y empresas demandadas, una de ellas fue no analizar el fenómeno de erosión regresiva que afectó la cascada de San Rafael, del cual fueron advertidos oportunamente. Su falta de reacción, implica que los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que está consagrado en el artículo 389 de nuestra Constitución; es decir, el Estado no actuó en prevención de riesgo, por lo que insistimos que tiene responsabilidad por omisión”.
Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados: “ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”.
Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana: “La Iglesia está llamada a estar junto a los más pobres, a los más vulnerables y a visibilizar los daños que reciben los indígenas por las múltiples contaminaciones de sus ríos, de sus tierras. Como Iglesia Amazónica, como Vicariato de Orellana junto con el Vicariato de Sucumbíos, queremos que se reconozca el daño causado a nuestras comunidades indígenas, que las autoridades locales, provinciales y del país, más aún en este momento de pandemia, quieren taparlo, invisibilizarlo y por eso debemos levantar esta voz de indignación.”
Mons. Celmo Lazzari, Obispo de Sucumbíos: “Para las empresas del petróleo y para el Estado ecuatoriano, el derrame del día 7 de abril, provocó una gran pérdida económica en medio de una crisis más amplia: la del COVID 19. Pero para 35 mil personas de las provincias de Sucumbíos y Orellana y otras 100 mil que viven en las orillas del Río Coca y Napo, el derrame significa un grave riesgo de vida y, una vez más la naturaleza fue gravemente agredida. Pronunciamiento oficial fuera de la Rueda de Prensa.”
Contacto: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690
EP Petroecuador Minimiza El Impacto del Derrame de Crudo en la Amazonia Ecuatoriana
Gerente general de EP Petroecuador, Pablo Flores, minimiza el impacto del derrame de crudo en los ríos Coca y Napo por la ruptura del SOTE/OCP/Poliducto a 7 comunidades
Quito, Ecuador. 16 de abril 2020 – El 14 de abril de 2020, en la emisión estelar de Teleamazonas, a propósito de la ruptura del SOTE y OCP que ocasionó el derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, afirmó que “se siente muy optimista de que se culmine la reparación antes de la fecha estimada» y “que están realizando paralelamente trabajos de contención y remediación del crudo derramado”. Precisó, además, que “se han identificado al menos 7 comunidades que tienen afectación por este derrame”.
Ante estas declaraciones, las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, organizaciones sociales y eclesiales manifestamos que:
1. Existe evidencia de que se emitieron múltiples advertencias sobre el riesgo creado por la erosión regresiva que interrumpió el flujo de la antigua cascada San Rafael. Lamentablemente, parece que el Estado, y para este caso particular EP PETROECUADOR y OCP, ignoraron las advertencias y no hicieron nada frente a este fenómeno. Con esto, omitieron su deber constitucional de proteger a las personas, a las colectividades y a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, minimizando así la condición de vulnerabilidad.
2. No existe a la fecha evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”. Una revisión de la línea de tiempo entre el anuncio en redes realizado por OCP y el realizado horas después por EP PETROECUADOR muestra que las medidas fueron insuficientes. Esto se agrava con el hecho de que el Ejecutivo tardó muchas horas más en reconocer que hubo un derrame de crudo; sin que a la fecha tengamos certeza de la dimensión del mismo y ni de las medidas de contención que, según señala Pablo Flores, existieron. Esta injustificada demora y la falta de transparencia en la información exacerba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones ribereñas que continuaron realizando sus actividades de subsistencia en el río. Se han compartido imágenes que muestran a pobladores, incluyendo niños y niñas que fueron cubiertos por el hidrocarburo.
3. Llama la atención que se afirme que el Estado está implementado medidas de “contención y remediación”, cuando los reportes de las comunidades confirman manchas de hidrocarburo en el río Napo. Hasta la mañana del 14 de abril, la comunidad de Pañacocha, ubicada a unos 200 km de distancia, aguas abajo del sitio de la ruptura del oleoducto, mediante videos seguía reportando la presencia de petróleo en el río Napo. Por lo tanto, las medidas de las que habla el Gerente de EP PETROECUADOR no han sido oportunas y continúan siendo insuficientes.
4. Es lamentable que se trate de minimizar el impacto a “al menos 7 comunidades”. Información recopilada por organizaciones sociales e indígenas, y registradas por medios de comunicación, muestran afectaciones en al menos a 150 comunidades ribereñas de los río Coca y río Napo que, tal como se ha mencionado, dependen de manera directa del río para su subsistencia. Inclusive, a partir de este derrame, la ciudad de El Coca no se está abasteciendo del río porque éste se encuentra altamente contaminado (El Comercio, 8 de abril de 2020). Instituciones y organizaciones del Perú mencionan que “según la información facilitada desde las comunidades kichwas del Napo, a responsables del Vicariato de San José del Amazonas, la afectación ya es una realidad. El crudo ya llegó a territorio peruano” (CAAP, 8 de abril de 2020).
5. La aseveración sobre la afectación a sólo 7 comunidades, aproximadamente, evidencia la falta de información pública transparente y oportuna sobre este desastre y su magnitud; por lo cual exigimos a EP PETROECUADOR que publique datos y cifras exactas, transparente la magnitud de la contaminación y tome medidas reales de remediación y reparación, en especial para aquellas comunidades indígenas y campesinas cuyos ríos son la única fuente de agua. Insistimos en que la subsistencia de centenares de familias indígenas y campesinas depende directamente de los ríos de la Amazonía.
6. Recordamos el deber primordial del Estado de garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos humanos “en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” (Constitución art. 3), y que estos derechos no pueden ser suspendidos ni limitados durante la vigencia del Estado de Excepción.
7. De manera particular, en el contexto de medidas excepcionales por el Coronavirus, el Estado debe tomar medidas URGENTES para la atención de la población que resulta más vulnerable, como es el caso de Pueblos Indígenas, y evitar que otros factores externos, evitables y derivados de actividades no esenciales representen un riesgo mayor.